- La Policía Nacional y el Ejército del Perú realizaron tres operativos para erradicar la minería ilegal en la cuenca fronteriza, tras el reportaje que Mongabay Latam publicó en octubre pasado sobre los daños a las comunidades awajún.
- Por el momento, el número de dragas en el río Cenepa ha disminuido de 70 a 31, según el conteo de la organización indígena Odecofroc. Los dirigentes piden apoyo al gobierno para evitar que la situación se recrudezca.
- La Defensoría del Pueblo también ha pedido que algunas sedes fiscales de la región Amazonas se instalen más cerca de estos lugares convulsionados, donde viven líderes amenazados.
La Policía Nacional y el Ejército del Perú han realizado tres operaciones contra la minería ilegal en el río Cenepa, en Amazonas, luego de la publicación de un reportaje de Mongabay Latam que denunció este problema. Nuestra investigación reveló la presencia de 70 dragas que extraían oro y afectaban a siete comunidades indígenas awajún en esta cuenca cercana a la frontera con Ecuador. La cantidad de dragas ha disminuido a partir de las acciones de la autoridad, pero, de acuerdo con los dirigentes de la zona, se mantiene el riesgo de que el río vuelva a ser tomado por los mineros.
A inicios de septiembre, un equipo de Mongabay Latam fue testigo de lo que sucedía a lo largo de los 38 kilómetros del río Cenepa: dragas que operaban día y noche en las orillas y el cauce de la cuenca. En cada balsa, desde donde se succionaba el oro, unos 15 mineros no indígenas, procedentes de ciudades como Puerto Maldonado, Pucallpa y Huánuco intercalaban turnos en las faenas diarias. En esta labor empleaban a niños para el cuidado de los motores, también a mujeres adolescentes, quienes eran destinadas a labores de cocina e incluso sufrían explotación sexual. Según lo constatado en campo, Tutino, Nuevo Tutino, Pagki, Wawaim, Mamayaque, San Antonio y Huampami eran las comunidades awajún que habían quedado cercadas por la minería ilegal. En las tres primeras, el epicentro de este infierno del oro, los mineros tenían dispuesto un grupo armado ante cualquier situación de alerta.
La criminalidad no solo estaba concentrada en el río Cenepa. Bajo amenaza o por pagos que aliviaban su corta economía, los comuneros se veían obligados a convivir con los mineros en sus pueblos. Esto había convertido a cada comunidad en donde se desarrollaban las explotaciones aluviales en centro de peleas, escándalos y abusos a toda hora. Tras el reportaje publicado por Mongabay Latam, la dirigencia de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), que agrupa a 63 pueblos de la etnia awajún y lucha por la erradicación de la minería ilegal, sostuvo reuniones con la Policía de Medio Ambiente y el Ejército, lo cual resultó en tres grandes intervenciones: dos de ellas fueron realizadas el 28 y 29 de octubre y la tercera el 24 de noviembre.
El informe de la Policía de Medio Ambiente consignó que en los primeros dos operativos se incautaron y destruyeron 13 dragas, ocho motores, así como bombas de succión y generadores de electricidad, entre otros artefactos y materiales. La organización Odecofroc detalló a Mongabay Latam que el decomiso de siete de las 13 dragas se produjo en el río Marañón (donde desemboca el Cenepa), cuando eran llevadas por los mineros ilegales en su intento de escapar de las fuerzas del orden. Según Odecofroc, no hubo detenidos en ninguna de las operaciones policiales y militares.
“La noche anterior al inicio de los operativos nos comunicaron que las balsas empezaron a salir, y que algunos (mineros) hundieron sus motores para sacarlos del fondo del río cuando los operativos terminaran”, indicó uno de los líderes indígenas de la zona a Mongabay Latam, cuyo nombre está siendo protegido para evitar más amenazas. El resto de las balsas mineras, agregó el dirigente awajún, fueron halladas en Tutino y Sua Panki, anexo de la comunidad de Pagki. Mongabay Latam buscó las declaraciones de las fuerzas del orden, pero hasta el cierre de este artículo no hubo una respuesta sobre estos operativos.
A inicios de noviembre, el Cenepa quedó despejado, pero con el transcurso de los días, el río nuevamente se fue llenando de dragas, mineros y contaminación. Por ello, el 24 de noviembre la Policía de Medio Ambiente y el Ejército volvieron a intervenir en la cuenca fronteriza: 10 dragas fueron confiscadas y destrozadas con explosivos. Un líder indígena del Cenepa aseguró que el reportaje de Mongabay Latam sirvió de insumo en la reunión con la Policía y el Ejército, quienes lograron eliminar más de la mitad de las dragas reportadas por nuestro equipo periodístico. Sin embargo, señalan las fuentes locales, aún faltan más operativos, ya que en los últimos días volvieron a aparecer 31 dragas en el río.
La Odecofroc también gestionó reuniones con los ministerios de Cultura, del Interior y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. “La policía está dispuesta a continuar con las operaciones. Sin embargo, no tenemos fondos ni apoyo logístico. Hacemos el trabajo de limpiar el Cenepa pero necesitamos que quienes manejan presupuestos, como la Municipalidad Provincial de Condorcanqui y el Gobierno Regional de Amazonas, nos ayuden, sino siempre estará el riesgo de que los mineros vuelvan a entrar”, declararon en la organización indígena. “Creemos que no es porque no hay presupuesto sino que se trata de una falta de voluntad y decisión política”, señalaron.
Exigencias de investigación y protección a comunidades
En una carta dirigida al Ministerio Público tras las acciones en el río Cenepa y la publicación de Mongabay Latam, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (Orpian-P) solicitó que la sede de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, que ha sido creada recientemente, sea cambiada de Bagua a Condorcanqui, pues es allí donde están “los defensores indígenas y/o ambientales amenazados o en riesgo, así como el alto índice de criminalidad vinculado con delitos como la minería y la tala ilegal”. El distrito de Cenepa pertenece a la provincia de Condorcanqui.
“Esta cercanía del Ministerio Público en las zonas de afectación de derechos, le permitirá desarrollar sus investigaciones con la celeridad que corresponde, y lograr un mayor acercamiento a la ciudadanía”, apunta el comunicado. La Orpian-P, que representa a 365 comunidades nativas, anotó que Condorcanqui registra tres defensores de derechos humanos que cuentan con el mecanismo de protección, y que hay aproximadamente 150 personas que sufren algún tipo de violencia como consecuencia de las actividades ilegales
“Por la lejanía de las instituciones del Estado, la situación de pobreza de las víctimas y la distancia en la que se encuentra el Ministerio Público, la población indígena está completamente desamparada y vulnerable”, apuntó la organización.
Salomón Awananch, presidente de la Orpian-P, subrayó que la minería ilegal constituye el mayor perjuicio y preocupación para las comunidades del norte de la Amazonía peruana. Hasta la fecha, su solicitud sigue sin respuesta.
Este pedido de cambio de locación también fue realizado por la jefa de la Defensoría del Pueblo en Amazonas, Genoveva Gómez. En un oficio el 20 de noviembre pasado, dirigido al Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, Gilder Zapana, recomendó evaluar la pertinencia de que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad funcione en la provincia de Condorcanqui, donde “más del 80 % de su población se auto identifica como parte de los pueblos indígenas awajún y wampis”. Además, recomienda la creación de despachos ambientales en la misma provincia, “debido al alto índice de criminalidad vinculado con delitos como la minería y tala ilegal”.
En otra sección del documento, la Defensoría sugiere también que el personal fiscal de Amazonas sea capacitado sobre la aplicación de un protocolo de resguardo a los defensores de derechos humanos, a fin de que ejecute una adecuada investigación de las amenazas que reciben, principalmente, en la provincia de Condorcanqui. Durante una supervisión a entidades públicas competentes, la Defensoría del Pueblo constató que el personal de las sedes fiscales de Condorcanqui tenía las referidas limitaciones, las cuales afectan la atención brindada a grupos vulnerables como la población indígena y defensores ambientales.
Imagen principal: A fines de octubre y noviembre, las fuerzas del orden irrumpieron en los focos de minería ilegal asentados a lo largo del río Cenepa. Crédito: Odecofroc.
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