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Los desafíos ambientales de Ecuador para el año 2018

Imagen aérea Del Río curaray. Foto: José Proaño/Land is Life.

Con la apertura al diálogo desde el gobierno central se han incrementado las expectativas de que el 2018 sea un año prometedor en materia ambiental, pero ese objetivo común para los entrevistados por Mongabay Latam pasa por una serie de retos. El principal es que la legislación que defiende los derechos de la naturaleza prevalezca ante las políticas de desarrollo basadas en el modelo extractivo.

Áreas protegidas: conservación vs. extractivismo

Los retos van desde la movilización social para garantizar que la consulta popular se convierta en una herramienta efectiva para proteger el Yasuní hasta la transformación de la entidad rectora de las áreas protegidas.

Tala ilegal en a zona intangible de Yasuní. Foto: Edu León.

Piedra indica que el Parque Nacional Yasuní existe siempre y cuando no ponga en riesgo los intereses petroleros de la zona. “Entonces el reto es que el gobierno revierta esta situación y las autoridades ambientales se concentren en proteger los derechos de la naturaleza, garantizar las normas que protegen estos parques nacionales y evitar ser un instrumento de los intereses económicos que terminan amenazando o destruyendo estos sectores”.

La consulta popular prevista para febrero próximo, que entre sus preguntas incluye una destinada a reducir la zona de explotación petrolera en el Yasuní, plantea como reto que la sociedad civil se organice para hacer valer su voto a favor de la defensa de esta reserva de biósfera, asegura Almeida. Además, sostiene que el gobierno tiene que aumentar el control en la Zona Intangible del Yasuní, donde han documentado tala, caza y pesca ilegal de parte de traficantes peruanos, lo que pone en “riesgo terrible” a los pueblos indígenas en aislamiento que allí habitan. “El Estado tiene la obligación de proteger a esos pueblos por las medidas cautelares que tienen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, añade.

Para el dirigente indígena, el desafío desde el Estado es implementar proyectos de desarrollo en territorios indígenas a cambio de conservación, que sean realmente efectivos y no se queden en papeles.

El desafío, según Páez, es incidir desde el movimiento indígena, la sociedad civil y también desde el mismo Ministerio del Ambiente para que haya mayor seguridad y garantía de que las áreas protegidas mantenga la intangibilidad con la que fueron creadas. “Eso requiere de un cierto diálogo con el Estado, para que, por ejemplo, generar una suerte de zonificación donde las áreas protegidas no estén expuestas a las actividades industriales y extractivas”, sostiene.

Ortiz asegura que se necesitan cambios urgentes para que la entidad responsable de las áreas protegidas tenga una mayor proyección en el país. “En la actualidad la administración nacional de áreas protegidas es una oficinita dentro de la Dirección de Biodiversidad, cuando se trata de casi el 20 % del territorio nacional; el caso es que Colombia y Perú tienen agencias semiautónomas de gran perfil y capacidades técnicas para el manejo de sus áreas”, indica. “La situación actual es muy pobre en cuanto a peso político y preponderancias de las áreas protegidas del país. Lo malo es de dónde sale el dinero para los cambios tan profundos que se necesitan”, insiste.

“-Fortalecer la gestión y manejo de las Áreas Protegidas estableciendo un nuevo modelo de gestión

-Emitir norma para la adjudicación de tierras dentro de áreas protegidas en función de lo establecido en el Código del Ambiente y la Ley de Tierras Rurales.

-Actualizar el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

-Diseñar un sistema de monitoreo de los valores de conservación de las Áreas Protegidas.

-Diseñar modelos de gestión de financiamiento y sostenibilidad financiera de las Áreas Protegidas

-Complementar la infraestructura de turismo, control y vigilancia, así como sedes administrativas en todas las áreas del Sistema Nacional.

-Complementar la dotación de equipo necesario para las áreas protegidas.

-Fortalecer la gobernanza y participación en los subsistemas de las áreas protegidas”.

 

Bosques: En busca de reducir la tasa de deforestación

Es necesario un cambio de mentalidad de todos los actores involucrados con la cadena productiva, incluidos funcionarios públicos de distintos estamentos, que basan sus modelos de desarrollo en la tala del bosque. Además hay iniciativas de reducir la tasa a cero.

“Hablando como Yasunidos, nosotros propusimos que el gobierno se ponga como meta reducir en cero la tasa de deforestación en el Ecuador”, asegura Piedra y añade que siendo el Ecuador uno de los países más biodiversos del mundo y que gran parte de esta biodiversidad está ubicada en los bosques, es importante no solo protegerlos sino recuperar las áreas que han sido deforestadas. Además hace hincapié en “el problema de la deforestación causada por la palma africana en zonas como Esmeraldas y Amazonía, y no vemos se esté haciendo algo para evitar esto”.

Almeida sostiene que es clave el proceso de diálogo que lleva adelante el gobierno junto con las organizaciones indígenas, para conocer cuáles serán las decisiones a nivel político para frenar la deforestación. “Creo que el desafío es que las organizaciones se mantengan en la lucha, denunciando y proponiendo alternativas”, dice.

Vargas asegura que es fundamental trabajar a nivel de las comunidades y centros educativos, concientizando y capacitando a la gente de la importancia de cuidar los árboles y de los problemas derivados de la deforestación. Estas iniciativas de formación para la conservación, deben ser coordinadas con los gobiernos autónomos descentralizados, las ONG y el gobierno central, sostiene.

Hay que poner atención a los proyectos de conectividad, específicamente a las carreteras y caminos que se van expandiendo a nuevos lugares, indica Belén Páez. “Entonces el desafío es que haya un trabajo mancomunado entre gobiernos locales, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Ambiente y que se genere una especie de revisión total antes de dar licencias ambientales para la construcción de carreteras principalmente en (las provincias amazónicas de) Morona Santiago y Pastaza”, dice.

Ortiz reconoce el liderazgo del presidente Lenin Moreno en el ámbito amazónico con la propuesta deforestación cero – 2030, aunque asegura que hay un sinnúmero de cambios que se deben implementar para “aterrizar en campo las acciones que evitan la deforestación ante la creciente demanda por tierras fuera y dentro de áreas protegidas, así como en territorios indígenas”. Añade que “los modelos productivos de Ecuador están todos basados en talar bosques: las propuestas para reemplazar esto son pequeñas e insuficientes. El ímpetu de la deforestación se expande con nuevos y viejos cultivos: naranjilla, pitahaya, guanábana, cacao, etc. Hay que cambiar técnicas pero también mentalidades de funcionarios del Ministerio de Agricultura y los gobiernos autónomos descentralizados, tipo de capacitación en escuelas agropecuarias, agencias de desarrollo, cooperación”.

“-Fortalecer el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques involucrando a otros actores del gobierno central, gobiernos descentralizados y sociedad civil con la finalidad de contribuir en la lucha contra la reducción de la deforestación.

-Establecimiento de una mesa de inteligencia contra el tráfico de elementos del patrimonio natural en coordinación con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Secretaría Nacional de Inteligencia, Fiscalía y otras instituciones complementarias de control

-Concretar nuevos financiamientos para continuar con acciones eficaces en favor de los bosques”.

Pueblos Indígenas y su lucha por ser escuchados

Un diálogo claro y fluido entre las nacionalidades indígenas y el gobierno, que logre convertir a las comunidades en las mejores aliadas de la conservación, es uno de los retos de este 2018 según los entrevistados.

Indígenas de la comunidad Waorani de Ñoneno. Foto: Edu León.

El experto sostiene que uno de los desafíos es “que el Ministerio de Ambiente cumpla con garantizar el derecho a la consulta previa y el gobierno nacional pare la presión que tienen los pueblos indígenas que no están de acuerdo con que sus territorios sean explotados por proyectos mineros y petroleros”.

Almeida dice que un reto importante para 2018 es que el Estado reconozca a la autoridad ancestral de los pueblos indígenas. Y que una buena señal es reconociendo desde el gobierno de Moreno a la legítima organización indígena, lo que a su criterio ha saldado una deuda pendiente.

Vargas  indica que hay  que trabajar desde los pueblos indígenas, con proyectos o inquietudes propias desde las comunidades, a todo nivel. “El pueblo Sarayaku tiene una iniciativa importante de selva viviente pero el Estado no acoge esos proyectos de desarrollo, la misma nacionalidad Actuar tiene SACRE (Sistema Achuar de Conservación y Reservas Ecológicas). Yo creo que tenemos que comenzar a potencializar todas estas iniciativas importantes para nosotros para el 2018”.

“Tener un diálogo sostenido con el Estado, donde se garantice una postura abierta a la conversación sobre una agenda energética que haga una transición de un modelo extractivo que afecta directamente a los territorios indígenas hacia un modelo sostenible”, sostiene Páez y resalta que debe ser un diálogo con respuestas y con indicadores claros.

Según Ortiz, “las amenazas crecen día a día y hay que encontrar mecanismos de colaboración con poblaciones locales para hacerles aliados de la conservación, de ahí la importancia de bioemprendimientos”. Cita como ejemplo la producción orgánica de la Asociación Caimito Sustentable en Esmeraldas y el emprendimiento de Chocolate Wao elaborado por mujeres waoranis que viven en el Parque Yasuní. Añade que se viene trabajando en ese tipo de proyectos hace como 20 años pero los éxitos que perduran son pocos, y que a ese ritmo “va a demorar varios años en surtir efectos deseados sobre la conservación de hábitats (es decir, reducir deforestación)”.

“-Seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo establecidos para cada adjudicación de tierras.

-Dar continuidad y seguimiento a los procesos de adjudicación que se encuentran en etapa de revisión y validación de la información”.

Mujeres waoranis esparcen las semillas de cacao dentro del invernadero. Foto: Valeria Sorgato.

Políticas ambientales: el COA es clave

La implementación del Código Orgánico Ambiental (COA), que deberá implementarse en este 2018, y el papel que deberá jugar el Ministerio de Ambiente para garantizar el respeto a los derechos de la naturaleza por sobre otras políticas de prioridad nacional son retos importantes para este año que empieza.

Para Pablo Piedra, “la instrumentalización del Código Orgánico Ambiental (COA) va a requerir de una decisión política fuerte de parte del gobierno para que la reglamentación y utilización del COA termine favoreciendo al ambiente y no perjudicándolo”.

La integrante de Acción Ecológica asegura que en el marco de la implementación del tratado de libre comercio con Europa y otros acuerdos comerciales, “el reto es que se logre conciliar los derechos que tienen estos pueblos indígenas y campesinos de tener un espacio y una competencia justa”.

Para el movimiento indígena es fundamental participar de la construcción de las políticas ambientales, dice Vargas. “Creo que el Ministerio del Ambiente, o el Estado mismo, tiene que acoger las iniciativas de cada uno de los territorios, que nazcan y que garanticen unas verdaderas políticas ambientales”, comenta, y añade que no se pueden implementar dichas políticas si no se han desarrollado en consenso con los pueblos.

La experta indica que uno de los desafíos es “tener un diálogo multisectorial donde el Ministerio del Ambiente garantice que las políticas ambientales y que todo lo que sean normativas para el cuidado de la integridad de áreas protegidas y territorios indígenas, realmente sean respetadas ante las otras políticas de prioridad nacional como son las que están relacionadas al tema extractivo, minero, petrolero, pesca, palma africana, expansión de fronteras agrícolas”.

Para Ortiz, “la mayor parte de los problemas ambientales del país están en manos de otras carteras de Estado (Agricultura, Infraestructura, Minería, etc) y gobiernos autónomos descentralizados que hacen carreteras donde les piden. Las soluciones dependerán de la capacidad del Ministerio de Ambiente de articular todos estos”.

“Elaboración del reglamento de aplicación del Código Orgánico Ambiental y la actualización de los diferentes cuerpos normativos que regulan la gestión forestal en el país”.

Cosecha de palma en la vía a Puerto Providencia (Sucumbíos) Foto de Daniela Aguilar

Biodiversidad: hace falta pasar a los hechos

Aprovechar el conocimiento generado sobre la biodiversidad del país para entrar con fuerza a intervenir zonas claves es uno de los desafíos.

Piedra indica que la aplicación del Código Orgánico Ambiental como herramienta de protección y conservación de la naturaleza es también el reto en el tema biodiversidad.

En cuanto al veto a la Ley Semillas, que dio paso al ingreso de transgénicos al país, Almeida asegura que el reto de las organizaciones sociales que han demandado la inconstitucionalidad de dicha ley, “es no permitir que la Corte Constitucional falle en contra. Seguir haciendo una presión a nivel de opinión pública, a nivel nacional para que esto no ocurra”.

“Nosotros acogemos las palabras del señor Presidente cuando dijo desde Naciones Unidas que va a defender y va a trabajar para la conservación de cuencas amazónicas que quiere decir toda la región. Entonces los desafíos serían trabajar por la vida, no pensando solamente en lo económico para el desarrollo del país”, sostiene Vargas,  y añade cuando se refieren a biodiversidad y conservación: “hablamos de la cultura, de la vida, de la ciencia, de la naturaleza, del territorio. Por eso es importante trabajar a ese nivel en 2018 con la participación de todos los actores: el Estado, la comunidad, las ONG, las universidades”.

Páez asegura que el gran reto es conectar todo el conocimiento científico generado en el tema y que abarca varios estudios de caracterización espacial de flora y fauna, con la implementación de esfuerzos en zonas claves para proteger la biodiversidad. “Mientras tanto sabemos que la biodiversidad que tenemos es única y está en amenaza”.

Ortiz considera que se han dado “excelentes mensajes con decomisos y sanciones por pesca de tiburón, madera, otras pesquerías”, pero que es apenas la punta del ovillo y está pendiente la construcción de un sistema de gobernanza forestal sólido y confiable, para lo cual hace falta “sancionar a los grandes financiadores de la tala ilegal, diseñar mecanismos judiciales más ágiles y aleccionadores, capacitar jueces y fiscales, mejor articulación con Policía y FFAA, desarrollar redes ciudadanas locales que apoyen trabajo de autoridades”.

“Contar con la Reglamentación para la aplicación del Código Orgánico del Ambiente, en base a la matriz de competencias, marcos jurídicos actuales, procesos institucionales en gestión para la conservación de la vida”.

 

Portada: Imagen aérea del río Curaray, provincia de Pastaza. Foto de Edu León.