- Argentina está sumida, una vez más, en una grave crisis económica. El camino para superarla apuesta por profundizar el modelo extractivista que tiende a dejar de lado las problemáticas medioambientales.
- Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina, analiza algunas de las decisiones polémicas que está tomando el gobierno para salir de la crisis y que podrían generar impactos ambientales significativos.
La enésima crisis económica que vive Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos. En menos de un mes se han sucedido tres ministros de Economía, el último de los cuales, Sergio Massa, se hizo cargo al mismo tiempo de las carteras de Desarrollo Productivo y la de Agricultura, Ganadería y Pesca. Su predecesora, Silvina Batakis, durante los escasos 20 días que estuvo en el puesto expuso la pretensión de ampliar en un millón de hectáreas las tierras cultivables, de incrementar los volúmenes de extracción de litio en los salares del norte y, 24 horas antes de su renuncia, firmó la reanudación de las obras de las dos represas hidráulicas sobre el río Santa Cruz, el único de origen glaciar que hasta la fecha discurre sin interrupciones desde los Andes al Atlántico. Los trabajos, financiados por bancos chinos y con intervención de una empresa de ese país, llevaban dos años paralizados.
Las medidas que se han anunciado o adelantado señalan de manera cristalina que el principal objetivo de ahora en más será recaudar el dinero indispensable para apaciguar una tormenta explicada por las cifras y la realidad. Las reservas de divisas registran cifras mínimas, la inflación en 2022 amenaza con alcanzar el 100 por ciento, la población situada por debajo de las líneas de pobreza e indigencia supera el 45 por ciento, y el acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional para saldar la deuda de 44 000 millones de dólares contraída en 2018 obliga a un drástico ajuste de los gastos públicos. Todo hace suponer que el modelo elegido para superar la situación será el de siempre: alentar un aparato exportador basado en los productos agropecuarios y la extracción de minerales. En este contexto, las cuestiones ambientales aparecen en un plano muy lejano.
“El panorama político en Argentina es poco alentador y va en contra de la posibilidad de tener una política de Estado en cuestiones ambientales y de desarrollo productivo”, dice Manuel Jaramillo, ingeniero forestal y director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA). Su mirada integral acerca de la multitud de problemas que afectan al medio ambiente, la conservación de la biodiversidad o la lucha contra el cambio climático en el país le han convertido en voz escuchada con atención en mesas de debate y centros de decisión. “Lo mejor que nos puede pasar ahora mismo es conseguir al menos una curita que tape el parche. Estamos muy lejos de un proceso que lleve a la sanación socioambiental del sistema productivo, pero alguien mucho más sabio que yo dijo que repetir el mismo experimento con las mismas variables y esperar resultados distintos no es algo muy inteligente”, agrega con preocupada resignación.
En una entrevista con Mongabay Latam, Manuel Jaramillo analiza algunos de los proyectos polémicos anunciados por el gobierno y los peligros ambientales que hay detrás de ellos. También reflexiona sobre la urgencia de salir de la crisis apostando por una forma de desarrollo distinta.
La necesidad de una estrategia de Estado a largo plazo
—Queda claro que su pronóstico a corto y mediano plazo es negativo, ¿en qué se basa?
—En la experiencia. Estamos ante un déjà vu. Lo que está pasando en la Argentina ya ha ocurrido al menos cuatro veces en los 50 años que tengo de vida y las soluciones que se plantean son iguales a las de anteriores crisis pero con un agravante: las variables hoy son peores. En nuestros intentos de escapar de esas crisis hemos ido degradando más y más los recursos naturales. En 2014, un estudio que realizamos en FVSA demostró el nivel de pérdida de servicios ecosistémicos sufridos durante las últimas dos décadas, y eso se ve reflejado en la desertificación de la Patagonia, en pérdidas enormes: de bosques nativos en la región chaqueña, de productividad en la zona central —que así aumenta su dependencia de unos agroinsumos cada vez más costosos—, y de biodiversidad y riqueza en nuestros mares debido a la sobrepesca y el descarte pesquero.
—¿Qué debería cambiar para mirar el porvenir de otra manera?
—Algo tan central como la participación y la planificación a largo plazo. Un desarrollo social y productivo que pueda sostenerse en el tiempo y que contemple entre otras cosas una transición hacia la eficiencia energética a través de las renovables y un ordenamiento ambiental del territorio que mejore la productividad agroganadera debería ser una estrategia de Estado aceptada por los gobiernos que vayan a sucederse en el futuro y con participación de la sociedad. Si así fuese podría aceptarse una apuesta decidida por el petróleo y el gas de Vaca Muerta [uno de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales más ricos del planeta], el modelo agroexportador o el litio. Pero no es lo que se ve y la falta de ese tipo de planes es una bomba de tiempo para nuestro desarrollo que llevará siempre a la degradación de recursos.
—Los movimientos ambientalistas en el mundo suelen ser acusados de atentar contra el desarrollo y Argentina lleva décadas de retraso en ese sentido, ¿de qué otro modo diferente al aprovechamiento de sus recursos naturales podría alcanzarlo en las actuales condiciones?
—Cuando empezó este siglo el objetivo argentino era exportar 100 millones de toneladas entre granos y oleaginosas supuestamente para generar desarrollo. Hoy estamos alrededor de 140 millones: ¿nos desarrollamos? No. La teoría de que el dinero de las grandes empresas y fortunas derraman sobre la sociedad no funciona, es mentira. Pero ahora la meta es alcanzar los 200 millones en 2030. Hay que cambiar la forma en la cual nos queremos desarrollar.
—Le pido algunos ejemplos.
—El país cuenta con enormes oportunidades vinculadas con un mundo que entendió que las cosas deben ser distintas. Con un adecuado ordenamiento ambiental del territorio y simplemente recuperando áreas abandonadas, restaurando los ambientes que han sido degradados por malas prácticas agrícolas y poniendo en valor e implementando la legislación ambiental vigente se puede incrementar mucho la producción agrícola sin afectar ni una hectárea más de ambientes naturales (no solo de bosques) ni ampliar la frontera productiva. Con la ganadería sucede algo parecido. Habría que promover la que se realiza en pastizales naturales para no tener que producir cereales para alimentar a los animales, y aumentar los rodeos mejorando la tasa de nacimiento de terneros por madre. Se trata de hacer las cosas bien donde se puede en lugar de hacerlas mal donde no se debe.
De la agroecología al litio y el fracking
—Hay quienes ponen el énfasis en la promoción de la agroecología, ¿cree que debería sustituir a la agricultura intensiva tradicional? ¿Alcanzaría como fuente de alimentación?
—La agroecología es sin duda un elemento central para transformar el modelo de desarrollo pero no tiene que competir con la agricultura intensiva, ambas alternativas pueden y deben convivir para diferentes fines. No es un modelo u otro. Uno genera alimentos sanos y disponibles para comunidades locales o ciudades que se integran a cinturones de producción y el otro es necesario para mantener procesos alimenticios a escala global y la alimentación animal que también termina siendo parte de la alimentación humana. Lo que tiene que haber son incentivos y desincentivos para cada tipo de producción y un adecuado ordenamiento ambiental para articular ambos modelos.
—La explotación del litio en los salares del norte del país —y la megaminería en general— son otros focos señalados como prioritarios en la salida de la crisis que encuentran mucha resistencia en las comunidades locales, ¿cómo debe afrontarse esa discrepancia?
—El litio es hoy el mineral más buscado porque con la tecnología que disponemos resulta indispensable para la transición energética, pero ahí vuelve a surgir la necesidad de planificación, participación ciudadana e inclusión social que deben ser tenidos en cuenta para practicar una extracción responsable. Partamos de una base: si la sustentabilidad implica satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras y los minerales son recursos naturales no renovables en tiempos humanos significa que la minería sustentable no existe. Entonces, la única solución es practicarla cumpliendo con todos los estándares ambientales y sociales que establecen las legislaciones y lograr que aporte recursos genuinos para las comunidades y gobiernos locales.
—Argentina se comprometió a llegar a la neutralidad de carbono en 2050. ¿Cómo se conjuga esto con la práctica de fracking en Vaca Muerta o las prospecciones petrolíferas offshore en la plataforma continental?
—El mundo demanda gas, nosotros mismos lo necesitamos, lo tenemos y debemos utilizarlo como una herramienta de transición hacia la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables. Aplaudiría si una fuerte inversión en Vaca Muerta nos permitiera exportar gas a India y China para que salgan del carbón, o a Alemania para que no piense en volver a usarlo. Pero con la condición de prever que toda la inversión en infraestructura y planificación deberá ser cerrada en 2050. Sería un modo de generar un desarrollo a futuro a partir del modelo de uso de los recursos naturales. Si por el contrario creamos infraestructuras pensando que tenemos gas para los próximos 150 años, amortizarlas en ese lapso de tiempo nos va a obligar a seguir utilizando el recurso mucho más allá de lo que el mundo ha dicho que dejará de hacerlo.
—Tanto la extracción del litio en los salares como la práctica del fracking afectan los recursos hídricos de las comunidades que viven en los alrededores, ¿hay que aceptar la existencia de zonas de sacrificio en ciertas áreas del país para promover el desarrollo?
—En lugares donde no hay impactos sobre grandes poblaciones habrá que trabajar con las comunidades locales para identificar las áreas de mayor interés natural o cultural a conservar y los reales beneficios que habrá hacia esas comunidades para de alguna forma mitigar el impacto ambiental y social que se genere. Es un costo y habría que asumirlo si viniera asociado a un plan y un compromiso firme del Estado para cambiar el modelo de desarrollo. Y en el caso concreto del fracking, el impacto ambiental por demanda de agua o contaminación tiene que estar controlado y fiscalizado de acuerdo a las leyes vigentes.
El karma de la falta de controles adecuados
—¿Cómo calificaría la eficacia demostrada hasta aquí en el país en cuestiones de control y fiscalización?
—La realidad es que en diferentes ámbitos, con diferentes gestiones y gobiernos, el Estado argentino ha demostrado muy baja capacidad para controlar las legislaciones o normas que establece. Recurrentemente tenemos indicadores que lo demuestran: deforestaciones ilegales, efluentes de vertederos de minas inapropiados, contaminación, irresponsabilidad en la deposición final de los envases de agroquímicos… Pero que no tenga esa capacidad no significa que no pueda incorporarla. Debe existir decisión política, compromiso y sobre todo una exigencia de la sociedad. Hay que generar mecanismos de gobernanza que impliquen la participación de la sociedad civil para asegurar la transparencia en estos procesos.
—Hablemos de cambio climático. Quienes apoyan el desarrollo industrial a cualquier precio se apoyan en el hecho de que Argentina emite menos del 1 por ciento mundial de gases de efecto invernadero y en la necesidad de crecimiento para minimizar las acciones en ese sentido.
—El dato de emisiones es correcto así como la distancia con los países más emisores, como China o Estados Unidos, pero esas diferencias disminuyen mucho si tomamos las emisiones per cápita, y en todo caso, lo más importante es comprender que ninguna política de reducción de emisiones va en contra de la capacidad productiva sino que es al contrario. Cuando se plantea la ganadería sustentable en pastizal natural en contra del feedlot (sistema de engorde de ganado en corrales cerrados) o la siembra directa se está reduciendo emisiones, porque se mantiene el carbono en el suelo, se evita la conversión de espacios naturales y se brindan posibilidades de desarrollo.
—Volvamos al principio, ¿es imposible ver con optimismo el futuro ambiental argentino?
—Argentina tiene la enorme oportunidad de posicionarse muy bien en varios mercados, el desafío es cómo reacomodar el modelo de desarrollo para aprovecharla sin afectar los ambientes naturales y transitando hacia la instalación de una matriz energética no contaminante. En otras palabras, debe buscarse la manera de articular el agronegocio con la agroecología o Vaca Muerta con el desarrollo de las energías renovables y la posibilidad de que cada ciudadano produzca su propia energía y la incorpore al sistema eléctrico. El cambio climático o la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos son procesos que no pueden seguir pasando desapercibidos para quienes toman las decisiones en el país. La sociedad argentina no debería permitirse que las siguientes elecciones sigan siendo el principal horizonte político.
Imagen principal: Manuel Jaramillo dirige desde febrero 2017 la Fundación Vida Silvestre Argentina, organización ambientalista fundada en 1977 y una de las más reconocidas del país. Foto: FVSA.
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