- Este pequeño pueblo saltó a la fama cuando fue invadido por mineros ilegales en el 2017 y, durante casi dos años, vivió en medio de la violencia, la prostitución y la drogadicción. Ahora la minería legal es la que quiere entrar al territorio pero muchos de sus pobladores se niegan rotundamente.
- Más de 300 personas llevan casi un mes impidiendo el paso de la maquinaria, los camiones y el personal de una minera. La Defensoría del Pueblo teme que se generen enfrentamientos y hace un llamado para que las autoridades locales, regionales y nacionales actúen de inmediato.
En el 2017, el nombre de La Merced de Buenos Aires se hizo famoso en todo Ecuador. Esta pequeña parroquia del cantón Urcuquí, ubicada en lo alto de la cordillera de los Andes, en la provincia de Imbabura, fue invadida por mineros ilegales que se apoderaron rápidamente de las montañas.
Gigantescos campamentos de plástico se robaron la atención de los medios de comunicación y la ilegalidad trajo consigo violencia, miedo y desesperanza. La población que tradicionalmente vivía allí clamaba por ayuda para que su territorio volviera a la tranquilidad que lo caracterizaba en el pasado. Varios habitantes entrevistados por Mongabay Latam aseguran que la fiebre del oro atrajo a personas del sur del Ecuador, peruanos, venezolanos y colombianos que intimidaron a la comunidad y que, incluso, disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) comenzaron a cobrar ‘vacunas’ —pagos económicos a cambio de no atentar contra ellos— y a someter al pueblo en su intento por dominar el negocio de la minería ilegal.
En julio de 2019 llegaron a la zona 1102 policías, 1200 militares y 20 fiscales, en un operativo llamado ‘Amanecer Radiante’. En los primeros días de intervención lograron que cerca de 3000 personas desalojaran los campamentos, desmontaron 30 plantas de procesamiento de oro y un complejo sistema de poleas para su transporte. Según la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, se calcula que en Buenos Aires se movían unos 500 000 dólares semanales producto de esa actividad ilegal.
Durante casi un año se vivió una aparente paz, pero en 2020 la comunidad se enteró de que su territorio quería ser explotado nuevamente —esta vez en busca de cobre— por parte de una empresa de capital australiano que desde noviembre de 2017 tiene ocho títulos mineros en la zona, uno de los cuales coincide con la zona de explotación ilegal. La situación se ha puesto más tensa desde hace un mes, cuando más de 300 habitantes de Buenos Aires formaron un plantón a las afueras de la parroquia para impedir que los camiones y maquinarias de la empresa empiecen a hacer exploración minera en el territorio.
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Decenas de personas demandadas por una empresa minera
Los habitantes de Buenos Aires se han declarado en resistencia. Aseguran que desde 2017 fueron invadidos por la minería ilegal cuando tradicionalmente se han dedicado a la agricultura y la ganadería. Aunque ahora sea la minería legal la que quiere operar en el territorio, ellos no quieren saber nada más de la explotación de minerales.
El problema, según dice un poblador que prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias, es que esa resistencia les ha generado estigmatización. “Nos dijeron que somos mineros ilegales y que no queremos la legalidad porque queremos volver a lo ilegal. Pero esto es falso”.
Natalia Bonilla, de la organización Acción Ecológica, asegura que cuando empezaron a trabajar con esta población se dieron cuenta que el relato en el cual se mostró a toda la comunidad como mineros ilegales no era cierto. Según dice, “es una población campesina, ganadera y agricultora que fue invadida por la minería ilegal. Se les estigmatizó como mineros ilegales y se les ha invisibilizado”.
No obstante, Favio Ocampo, jefe de operaciones de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration & Mining S.A., dueña de los títulos mineros y subsidiaria en Ecuador de la compañía australiana Hancock Prospecting, dijo en entrevista con el medio de comunicación Primicias que “hay un grupo de pobladores de La Merced de Buenos Aires que está contaminando con la minería ilegal y que ahora se disfraza como un grupo antiminero. Este grupo se ha tomado la entrada a La Merced de Buenos Aires, aduciendo que el pueblo está contra la minería legal e ilegal, pero son los mismos que tienen procesos legales en contra por minería ilegal”.
Y es aquí donde el asunto se complejiza. Bajo el argumento de que los opositores son mineros ilegales que impiden la entrada de la compañía al territorio, Hanrine ha emprendido acciones civiles y penales contra varias personas de la comunidad, incluidos algunos miembros de las autoridades locales. “Estamos pasando por cinco procesos de criminalización. Lo hacen para deslegitimar la resistencia de este plantón pacífico que tenemos desde el 19 de abril. De lo último que nos han acusado es de asociación ilícita. Incluso han acusado a la presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la parroquia rural de Buenos Aires”, cuenta otro habitante de la región que pide la protección de su nombre.
Yuly Tenorio es abogada especializada en medioambiente y asegura que algunas personas denunciadas por la compañía estarían vinculadas con minería ilegal pero la gran mayoría son defensores del territorio que están siendo perseguidos, por lo que ha decidido asumir la defensa de estos últimos. Según Tenorio, Hanrine ha denunciado a cerca de 70 personas de la comunidad, incluidos varios indígenas awá de la comunidad de Palmira que habitan en los bosques de la parroquia y que también se han opuesto a la minería. “No a todos les han llegado notificaciones porque viven en zonas muy alejadas y los awá no tienen un territorio estable, muchos de ellos ni siquiera tienen documento de identidad”, dice Tenorio.
Los cinco procesos están en etapa de investigación previa. Tres son por presunto daño a bien ajeno, uno por intimidación y otro por supuesta asociación ilícita. “La empresa los denuncia vía penal y vía civil para recuperar el presunto dinero que ha perdido por la resistencia ciudadana. El objetivo es que la comunidad se desgaste en contratar abogados para su defensa en lugar de dedicarse a acciones de protección para su territorio, pedidos de información o medidas cautelares”, comenta Tenorio.
Por su parte, Favio Ocampo, de la minera Hanrine, dijo que la empresa ha intentado ingresar a una de sus concesiones (Imba 1) desde hace varios meses, “pero nuestros intentos han sido bloqueados por estas personas que se han tomado el ingreso de la parroquia La Merced de Buenos Aires, a vista y paciencia de la Policía. Todas las personas que están a favor nuestro y que trabajan con nosotros o que nos prestan alguna clase de servicio, han sido golpeadas, amedrentadas y amenazadas”.
La tensión entre la comunidad y la compañía no cesa y ha escalado a diferentes niveles. El 21 de abril de este año, en un pronunciamiento público, la Defensoría del Pueblo aseguró que el Estado será responsable de los procesos de criminalización de los líderes de la comunidad de Buenos Aires, personas defensoras y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza que se encuentran en proceso de resistencia ante el inicio de procesos penales en su contra, lo que demostraría, una vez más, la vulneración de derechos que acarrearía responsabilidad nacional e internacional.
Mongabay Latam se comunicó con la Defensoría del Pueblo y Edwin Piedra, Director Nacional del Mecanismo de Prevención, Precaución, Promoción y Restauración de los Derechos de la Naturaleza, confirmó que se han iniciado procesos penales que están en la Fiscalía y son objeto de investigación, pero que “la Defensoría espera que sus exhortos sean considerados y dicha institución archive los procesos, pues quienes ejercen el derecho a la resistencia no pueden ser sancionados por delitos comunes como la asociación ilícita y otros tipos penales, que pueden servir para amenazar y hostigar a las personas y así obstaculizar su labor de defensa”.
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¿Qué pasó con la consulta ambiental y la consulta previa?
Mientras el conflicto entre la población y la empresa minera persiste, lo que sí se sabe es que la minería ilegal dejó estragos que aún no se tienen bien calculados. Lo único que se tiene hasta el momento es un informe del Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE), para la época del operativo ‘Amanecer Radiante’, donde se encontró la pérdida de cobertura vegetal en 54,38 hectáreas de bosque, alteraciones en cauces de agua, manejo inadecuado de residuos sólidos y afectación a la calidad de agua y suelo.
¿Quién responderá por estos daños y se encargará de remediar los pasivos ambientales? Luego de casi dos años de haber desalojado a miles de mineros ilegales, esta sigue siendo una pregunta sin respuesta. Ni el Estado ha hecho un análisis a profundidad, ni la minera está interesada en asumir estos costos dentro de su concesión.
Favio Ocampo, Jefe de Operaciones de Hanrine, aseguró que “el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Nosotros no hemos recibido ningún informe de peritajes [del Gobierno] sobre el cálculo de los daños ambientales. No es responsabilidad de Hanrine. Una vez que se haga el peritaje, el Gobierno debe identificar a los responsables. Ellos saben quiénes son, y deben juzgarlos, porque las personas que se lucran de la minería ilegal siguen sueltas”.
La empresa minera insiste en que tiene derecho a ingresar a sus concesiones para continuar con sus labores de exploración avanzada en búsqueda de cobre. Sin embargo, al difícil conflicto socioambiental que se vive en Buenos Aires se le suma un problema más.
La comunidad asegura que la empresa nunca ha socializado el proyecto minero y que, ni a ellos ni a los indígenas awá, les realizaron la consulta ambiental y la consulta previa, libre e informada. De hecho, el defensor Edwin Piedra asegura que las instituciones estatales deben informarle de manera suficiente a la comunidad sobre los procesos de consulta que habrían realizado y que permitieron la obtención de los permisos ambientales de las concesiones. “Es responsabilidad del Estado cumplir con esta obligación antes de otorgar concesiones y permisos”, recalca.
Mongabay Latam se comunicó con el MAAE para saber si se hizo consulta ambiental pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se ha obtenido respuesta.
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El acceso a la información y unas medidas cautelares
El acceso a la información también ha sido un obstáculo para la comunidad de Buenos Aires. Según dicen varios habitantes entrevistados por Mongabay Latam, la empresa les ha dicho que no tiene por qué mostrarles documentación a ellos, así que han tenido que hacer solicitudes formales a entidades gubernamentales que han demorado sus respuestas o que no la entregan completa, argumentando que se trata de información sensible.
“Todavía desconocemos los planes de manejo ambiental o si existen estudios de impacto ambiental que no sean una copia de otros estudios”, comenta la abogada Yuly Tenorio. Este medio le preguntó al MAAE si otorgaron permisos ambientales a Hanrine pero todavía no ha obtenido una respuesta.
Nuevamente la Defensoría del Pueblo se pronunció, “exhortando al Ministerio del Ambiente y Agua, Ministerio Energía y Recursos Naturales No Renovables y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables para que no se otorguen los permisos ambientales ni concesiones mineras hasta que no se proceda con la reparación integral de los Derechos de la Naturaleza, debido a la existencia de pasivos ambientales y deben emprender las medidas que sean necesarias para la restauración de la Naturaleza”.
La comunidad de Buenos Aires está en búsqueda de una consulta popular para prohibir la minería en su territorio y el 10 de mayo algunos de los pobladores, que insisten en decirle no a la minería legal e ilegal, solicitaron medidas cautelares ante el juez constitucional de Imbabura, Manuel Mesías Sarmiento, para garantizar el retiro de los campamentos que la empresa Hanrine tiene en la vía pública y la prohibición del ingreso de la maquinaria pesada y demás vehículos de la empresa.
Uno de los firmantes de esta acción fue el asambleísta Mario Ruiz Jácome. “La idea es precautelar la integridad física, psicológica y la vida del pueblo de Buenos Aires y de los trabajadores de la empresa Hanrine. Estamos en un riesgo inminente de que haya confrontaciones que pongan en peligro su vida y su integridad física”, dijo Ruiz, quien también añadió que a la entrada de la parroquia permanecen unos 120 camiones con cerca de 250 personas que trabajan para la empresa, sin baterías sanitarias y en hacinamiento; lo que pone en riesgo la salud de todas las personas en el lugar.
Los defensores del territorio en lo alto de las montañas de Imbabura esperan una respuesta a las medidas cautelares mientras siguen impidiendo la entrada de la minería en su territorio y ante la incertidumbre de cómo avanzarán los procesos legales en su contra. “Queremos que el nuevo Gobierno haga un proceso de amnistía para los defensores y las defensoras porque resistir es un derecho constitucional, no un delito”, resalta la abogada Yuly Tenorio.
*Imagen principal: La empresa Hanrine ha denunciado a más de 60 personas en Buenos Aires y dice que ahora los mineros ilegales se han disfrazado de grupos “antimineros” para impedir la entrada de la minería legal. Foto: Iván Castaneira / Agencia Tegantai.
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