- El asesinato del exasambleista y candidato presidencial Fernando Villavicencio aumentó el nivel en la escalada de inseguridad que padece Ecuador. El hecho incrementó la zozobra entre los defensores de la naturaleza y de derechos humanos que continúan recibiendo amenazas.
- Las elecciones de este domingo 20 de agosto se realizan en medio de una crisis política. Este día los ecuatorianos deben elegir quién terminará el periodo presidencial de Guillermo Lasso. Además, deberán decidir si se prohíbe la minería en el área metropolitana de Quito y se termina con la extracción petrolera en el parque nacional Yasuní, en la Amazonía.
La muerte cruzada del Legislativo y el Ejecutivo en mayo de 2023. Una extensa emisión de decretos presidenciales cuestionados a nivel social y ambiental en los últimos tres meses. El asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, el 23 de julio. Y el homicidio de Fernando Villavicencio, candidato presidencial y exasambleista, el 9 de agosto. En medio de ese complejo panorama, los ecuatorianos van a las urnas este 20 de agosto para decidir el camino político que tomará el país, pero también el futuro de ecosistemas naturales que son vitales para la región y el mundo.
En Ecuador, la crisis política y de seguridad se ha exacerbado conforme se acercan las elecciones anticipadas que se realizarán este domingo. En ellas se elegirá al presidente que terminará el periodo de gobierno de Guillermo Lasso, quien fue acusado de corrupción y disolvió la Asamblea Nacional para evitar ir a juicio político. Además, los ecuatorianos elegirán a los 137 integrantes de la Asamblea Nacional y votarán las consultas populares que buscan prohibir la minería en el Chocó Andino de Quito y la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la Amazonía.
¿Cómo la crisis política está afectando el escenario ambiental y social en Ecuador? En este contexto, ¿qué peligros enfrentan actualmente los defensores de derechos humanos?, ¿cuáles son los retos que tendrá el mandatario que asuma los meses de gobierno que le quedaban a Guillermo Lasso? Mongabay Latam habló sobre todos estos temas con Gustavo Redín, presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), asociación con 35 años de vida y que agrupa a más de 80 organizaciones en todo el territorio ecuatoriano.
—El asesinato de Fernando Villavicencio terminó por exponer el aumento de la violencia y la inseguridad que se vive en el país, ¿qué impacto genera este hecho en los liderazgos sociales, ambientales e indígenas de Ecuador?
—La situación es grave y nos genera una preocupación grande, especialmente a las organizaciones que hemos denunciado la violencia que sufre el Ecuador, las amenazas a los defensores y defensoras de la naturaleza y de derechos humanos. Hemos denunciado constantemente hostigamiento por parte de sectores ilegales, por parte de sectores que podrían estar vinculados con el narcotráfico y también por parte del mismo Estado.
Lo sucedido nos pone realmente en alerta a todas las organizaciones sociales porque Villavicencio era quizás la persona con mayor resguardo policial a nivel nacional, y si eso sucedió con él, qué puede pasar con los defensores que todos los día reciben amenazas, se ven enfrentados a la violencia y que, obviamente, no tienen el mismo eco que generaba Fernando Villavicencio. No hay un interés por parte del Estado de tener unas políticas claras de defensa.
—¿Cuáles provincias del país están en mayor riesgo?
—Las zonas de Esmeraldas, Manabí y Guayas son las de mayor riesgo en el país. Aparte de eso tenemos las zonas donde se encuentran las amenazas mineras, tanto legal como ilegal, por las vulneraciones a los derechos constitucionales. En general, están en riesgo todas las regiones donde se encuentran los intereses extractivos. Recordemos que hace solo un par de meses fue asesinado Eduardo Mendúa, un defensor de larga data de los derechos de los pueblos indígenas, uno de los líderes con más visibilidad y un opositor a la explotación petrolera.
—Este domingo 20 de agosto se realizan las consultas populares del Yasuní y del Chocó Andino en Quito, ¿qué está en juego ahí y por qué son importantes estas dos consultas?
—En el caso del Yasuní, es la primera vez en la historia ecuatoriana, y entiendo que la primera vez en la historia de Latinoamérica, que se propone mantener el petróleo bajo tierra. Si bien Ecuador ya ha tenido otra experiencia de una consulta ciudadana en la ciudad de Cuenca, para prohibir la explotación minera en el cantón, la diferencia está en que esa consulta provino del poder político, del alcalde. En cambio, la consulta del Chocó Andino en Quito y la del Yasuní son de iniciativa popular. La ciudadanía por su propia cuenta y esfuerzo decidió activar los mecanismos constitucionales de participación directa, recolectar firmas y lograr que se nos pregunte a los ciudadanos cuál es el modelo de desarrollo que queremos tener.
Para la consulta de Quito se recolectaron aproximadamente 300 000 firmas. Para el Yasuní se recogieron aproximadamente 750 000 firmas hace 10 años. El Estado en ese momento impidió la consulta del Yasuní, pero la exigencia se mantuvo todo este tiempo, hasta que la justicia decidió que sí se podía proceder a preguntarle a los ecuatorianos.
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—¿Qué pasaría si se sigue permitiendo la minería en el Chocó Andino en Quito y la extracción petrolera en el Yasuní?
—No quisiéramos pensar mucho en ese escenario ya que, al menos como están las cosas y lo que nos dicen las encuestas, es que en el caso de Quito hay aproximadamente un 75 % de aprobación y, en el caso del Yasuní, ronda entre el 55 % y 60 %, y las tendencias se han mantenido durante todo el tiempo. Dicho esto, si se perdieran las consultas sería terrible, ya que la explotación petrolera en el parque Yasuní inició en el 2016 de manera inconsulta e ilegal, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para evitarla. Sí se continúa con la explotación, podría significar un ecocidio en los territorios de los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenane, que sabemos que están en la zona.
En el caso de Quito, el panorama es distinto considerando que, la mayoría, por no decir todas las concesiones mineras que se encuentran actualmente activas en el Distrito Metropolitano de Quito son ilegales, o tienen visos de ilegalidad porque ninguna de ellas cumplió con los estándares de consulta ambiental o consulta previa. Es fácil darse cuenta de esto ya que existen varios procesos a nivel nacional de concesiones mineras que han sido revertidas por vulneración de la consulta y por violar los derechos de la naturaleza. Ejemplos de esto son los casos Los cedros y Llurimagua, donde ya se obtuvieron sentencias que revierten las concesiones.
—La crisis política de Ecuador se agravó con la muerte cruzada del Ejecutivo y el Legislativo en mayo de este año, pero era un tema del que se hablaba desde meses antes. ¿Qué efectos tiene esa crisis política sobre los temas ambientales y sociales del país?
—A mí me parece que la crisis política está siendo capitalizada por el sector extractivo que, al final del día, es el que tiene mayor poder de incidencia en el país. Es lamentable que el gobierno de Guillermo Lasso no haya sido un gobierno de puertas abiertas para las comunidades y los pueblos, y en general para los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. Al punto que, mientras estábamos en esta crisis de muerte cruzada y el futuro electoral, el Ejecutivo decide emitir de manera inconsulta el decreto 754, con el cual tratan de facilitar los procesos de consulta ambiental, pero de manera ilegal. Es un decreto que a todas luces vulnera derechos constitucionales y es contrario a sentencias de la Corte Constitucional como Los Cedros.
En las dos comunidades donde pudieron iniciar los procesos (Las Naves, en la provincia de Bolívar, y Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi) hubo violencia extrema por parte del Estado hacia las comunidades. Hubo gente a la que le dispararon, hay gente presa. Ese decreto se emitió en un momento en que todos los medios estaban distraídos con otras cosas. Todo eso nos da certeza de que hay interés por parte del Estado de aprovecharse de la conmoción política y de la crisis política para facilitar la entrada ilegal del extractivismo.
Y no solo esto, también se generó otro decreto por parte del Ministerio de Ambiente, en el cual se flexibilizan los planes de manejo de los bosques protectores para cualquier actividad. ¿Para qué tenemos bosques protectores si mañana, bajo decretos o decisiones unilaterales del Estado, se podrán cambiar sus planes de manejo?
—Ahora que menciona a los bosques protectores, ¿por qué esta figura de protección ambiental no forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)?
—Se debe a un interés por no generar mecanismos de protección, porque los bosques protectores sí deberían estar dentro del SNAP. Si revisamos la Constitución, los sistemas de áreas protegidas no son solo los sistemas de declaración pública, sino aquellos de declaración privada, e inclusive de declaración comunitaria. La normativa legal ecuatoriana no genera estándares de protección adecuados y los bosques protectores terminan siendo espacios donde se prohíbe todo a excepción de la minería. Por ejemplo, no puedes hacer agricultura, pero sí puedes hacer un hueco y minar. Eso ha sido siempre una problemática y un gran cuestionamiento.
Es importante mencionar que la declaración de bosque protector sí te genera ciertos estándares, o sea, no es lo mismo que tú inicies un proceso de actividad minera en un lugar sin ningún tipo de declaración de protección, a que lo inicies en un bosque protector, donde hay requisitos mayores que de una u otra forma complican la obtención de permisos. El decreto del Ministerio de Ambiente lo que hace es facilitar esos procesos para la obtención de permisos.
—Desde hace varios años hay un auge de la minería en el país, ¿cómo ve la situación en provincias como Napo, donde el crecimiento minero, sobre todo ilegal, ha sido exponencial?
—Es altamente preocupante porque la minería ilegal está siendo usada para favorecer un discurso a favor de la minería legal. Si usted revisa las declaraciones de la Cámara de la Minería alrededor de todo el proceso de consulta popular para el Chocó Andino en Quito, y en general de todos los procesos litigiosos alrededor de la protección de territorios, siempre veremos que el gran argumento de la industria es que la única forma que se tiene para atacar la minería ilegal es a través de la minería legal. Incluso, se nos acusa a los defensores de la naturaleza y del ambiente de estar vinculados con la minería ilegal. Esto es falso ya que, al final del día, quien tiene la obligación de protección es el Estado.
No hay un auge de la minería ilegal de manera “gratuita”, sino que este responde a una disminución de los procesos de control del Estado. El caso de la provincia de Napo es uno de los ejemplos más claros, porque se han venido denunciando desde hace varios años los lugares exactos donde están minando, se han presentado denuncias públicas, se han presentado denuncias penales. Hasta ahora el Estado no ha hecho absolutamente nada.
Hay algo más grave aún. Hemos identificado que la minería ilegal está siendo instrumentalizada para el acceso a la minería legal y con esto doy el ejemplo de Buenos Aires (en la provincia de Imbabura). Allí existía un campamento de minería ilegal con todos los problemas que esto conlleva, durante años la comunidad exigió que el Estado hiciera algo, pero nunca expulsó a los ilegales del territorio. Solo actuó cuando le entregó a una minera la concesión del territorio. Una vez que se expulsó a los ilegales, entró la empresa legal. El asunto no terminó ahí. Cuando la comunidad demostró en los tribunales la ilegalidad de la concesión, la empresa salió del territorio, pero el Estado no evitó que retornaran los ilegales. Entonces, no es que se estuviera buscando el bienestar de la población, se buscaba garantizar las inversiones de una empresa internacional.
—Desde el gobierno de Lenín Moreno se ha visto una disminución en el presupuesto del Ministerio de Ambiente. ¿Qué efectos ha tenido esto en la gestión ambiental ecuatoriana?
—Básicamente el impacto que genera es que no tenemos un Ministerio de Ambiente sino una secretaría de licencias ambientales. Ahora que la Corte Constitucional suspendió el decreto 754, el Ministerio está reclamando que no puede tramitar las licencias de los proyectos, pero cuando las organizaciones generan denuncias, no hace nada. Para dar un ejemplo, en el bosque de la Reserva Drácula, una reserva público privada del municipio de Tulcán y la Fundación Ecominga, se identificó actividad de exploración minera la semana pasada, sin tener permisos y sin haber hecho consultas. Presentamos una denuncia al Ministerio de Ambiente y hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta ni se ha tramitado absolutamente nada.
Para dar otro ejemplo burdo, una organización miembro de CEDENMA tuvo que actualizar los nombramientos de sus integrantes y se demoraron más de un mes en entregar un documento. Cuando se le exigió al Ministerio hacer el trámite, dijeron que estaban trabajando con pasantes y no con funcionarios. Esa gravedad se está dando en el Ministerio por la reducción absoluta del presupuesto, lo que implica que no haya control alguno en temas ambientales.
—¿Cuáles son los principales retos que tendrá que enfrentar el presidente que se elija este 20 de agosto?
—Bastantes. El nuevo gobierno tiene el reto de saldar una deuda gigante con los ecuatorianos y las ecuatorianas, respecto al control y al cumplimiento de derechos constitucionales como el derecho a un ambiente sano, los derechos de la naturaleza y el objetivo cumplimiento de la consulta ambiental y la consulta previa, libre e informada. El Estado nos debe el control de actividades como la minería ilegal, que está vinculada con otras actividades ilegales; nos debe efectivos controles para la tala ilegal de bosques, y nos debe lo que vendría a ser una verdadera transición ecológica y una lucha en contra del cambio climático.
El próximo gobierno tendrá alrededor de un año y medio de mandato, y uno de los retos con los pueblos indígenas es el de cumplir con la deuda histórica que tiene el Ecuador con estos pueblos, donde están los mayores índices de pobreza, de falta de acceso a recursos y a sistemas de salud. Recordemos también que el Ecuador destruyó todos los sistemas de educación intercultural y educación bilingüe. No de gratis tuvimos los dos levantamientos indígenas en los últimos años, donde ellos exigían, precisamente, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Estado.
Y si revisamos las exigencias dentro de esos levantamientos, vemos que están directamente vinculadas, nuevamente, con las industrias extractivas, porque son los pueblos indígenas quienes terminan pagando por los pasivos ambientales que dejan las industrias. Es fundamental que el próximo presidente encamine al Ecuador hacia un efectivo estado plurinacional e intercultural, como manda la Constitución.
*Imagen principal: Minería ilegal en el río Bermejo, Reserva Ecológica Cofán Bermejo, Ecuador. Foto: Archivo particular.
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