Aguacate: el oro verde que borra del mapa bosques del occidente de México

• En Jalisco, las huertas de aguacate se extienden y acaparan el paisaje: en 2010 había cerca de 8,400 hectáreas de este monocultivo, para 2021 esa superficie se triplicó.
• Imágenes satelitales muestran lo que se pierde con la expansión del monocultivo de Persea americana: desde 2019 al menos 5,160 hectáreas dejaron de ser bosques para transformarse en huertas aguacateras.
• La pérdida de cubierta forestal podría seguir imparable, sobre todo después de que, en julio de 2022, el gobierno de Estados Unidos autorizó la comercialización de aguacates cosechados en Jalisco.

Era la madrugada de un día de la primavera de 2020. Una decena de trabajadores arribó en dos camiones escoltados por hombres armados a bordo de una camioneta. Minutos después de su llegada, el agudo chillido de las motosierras espantó a los pájaros que volaron entre el dosel de la arboleda. A eso siguió el ruido del motor de la grúa y los gritos de quienes organizaban la manipulación de grandes troncos de pinos, encinos y oyameles. En un par de días, en el occidente de México, un bosque fue borrado.

Para los habitantes de ese rincón de la Sierra de Cacoma, municipio de Cuautla, Jalisco, el episodio no fue una novedad. Los bosques que se encontraban en los terrenos contiguos habían sido tumbados bajo el mismo patrón y para el mismo fin: transformar esos sitios en huertas de aguacate.

“Tumbaron árboles que tenían muchas décadas sin tocarse, herencia de mi padre y mi abuelo; parece que no hay nadie que los pueda detener”, se quejó amargamente el dueño del rancho durante una asamblea de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, el 29 de abril de 2022, en Guadalajara. Ahí estaba la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del estado, Ana Lucía Camacho. El hombre sólo obtuvo vagas promesas.

El pequeño propietario, quien por seguridad pide resguardar su identidad, recuerda lo que dijo aquel día: la destrucción de sus terrenos forestales sucedió al comienzo de la pandemia de COVID-19. Él andaba fuera del país, pues es migrante, como buena parte de los oriundos de Cuautla, famosos en Estados Unidos por sus restaurantes de comida mexicana. El hombre que cuida sus terrenos le llamó para comunicarle la noticia: desconocidos invadieron el rancho y talaron un rodal de viejo crecimiento, término que se usa para identificar un conjunto de árboles altos, robustos y con décadas de existencia. “Ese día lloré de frustración, de rabia. Era un patrimonio que yo quería mucho y buscaba convertir en un espacio de cabañas para ecoturismo. Era mi plan de retiro”.

Cuautla es un municipio poco poblado, ubicado al oeste de Jalisco. Sus bosques de coníferas localizados en las áreas serranas se han conservado durante años. Eso cambió en la última década, cuando a estas tierras llegó la fiebre del aguacate (Persea americana) que se ha ido expandiendo por varias regiones boscosas de México y que, en muchos casos, como en esta zona, llega acompañada del control territorial de mafias del crimen organizado que se presentan como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual emergió de una escisión del Cártel de Sinaloa, entre 2010 y 2012.

“Están arrasando con todo. Han comprado, a las buenas o a las malas, la madera y los ranchos. Ellos —explica el migrante de Cuautla— ponen el precio y si no lo deseas vender, de todos modos se lo llevan. Luego, llegan con los aguacates… es un negocio que controlan completo”. En su caso, por su ausencia no se dio una negociación, pero eso no salvó a su bosque.

La fiebre del aguacate llegó desde Michoacán, invadió completamente la región sur de Jalisco, y ahora crece en lugares como la Sierra de Cacoma, que corre paralela a la costa en el occidente de México, donde grupos delictivos controlan la mayor parte de las actividades económicas.

Más huertas de aguacate, menos bosque 

Michoacán es el principal productor de aguacate en México: 70 % de toda la superficie sembrada en el país con árboles de Persea americana se encuentra en este estado, de acuerdo con estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). La expansión de ese cultivo hacia el occidente colocó a Jalisco como el segundo productor con el 11% del total de la superficie sembrada en el territorio mexicano.

Los mismos datos oficiales del SIAP permiten observar que, en la última década, la superficie sembrada con árboles de aguacate se ha incrementado en forma considerable en estados como Colima, Chiapas, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Michoacán y, en especial, en Jalisco.

En el caso de Jalisco la expansión de las huertas de aguacate es notoria. Si en 2010, en el estado había sembradas poco más de 8,400 hectáreas de aguacate, para 2021 esa superficie se triplicó y alcanzó la cifra de 27,779, según datos del SIAP. Sin embargo, estudios realizados por las autoridades ambientales de Jalisco estiman que el área ocupada por huertas aguacateras es poco más del doble de la reportada.

Los municipios de Jalisco en donde los datos del SIAP muestran un aumento considerable en la superficie sembrada con aguacate durante la última década son, sobre todo, aquellos que se encuentran al sur del estado.

 

 

Imágenes satelitales de los últimos diez años, así como análisis realizados por las propias autoridades ambientales de Jalisco, muestran que así como se ganan áreas sembradas con aguacate se disminuye la superficie boscosa. Estos son algunos datos que permiten dimensionar el tamaño de esa pérdida.

Cada 75 segundos es derribado en forma ilegal un árbol en las montañas de Jalisco para establecer, en su lugar, plantaciones de aguacate. Al final del día habrán caído 1,100 árboles. A ese ritmo, al año serán 401,500 árboles y 1,054 hectáreas (tres veces el Central Park de Nueva York). Esas son algunas de las cifras preliminares que se pueden extraer del estudio Análisis de cambio de uso de suelo en frontera agrícola del estado de Jalisco, de próxima publicación y elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), dependencia estatal encargada, entre otras cosas, de implementar políticas públicas de conservación de los recursos naturales.

El estudio identifica 4,439 huertas dedicadas al cultivo de aguacate, que suman alrededor de 56,504 hectáreas para todo el estado de Jalisco (casi el doble de lo que reporta el SIAP), establecidas a lo largo de 20 años (2003-2022).

En los análisis realizados por la Semadet se encontró que 28,336 hectáreas cultivadas con aguacate se encuentran en áreas que hasta 2017 ya se utilizaban como campos agrícolas. El resto, 11,727 hectáreas (alrededor de 17 veces la superficie del bosque de Chapultepec), corresponde a terrenos en donde se tumbó la cobertura forestal para introducir aguacate.

El estudio también destaca que esta pérdida forestal se aceleró a partir de 2019; desde entonces, por lo menos 5,160 hectáreas de bosques se transformaron en huertas de aguacate, un cambio que equivale a la superficie forestal que el estado de Jalisco perdió en los quince años previos.

Esas 5,160 hectáreas forestales —poco más de siete veces la superficie del bosque de Chapultepec— que se perdieron en los últimos tres años albergaban bosque de pino-encino (75%), selva baja caducifolia (16%), bosque de encino-pino (8.2%), selva mediana subcaducifolia (0.4%) y bosque mesófilo de montaña (0.2%).

Con pesimismo, las autoridades de la Semadet reconocen que la pérdida de bosques podría acelerarse por lo que sucedió en julio de 2022: el gobierno de Estados Unidos autorizó que, además del aguacate de Michoacán, se puedan comercializar en su país aguacates cosechados en Jalisco.

 

Atoyac, Jalisco, es uno de los municipios en donde se quema el bosque para después ampliar
las huertas de aguacate.

Denuncias que están en el aire

Kilómetro 3.5 de la brecha El Milanés. Este es el camino principal que conecta la carretera Ciudad Guzmán-Autlán con la entrada al Parque Nacional Nevado de Colima, santuario de bosques de pino, encino, oyamel y zacatal alpino. Poco menos de 7,000 hectáreas ubicadas en la parte alta de la mayor montaña del occidente de México. A un lado de la polvorienta vereda se mira una motoconformadora (tractor sobre ruedas y de una cuchilla de perfil curvo que sirve para remover tierra y nivelar terrenos) con el logotipo del programa estatal conocido como A toda máquina. Son días de reparación de la brecha.

Cuando se disipa la bruma, un espectáculo desolador queda al descubierto en la zona aledaña al Parque Nacional Nevado de Colima: una barranca de unas tres hectáreas casi totalmente desmontada.

 

 

El cambio en el paisaje sucedió en abril. Se aprovechó el periodo vacacional de Semana Santa para traer máquinas y remover toda la vegetación. Ni hace falta aclarar la inexistencia de permisos. Desde 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha dado autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal para establecer huertas de aguacate en Jalisco, de acuerdo con la respuesta que dio la dependencia federal a una solicitud de información realizada para este proyecto periodístico.

“¿Las autorizaciones? No los necesitan; es un acuerdo de la maña (término que se usa en esta región para referirse al CJNG) que controla los territorios. Esto se denunció ante el gobierno del estado y la Profepa, pero no ha pasado nada”, comenta un asustado lugareño, que suplica se le respete el anonimato.

El cambio de uso de suelo forestal sin tener una autorización de la Semarnat es un delito federal que, en teoría, se debe castigar con seis meses a nueve años de prisión o una multa que puede ir de los 12,000 a los 370,000 pesos (575 a 18,000 dólares). “Todo eso casi siempre es letra muerta”, señala desencantado Gerardo Bernabé Aguayo, presidente del Patronato del Parque Nacional Nevado de Colima.

En 2019, las autoridades ambientales de Jalisco demandaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cambios irregulares de uso de suelo forestal en 108 predios del sur del estado; la estimación de la superficie afectada es de poco más de 1,573 hectáreas, lo que equivale a más de cuatro veces el área que ocupa el Central Park de Nueva York.

Para este trabajo periodístico se solicitó a la Profepa información sobre el estatus de la demanda que presentó la autoridad ambiental de Jalisco, sin que se tuviera una respuesta.

Lo que Profepa sí respondió fue a las solicitudes de información sobre los procedimientos administrativos iniciados por cambios de uso de suelo forestal sin autorización en Jalisco. Entre 2015 y abril de 2021, se registraron 129 procedimientos, sólo en 26 de ellos hay registro de que existió alguna sanción, sin especificar de qué tipo.

 

 

La impunidad que hay alrededor de la transformación de bosques en monocultivos de aguacate se refleja con otro dato más. En 2017, la Profepa realizó una acción de inspección y clausuró 18 predios del sur de Jalisco en donde se realizó cambio de uso de suelo forestal sin autorización. Sólo en cuatro de estos casos se han pagado multas. En ninguno se registra cumplimiento en las medidas de mitigación y restauración.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR) sólo ha abierto siete carpetas de investigación por presunto delito de cambio de uso de suelo forestal en Jalisco. Todas se encuentran en trámite; seis de ellas se iniciaron en 2020.

A esas denuncias se suma una más que las autoridades ambientales de Jalisco presentaron el 4 de marzo de 2022 ante la FGR, “contra quien resulte responsable”, por el cambio de uso de suelo forestal sin autorización para sembrar aguacate en la cuenca del río Salsipuedes, municipio de San Gabriel, en el sur de Jalisco.

La pérdida del bosque en esa zona provocó los deslaves del 2 de junio de 2019, de acuerdo con dictámenes técnicos elaborados por la Universidad de Guadalajara. Ese día, un alud de lodo cubrió parte del poblado de San Gabriel, dejó 3,000 damnificados y cinco muertos.

“Nosotros vivimos la tragedia de mi madre. Hasta ahora no tenemos ni un cuerpo al cual llorar”, dice la abogada María Guadalupe Gómez Figueroa, hija de Emilia Figueroa, desaparecida durante el evento de desastre. Obligada al activismo tras la pérdida de su madre, la habitante de San Gabriel denuncia que no han sido restaurados los bosques talados. “Y por eso, seguimos en riesgo”.

Abonar a la falta de agua

Chile, con 2.5% de la producción mundial de aguacates y entre los cinco principales exportadores, tuvo que reducir la superficie dedicada a este fruto por las severas sequías que vive el país y los crecientes conflictos sociales por la falta de agua. Eso ha provocado un descenso en sus exportaciones.

Michoacán y Jalisco podrían estar en la antesala de ese destino, advierte el investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Alberto Gómez Tagle, especializado en el estudio de los efectos ambientales del aguacate, en especial en el tema del agua.

Los análisis que ha dirigido el investigador demuestran el gran contraste entre el agua que necesita un árbol de aguacate frente a las variedades forestales que se encuentran en un bosque natural en la meseta Purépecha, en Michoacán.

El científico no descarta que el uso desmedido del agua disponible ocasione conflictos políticos por el agua en los próximos meses, sobre todo en estados como Michoacán, Jalisco y Estado de México, donde se concentra hasta 85% de la producción nacional.

 

 

Agroindustria que rompe equilibrios

Para esta investigación periodística se compararon imágenes satelitales de sitios al sur de Jalisco en donde se arrasó con el bosque para instalar monocultivos de aguacate. En la mayoría de los lugares se observa un mismo patrón: se desmonta la zona, se siembran los árboles de aguacate y, poco tiempo después, se construye una “olla”, es decir, un embalse artificial para retener el agua. Eso reduce la infiltración y la escorrentía hacia las zonas bajas.

Localidades de poco más de mil habitantes, como El Jazmín y San Isidro, ubicadas en la ladera norte del Nevado de Colima, en el municipio de San Gabriel, reciben agua a través de pipas (camiones cisterna), pese a que se encuentran contiguas a la zona forestal. En los últimos tiempos también tienen como vecinas a las huertas aguacateras que van desplazando al bosque.

Al sur de la Sierra de Tapalpa también se han registrado drásticos cambios de uso de suelo que han cambiado pinares y encinares por aguacateras. En la zona el poblado de Apango, de unos 800 habitantes, vive una seria crisis de agua.

La falta de agua es crónica cotidiana en la delegación San Andrés Apango, sobre todo para quienes habitan las laderas más elevadas. “Somos seis familias en nueve casas, y no nos llega agua por el tubo desde que hicieron el pozo nuevo, hace como cinco meses; antes tomábamos del ojo de agua y nos daban un día a la semana, pero ahora, dependemos de una pipa que nos manda el ayuntamiento”, cuenta Marina Jacobo Beltrán cuando camina por una calle empinada.

La mujer duda en señalar a las huertas aguacateras como las responsables de la falta de agua: “Han dado mucho trabajo, pero desde que empezaron a aumentar las huertas, vivimos con muy poca agua”.

La sobreexplotación del agua acarrea otros inconvenientes en la región. El valle de Zapotlán, donde se encuentra Ciudad Guzmán, el principal centro urbano del sur de Jalisco, el acuífero registra un déficit anual de 21 millones de metros cúbicos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La pérdida física de esa agua genera colapsos internos en el subsuelo, así como hundimientos y agrietamientos, problemas ya padecen los habitantes de Primavera II, al sur de Ciudad Guzmán. Eso unido con una falla geológica activa que se encuentra en la región aumenta los riesgos para la zona.

“Necesitamos recuperar el equilibrio del acuífero”, señala el presidente municipal de Zapotlán El Grande, Alejandro Barragán Sánchez. “La agroindustria —reconoce— ha sido muy buena para nosotros, genera empleos y riqueza, pero el abuso (en el uso) del agua ha provocado un abatimiento dramático, y toda esta ciudad está cruzada por fallas activas”.

Barragán destaca el otro daño generado por el monocultivo aguacatero: la gran deforestación de la cuenca, que provoca que todos los años se tengan arrastres de material geológico, desde el Nevado de Colima hasta el lecho de la laguna de Zapotlán, un embalse natural de casi 1,400 hectáreas que es orgullo de la región.

Toneladas de suelo, rocas y restos de madera bajan con las lluvias desde los predios deforestados y acentúan el azolvamiento u obstrucción de la laguna. El efecto es que una lluvia muy intensa, típica de los temporales en el occidente mexicano, desborda el embalse y de forma creciente, amenaza propiedades agrícolas y asentamientos humanos de las orillas. “Es urgente una intervención para desazolvar”, sostiene el alcalde. Y a la par, el proyecto de largo plazo: retener el suelo en la alta montaña.

En la última década, el municipio de Zapotlán El Grande perdió 1,171 hectáreas de cobertura arbórea, mientras que su vecino San Gabriel se quedó sin 2,605 hectáreas, de acuerdo con un análisis realizado por Global Forest Watch (GFW) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI-México), compartido con Mongabay Latam para este proyecto periodístico.

El director del Parque Nacional Nevado de Colima, José Villa Castillo, señala que se han dado pasos para recuperar la zona forestal con la creación de un vivero de alta tecnología, donde se reproducen pinos nativos de la región para reforestar hasta 2,000 hectáreas de barrancas que han sido arrasadas por el descontrol de la expansión aguacatera.

“Este es el último llamado, la última esperanza para recuperar una región que está al borde del colapso”, advierte Villa Castillo.

 

Mercado con la huella del crimen

“Presidente, la estrategia contra el crimen no será viable mientras ellos dominen estos mercados”. Eso fue lo que en 2011, Francisco Mayorga Castañeda, en ese momento secretario de Agricultura, le dijo al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. La advertencia se dio cuando el funcionario tuvo información de que el grupo criminal Caballeros Templarios financiaba la certificación fitosanitaria de las huertas de aguacate en el estado de Michoacán.

“Están fuertemente entreverados al negocio, son verdaderas empresas, y ante las utilidades, el negocio del aguacate financia toda la cadena que ellos controlan”, dice hoy Mayorga Castañeda, quien está retirado de la función pública.

Investigadores, asociaciones de productores e, incluso, análisis realizados por autoridades estatales señalan que el cobro “de derecho de piso” afecta a los productores de unas 30,000 huertas en Michoacán y a poco más de 4,000 en Jalisco. En algunos sitios, el control de las organizaciones criminales está presente en todo el proceso de producción de aguacate, desde la siembra hasta la comercialización.

“Ellos deciden qué parte del bosque se debe tirar, y a quienes se les va a permitir poner los aguacates; también deciden sobre otro tipo de cultivos y manejos, sobre el destino de la madera, sobre a quién se vende el producto… y en general sobre todas las cosas de la vida del pueblo”, explica un ejidatario de Tuxpan, pueblo de indígenas nahuas localizado al pie del Nevado de Colima.

En Michoacán eso lo padecen desde hace más tiempo. “Han talado nuestros bosques y han impuesto el aguacate a las comunidades, que son seriamente agredidas”. Así lo denunciaba el comunero Faustino Zarco, la mañana del 27 de mayo de 2022, durante una protesta realizada en un crucero de la carretera Uruapan-Paracho. “El gobierno los solapa, y nos deja solos. Aun así nos defendemos como podemos con las autodefensas: montamos guardias en las noches para que no lleguen a talar o quemar los bosques”.

La protesta de ese día movilizó comunidades purépechas en seis cruceros carreteros, en demanda de apoyos comprometidos por el gobierno de Michoacán, de liberar presupuestos autónomos, y de intervenir para frenar las extorsiones y las invasiones de sus bosques para saquear la madera y establecer huertas de aguacate.

En Michoacán, entre 2019 y 2022, la Profepa reporta haber realizado 58 clausuras de predios, 42 denuncias penales y 118 procedimientos diversos sobre 852 hectáreas en las que se cambió el uso de suelo forestal sin contar con autorización.

El director del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA), Jaime Navia Antezana, señala que la agresión contra las estructuras comunales y ejidales en Michoacán ha sido brutal, y ha contado con la complicidad de personal del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. “En vez de proteger la propiedad social, facilitan los negocios. Hay casos en que compran ejidos completos”.

Muchas veces, resalta, ni siquiera va a prosperar la huerta de aguacate, pues no son terrenos aptos para ese cultivo. “Son tierras que quedan improductivas y que no requirieron una inversión menor: hay que meter, al menos, 700,000 pesos por hectárea (alrededor de 34,000 dólares). No termino de hallar la racionalidad de esto”, subraya. No descarta que sea una estrategia de apropiación territorial y de lavado de dinero.

Cherán, una comunidad indígena ubicada en la región de la meseta Purépecha de Michoacán, es un caso único en la defensa del bosque frente a los intereses de bandas criminales. La madrugada del 15 de abril de 2011, sus pobladores, liderados por mujeres, detuvieron vehículos de talamontes, apresaron a los delincuentes y quemaron las camionetas. Lo que sucedió ese día abrió el camino para que esta comunidad indígena instalara su autogobierno.

Hoy Cherán es un oasis en el desierto; en sus tierras no se encuentran huertas de aguacate. En las comunidades vecinas, los bosques se perdieron y ahora se yerguen árboles de Persea americana que son el sueño de riqueza rápida para laboriosos particulares, aunque deban compartir ganancias con los señores del cártel en turno.

Aguacates libres de deforestación

Javier Magaña Cárdenas es un empresario forestal del sur de Jalisco que se ha dedicado al manejo de bosques, plantaciones forestales y viveros. Hace cuatro años, veía con pesimismo el ascenso del aguacate en una región boscosa llena de valores ambientales, ahora resalta que sembrar aguacate es un buen negocio, “y los buenos negocios dejan dinero para reinvertir en lo que te da de comer”.

El empresario considera que la geomática (un conjunto de técnicas de análisis geoespacial) puede ayudar a conocer de qué huerta sale cada aguacate que entra al mercado. En un futuro, asegura, esas herramientas permitirán detener la comercialización de aguacates que se cosecharon a costa de los bosques.

José Luis Cortés Casillas, también productor aguacatero en la zona de Piedra Ancha, municipio de Zapotlán El Grande, asegura que la mayoría de sus colegas son pequeños productores y que no conoce alguno que haya crecido su huerta a expensas del bosque. Las estadísticas oficiales lo contradicen.

A su juicio, defender la marca aguacate implicará que se distinga a los productores que trabajan conforme a la ley de quienes la han violado.

Los productores saben que hay un creciente estigma sobre el aguacate mexicano por el daño ambiental que su producción significa. El problema es que, si no avanzan con rapidez las certificaciones ambientales, no hay manera de demostrar cuál es el producto que no viene de predios deforestados.

Esa es una tarea que el gobierno de Jalisco y la Asociación de Productores de Aguacate de Jalisco (Apeaj) promueven bajo la firma de la certificadora Rainforest Alliance, organización no gubernamental con sede en Estados Unidos que promueve la sustentabilidad entre bosques y economía rural, y que ha realizado trabajos similares con aguacateros de Guatemala. En los bosques de Jalisco ya han sido certificadas alrededor de 1,500 hectáreas.

Jalisco es la primera entidad del país que trabaja por lograr tener una certificación verde, un proceso que arrancó en 2019.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) en Jalisco, Sergio Graf Montero, advierte que sin esas certificaciones, y con la creciente demanda de aguacate libre de deforestación en los mercados internacionales, los aguacateros cerrarán las puertas a sus productos. “Son los mercados, los consumidores, los que están marcando la pauta”, advierte.

La Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEAM), la organización más fuerte en este rubro en el país y constituida en su mayoría por productores de Michoacán, no ha incorporado aún la certificación forestal, pero asegura haber replantado 1,500 hectáreas de bosques y estar alineando los instrumentos para respetar el tratado de libre comercio de América del Norte, conocido como T-Mec (tratado de libre comercio de América del Norte).

Y mientras las certificaciones avanzan a paso lento, en Jalisco y Michoacán los bosques son derribados, las estructuras campesinas tradicionales son borradas, los proyectos de retiro de esforzados migrantes que han dado fama a la región en unos 400 restaurantes mexicanos de Washington, Iowa, Oregón, Colorado, California, Carolina del Norte, Florida y Nebraska, se derrumban.

Y por eso lloró el hombre que, en la primavera de 2020, se enteró de que su viejo bosque había sido arrasado. Él, por el momento, logró que en sus tierras no se sembraran los árboles de aguacate. Han pasado poco más de dos años y en su terreno ya se miran hierbas, arbustos y matorrales; algunos pinos y robles comienzan a crecer. En todos los ranchos vecinos, lo único que domina el paisaje son hileras de decenas y decenas de árboles de aguacate.

* Imagen principal: Huertas de aguacate en el municipio de San Gabriel. Foto: Juan Manuel González/Canal 44

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