- Según el informe, la inversión necesaria para conceder los derechos a las comunidades indígenas sería modesta, pero podría generar miles de millones de dólares en beneficios económicos, ambientales y sociales —un impulso para las comunidades locales y también para el clima.
- De acuerdo al informe, entre 2000 y 2012, el índice de deforestación anual en los bosques con titularidad indígena fue significativamente más bajo que fuera de esas áreas.
Líderes indígenas de África, Asia y América Latina asistieron a las conversaciones sobre el clima en París el pasado diciembre para presentar estudios que muestran que los territorios tradicionales indígenas en la cuenca del Amazonas, la República Democrática del Congo, Indonesia y la región mesoamericana contienen más del 20 por ciento del carbono almacenado sobre la superficie en los bosques tropicales de la Tierra.
Los líderes indígenas estuvieron en París para pedir la titulación legal completa de sus tierras y el fin de la criminalización de los activistas indígenas. Llamaron a las medidas legales para proteger su derecho a los territorios tradicionales “el camino más asequible para los negociadores climáticos, con problemas para encontrar soluciones”.
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En efecto, se ha demostrado que conceder derechos legales sobre los bosques a los pueblos indígenas y otras comunidades locales no solo implica menos deforestación y emisiones de carbono, sino que también puede mejorar la capacidad de los bosques de almacenar carbono.
No obstante, se ha dedicado menos investigación a los costes de conceder y mantener la titulación de los bosques indígenas y cómo se comparan con los beneficios. Sin embargo, ahora un nuevo informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) cuantifica por primera vez el valor económico de conceder derechos sobre la tierra a las comunidades que viven y protegen la selva amazónica.
Según el informe, la inversión necesaria para garantizar derechos de territorio a las comunidades indígenas sería modesta, pero podría generar miles de millones de dólares en beneficios económicos, ambientales y sociales —un impulso no solo para las comunidades locales, sino también para el clima global.
El informe se centra en Colombia, Brasil y Bolivia, países que contienen un área significativa de la selva amazónica y cuyos gobiernos han reconocido formalmente muchas tierras de los pueblos indígenas. Se realizó para desarrollar el análisis previo del WRI sobre rentabilidad de la titulación comunitaria de los bosques en territorios indígenas en la Amazonía brasileña y las concesiones forestales comunitarias en la Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala.
Según el informe, entre el año 2000 y el 2012, los índices de deforestación anual en los bosques con titularidad indígena fueron significativamente más bajos que fuera de esas áreas: en Bolivia fueron 2,8 veces más bajos, en Brasil, 2,5 veces más bajos, y en Colombia, dos veces más bajos.
El análisis de rentabilidad del WRI descubrió que conceder la titularidad de los bosques a los indígenas es una inversión de bajo coste con grandes beneficios. “Los beneficios económicos que se calculan para un periodo de 20 años son: 54-119 mil millones de dólares para Bolivia; 523-1165 mil millones para Brasil, y 123-227 mil millones para Colombia”, dice el informe. Eso significa que los costes suman, como mucho, un uno por ciento de los beneficios totales, apunta el WRI.
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“Desde el punto de vista económico, invertir en conceder la titularidad de los bosques a los indígenas también es una medida relativamente rentable para mitigar el cambio climático si la comparamos con otras medidas de captura y almacenamiento de carbono —los costes de conceder la titularidad son de 5 a 29 veces inferiores al coste estimado de la centrales eléctricas de carbón, y de 7 a 42 veces inferiores a las centrales de gas natural”, relata el informe.
Obviamente, no todos los beneficios se pueden medir con dinero, o al menos no directamente. Los bosques son una fuente primaria de medios de vida y nutrición para los pueblos indígenas y otras comunidades por todo el mundo, desde África y Asia a América Latina y otros lugares. Los beneficios socioeconómicos de las tierras indígenas y comunitarias incluyen la creación de empleo, la reinversión comunitaria en programas de sanidad y educación, y la reducción de los conflictos. “Para muchas comunidades, son histórica, cultural y espiritualmente significativos, les ofrecen seguridad, estatus, identidad social y una base para las relaciones políticas”, tal como señala WRI en el informe.
Luego están los beneficios ambientales: los bosques indígenas y comunitarios proporcionan una variedad de servicios ecosistémicos además de secuestro de carbono, entre ellos, la regulación de patrones hidrológicos, la retención de nutrientes y la polinización. El WRI descubrió que los bosques sobre los cuales tienen derechos las comunidades, que según el grupo son una octava parte del total mundial, contienen aproximadamente 37,7 mil millones de toneladas métricas de carbono —29 veces más carbono que el que emiten todos los vehículos de pasajeros de la Tierra.
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“Esos descubrimientos son un punto convincente en lo económico para los gobiernos, agencias que financian la adaptación al cambio climático y otros socios para que inviertan en la concesión de la titularidad de los bosques a los indígenas en América Latina y, en general, en los derechos sobre las tierras comunitarias en el mundo”, concluyen los autores del informe del WRI. Realizan una serie de recomendaciones, como establecer leyes territoriales que protejan los derechos de las tierras comunitarias, eliminar las barreras administrativas y de otros tipos que dificultan el registro y el reconocimiento formal de las tierras comunitarias, convertir los bosques de tenencia comunitaria garantizada en una estrategia central para la mitigación del cambio climático, y utilizar fondos internacionales para el clima y el desarrollo para documentar y proteger los derechos de las tierras comunitarias.
“Conceder la titularidad indígena y comunitaria de los bosques es una solución de bajo coste que puede ayudar a los gobiernos a conseguir sus objetivos climáticos en las Contribuciones Nacionales Específicas (NDC)”, escriben los autores como referencia a los planes específicos de acción climática que se entregaron a la ONU antes de las conversaciones sobre el clima de París.
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