Luego de que saliera a la luz pública que la empresa Australis Mar produjo 80 000 toneladas de salmones más de lo autorizado en Chile, la organización ambiental Terram denunció que lo sucedido con esa compañía no es un caso aislado. Una investigación realizada por la ONG —a partir de datos oficiales del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), obtenidos mediante la ley de transparencia— muestra que la empresa Nova Austral habría cosechado al interior del Parque Nacional Alberto De Agostini y en 24 eventos ocurridos entre 2001 y 2020, un total de 32 864 toneladas de peces más que los límites autorizados.

Aunque los datos estaban a la vista, asegura Terram, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) —el organismo público encargado de fiscalizar el cumplimiento de los permisos ambientales— no inició ningún procedimiento sancionatorio en contra de la empresa. Todos estos casos hoy estarían prescritos.

A mediados de julio, el Sernapesca dio a conocer que hay 166 concesiones salmoneras en la región de Los Lagos, al sur de Chile, que continúan vigentes a pesar de que la autoridad tendría que haberlas caducado por no cumplir con las condiciones exigidas por ley. Aunque la cifra llamó la atención, la sorpresa fue mayor cuando, tras reuniones entre Sernapesca y el Consejo Regional, la autoridad pesquera informó que estaría pronta a publicar un informe donde declara que, a nivel nacional, hay 400 concesiones en las mismas condiciones.

Mediante un comunicado, 33 organizaciones solicitaron a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas —el organismo encargado de otorgar y caducar las concesiones— que haga cumplir la ley. El problema, dice el abogado ambiental Marcos Emilfork, es que “ya pasó el plazo para hacer efectiva esa caducidad”. ¿Qué consecuencias ambientales tiene esto? ¿Por qué la autoridad no caducó las concesiones cuando debió hacerlo? ¿Por qué no se abrieron procesos sancionatorios por sobreproducción aun cuando la información estaba disponible?

En esta entrevista con Mongabay Latam, Emilfork, coordinador de acceso a la justicia de la ONG FIMA, que representa jurídicamente a comunidades frente a conflictos socioambientales, analiza las razones detrás de estos nuevos escándalos y los retos para que la ley se cumpla a tiempo.

—¿Cuándo una concesión entra en causal de caducidad?

—Cuando no se han iniciado operaciones en un año y cuando se han paralizado dos años sin ninguna justificación. Lo que buscan estas causales es gestionar el recurso hidrobiológico asociado a esas concesiones. Entonces, tienen puntos de vista bastante operativos.

Lo que pasó es que se descubrió que 400 concesiones tenían causal de caducidad, pero ya no se podía hacer nada al respecto porque ya había pasado el plazo para hacer efectiva esa caducidad. Eso es un gran problema.

—¿Que ya haya pasado el plazo para caducar estas concesiones implica que éstas podrían volver a operar?

—Claro. Por eso lo que se espera es que la caducidad comprenda otro tipo de cuestiones más que el propio tiempo en que una concesión deja de operar.

Lo que existe en la ley son estas dos causales que he comentado al principio. En el sistema ambiental también existe actualmente la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental (el permiso ambiental), si es que la concesión no se ejecuta dentro de los cinco años siguientes a su otorgamiento.

Lo que podría existir es algo que vincule esta falta de operación con otras cosas, por ejemplo, con el estado del ecosistema en donde está el centro de cultivo, que cuestiones como esa permitan la caducidad en otros ámbitos.

—¿Cómo cuáles?

—Lo que hacen las organizaciones (de la sociedad civil) es que las concesiones se puedan caducar por otras razones que hoy no están reguladas, por ejemplo, por asuntos ambientales.

—¿Hay consecuencias ambientales cuando una concesión no se caduca a pesar de estar en causal de caducidad?

—Cuando un centro de cultivo deja de operar sin más queda ahí, como un pasivo, sin hacerse cargo del daño que la operación pasada produce en el ecosistema. Es un problema material bien preocupante y que es un poco invisible, porque la concesión que está en estado de caducidad es una concesión que no se utiliza y no se ve que eso también tiene efectos ambientales en el sentido de que hay un ecosistema que dejó de ser atendido.

—¿Cuál es la diferencia con una concesión que se cierra debidamente? ¿Hay pasos establecidos que se siguen en ese caso como, por ejemplo, retirar las jaulas y el resto de instalaciones? 

—Claro. Además, cuando una concesión deja de operar sin más, hay un problema de falta de certeza sobre qué es lo que va a pasar con ese ecosistema porque puede ser que se retomen las actividades. ¿Cómo afecta eso en el ambiente circundante? Eso tampoco se atiende.

Lo que ocurre es que las concesiones con causal de caducidad tienen efectos no regulados. Por eso debería establecerse una caducidad mucho más sólida que se haga cargo de qué pasa con estos efectos cuando el centro de cultivo deja de operar.

—Lo que ocurre entonces es que una concesión que no está caduca, a pesar de estar en causal de caducidad por no operar, puede retomar sus actividades en cualquier momento sin pasar por una evaluación ambiental.

—Exactamente, eso es lo que sucede en los hechos.

—¿Eso es algo que han visto que ocurra al interior de áreas protegidas?

—Sí, lo hemos visto en Aysén. Son casos que hemos notado, pero no los hemos judicializado todavía.

—La entidad responsable de caducar una concesión es la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, pero otro organismo es el responsable de fiscalizar y comunicar la información a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.

—Exactamente. Hay que tener presente que hay muchos organismos que confluyen y cada uno tiene competencias distintas. La Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que depende del Ministerio de Defensa, es quien otorga las concesiones y quien las caduca. Pero la fiscalización de todo está en manos del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca). Esto requiere una coordinación importante y finalmente es eso lo que hace que existan problemas de falta de información y que sucedan escándalos como los que hemos estado viendo.

—¿En este caso concreto, se trata de una falta de información o la información estaba y no se traspasó de un organismo al otro?

—Difícil de saber. Diría que es un poco las dos cosas, pero lo que falta es inteligencia de coordinación para que la información que existe sea suficiente para llevar a cabo una buena fiscalización o, al revés, que sea suficiente para establecer que hay un problema.

No es únicamente un problema asociado a la descoordinación de los organismos. También diría que es una cuestión asociada a la normativa, a un problema de origen.

—¿A qué se refiere?

—La industria de la salmonicultura —o la industria de la extracción de recursos hidrobiológicos en general— surge sectorialmente [el sector pesquero y acuícola] y existe un sistema sectorial asociado a esta industria con sus propias finalidades, y por el otro lado tenemos la normativa ambiental.

Se ha querido que estos dos tipos de sistemas conversen y, entonces, tenemos que la Ley General de Pesca tiene incorporado principios preventivos y precautorios para impedir que se llegue a una sobreexplotación o a una ausencia de condiciones mínimas para desarrollar la industria. Pero si uno lo piensa bien, finalmente esos principios buscan la misma finalidad del sistema sectorial: que existan las condiciones para poder seguir ejecutando esa actividad tal y como fue pensada en su origen.

—El mismo Sernapesca reconoce que existen 400 concesiones con causal de caducidad. ¿Podría pensarse que más allá de una descoordinación es un trabajo que podía y debía hacerse y que no se hizo? 

—Tiene que ver con un tema de falta de capacidad para hacerse cargo del tamaño de la industria. Es una industria bastante grande.

Ahí hay otro problema de coordinación en el sentido de que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas otorga concesiones sin ver, por ejemplo, cuestiones como que esa concesión va a poder ser fiscalizada adecuadamente.

Se otorgan las concesiones, se modifican las concesiones y Sernapesca debería ser mucho más grande de lo que es para poder hacerse cargo de este problema. También hay que tener presente que, si bien Sernapesca tiene esa atribución de hacerse cargo de levantar esa información, no hay una obligación de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas de otorgar las concesiones con ciertas condiciones que puedan ser acordadas en coordinación con el organismo que fiscaliza.

Entonces no es un solo tema, son muchos. Hay un tema de presupuestos, hay un tema de atribuciones, hay un tema de descoordinación que en su conjunto hacen que el sistema sea un poco inoperante.

—Respecto al problema de la sobreproducción, ¿pasa lo mismo? ¿La información está disponible, pero nadie la observa y toma acción al respecto?

—Es un poco lo mismo, quizás un poco más evidente, en el sentido de que los efectos son más visibles. En términos de impacto ambiental, sobreproducción obviamente es distinto que no operar, eso hace que sea aún más escandaloso.

En un sistema que funcione bien, el órgano que aprueba las cosas debería conversar con el órgano que va a fiscalizar después esas cosas que son aprobadas. Esa conversación hoy no existe y no hay capacidad para hacerse cargo finalmente de la evidencia que está ahí.

Si vamos a otorgar centros de cultivo sin poder hacernos cargo, obviamente esto va a generar un problema estructural que no solamente va a impactar a nivel de proyecto, sino que a nivel territorial en el sentido del impacto sinérgico que se produce entre los diferentes centros de cultivo.

También pasa que los organismos de fiscalización y seguimiento tienen sus propios programas de fiscalización que se adecuan año a año. Ellos tienen sus propias políticas de perseguir lo que estratégicamente van a perseguir y muchas veces, incluso, hay denuncias de particulares que dejan de ser atendidas o que son archivadas por estas políticas de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Existe un problema material ahí, de recursos y político. Político en el sentido del eje estructural de funcionamiento de la SMA o de Sernapesca, lo que es preocupante.

—¿El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas atenderá el problema de descoordinación entre los diferentes organismos? 

—Tampoco lo aborda en su integridad. Es un problema del que seguramente se hará cargo en las áreas protegidas, habrá que ver cómo funciona en la práctica, pero lo que ocurra fuera de esas áreas protegidas va a seguir probablemente en el mismo estado.

No va a hacerse cargo del problema estructural, que es cómo nos hacemos cargo de las cosas que vamos autorizando. Diría que los casos se van a seguir judicializando, aunque exista el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, porque sobreproducción y sobreproducción va a seguir existiendo si es que no cambia la estructura.

*Imagen Principal: Centro de cultivo de salmones en Chile. Foto: www.mundoacuicola.cl

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Michelle Editor/a

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