- Pueblos indígenas aislados y recientemente contactados en la Amazonía peruana han sido oficialmente reconocidos después de un proceso de 19 años y están un paso más cerca de ser protegidos gracias a la creación de la reserva indígena Napo-Tigre.
- Una compañía petrolera y un grupo de empresarios y de funcionarios gubernamentales se oponen a la creación de la reserva. Según ellos, esta será un obstáculo para el desarrollo actual y futuro de la región, rica en petróleo.
Después de un proceso de 19 años, los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) que viven en la región Napo-Tigre de la Amazonía peruana han sido oficialmente reconocidos. Gracias a un minucioso estudio antropológico y un decreto presidencial que aportan pruebas de su presencia en la zona, las comunidades están un paso más cerca de ser protegidas a través de la creación de la reserva indígena Napo-Tigre en el departamento de Loreto.
“Reclamamos los derechos de aquellos que no tienen voz”, explicó el Apu Pablo Chota, secretario del Consejo Directivo de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO). La organización ha insistido en la creación de la reserva desde el 2003. “Para nosotros es importante defender la vida por sobre todas las cosas”.
La reserva indígena protegerá las cinco comunidades aisladas confirmadas en la región al evitar la entrada de foráneos, lo que limita la posibilidad de propagar enfermedades. También prohibirá el establecimiento de asentamientos en la zona y la extracción de recursos naturales, ya sea madera o petróleo, a menos que se declare una prioridad nacional.
Sin embargo, un grupo de empresarios, funcionarios gubernamentales de la región y una empresa petrolera (Perenco) se oponen a la creación de la reserva y están actuando para ponerle un alto a este proyecto. Según ellos, este será un obstáculo para el desarrollo actual y futuro de la región, rica en petróleo.
“Perenco está orgullosa de haber tenido un papel en el desarrollo exitoso del Lote 67, un proyecto declarado de importancia nacional por el Gobierno peruano, que forma parte del objetivo estratégico de lograr la independencia energética”, comentó a Mongabay Mark Antelme, representante de Comunicación de Perenco.
Perú tiene siete reservas establecidas para PIACI, cinco indígenas y dos territoriales. El país alberga a 25 grupos de pueblos indígenas aislados y en contacto inicial, que cubren un área de 4 000 000 de hectáreas en los departamentos de Madre de Dios, Loreto, Huánuco y Ucayali.
Además de la reserva Napo-Tigre, existen otras dos en proceso de creación, y otras tres solicitudes de reservas indígenas presentadas por Orpio ante el Ministerio de Cultura entre los años 2020 y 2021. Todas en la región Loreto.
Estas áreas contienen algunos de los bosques húmedos tropicales mejor preservados del país. Los ecologistas consideran crucial la creación de la reserva Napo-Tigre para ayudar a que Perú cumpla con sus compromisos climáticos internacionales, ya que la deforestación (principalmente debido al uso de la tierra para fines agrícolas) es, en el país, la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero.
La creación de una reserva indígena
“Los Pueblos Indígenas Aislados o en Contacto Inicial tienen determinadas necesidades muy especiales —explicó Guisela Loayza, asesora legal de Amazon Sacred Headwaters—. Se los protege protegiendo su territorio”.
Amazon Sacred Headwaters se asoció con dos grandes organizaciones indígenas peruanas – ORPIO y AIDESEP- para apoyar la creación de la reserva. AIDESEP representa a nueve organizaciones regionales de la Amazonía, 109 federaciones y más de 2400 comunidades indígenas.
Loayza comentó a Mongabay que la creación de una reserva PIACI en Perú requiere dos pasos: primero reconocer la existencia de pueblos aislados y segundo demarcar la reserva. Hasta ahora, solo se completó el primer paso.
El reconocimiento de la existencia de pueblos aislados es parte de un largo proceso. Para comenzar, se debe entregar una solicitud de creación de reserva. ORPIO y AIDESEP se encargaron de esto en el 2003, de acuerdo a la Ley N. ° 28736 (Ley PIACI).
Luego, durante un proceso de diez años, las dos organizaciones y el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) llevaron a cabo estudios para probar que vivían pueblos aislados en esa zona. Esto incluye evidencia de casas tradicionales, como las malocas.
Basado en estas pruebas, el Ministerio de Cultura emitió un certificado favorable en el 2013, lo cual significó que el proceso podía seguir adelante.
Sin embargo, Perupetro, la empresa estatal peruana que tiene a su cargo la negociación de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, apeló la decisión. Según la empresa, la reserva se superpondría con dos lotes de petróleo (lotes 67 y 39), operados desde el 2014 por la petrolera anglofrancesa Perenco. Si bien las organizaciones indígenas cuestionaron la apelación, los tribunales anularon la aprobación del Ministerio.
En el 2015, se realizaron estudios complementarios y hubo una nueva aprobación por parte del Ministerio de Cultura. Una vez pasado este proceso, la solicitud fue revisada por la Comisión Multisectorial, compuesta por 15 representantes de los gobiernos nacional, regional y local; de organizaciones indígenas regionales y locales y del ámbito académico.
La comisión ofreció a un tercero la realización de un estudio antropológico riguroso, conocido como “Estudio Previo de Reconocimiento” (EPR). Dicho estudio obtiene evidencia científica que confirma la existencia de pueblos aislados o en contacto inicial.
En julio del 2022, la comisión aprobó el estudio, basándose en 292 piezas de evidencia que demostraron la existencia de cinco PIACI en la región: los aewas (anteriormente conocidos como “abijiras” o “aushiris”), los záparos, los taushiros, los tagaeris y los taromenanes. Los dos últimos pueblos también viven en Ecuador y están en una batalla judicial con el gobierno por proyectos petroleros que se han aprobado en su territorio.
El 1 de septiembre del 2022, el presidente de Perú firmó el Decreto Supremo de Reconocimiento. Así se creó la ley que reconoce formalmente a los pueblos aislados en la zona.
La etapa final del proceso para establecer la reserva Napo-Tigre puede comenzar después de llevar a cabo el proceso de demarcación. Aún no hay un tiempo estimado; sin embargo, en el caso de la reserva indígena Yavarí Tapiche, en Loreto, llevó tres años formalizar las líneas de demarcación.
Una batalla de intereses, programas y dinero
La economía de Perú está desacelerándose, en gran parte debido a la alta inflación, el aumento en el precio del petróleo, el impacto de la cuarentena por COVID-19 y una disminución en la demanda de China (el principal socio comercial del país). Las crisis políticas siguen sacudiendo al gobierno del presidente, Pedro Castillo, a causa de varios escándalos de corrupción y de continuos cambios en el gabinete.
En este contexto, aumentar la producción de petróleo comienza a ser más atractivo para el gobierno. El país solo produce unos 40 000 barriles de petróleo al año, lo que lo convierte en uno de los productores más pequeños de América Latina. Esto se debe mayormente a lo costoso que es extraer el petróleo de las remotas ubicaciones en la selva amazónica, y al extenso historial de derrames de petróleo y de multas impuestas a la industria.
Perenco, que ha estado operando en el país desde el 2008, está entre los que se oponen a la reserva, para así poder aumentar la producción de petróleo en la región. La empresa opera en 15 países y tiene un historial internacional de múltiples derrames de petróleo, lo que provocó una oposición universal por parte de organizaciones indígenas y ambientales. En Colombia, la petrolera recibió multas por 27 derrames entre el 2011 y el 2021, como lo reportó Mongabay Latam en el especial Manchados por el petróleo. Esto la convirtió en una de las empresas más multadas en la Amazonía en los últimos diez años. En la actualidad, la empresa enfrenta una acusación por contaminar diez sitios cerca de sus terrenos petroleros en Etimboué, Gabón.
Sin embargo, la mayor oposición a la creación de la reserva Napo-Tigre proviene de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL), consorcio privado dirigido por empresarios que trabajan en conjunto con el gobierno regional. El consorcio rechaza todos los procesos para crear reservas indígenas.
Según la CDL, la creación de reservas indígenas es parte de un programa para entregarles la Amazonía peruana a determinadas organizaciones no gubernamentales y a intereses extranjeros.
El consorcio ha estado abogando por deslegitimar la legislación PIACI y las organizaciones como AIDESEP y ORPIO, mediante debates radiales, publicaciones de informes y visitas a congresistas en Lima, a fin de negar la existencia de pueblos aislados en la zona. El gobierno regional de Loreto también está públicamente en contra de la Ley PIACI.
“Es un problema económico —afirma Silvana Baldovino, quien trabaja como directora de programa en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)—. Dejarán de beneficiarse si se les corta el acceso a esa zona, a fin de proteger a los pueblos aislados”.
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Intereses similares respecto al petróleo y otros recursos en comunidades aisladas han sido promovidos por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Durante su mandato ha habido un aumento de la deforestación y los ataques a poblaciones indígenas.
Baldovino, abogada que trabaja hace 17 años a favor de los indígenas y del medio ambiente, comentó a Mongabay que la creación de la reserva indígena sería el mayor grado de protección, ya que no podría haber ningún tipo de explotación dentro del área.
La única excepción sería si se encontrara gas y se declarara por ley que su extracción es una prioridad nacional, según explicó.
Desde el 2015, el gobierno de Loreto ha otorgado 47 concesiones forestales a empresas madereras, muchas de las cuales fueron condenadas por actividades de tala ilegal en territorios pertenecientes a pueblos aislados. El Ministerio de Cultura inició un proceso para anular las concesiones. El caso continúa abierto. En una de esas tierras, el gobierno regional construyó una carretera de manera ilegal.
El presidente de la CDL, investigado por acusaciones de corrupción, rechazó varios pedidos de comentarios por parte de Mongabay.
Según Baldovino, toda esta agitación por la creación de la reserva comenzó con debates sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado vinculante en América Latina y en el Caribe por justicia, información y cumplimiento en asuntos ambientales, que estipula protección para los defensores del medio ambiente. Baldovino explicó que la CDL ha continuado presionando al gobierno para que no lo ratifique, ya que impediría el desarrollo industrial de la región.
Hasta el momento, el Acuerdo de Escazú se presentó dos veces en el Congreso y quedó relegado en ambas ocasiones. Colombia y Brasil, otros dos países con la mayor porción de la Amazonía, tampoco lo han ratificado aún. Durante el último año, Perú ha experimentado un aumento en la violencia contra indígenas y contra defensores del medioambiente. Global Witness advirtió que tres cuartos de los ataques registrados sucedieron en la región amazónica.
“Es un asunto absurdo —sostuvo Julio Cusurichi, miembro del Consejo Directivo de AIDESEP, responsable por temas relacionados con las PIACI—. Va en contra de los acuerdos internacionales, así como también de la vida de los pueblos aislados, a quienes hay que cuidar por ser sumamente vulnerables”.
Según Cusurichi, la CDL está creando un ambiente peligroso para los líderes indígenas y para cualquiera que busque proteger su territorio y esté en contra de su visión de desarrollo. A CDL se suma un grupo de líderes indígenas que asegura no está completamente a favor de crear la reserva indígena aislada.
El 5 de septiembre del 2022, la Federación de Comunidades Nativas de Curaray y Arabela (FECONACA), que comprende tres comunidades, inició una causa contra el ministro de Cultura, para detener la creación de la reserva Napo-Tigre. En un correo electrónico dirigido a Mongabay, la presidenta de FECONACA, Pilar Abigail Cabrera Caballero, afirma que la organización no está en contra de la creación de la reserva PIACI, sino que busca defender sus derechos y su territorio en la región, que puede verse impactado por la demarcación de la reserva. Sostiene que el Estado peruano no cumplió con garantizar el derecho de consultar e informar a los pueblos sobre los procedimientos PIACI, al tiempo que se les impide obtener el título de sus tierras.
Según Perenco y la CDL, los líderes de FECONACA, cuyas comunidades están ubicadas junto a los lotes petroleros de Perenco, apoyan su postura. Un dato relevante es que dichas comunidades reciben apoyo por parte de la empresa mediante proyectos de infraestructura, transporte, servicios de salud y empleo.
Esto ha causado tensión con AIDESEP, que sostuvo, en una declaración pública, que los verdaderos intereses de algunos miembros de FECONACA podrían relacionarse con lograr acceso a los territorios de pueblos aislados, lo que pondría sus propias vidas, su salud y su integridad en gran riesgo.
El presidente anterior de la organización, investigado por la fiscalía, está prófugo por tráfico ilegal de madera y por estar acusado de ser miembro de la organización criminal Los Duros del Amazonas.
El futuro
Rocilda Nunta Guimaraes, viceministra de Interculturalidad de Perú, comentó a Mongabay que el Ministerio de Cultura toma en serio la desinformación por parte de empresarios y del gobierno regional de Loreto. Por este motivo, en octubre, el Ministerio lanzará una estrategia de comunicación masiva a través de las redes sociales, la radio y el apoyo local en el mismo Loreto.
Con el apoyo de organizaciones indígenas y de la sociedad civil, la comunicación se hará en español y en las lenguas indígenas. Se concentrará en la importancia de reconocer la existencia de los pueblos aislados, así como también en la implementación de políticas a favor de dichos grupos. La estrategia también se repetirá en otras regiones donde haya reservas indígenas.
“Nuestros hermanos indígenas son sumamente vulnerables y, por lo tanto, necesitan que todos nosotros nos comprometamos con la causa de su existencia, su territorio y su integridad”, indicó Rocilda Nunta Guimaraes.
Perenco volvió a impugnar el proceso para crear la reserva al apelar la calificación positiva del Ministerio del 2015. La apelación se tratará en los tribunales en noviembre. La oficina de Guimaraes brindará asistencia técnica al Ministerio de Cultura y al Ministerio Fiscal.
“Para el Ministerio de Cultura y para el Estado peruano, este reconocimiento es un hito histórico —afirmó Guimaraes—. Como parte del sector público, siempre estaremos atentos a que ninguna empresa pueda extraer los recursos naturales en esos territorios”.
* Imagen principal:
Artículo original: https://news.mongabay.com/2022/09/amazon-reserve-for-uncontacted-people-moving-forward-amid-battle-over-oil-fields/
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