- Rights and Resources Initiative (RRI) divulgó un nuevo informe que descubrió que veinte proyectos REDD+ en una provincia de la República Democrática del Congo no apuntan a ocuparse de la conservación forestal ni del desarrollo económico.
- Por eso, RRI solicita a los donadores REDD+ que detengan la financiación de proyectos en la República Democrática del Congo hasta que los coordinadores desarrollen un enfoque más participativo, que incluya a grupos indígenas y comunidades.
La cámara sigue a los hombres a través del bosque hasta llegar al tocón astillado de lo que parece que fue un árbol enorme.
“Para mí, el bosque es un legado de nuestros antepasados —comenta uno de los hombres anónimos—. No tenemos oro ni diamantes. Nuestra herencia es el bosque. No nos gusta cuando la gente viene a destruirlo”.
Él y sus compañeros son de la comunidad de Bayeria, en la provincia de Mai-Ndombe, República Democrática del Congo (RDC). El cortometraje “Santuario” captura su lucha para conservar el bosque al que ven como vital para su existencia y supervivencia. Unos años atrás, apareció una empresa maderera. Con el supuesto apoyo de la policía y del ejército, los equipos comenzaron a despejar el bosque. Entretanto, la gente de Bayeria, que protestaba por lo que caracterizaba como una intromisión, afirma que fue acosada, golpeada y hasta violada por policías y por guardias de seguridad de la empresa.
Más recientemente, comunidades de Mai-Ndombe tuvieron que lidiar con un desafío nuevo para sus vidas y sustento, según afirman. Paradójicamente, se dio en la forma de un conjunto de proyectos pensados para asegurar su desarrollo económico y la protección del bosque.
The Rights and Resources Initiative (RRI), una red mundial para promover los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la tierra y los bosques, divulgó un informe nuevo el 14 de marzo. En dicho informe, el grupo sostiene que un conjunto de proyectos de conservación y desarrollo conocido como REDD+ está marginando a las comunidades locales en Mai-Ndombe y violando su derecho a controlar lo que sucede con sus bosques.
“En lugar de empoderar a pueblos indígenas, comunidades y mujeres en las comunidades forestales, los programas REDD+ en Mai-Ndombe no están respetando los derechos de los locales de forma adecuada y no están protegiendo los bosques”, afirma Andy White, coordinador de RRI, en un comunicado.
Lee más | Tatiana Espinosa: “Cuando estás en la ciudad no te imaginas lo que hay en la Amazonía”
Piden suspender financiamiento de proyectos
Hasta que el Gobierno reconozca formalmente los derechos de las comunidades sobre la tierra, RRI ruega a los países donantes que suspendan el financiamiento del proyecto REDD+ en el país “o cancelen todo si la RDC no rectifica el curso”, agregó White.
Pero funcionarios de la RDC señalaron que están intentando terminar con una larga moratoria en la emisión de nuevas concesiones madereras en el país. Según argumentan grupos conservacionistas, este paso hará peligrar aún más el éxito de REDD+. El 7 de marzo, un grupo de organismos de conservación y derechos humanos redactó una carta en la que convocaban a los donantes a suspender la financiación de REDD+ en espera de que la RDC se comprometa a mantener la moratoria hasta eliminar la corrupción que plaga los acuerdos de uso de la tierra en el país.
“Si los bosques del país quedan abiertos a una explotación forestal a una escala mucho más grande, se plantea la pregunta sobre si REDD+ será realmente posible en la RDC”, plantea Simon Counsell, director ejecutivo de Rainforest Foundation UK, en una entrevista. Rainforest Foundation UK fue uno de los casi 60 firmantes de la carta.
REDD+ (Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques) es una estrategia en países en desarrollo mediante la cual países ricos, principalmente, canalizan financiamiento para países con gran cobertura forestal como la RDC en aras de mantener los boques en pie con el fin de encerrar el dióxido de carbono que almacenan. Al mismo tiempo, busca alentar el desarrollo económico para las personas que viven en estos países. Mai-Ndombe se convirtió en un laboratorio para proyectos REDD+ gracias a la cantidad de bosques que tiene la provincia y a su proximidad con Kinshasa, capital de la RDC y la ciudad más grande.
REDD+ es considerada una forma de compensar a esos países, dándoles una fuente alternativa para financiar su desarrollo económico en lugar de entregar los bosques para agricultura industrial o plantaciones madereras. El beneficio público mundial es que los árboles se mantienen en pie y continúan extrayendo carbono —que es lo que produce el calentamiento del clima— del aire. Muchos organismos mundiales, desde Naciones Unidas hasta los organismos de desarrollo de países como Noruega, han respaldado el esfuerzo, y este ocupa un lugar destacado en el Acuerdo de París para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los dos grados Celsius hasta fines de siglo.
Un segundo informe plantea que muchos países forestados no tienen un sistema legal que promueva esos objetivos. RRI considera el establecimiento claro de los derechos de las comunidades a los bosques, y al carbono contenido en los árboles que los componen, como un precursor clave para el éxito de los proyectos REDD+.
Lee más | Conoce al recién descubierto escarabajo Leonardo DiCaprio
Derechos sobre la tierra
La RDC recibió REDD+ como una estrategia nacional para la conservación forestal y, después de varios años de prepararse para proyectos, los proponentes de la estrategia en la RDC están listos para pasar a la fase de implementación de los proyectos. Pero la autora del informe RRI, Marine Gauthier, afirmó que aún había trabajo por hacer para asegurar que “REDD+ realmente cumpla con sus objetivos primarios, que son detener la deforestación y luchar contra la pobreza”.
“En la actualidad, REDD+ está concebido en un enfoque anticuado de la ayuda al desarrollo y se necesita la transición hacia un enfoque de la base hacia arriba —explica ella—. Las decisiones son tomadas en Kinshasa o en otro lado por personas que jamás estuvieron en Mai-Ndombe y que nunca hablaron con sus residentes”.
Como resultado, la gente de Mai-Ndombe que vive cerca del bosque y que suele depender de este para su supervivencia no está al tanto de la existencia de REDD+.
“Ni siquiera saben lo que es —señala Gauthier—. No conocen los riesgos asociados ni los posibles beneficios que podrían obtener de REDD+”.
El informe sugiere que los proyectos REDD+ podrían incorporar el mapeo comunitario, una estrategia para integrar las perspectivas de todas las personas que dependen del bosque, incluidas las mujeres y los pueblos indígenas, como una manera de disminuir el conflicto y de establecer más concretamente los reclamos de la comunidad sobre la tierra.
“Los derechos de las mujeres a la tierra son importantes porque ellas son quienes mantienen los hogares —explica Chouchouna Losale, vicecoordinadora y responsable de programa para Coalition of Women for the Environment and Sustainable Development, una ONG en la RDC—. El bosque es importante para las mujeres en estas comunidades porque es su supermercado, su farmacia, su tienda, su banco y su lugar espiritual”.
“Por lo tanto, reconocer sus derechos sobre la tierra alienta el desarrollo de los derechos de la mujer en sentido más amplio”, agrega Losale.
Las tribus pigmeas también luchan por que se incluyan sus perspectivas, según el informe. Unos 73 000 viven en la provincia, por lo que son una minoría entre la población total de entre 1,5 y 1,8 millones de personas. A pesar de las protecciones internacionales y nacionales en la RDC, la discriminación suele dejarlos al margen de los debates sobre el uso de la tierra.
Pero, en estos momentos, los proyectos REDD+ no están orientados hacia estas posibilidades, en parte porque representan un cambio en el modo tradicional de manejar los proyectos de desarrollo.
“Utilizar enfoques participativos, trabajar con comunidades, trabajar con pueblos indígenas lleva tiempo —sostiene Gauthier—. No creo que, en la actualidad, haya una cultura de enfoques basados en la comunidad tanto en organizaciones internacionales como en el Gobierno de la RDC”.
En su lugar, los enfoques evitan la participación de las comunidades dependientes de los bosques. Gauthier observó 20 proyectos diferentes en la provincia de Mai-Ndombe. Están financiados por grupos como el Banco Mundial y la WWF, e incluyen planes para actividades que van desde plantar yucas y acacias en sabanas degradadas hasta explotación maderera de impacto reducido. En total cubren 98 000 km2 (37 840 mi2) de bosque. En la mayoría de los casos, RRI señala que no es probable que los proyectos aborden las causas originales detrás de la deforestación y que podrían perjudicar a las comunidades locales en el proceso.
Lee más | Un terremoto en Alaska desencadena el desove de los peces más raros del mundo a miles de kilómetros
¿REDD+ causa conflicto?
Alain Karsenty, un economista agrícola de la organización sobre investigación agronómica CIRAD en Montpellier, Francia, afirmó que no está de acuerdo con que los proyectos REDD+ marginen comunidades. Karsenty, quien no participó en la investigación ni en la redacción del informe, afirmó que las organizaciones que apoyan estos proyectos no correrían el riesgo de una mala publicidad que, sin duda, atraerían las acusaciones de conflictos comunitarios.
Si algún proyecto, efectivamente, causa algún conflicto, “Greenpeace [u otras ONG] expondría el proyecto, y las personas perderían su certificación —sostiene Karsenty—. Si pierden la certificación, pierden oportunidades para comerciar y para vender sus créditos de carbono”.
Pero, hasta la fecha, el único proyecto en la RDC que recibió la certificación para vender créditos de carbono en el mercado voluntario es una concesión de conservación controlada por una empresa privada canadiense denominada WWC, y Gauthier sacó a la luz afirmaciones de descontento entre las comunidades locales respecto de la concesión. Sostuvieron que, tan solo en julio del 2017, un miembro de la comunidad fue arrestado por “tala ilegal” dentro de los límites de la concesión. Pero, según el informe, las comunidades no fueron consultadas cuando la concesión se formó en el 2011, y no entienden las especificaciones de la concesión.
De manera similar, Gauthier descubrió que un sistema relacionado, creado por la ONG de conservación WWF para compensar a las comunidades por sus esfuerzos, como restaurar la sabana, no fue bien comprendido por los miembros de la comunidad. Solo uno de los cuatro contratos de pago “parece funcionar correctamente”, según escribe.
El informe señala que los enfoques participativos mediante el uso de las concesiones forestales comunitarias podrían ser una manera más efectiva de hacer que las comunidades participen de REDD+. El Código Forestal de la RDC les da a las comunidades la oportunidad de garantizarse derechos legales sobre una porción de bosque de hasta 500 km2 (193 mi2). Sin embargo, en la actualidad, el gobernador de Mai-Ndombe solo ha aprobado concesiones por 3 km2 (1,2 mi2) para cada una de las 13 comunidades que las han solicitado, a pesar de que estas solicitaron un total de más de 650 km2 (250 mi2).
Lee más | Una oleada de deforestación a pequeña escala ha golpeado la Amazonía
Custodios del bosque
Para Gauthier, los coordinadores de REDD+ podrían estar utilizando esa base legal como una manera de asegurar derechos sobre la tierra.
“Están pasando por alto la oportunidad de que las concesiones comunitarias participen de REDD+ —sostiene—, lo que les da la oportunidad a las comunidades de ser titulares de REDD+ y de ser los primero en beneficiarse del dinero de REDD+”.
Karsenty concordó en que las concesiones de conservación como la operada por WWC parecen ir en contra de los objetivos de REDD+ en el sentido de que requieren quitar los derechos de algunas personas sobre los bosques. Más aún, podrían estimular lo que los economistas denominan “fuga”, que en este caso, tal vez se daría con el traslado de la deforestación desde la zona acordonada hasta otra zona del bosque.
“Preferiría incentivar a los agricultores sobre la base del reconocimiento de sus derechos sobre la tierra”, plantea él. Karsenty comentó que participa en proyectos de Pago por Servicios Ambientales o PSA en Burkina Faso, y asegurar los derechos sobre la tierra fue esencial en la inversión para conseguir que los agricultores cambiasen su conducta, por ejemplo, para aumentar la productividad de sus campos.
Para Gauthier, se trata del empoderamiento de los locales, a quienes ella denomina “la clave para un proceso exitoso”. Y eso significa una comunicación bidireccional entre los coordinadores de los proyectos REDD+ y las comunidades; las investigaciones siguen demostrando que estas pueden ser excelentes custodios de los ecosistemas forestales si se les da la oportunidad.
“Es cuestión de escucharlos —afirma ella—. Las comunidades, en especial los pueblos indígenas, han desarrollado sistemas tradicionales de administración de bosques durante miles de años y, si en lugar de imponerles soluciones, vamos y escuchamos sus soluciones, podría ser una buena forma de proteger los bosques”.
A esta altura, en la RDC, “no todo está perdido”, según afirma en el comunicado Andy White de RRI. En opinión de RRI y de otros, REDD+ aún ofrece el potencial de proteger los bosques. Pero el enfoque debe cambiar si REDD+ quiere evitar los problemas que otros tipos de desarrollo urbano han causado en Mai-Ndombe.
“No es demasiado tarde —sostiene White—. Reconocer los derechos de las comunidades sobre la tierra e incorporar a las comunidades locales aseguraría que este experimento ambicioso, que se lleva a cabo en las selvas tropicales remotas del mundo, tenga éxito. Esto desbloqueará todos los beneficios que conlleva tener bosques fuertes y protectores de los bosques”.
Imagen de cabecera: agricultores en la RDC. Foto: Kelby Wood © ¿Si no nosotros entonces quién?
Sigue a John Cannon en Twitter: @johnccannon
COMENTARIOS: Utiliza este formulario para mandar un mensaje al autor de este artículo. Si quieres hacer un comentario público, puedes hacerlo al final de esta página.
