- Seis comunidades nativas en la región San Martín figuran entre las diez que más bosques perdieron en 15 años.
- Un estudio realizado en base a imágenes satelitales y trabajo de campo muestra cómo la deforestación rodea y avanza sobre los territorios comunales.
“Cuando era niño veía como tumbaban los árboles para sembrar arroz. Decían que ese era el futuro”, cuenta Oswaldo Danducho, un líder indígena de la comunidad nativa Bajo Naranjillo en la región de San Martín, una de las diez comunidades de la Amazonía peruana que ha perdido la mayor cantidad de bosques según un reciente estudio publicado hoy por el Instituto del Bien Común (IBC) y la Cooperación Alemana (GIZ)
Imágenes satelitales tomadas entre los años 2001 y 2015 sirvieron para analizar 15 años de deforestación en comunidades nativas tituladas en la Amazonía peruana. Los resultados señalan que en ese periodo se perdieron 1 932 872 hectáreas de bosque en Perú, de ellas, 333 708 hectáreas estaban dentro de comunidades nativas tituladas.
De acuerdo con el estudio, seis de las 10 comunidades que más bosques han perdido en este periodo de tiempo están en la región San Martín, las otras cuatro están en Madre de Dios, Ucayali, Loreto y Junín.
Pero más allá de las cifras, el estudio profundiza en el contexto y las causas de la deforestación en las comunidades. Alquiler de tierras y la posterior invasión de las mismas, cultivos ilegales y minería ilegal están presentes en las comunidades con mayor deforestación en Perú.
“Si la tecnología de satélite no la acompañamos de contexto podemos dar un mensaje errado. Contar con información cultural, social, económica y ambiental de las comunidades nos ayuda para ir más allá del satélite”, señala Sandra Ríos, investigadora del IBC y responsable del estudio. “Es importante que se hable de lo que pasa dentro de las comunidades nativas y [de lo] que ocasiona deforestación”, agrega.
Los bosques de San Martín
Huascayacu, Shimpiyacu, Alto Mayo, Bajo Naranjillo, Shampuyacu y Morroyacu son las seis comunidades que más bosques han perdido en San Martín. En total fueron 28 949 hectáreas en 15 años, que ha significado la pérdida de gran parte de los bosques dentro de estas comunidades nativas del pueblo awajún, que en algunos casos supera el 60 % de su espacio forestal.
Con una pérdida de 7592 hectáreas, Huascayacu es la comunidad que lidera este ranking. Le siguen Shimpiyacu con 6881 y Alto Mayo con 4771, tres comunidades de la región San Martín que encabezan la lista.
“Bajo Naranjillo está casi completamente deforestada. Con la migración por la carretera Fernando Belaúnde Terry y la promoción agrícola se dio una deforestación masiva que cambió todo el ambiente”, dice Danducho, vicepresidente de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam) que a sus 33 años todavía recuerda los bosques que vio cuando era niño.
El trabajo de campo en las comunidades awajún durante la investigación ha demostrado que la deforestación en las comunidades de esta región llegó con el alquiler de tierras y se agudizó con la invasión de las mismas.
Antes de ello, cuando apenas se habían titulado algunas comunidades a mediados de la década de 1970, “el Estado [peruano] y organismos internacionales promovieron la conversión de los Awajún en agricultores”, dice el estudio. Primero se cultivó soya y luego arroz. Sin embargo, el pueblo awajún desconocía cómo cultivar este grano y tampoco recibió asistencia técnica. Poco después, con la migración constante principalmente desde la región andina de Cajamarca, comenzó el alquiler de las tierras.
“La comunidad de Shimpiyacu ha perdido parte de su territorio por alquilar sus bosques a colonos [migrantes no indígenas], quienes después de unos años tomaron posesión del territorio rentado”, cuenta Ermeto Tuesta, especialista en titulación de tierras indígenas de IBC, quien realizó la investigación de campo.
Tuesta señala que los awajún alquilan sus terrenos por 400 a 500 soles la hectárea por año y que muchas veces reciben el pago adelantado por cinco años. “Se han presentado casos en que antes que se cumpla el plazo lo alquilan a otra persona y se generan conflictos. Pero también sucede que quienes alquilan terminan invadiendo las tierras y alientan a otros migrantes a que hagan lo mismo”.
Esta situación permite el avance de la deforestación y está ocasionando conflictos entre comuneros y colonos, así como amenazas y enfrentamiento. “La comunidad Alto Mayo ha perdido territorio. Los han invadido”, cuenta el especialista de IBC.
Según el informe de IBC, desde el año 2018 la comunidad de Shampiyacu ha tenido enfrentamientos violentos con los pobladores de los tres caseríos que se han establecido dentro de su territorio. Esta comunidad al igual que Huascayacu apenas conserva el 20 % de sus bosques. “Si esta tendencia continua —dice el estudio— es probable que estas y otras comunidades nativas awajún del Alto Mayo se quedarán sin bosques en los próximos años”.
Sandra Ríos manifiesta que estas comunidades son conscientes de que más que ganancias, el alquiler de tierras les generó pobreza. “Ahora solo tienen campos de cultivo que han sido alquilados. Y quienes ingresaron por este alquiler terminaron instalándose ahí. Eso es lo complicado del tema”.
El ingreso del narcotráfico a las comunidades nativas
Puerto Nuevo es la comunidad nativa de Ucayali que presenta los niveles más altos de deforestación en esa región y la quinta en la lista de las diez comunidades más deforestadas en Perú, según la investigación de IBC y GIZ.
Está en la frontera con Huánuco y llegar hasta sus bosques toma entre tres a cuatro horas por un camino de difícil acceso. Pero el narcotráfico ya se ha instalado en este territorio.
En un recorrido que hizo Mongabay Latam en el 2019 pudo comprobar que grandes extensiones de bosques han sido invadidas y taladas para sembrar coca de manera ilegal. Para Pedro Herma Hoyler, teniente alcalde de esta comunidad, enfrentar a los invasores dedicados a los cultivos ilícitos se ha convertido en un riesgo permanente para la comunidad.
Según el estudio, esta comunidad nativa kakataibo ha perdido 3487 hectáreas en los 15 años analizados. Como en los casos anteriores, la deforestación avanzó desde la década de 1980 por la migración proveniente de los Andes y, en el caso de la etnia kakataibo, se enfrentó al conflicto armado y al narcotráfico. Desde entonces, la deforestación en toda la región ha aumentado rápidamente, se explica en el documento.
“Los traficantes de tierras han llegado a las comunidades nativas para sembrar palma aceitera y cultivos ilegales de coca. Esto genera conflictos y hay amenazas. En Ucayali han llegado desde el VRAEM. Si el gobierno no actúa, en unos años será un segundo VRAEM”, dice Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep).
Las imágenes satelitales analizadas muestran que la deforestación en esta zona del Perú se dispersa por las vías de acceso, principalmente ríos y quebradas, que son parte de los límites naturales de las comunidades nativas kakataibo, indica la publicación. “En el estudio hemos podido ver cómo, a través de los años, la deforestación va bordeando a las comunidades nativas hasta que empiezan a introducirse. Las comunidades nativas ya no tienen hacia donde más ir”, dice Ríos.
En general las imágenes aéreas de las comunidades nativas muestran lo mismo, una deforestación que las va cercando hasta ingresar a estos territorios.
En Madre de Dios, la comunidad San José de Karene es la más deforestada y aparece en el puesto cuatro entre las que mayor cantidad de bosque han perdido en Perú. Un total de 4274 hectáreas entre 2001 y 2015.
La causa principal de la deforestación en esta comunidad es la minería ilegal. El estudio de IBC explica que inicialmente se trató de una explotación artesanal, pero que con el paso del tiempo esta práctica se ha extendido y se ha convertido en una actividad ilegal.
“En algunas comunidades de Madre de Dios, como Puerto Luz, todo lo que era bosque se ha convertido en un desierto por la minería”, recuerda Ermeto Tuesta, de IBC, sobre la destrucción que está ocurriendo en esta región, la más impactada por la actividad minera en Perú.
Desde el gobierno, Gabriel Quijandría, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, recordó que el 70 % de la deforestación ocurre en zonas de bosques fuera de las comunidades nativas y áreas naturales protegidas. “En términos comparativos las áreas protegidas y las comunidades nativas tienden a ser más estables y tener menos deforestación”.
Sin embargo —explica Quijandría— estas áreas no categorizadas y que son colindantes a las comunidades nativas son las zonas por las que ingresa la deforestación a los territorios comunales.
En ese sentido, Quijandría menciona que avanzar con la titulación de tierras comunales y ofrecer seguridad jurídica son acciones urgentes en las que debe avanzar el Estado. “Actualmente existe una brecha en la titulación. Son 640 comunidades que falta titular”.
El viceministro menciona que se está trabajando en una comisión multisectorial para implementar un sistema de preinscripción de sus territorios en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), pues uno de los serios problemas que enfrentan las comunidades es el ingreso de invasores que se instalan en sus tierras y que consiguen títulos de propiedad, debido a que luego de la titulación muchas comunidades no logran la inscripción de su territorio en Sunarp.
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Un cambio de cultura
“En la Selva Central he visto cómo los colonos rodeaban las tierras indígenas, esto iba cambiando la vida de los pueblos. Al principio como mano de obra, pero luego empezaron a sembrar su café y a criar sus vaquitas. Entonces su vida era totalmente diferente”, recuerda Richard Smith, exdirector del IBC, quien explica cómo la llegada de foráneos, además de promover la pérdida de bosques también influye en el cambio de la cultura.
Smith también explica el papel que juegan las carreteras en el ingreso de la deforestación y el cambio de la cultura en las comunidades indígenas. Como ejemplo, hace una comparación entre el pueblo Yanesha en Pasco, en la Selva Central, y los pueblos huitoto y bora, en Loreto.
En el primer caso, dice Smith, las comunidades se ubican apenas entre 15 y 30 kilómetros de distancia de la ciudad de Oxapampa, mientras que en el segundo caso no existe una carretera de acceso y solo se llega por avión.
Mucho depende de donde están ubicadas, dice Smith. En las comunidades al lado de carreteras o junto a zonas urbanas con alta deforestación y un medio ambiente transformado, los jóvenes apuestan más por migrar y vivir en zonas urbanas, dependiendo del dinero. En cambio, en el caso de los huitoto y bora, su economía es mixta, no dependen del dinero y sueñan con una vida sana y rural.
Cauper apunta en el mismo sentido. El líder indígena señala que en muchas ocasiones la presión de las necesidades económicas y la desatención del Estado lleva a las comunidades a querer resolver sus problemas económicos y por ello alquilan partes de su territorio, pero esto les cambia la visión e impacta en su cultura. “Los pueblos indígenas trabajamos para la alimentación cotidiana, no para tener fondos. Nuestro pensamiento es colectivo no individual”.
“Con esta investigación queremos comprender mejor la problemática y la dinámica de deforestación en la Amazonía en general, pero específicamente en territorios indígenas”, finaliza Smith.
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