Mongabay Latam realizó un recorrido por las parroquias rurales de los cantones Francisco de Orellana (Orellana) y Shushufindi (Sucumbíos), y constató sembríos recientes de palma africana en los linderos de las plantaciones que poseen las principales palmicultoras y extractoras de aceite. Los moradores confirmaron que hace cinco años comenzaron a aparecer esos parches, que con el paso de los años fueron incrementándose y transformando en plantaciones las áreas que antes solían ser bosque. En el caso de Orellana, la mayoría de cultivos están en la parroquia Nuevo Paraíso, en comunidades como Riveras del Punino, Agrupación Payamino y 15 de Abril, próximos a un área aproximada de 10 000 hectáreas que posee la empresa conocida como Palmar del Río (que pasó a llamarse Negocios NEGCORPBIS). En cuanto a Shushufindi, la mayoría de nuevos parches están en las parroquias de Limoncocha y San Roque, justo en los alrededores de la zona donde opera la compañía Palmeras del Ecuador, que posee una extensión bruta de 15 000 hectáreas.

“La palma es un negocio silencioso que para mí es más problemático que el petróleo porque arrasa con todo. No queda vegetación, no queda fauna, los ríos se convierten en drenajes, la necesidad de químicos es impresionante”, profundiza sobre los impactos del monocultivo Diocles Zambrano, presidente de la comunidad cercana Agrupación Payamino y coordinador de la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre. Zambrano explica que el tema es muy sensible. Añade que desde hace más de una década tuvo que lidiar con la proliferación de esas plantaciones alrededor de su propiedad y que finalmente tomó la decisión de mudarse a la capital provincial con su familia.  El líder comunitario comenta que no hay incentivos para conservar el bosque y que frente a la necesidad, decenas de campesinos han optado por vender sus tierras a productores de palma. El asunto es que las grandes extensiones de bosque que aún siguen en pie han sido parceladas en fincas y su destino será transformarse en terrenos agrícolas. En esas tierras se planta plátano, maíz, cacao, además de la palma, aunque este último cultivo es mucho más impactante en el paisaje y relieve.

La problemática de la deforestación en la Amazonía norte por el incremento del monocultivo de palma africana ha sido abordada en el plan de ordenamiento territorial del cantón Francisco de Orellana (Orellana), su parroquia Nuevo Paraíso, así como la parroquia Limoncocha, del cantón Shushufindi (Sucumbíos). El informe elaborado en 2015 por la junta parroquial de Limoncocha señala como una “gran amenaza” la “expansión del territorio por parte de la Empresa Palmeras del Ecuador, que año a año compra terrenos a los comuneros para ampliar sus plantaciones de palma, además, también contamina el ecosistema agregando diferentes insumos químicos”. Por su parte, la junta parroquial de Nuevo Paraíso,  menciona que la empresa Palmar del Río y las familias productoras de palma provocan la “degradación del suelo y bosque”, y que además, el uso de pesticidas por parte de esa palmicultora causa “el envenenamiento de aguas de esteros menores”.

Se trata con pinzas el tema de la Palma

El asesor municipal y encargado del plan de ordenamiento territorial de Francisco de Orellana, Jon Arruti, admite que el gobierno local ni tiene control ni está al tanto del avance de la deforestación por palma. “Sinceramente el municipio no ha tenido un conocimiento muy grande de todo su territorio rural. Recién hemos hecho un catastro y vamos a tener un panorama más claro de las cosas”, dice a Mongabay Latam.  Arruti explica que es su competencia otorgar los permisos de cambio de uso de suelo, como lo es talar el bosque para iniciar una plantación de palma, pero que en la práctica no tienen ninguna incidencia,  “el Municipio se ha puesto en esa exigencia porque políticamente no le convenía”. Añade que el campesino nunca se sintió con la necesidad ni obligación de pedirles un permiso para la reconversión del uso del suelo, que tampoco lo han exigido y que “nunca ha tenido ningún papel en eso, siempre ha sido un papel (responsabilidad) del propio ministerio de ambiente”

El funcionario municipal coincide en que el tema es crispante, pero asegura que más que con los pequeños y medianos productores de palma, han tenido problemas con las extractoras. El más reciente con la empresa Río Coca (antes Pamela), que fue clausurada varios días por contaminar el afluente del que captan agua los pobladores del cantón (división administrativa de cada provincia), aunque no precisa cuántos días duró la clausura ni si se aplicaron sanciones económicas. A pesar de esto, Arruti sostiene que es mucha gente trabajadora la que vive de la palma y que no quieren generar un conflicto. “No se puede tener una oposición total hacia la palma, pero sí tener más conocimiento y más control”.

Entre las familias que viven de la palma, está la de Carmen Bricio en la comunidad Riveras del Punino. Carmen y su esposo Adalberto Verdezoto invirtieron todos sus ahorros y esfuerzos para plantar palma en sus 20 hectáreas. Para ello tuvieron que tumbar hace cinco años sus sembríos de cacao y el bosque que conservaban. Le compraron las plantas a la mayor palmicultora de la provincia, Palma Oriente, e hicieron un convenio para venderle el producto. Pero las cosas no resultaron como esperaban. Bricio, quien es madre de seis, cuenta que perdieron la tercera parte de la plantación por plagas y que esta mala racha coincidió con el desplome del precio de la palma durante el último año. Hoy Carmen y Adalberto continúan trabajando la palma que les queda, con el objetivo de regresar a la siembra de cacao a medio plazo. Si bien lamentan haber optado por ese monocultivo, no se arrepienten de haber talado el bosque. Para ellos es su medio de subsistencia y pueden decidir sobre él.

Para Blanca Grefa, presidenta de la Federación Indígena de las Comunidades y Comunas Kichwas de la Amazonía (FICCKAE), el panorama está bastante claro: la palma “no es un negocio para campesinos sino para grandes empresas”.  “Anteriormente se estaba incentivando desde el Ministerio de Agricultura que se siembre palma, pero las comunas decidieron no hacerlo”, explica Grefa. Primó la conservación de los bosques y la preservación de los territorios reconocidos y agrupados en títulos globales. La dirigente añade que los kichwas producen en la medida de sus necesidades, es lo que manda su cultura, y que de momento sus problemas no están relacionados con la palma. Sus preocupaciones radican en que no pueden trabajar sus tierras porque no cuentan con los recursos para elaborar el plan de manejo ambiental, que incluye zonificación y mapeo de sus tierras, y que les exige el Ministerio de Ambiente antes de realizar actividades como la producción agrícola y el aprovechamiento de madera. Además, Grefa critica a las autoridades porque no le ponen alto a los invasores que han ingresado a sectores como Alto Punino, y que se dedican a la tala ilegal, caza, pesca y hasta a la minería. “Se aprovechan y nadie les impide, mientras a las comunidades que hemos cuidado por años nos ponen impedimentos”.

El director de Medio Ambiente de Orellana, Manuel Muñoz, dice que la deforestación por plantación de palma africana “se ha percibido como algo de un volumen muy notorio”, pero que no cuentan con mayor información al respecto. “Eso no significa que no esté dentro de nuestra obligación adentrarnos en la problemática y entrar a hacer un trabajo más exhaustivo para determinar qué tan importante y notorio es el problema”, añade.

¿Qué norma promovió la aparición de los parches?

Hace cinco años, la palma aceitera comenzó a ganar terreno. Era 2012 y la entonces ministra de Ambiente Marcela Aguiñaga expidió un acuerdo ministerial que simplificaba los permisos ambientales para sembrar palma africana.  Si la extensión era menor a 50 hectáreas, se establecía que había que obtener una ficha ambiental en lugar de una licencia. Las reglas se hacían más sencillas, aunque Muñoz niega que ese acuerdo haya propiciado la tala de bosque. “El enfoque original es que al pequeño propietario se le den posibilidades de tener soluciones a sus problemas de cómo tener un sustento económico para su sobrevivencia, entonces, dentro de ese concepto, le aclaro que no necesariamente significa una tala indiscriminada, porque hay áreas donde el riesgo se considera mayor y solamente se permite una disminución de un 30 % del área de cobertura de bosque”.

¿Pero qué tan riguroso es el control ambiental previo a la entrega de las fichas?, “Teóricamente debe ser riguroso”, responde Muñoz y luego añade, para despejar dudas, que recién asumió el cargo en agosto pasado. “Cuando van a hacer un cambio de uso de suelo en una zona que no sea un área protegida pero que tiene bosque que está produciendo una cobertura vegetal, entonces el uso puede ser permitido en forma parcial determinando qué especies están (…) Si es que es una vegetación secundaria o terciaria que no tiene una gran incidencia sobre la temática ambiental, puede ser sujeto bajo un análisis a que se dé las autorizaciones (para talar)”, dice el Director Provincial de Ambiente y agrega que por ahora concentran sus esfuerzos en el combate de la tala ilegal y el tráfico de madera. Muñoz admite que no llevan un registro sobre la problemática de la deforestación por siembra de palma y que existe una gran necesidad de mejorar la mecánica de los controles en general. Cuando le preguntamos sobre el número de fichas ambientales que han entregado para la siembra de ese producto, respondió que nos proporcionaría el número en los siguientes días, pero hasta el cierre de este artículo Mongabay Latam no recibió información alguna. Finalmente concluyó que solo tienen un puesto de control para ejercer las tareas de control forestal y tráfico de especies en una provincia de 21 730 kilómetros cuadrados, y que están trabajando para implementar dos puestos más.

Durante el recorrido que realizó Mongabay Latam por las poblaciones rurales de Coca y Shushufindi, próximas a las grandes plantaciones de palma africana de las empresas Palmar del Río y Palmeras del Ecuador, identificó que en casos representativos como la parroquia Nuevo Paraíso (Coca), las nuevos parches sobre la selva se ubican en vías de segundo orden que conectan a todas las comunidades mestizas e indígenas. Muy distinto a lo que ocurre en el caso de Shushufindi, en la vecina provincia de Sucumbíos. Allí existe una carretera nueva construida por el gobierno nacional como parte del eje terrestre y fluvial Manta (Ecuador) – Manaos (Brasil). Son 44 kilómetros que parten de la comunidad de Yamanunka y llegan hasta Puerto Providencia, a orillas del río Napo. La nueva vía no solo es propicia para el transporte de la producción de palma africana que se obtiene en el sector, también conduce al principal punto de acceso fluvial al Yasuní, directo a los bloques petroleros que hace poco comenzó a explotar el gobierno de Rafael Correa.

Yamanunka es la única comunidad de la parroquia Limoncocha, cantón Shushufindi, donde se siembra palma aceitera. Es además la única comunidad shuar dentro de esa jurisdicción kichwa. “Tienen bastantes problemas de tierra y son conflictivos, por eso hemos decidido no intervenir”, comenta Silvia Yumbo, la secretaría de la Junta Parroquial. Yumbo explica que sus compañeros no son partidarios de la siembra de palma, pero tienen la ventaja de que la mayoría de su jurisdicción está dentro de una reserva protegida de Limoncocha. Queda por fuera Yamanunka, que además de ser punto de deforestación por siembra de palma, es uno de los sitios más afectados por la contaminación petrolera de la era Texaco, y la mayoría de habitantes carecen de agua entubada o potable, por lo que se ven obligados a cavar pozos para obtener el recurso hídrico en un área con una alta presencia de pasivos ambientales.

Vía libre: la expansión de los cultivos de Palma

A través de la carretera de Yamanunka, la ruta inaugurada hace tres años, se puede hoy atravesar la extensa plantación de la empresa Palmeras del Ecuador. Es justamente en los alrededores de esa vía donde han surgido numerosas plantaciones particulares, que en parte tienen que ver con un proyecto que ejecuta desde hace ocho años la mayor palmicultora de la zona. Es que las grandes empresas de palma tienen sus incentivos, y en el caso de Palmeras del Ecuador, impulsan desde hace ocho años el programa “Cultivos inclusivos”. Según indica el Jefe Administrativo de la compañía, Andrés Carrillo, en un encuentro con Mongabay Latam, la empresa se convierte en garante del productor, que este se compromete a sembrar como mínimo 10 hectáreas, y que la empresa le otorga tres años de plazo antes de iniciar el cobro. El mismo tiempo que demora la palma en dar su primera cosecha.

Cuando el agricultor vende su producción a Palmeras del Ecuador, esta le retiene el 50 % del valor y lo va abonando al crédito. Brindan también asesoría técnica. Consultado sobre si el proyecto propicia la deforestación, Carrillo responde que “el único objetivo es que gane la gente con su microempresa y la empresa al comprarle la fruta”. Y agrega que es el Ministerio de Ambiente el responsable de otorgar permisos ambientales a los agricultores. “Estamos abiertos a recibirles el producto a todos los productores de la zona, no tenemos ninguna restricción”, dice el Jefe Administrativo. Finalmente añade que la empresa se preocupa por el medio ambiente y que dentro de las 15 000 hectáreas brutas que poseen, hay una reserva forestal de 2500 hectáreas.

Aunque la mayoría de los comuneros que Mongabay Latam encontró durante su recorrido por las plantaciones de palma son cuidadores y no dueños, no dudaron en señalar que ven con muy buenos ojos la presencia de la empresa. Esto porque la mayoría de puestos de trabajo de la zona están relacionados con el producto. Un ejemplo es la comunidad de Nueva Vida de la parroquia San Roque. El 80 % de sus 2000 pobladores trabajan en ese campo, según su presidente Johnny Vera. Sobre la deforestación por siembra de palma, el dirigente es directo en explicar que “no pueden subsistir de la preservación”. “Estamos trabajando para poder vivir y si tenemos que talar la montaña, hay que hacerlo”, comenta Vera y añade que sí hay reservas en la zona, como la de Limoncocha y la que mantiene la empresa Palmeras del Ecuador.

No hay cifras actualizadas sobre las plantaciones de palma en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Las cifras comprendidas dentro de sus planes de ordenamiento territorial apuntan a que Orellana pasó de 14 485 hectáreas de palma africana en el 2002 a 20 366 hectáreas en el 2013. En el caso de Sucumbíos, se registra una superficie sembrada de palma de 25 547 hectáreas en 2012. Esos cálculos no incluyen los numerosos parches que se han formado en la cobertura vegetal de estas dos provincias amazónicas y que es posible percibirlos cuando se realiza un recorrido en vehículo por la zona, como lo hizo por varios días Mongabay Latam.

Probablemente por ese motivo, estas dos provincias fueron seleccionadas para ser parte del proyecto Amazonía Sostenible que ejecutará el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para Medio Ambiente Mundial (GEF), en un de plazo seis años. “Ellos pretenden que como bien la palma tiene un impacto muy grande dentro del paisaje del cantón, hay que controlarla, hay que regularla y hay que establecerla”, indicó el asesor del Municipio de Francisco de Orellana Jon Arruti.