- Tras 12 años de discusión en el Congreso, se creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, uno de los grandes pendientes ambientales que mantenía el país. Ambientalistas prevén dificultades en la implementación.
- El año termina con incertidumbre sobre el futuro de los salares tras el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio. Conservacionistas alegan poca transferencia en el proceso de implementación.
- Aunque hubo avances en descarbonización, el país no progresó en restauración de ecosistemas, reforestación y prevención de incendios, temas clave para alcanzar las metas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Grandes anuncios marcaron la agenda ambiental de este año 2023. Entre los más relevantes está la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que finalmente fue promulgado luego de 12 años de tramitación en el Congreso. La Estrategia Nacional del Litio, por otra parte, sitúa a la conservación de los salares en un nuevo escenario político y económico por lo que científicos, comunidades indígenas y expertos en materia ambiental se mantienen alertas ante los nuevos negocios y acuerdos que se están organizando en torno a estos frágiles ecosistemas.
Este año, además, debían darse pasos concretos para avanzar en la implementación de importantes decisiones acordadas en 2022 como, por ejemplo, la ley marco de cambio climático. Especialistas concuerdan en que ha habido una progresiva implementación de esa ley, puesto que se han creado los reglamentos y ya se han discutido algunos planes de acción regionales. Además, hubo avances en el sector energético, particularmente en la descarbonización de la matriz energética, es decir, en el objetivo de abandonar la producción de energía en base a la quema de carbón y transicionar hacia las energías renovables no convencionales.
Sin embargo, también hubo temas clave vinculados al cambio climático que quedaron estancados. Uno de ellos, quizás el más decepcionante, es el agua. En 2022, después de 11 años se aprobó la reforma al código de agua que, entre otras cosas, garantiza el derecho humano a este recurso y prioriza la protección de las fuentes de agua y el uso de actividades de subsistencia. Pero aunque se esperaba que este año se avance en los reglamentos para echar a andar esta esperada reforma, “no se hizo nada”, aseguran los expertos consultados por Mongabay Latam.
Además, algo que también preocupa a los especialistas es que otro año más pasó sin grandes avances en restauración de ecosistemas y reforestación, uno de los puntos débiles en la agenda ambiental de Chile. Tampoco hubo grandes progresos en la prevención de incendios, algo que inquieta a los expertos debido a la grave amenaza que éstos representan para la biodiversidad y las personas, pero también por sus enormes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero.
Aunque la industria salmonera volvió a protagonizar escándalos ambientales y demostró que, pese a la creación de SBAP, seguirá siendo un desafío removerla de las áreas marinas protegidas. Una esperada noticia para el mar chileno finalmente se concretó: tras 19 años se creó el área marina protegida Archipiélago de Humboldt, un importante hotspot de biodiversidad amenazado por el controversial proyecto minero y portuario Dominga, así como el Puerto Cruz Grande, ambos judicializados.
El hito del año: nace el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
Sin duda, uno de los hitos ambientales más importantes del año fue la aprobación de la llamada ley de naturaleza que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Doce años tuvieron que esperar las organizaciones ambientales, científicos y ciudadanos que exigían una protección más efectiva de los ecosistemas representativos de Chile. El SBAP será el primer organismo público con dedicación exclusiva al cuidado de las áreas protegidas del país y de la biodiversidad terrestre y marina que se encuentra tanto al interior como al exterior de ellas. Con este paso se concreta uno de los grandes pendientes que Chile mantenía en materia ambiental.
Uno de los principales problemas que este servicio busca resolver es la dispersión de la gestión de las áreas naturales protegidas que actualmente está en manos de diversos organismos. En ese sentido, el SBAP, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, viene a homogeneizar mejor las decisiones y lo que es más importante, aseguran los expertos, con una mirada integral de ecosistemas.
Además, según María Isabel Manzur, miembro de la fundación Chile Sustentable, la nueva normativa asegura una mayor protección que la que existe actualmente puesto que, hasta ahora, “las áreas protegidas se regían por la Convención de Washington”. Dicha convención, que es un tratado internacional suscrito y ratificado por Chile, establece, entre otras cosas, que las riquezas existentes en los parques nacionales no se explotarán con fines comerciales. Sin embargo, este criterio “a veces primaba y a veces no, porque no había una ley nacional para aplicarla”, explica Manzur. Es por eso que en Chile existen proyectos extractivos incluso al interior de parques nacionales, la categoría más estricta de protección.
Un tercer punto importante es que la ley establece un nuevo ordenamiento de áreas protegidas ajustado a los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En las categorías más estrictas —reservas de región virgen, parques nacionales terrestres y monumentos naturales— quedó prohibida la explotación comercial de recursos naturales y la instalación de infraestructura industrial. Las reservas nacionales, las áreas de múltiples usos y las áreas de conservación de pueblos indígenas, en cambio, sí permiten usos, siempre y cuando no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos del área. Ambientalistas, sin embargo, temen que esto pueda abrir las puertas a proyectos mineros, energéticos u otros.
De hecho, el retiro de las concesiones salmoneras al interior de áreas protegidas, es uno de los temas que quedó pendiente y que se vislumbra, junto con el escaso presupuesto, como uno de los grandes desafíos que tendrá la implementación del SBAP. Actualmente, más de 400 concesiones para criar salmones se encuentran al interior de espacios marinos que tienen alguna categoría de protección incluso en las más estrictas. ¿Cómo hará valer el SBAP la ley para que no haya salmonicultura en parques nacionales si es que, aún cuando ya estaba prohibida esa actividad, se instaló de todos modos? “El retiro de las concesiones de Parques Nacionales se va a tener que abordar de alguna manera. Son de los temas pendientes que quedaron”, señaló Manzur.
Lo malo: la industria salmonera otra vez en el centro de la controversia
Los escándalos ambientales vinculados a la industria salmonera volvieron a ocupar los titulares en Chile. El año lo inauguró la empresa Australis Mar —la quinta más grande del sector— que se “autodenunció” ante la Superintendencia de Medio Ambiente por producir 80 000 toneladas de salmones más de lo que tenía autorizado en centros de producción que están al interior de áreas protegidas.
Expertos consultados por Mongabay Latam coinciden en que una producción por encima de la norma aumenta los riesgos de que se generen “condiciones anaeróbicas” en los fondos marinos. Ese es el término técnico para referirse a los lugares del mar donde se acaba el oxígeno en el agua y, por lo tanto, se termina con la vida de un sinnúmero de especies.
Pero el problema de la sobreproducción no sólo atañe a Australis Mar. Según Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana en Chile, más de 20 procesos sancionatorios se abrieron este año por sobreproducción contra al menos siete empresas. “Esto indica que hay una práctica sistemática del sector y lamentablemente solo nos damos cuenta al final del ciclo productivo”, sostuvo. Además, en total, incluyendo otras infracciones, son al menos 35 los procesos sancionatorios que se abrieron a empresas del rubro salmonero durante el 2023, aseguró la Fundación Terram.
A los expertos no solo les preocupa la sistematización con la que, aseguran, la industria salmonera incumple la normativa ambiental, sino la impunidad con la que, en ciertos casos, se ve beneficiada. Prueba de ello es el catalogado “perdonazo” que le dio en noviembre pasado el Tercer Tribunal Ambiental a la empresa Nova Austral, que entre 2015 y 2017, incurrió en la sobreproducción de salmones en tres centros de cultivo al interior del Parque Nacional Alberto De Agostini. En junio de 2022, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) decidió sancionarla con la revocación de sus permisos ambientales, sin embargo, el Tribunal Ambiental acogió la reclamación de la empresa anulando la revocación del permiso de uno de los centros.
El argumento fue que la sanción resultaría desproporcionada. La ONG Fima, que representa jurídicamente a comunidades frente a conflictos socioambientales, criticó la decisión del tribunal recordando que “fueron 1 199 717 los kilos producidos por sobre lo autorizado en una zona de alto valor ecológico, cuyos efectos, como es la falta de oxígeno del fondo marino, se mantuvo hasta por tres años después de ocurrido el hecho”.
“El sistema falla, ese es el problema, y el mismo Tribunal Ambiental se va a en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente. Hoy día la SMA tiene que cazar en la Corte Suprema lo que dijo el Tribunal Ambiental. Es el mismo sistema ambiental yéndose en contra del Estado. Eso es lo más preocupante”, apunta van der Meer.
Por otra parte, el Servicio Nacional de Pesca dio a conocer que hay 400 concesiones salmoneras que continúan vigentes a pesar de que la autoridad tendría que haberlas caducado por no cumplir con las condiciones exigidas por ley.
El asunto alarma a los expertos no sólo porque quedó en evidencia la descoordinación entre los organismos competentes y la falta de capacidad para hacerse cargo del tamaño de la industria, sino también por los problemas ambientales que puede traer el no haber caducado las concesiones a tiempo.
A las organizaciones ambientales les preocupa que no se caduquen al menos las concesiones que están al interior de las áreas protegidas y se desaproveche la oportunidad de sanearlas para cumplir así con uno de los grandes pendientes que tiene el país en materia ambiental. “Yo lo entregué (al presidente Gabriel Boric) en sus manos una minuta donde hay 26 concesiones salmoneras que nunca han operado (y que por ende debieran ser caducadas) que están dentro de áreas protegidas, minuta que la tienen varios ministros, y no han hecho nada”, asegura Flavia Liberona, directora ejecutiva de fundación Terram, una de las organizaciones ambientales más influyentes del país.
Lo crítico: atrasos en control de incendios, reforestación y restauración de ecosistemas
“La amenaza para Chile en términos de emisiones son los incendios forestales y eso está súper poco dicho y súper poco considerado”, dice Liberona.
De hecho, un informe publicado en junio de este año por el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, asegura que durante los grandes incendios del verano 2016-2017, “las emisiones de CO2 debido a los incendios en plantaciones y bosque nativo representaron casi el 70 % del total que emitieron los sectores de energía, industria y agricultura combinados”.
Aún cuando se pronostica que los incendios serán cada vez más intensos, a la directora de fundación Terram le preocupa que Chile no tenga una ley de prevención de combate de incendios forestales e insiste en que no es suficiente cambiar la matriz energética. “Tú puedes ir súper bien cambiando tu matriz, pero se te viene un incendio forestal y volviste a emitir una cantidad impactante. Ahí hay un tema que desde nuestro punto de vista los gobiernos no miran bien”, sostiene Liberona.
A fines de septiembre, el gobierno lanzó el Plan Nacional de prevención, mitigación y combate de incendios para el periodo 2023 – 2024, “que consiste en un paquete de medidas que incluye un alza histórica en el presupuesto destinado a este tipo de siniestros por más de 148 mil millones de pesos”, aseguró el Ministerio de Medio Ambiente (MMA).
Antonio Lara, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile e investigador principal del Centro del Clima y la Resiliencia (CR2), asegura que se trata de un incremento “muy positivo”. Sin embargo, advierte que “esos recursos no resuelven el problema de fondo”. Uno de ellos, precisa, es que “el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre y al menos un tercio de ellos, o más, son intencionales”.
Además, el aumento de presupuesto tampoco resuelve el riesgo de incendios provocado por los monocultivos forestales, advierte Lara. Según el experto, para lograr prevenir efectivamente los incendios y la rápida expansión de los mismos, “esos paisajes homogéneos dominados por plantaciones tienen que ser convertidos mediante restauración a paisajes heterogéneos con distintos usos de suelo y paños de plantaciones que deben ser mucho más pequeños”.
Por otra parte, la restauración de ecosistemas sigue siendo un punto débil en los progresos ambientales de Chile a pesar de que está incluido en los compromisos que el país adquirió a nivel internacional para hacer frente al cambio climático.
Anualmente, unas 60 000 hectáreas de bosque nativo se degradan en Chile, asegura Lara. Un bosque degradado, explica el experto, es uno que “ ha perdido su características de composición de especies o de estructura, lo que impacta por supuesto en la biodiversidad y en los otros procesos que se dan en ese bosque así como también se ven deteriorados los servicios ecosistémicos que provee, como el agua o la captura de carbono”.
Mauro González, investigador del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la Universidad Austral de Chile, explica que “la degradación está dada por los incendios que están ocurriendo más frecuentemente con mayor severidad, con mayor tamaño”, pero también por “un proceso de expansión de loteos, de corta pequeña de bosque y de degradación de otras formaciones vegetales, como rellenos de humedales (para la implementación de, por ejemplo, proyectos inmobiliarios) que van cambiando los ecosistemas a una escala que muchas veces no es tan notoria”.
Por eso, Chile se comprometió a restaurar un millón de hectáreas de las cuales se calcula que habría que reforestar 200 000, asegura Ricardo Bosshard, director de WWF Chile. “La mala noticia es que no estamos llegando a ese número. Estamos lejos, muy lejos”, agrega. Lo mismo opina González quien sostiene que si bien “el Estado y este gobierno han ido implementando algunos programas como el Más Bosque o Siembra por Chile, que son avances importantes, sin duda no alcanzan para el compromiso y la celeridad al ritmo que debería tener”. “El ministerio de Agricultura calcula que se están reforestando 1000 a 2000 hectáreas, por lo tanto no estamos llegando. Y si consideramos los incendios estamos verdaderamente retrocediendo”, precisa Bosshard.
Al respecto, el MMA sostuvo que el Plan Nacional de Restauración al 2030 en el cual se enmarca la meta del millón de hectáreas, y que está siendo impulsado con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), “se encuentra ya desplegando sus actividades tempranas”. Entre ellas, asegura, “destacan los avances para la formalización del Comité Técnico Nacional de Restauración, instancia que da soporte institucional a los esfuerzos en restauración, y la activación de las gobernanzas regionales en aquellas regiones donde el proyecto interviene directamente”, es decir, en “Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, con una superficie aproximada de 645 000 hectáreas”.
Además, agregó que la entrada en vigencia de la Ley que crea el SBAP es un importante avance puesto que permite la declaración de áreas degradadas que deberán tener un Plan de Restauración. “Esto contribuye a suplir una brecha país en términos de contar con una herramienta específicamente concebida para fines de restauración”, sostuvo el Ministerio.
Lo decepcionante: sin avances en la gestión de cuencas
Otro punto que preocupa y que no se alinea con la urgencia que requieren las acciones de adaptación al cambio climático es el tema del acceso y distribución del agua.
Recordemos que el año pasado, luego de 11 años de tramitación en el Congreso, se aprobó una reforma al Código de Aguas que establece que es deber del Estado garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento. La reforma también prioriza la protección de las fuentes de agua y el uso de actividades subsistencia.
Para Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, la reforma es un paso importante no solo porque se incorporaron elementos de prioridades sociales y ambientales, sino también porque se establecieron muchas condiciones para la gestión sustentable del recurso. “Por ejemplo, se prohibió utilizar aguas de áreas protegidas, se prohibió sacar agua de glaciares, se establecieron mediciones obligatorias tanto para la extracción como para la devolución de agua por parte de grandes proyectos”, precisa la experta.
Un paso clave para tener resultados efectivos en la gestión de los recursos hídricos en Chile, un tema pendiente en un país afectado por la sequía y el sobreconsumo de agua, hubiera sido que se establecieran los reglamentos a esa reforma. Sin embargo, hasta ahora, “no hay ningún reglamento que conozcamos que esté ingresado y aprobado en Contraloría”, señala Larraín.
Además, este año debían empezar a conformarse los comités técnicos que obliga la ley Marco de Cambio Climático. Dichos comités deberán elaborar, entre otras cosas, balances hídricos y proyecciones del recurso en cada una de las 101 cuencas del país. Sin embargo, todavía no se han conformado, asegura la directora de Chile Sustentable.
También debían empezar a instalarse los Consejos de Cuenca, que son organismos donde deben participar representantes de todos los sectores relacionados con los usos del agua de una cuenca hidrográfica, y no solamente los que tienen derechos de agua, y que estarán orientados a promover una gestión coordinada e integrada del recurso. Pero esos tampoco se han conformado según lo planeado, sostuvo Ezio Costa, director de FIMA. El problema, apunta, es que “no hay una norma que guíe esta implementación, sino que son experiencias que el Ministerio Medio Ambiente ha intentado generar, pero que tienen alcances muy limitados”.
Lo preocupante: la Estrategia Nacional del Litio
El litio es un material estratégico para la producción de tecnologías “verdes”, aquellas diseñadas para contribuir en el proceso de la transición energética a la que los países se han comprometido para intentar mitigar el calentamiento global. Chile, al ser una de las naciones con las mayores reservas de litio del mundo, es un actor clave en esa transición.
En el país actualmente solo se explota litio del salar de Atacama. Aun así, la producción nacional representa más del 30 % del mercado global. El objetivo es aumentar ese porcentaje para que Chile “se transforme en el principal productor de litio del mundo”, dijo el presidente Gabriel Boric.
Para lograrlo, el gobierno busca desarrollar la Estrategia Nacional del Litio. Una política que, entre otras cosas, “será una cruzada” —dijo el presidente— para explorar los más de 60 salares que existen en el país y evaluar su potencial extractivo.
El anuncio crea expectativas puesto que, hasta ahora, la minería del litio no ha estado exenta de conflictos ambientales. Científicos y habitantes de las comunidades indígenas del salar de Atacama llevan años denunciando los impactos generados. De hecho, la Superintendencia de Medio Ambiente ha abierto procesos sancionatorios en contra de SQM y Albemarle, las dos empresas que extraen el mineral de ese salar.
Según el mandatario la estrategia de desarrollo se construirá respondiendo a la crisis climática y garantizando el menor impacto medioambiental posible en los ecosistemas. Para ello, la estrategia contempla la creación de una red de salares protegidos donde no se instalarán faenas mineras, aseguró el presidente. También se avanzará en nuevas tecnologías de extracción que minimicen los impactos ambientales en aquellos salares que sí se exploten incluyendo el de Atacama.
Para asegurar esto último, la estrategia incluye la creación del Instituto tecnológico y de investigación público de litio y salares. Dicho instituto tendrá dos grandes áreas. La primera, de desarrollo tecnológico, buscará generar técnicas de extracción que minimicen los impactos ambientales y crear productos de litio con valor agregado para que la producción no se limite a la comercialización de la materia prima. La segunda, de desarrollo de conocimientos, tendrá la misión de investigar cómo funcionan los salares y su biodiversidad, entender cuáles son los impactos ambientales que tienen las distintas tecnologías que se usan para la extracción del litio y comprender el entorno social de los salares.
Expertos, conservacionistas y comunidades se preguntan qué tan resguardados estarán los ecosistemas que hagan parte de la red de salares protegidos, si aquellos salares que ya están resguardados por ley están en la mira de la industria.
El presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), Vladimir Reyes, sostuvo durante un seminario organizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, que las comunidades indígenas agrupadas en esa organización ven con preocupación la estrategia del gobierno. “Se requiere una participación activa del Consejo (CPA) en la toma de decisiones. También de cada una de las comunidades que están cerca del salar y que ven con preocupación cómo las empresas actualmente establecidas están generando bastante daño. Se ha llevado a juicio medioambientales y se ha podido determinar que hay un humedal en que para poder recuperarse pueden pasar como 400 años. Ese es el efecto de las distintas empresas establecidas, del litio y del cobre, y eso es lo que nosotros tenemos que proteger”, dijo Reyes. “Si hay dos empresas establecidas que están causando daño, una en menor escala que otra, imagínense cuántas, si son cinco o más que se van a establecer, cuánto es el daño que van a generar”, agregó el dirigente.
Por otro lado, a Liberona le preocupa la poca información que ha sido dada a conocer sobre el avance del proceso. En mayo se creó el llamado Comité del Litio y Salares, la entidad a cargo de conducir la implementación de la estrategia, y que está presidida por la ministra de Minería, Aurora Williams, y que cuenta con la participación de diferentes ministerios incluido el de Medio Ambiente. Sin embargo, “no se conocen las actas de ese comité”, asegura Liberona. “No se conoce con qué criterios está trabajando”, agrega.
Tampoco se conocen, sostiene, los criterios que se usarán para considerar cuándo un salar es estratégico para la conservación o para la explotación. ¿Primero vamos a saber cuáles son los salares que se van a conservar o primero vamos a establecer los que se van a explotar?”, se pregunta. “No hay información de cuántos salares se han estudiado en relación a la extracción de litio […] a nosotros nos parece que todo lo que se está haciendo tiene muy poca transparencia”, señala. Al ser consultado el Ministerio de Minería, éste no emitió comentarios.
Sin embargo, en un correo electrónico, las vocerías de los Ministerios de Medio Ambiente y Minería señalaron a este medio que la decisión de cuáles salares se van a conservar y cuáles se van a explotar “es un trabajo que aún se encuentra en desarrollo”, y que la determinación “se tomará de manera conjunta” entre ambas carteras.
El MMA aseguró que está trabajando en la propuesta de red de salares protegidos para lo cual “ha realizado un levantamiento de toda la información disponible” que se encuentra alojada en el inventario de humedales, en la Dirección General de Aguas y en las distintas investigaciones científicas que han estudiado este tipo de ecosistemas”. Además, agregó que están esperando el fin del proceso de diálogo de la Estrategia, encabezado por el Ministerio de Minería, “para incorporar el interés de las comunidades en la protección de los salares que habitan”.
El avance: progresos en descarbonización
Donde sí hubo avances en materia de cambio climático es en el sector energético.
Una de las señales políticas importantes es que el Ministerio de Energía está impulsando la construcción de una hoja de ruta que permita acelerar la descarbonización de la matriz eléctrica para que esta ya no se concrete al 2040 sino al 2030, tal como lo había pedido la sociedad civil. En concreto, la descarbonización implica el cierre de las plantas generadoras de energía que funcionan en base a la quema de carbón, también conocidas como termoeléctricas o carboneras, y lograr que la matriz energética se abastezca de energías renovables.
Desde el inicio del proceso de descarbonización, hace cuatro años, en Chile se han cerrado ocho centrales a carbón. Aunque todavía hay ocho carboneras sin compromiso ni fecha de cierre, las empresas generadoras tienen el compromiso de cerrar, para el período 2024 y 2025, tres centrales más. y, según un informe de la ONG Chile Sustentable, otras seis centrales están con comunicación a la Comisión de Mercado Financiero (CMF) y solicitud de retiro, presentadas ante la Comisión Nacional de Energía. Por último, otras tres tienen el compromiso de convertirse a gas natural y biomasa en un plazo de dos años, aunque en esos casos ambientalistas advierten que los desafíos continúan toda vez que dichas plantas seguirán operando con combustibles fósiles.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley que obliga a que la participación de las energías renovables en la matriz energética llegue a un 60 % al 2030, avanzó en el parlamento. Actualmente la ley obliga la participación de un 20 % al año 2025, lo que ya se logró puesto que la generación promedio de energías renovables no convencionales es sobre 30 %. Incluso, asegura Larraín, “hay días que tenemos 60 o 70 por ciento en algunas horas y algunas casi 80 por ciento de energía renovable variable”., sin embargo, que en la política energética se establezca la meta del 60%, es “sustancial”, asegura la experta.
Además, la Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó en general el proyecto de ley de transición energética, que incluye un conjunto de medidas que promueven acciones urgentes para incentivar inversiones requeridas para el proceso de descarbonización.
Sucede que aunque la cantidad de energía solar y eólica producida ya superó a la de carbón, buena parte de esa energía limpia está siendo desperdiciada puesto que no están habilitadas las condiciones para que el sistema eléctrico pueda dejar de depender de las energías fósiles. “La energía eólica y solar tiene la característica de que es variable y fluctúa dependiendo de si hay sol o hay viento. Por lo tanto, hasta el momento la lógica del sistema ha sido mantener como base la energía a carbón y que las energías renovables se usen por sobre esa”, explica Marco Billi, investigador del Centro del Clima y la Resiliencia (CR2). Sin embargo, para descarbonizar efectivamente la matriz energética, es necesario invertir esas posiciones.
La urgencia de tramitar la ley de transición energética se hizo evidente cuando altos ejecutivos de varias empresas de generación advirtieron en julio a la comisión de minería y energía del Senado, que estaban en medio de una grave crisis económica. Incluso algunos plantearon que se encontraban evaluando la factibilidad de permanecer en el mercado chileno. Entre las principales razones de la crisis está justamente el vertimiento de la energía limpia generada.
La iniciativa legislativa busca, además de acelerar el paso en materia de infraestructura para la transmisión eléctrica, dar respuesta al problema financiero de las empresas producido por los vertimientos de energía. La propuesta, explica Larraín, es “apartar un fondo (de dinero) para repartir a aquellos que habiendo generado energía limpia, deben verterla porque hay congestión en las líneas de transmisión”.
Un tercer punto importante del proyecto de ley dispone la realización de una licitación pública e internacional de infraestructura de sistemas de almacenamiento a gran escala. Según explica Billi, lograr almacenar la energía limpia producida es lo que permitirá evitar los vertimientos y lograr la transición energética. En ese sentido, la ley de almacenamiento que se promulgó el año pasado es un paso decisivo, pero no la solución final al problema. Otras medidas complementarias para fomentar que se concrete la infraestructura de almacenamiento son fundamentales y la ley de transición energética va en esa línea, asegura Larraín. “Esta licitación de almacenamiento es una señal de mercado espectacular porque no es solamente que las cuatro grandes empresas pueden invertir, sino que abre (la posibilidad) a qué grandes de otros países aporten almacenamiento más rápido”.
Lo bueno: creación de nuevas áreas protegidas
Pescadores artesanales y científicos llevaban 19 años solicitando la protección del archipiélago de Humboldt, entre las regiones de Atacama y Coquimbo, en el norte del país, y este año finalmente lo lograron. La nueva Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Archipiélago de Humboldt conserva una zona considerada un importante hotspot de biodiversidad a nivel mundial pero que durante décadas se ha visto amenazada por distintos proyectos portuarios, energéticos y extractivos que han pretendido instalarse ahí, como el polémico proyecto minero portuario Dominga y el Puerto Cruz Grande.
Con la medida quedan protegidos 5700 kilómetros cuadrados de mar costero que es el hogar de 560 especies marinas entre mamíferos, aves, peces, algas e invertebrados.
Según Van der Meer, “con esta figura de protección se eleva el estándar de evaluación ambiental para los proyectos que quieran instalarse en el Archipiélago Humboldt, por lo que esperamos que la nueva área marina protegida sea un respiro para las comunidades costeras, quienes por años se han visto amenazadas por proyectos industriales de alto impacto y han luchado por la defensa de su territorio”.
También se creó el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Mar de Pisagua, que busca conservar una de las zonas más biodiversas del mar chileno donde habitan corales, ballenas, delfines, marsopas, lobos, chungungos, además de una gran diversas de peces.
Con estas dos áreas se avanza en la conservación de la primera franja de mar desde la costa que, a pesar de ser la zona donde se concentra la mayor abundancia y diversidad de especies, es la que está menos protegida.
Además, se creó el Santuario de la Naturaleza Valle de Cochamó, emplazado dentro de los límites de la Reserva de la Biósfera Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes, para proteger bosques templados primarios de gran importancia ecológica donde habita el pudú, el monito del monte, la ranita de Darwin, el puma, la güiña y el cóndor andino entre otros animales.
*Imagen Principal: Flamencos en vuelo en el Salar de Surire. Foto: Rodrigo Ordenes – Creative Commons
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