- Desde que Ecuador fuera exhortado a garantizar la sostenibilidad de estas especies, el país ―uno de los mayores exportadores de tiburones del mundo― anunció medidas de extracción no perjudicial, pero mantiene oculta toda información del sector.
- Las especies protegidas de origen ecuatoriano ingresan a Perú por Tumbes y Piura. Las aletas tienen como destino Asia, pero la carne se vende como tollo en mercados locales.
- La Fiscalía de Medio Ambiente de Perú investiga al menos 20 casos de tráfico de tiburones en la frontera con Ecuador.
El tráfico ilegal de aletas y de troncos de tiburones desde Ecuador hacia Perú continúa. El pasado martes 6 de febrero, Ecuador anunció medidas para garantizar una pesca controlada de estos animales, sin embargo, la falta de transparencia en la información dificulta la lucha contra este delito, aseguran los expertos consultados por Mongabay Latam.
El anuncio de Ecuador llegó en respuesta al ultimátum que le dio en noviembre de 2023 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) para que tomara medidas que garanticen una pesca de tiburones sostenible. Esto, luego de que la Convención encontrara una serie de irregularidades en la comercialización de estos animales, principalmente discrepancias en las cifras de exportación e importación de aletas reportadas por Ecuador y Perú.
El país tiene hasta fines de marzo para responder satisfactoriamente a los requerimientos exigidos por la CITES, de lo contrario, se suspenderá las exportaciones de tiburones y rayas. Pero desde el pronunciamiento de la Convención, hace apenas tres meses, ha habido al menos tres decomisos en la frontera de Perú.
Urge establecer cuotas de pesca
Perú es país de tránsito en el caso de las aletas de tiburón que salen rumbo a Asia, pero país de destino de la carne que se vende como tollo luego de ingresar por Tumbes o Piura.
Las cifras de comercio, sin embargo, son difusas en ambos países, precisamente porque existe un margen de ilegalidad en torno a esta actividad. En el 2021, por ejemplo, CITES encontró una discrepancia de más de 33 toneladas de aletas entre lo que Ecuador reportó como exportaciones a Perú y lo que Perú registró como importado desde Ecuador.
Debido a esta y otras observaciones, uno de los requerimientos que la CITES impuso a Ecuador es que establezca volúmenes máximos de pesca incidental y comercio de tiburón. Esto debido a que, si bien la legislación nacional sólo permite la comercialización de tiburones que hayan sido capturados incidentalmente, es decir, que hayan caído por accidente en las faenas de pesca dirigidas a otras especies, expertos llevan años denunciando que, bajo la excusa de la pesca incidental, miles de tiburones continúan siendo capturados intencionalmente.
En respuesta a la petición de la CITES, el pasado martes 6 de febrero, el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), en su calidad de Autoridad Científica CITES en Ecuador, indicó que había elaborado Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP) para proteger cinco especies de tiburón.
Los DENP son estudios científicos sobre las poblaciones de animales y plantas que los países deben realizar si es que desean exportar especies que están protegidas por la CITES. Si tienen resultado positivo, la especie podrá ser exportada; si no, su comercialización estará prohibida. Pero además, para conservar efectivamente las especies, no basta que los DENP sean positivos, sino que deberían determinar un límite de cuántos animales pueden exportarse.
El IPIAP publicó en X (Twitter) que los DENP elaborados habían “pasado por rigurosas revisiones por parte de expertos nacionales e internacionales”, sin precisar de quiénes se trataba. Mongabay Latam se contactó con el IPIAP para consultar por el contenido de los DENP, pero, contradictoriamente, respondieron que “la información solicitada no está dentro del ámbito de nuestra institución”. Este medio también buscó la versión del Ministerio de Producción ecuatoriano, pero no obtuvo respuesta.
Lo que preocupa a científicos y conservacionistas, es que dichos DENP no estarían a disposición de la ciudadanía. “Se sabe que hay DENP, pero no se sabe en qué consisten, no se sabe el contenido”, dice Hugo Echeverría, abogado especializado en derecho penal ambiental. Ni organizaciones de la sociedad civil ni medios de comunicación han podido acceder a esos DENP, debido a que no son públicos en razón de una norma del 13 de abril de 2023 firmada por el entonces ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio Prado. Esta norma establece la “confidencialidad de datos del sector pesquero”, alegando que se buscaba proteger la “economía social de los conocimientos, creatividad e innovación”.
En la práctica, esta norma mantiene oculta toda la información sobre pesca y exportación de especies marinas, incluido el tiburón, asegura el abogado. “Hay cero transparencia y acceso a información. Todo eso debería ser público, más aún cuando Ecuador tiene una tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea por no controlar la cadena de la pesca ilegal”, sostiene, por su parte, Franklin Vega, editor del portal Bitácora Ambiental.
La principal preocupación de los expertos en torno a estos y otros DENP emitidos anteriormente, es que estarían omitiendo información real y relevante sobre la extracción de tiburones. “Se está utilizando datos incompletos e irreales para emitir DENP que claramente no están basados en estadísticas in situ de estudios reales, sino [solo] en datos de desembarque. Son datos sin considerar las incautaciones y todo lo que se desembarca ilegalmente”, señala Cristina Cely, directora de One Health Ecuador.
Por otra parte, “aún no se establece un porcentaje máximo a la pesca incidental y los límites quedan a criterio de los funcionarios del sector quienes, además, no tienen la obligación de reportarlo”, dice Cely. La ambientalista estima que los inspectores de puertos permiten hasta la tercera parte del desembarque como pesca incidental: “Lo que se conoce extraoficialmente es que se permite como el 30% en las embarcaciones palangreras que son inspeccionadas al llegar al puerto”.
Además, el especialista en inteligencia marítima Oswaldo Rosero también considera que hay una inspección y un registro deficiente de pesca en los desembarcaderos de Ecuador. “Si hubiera inspección al arribo, debería haber estadísticas al día, casi en tiempo real. Pero eso no existe. En la Ley de Pesca de 2020 se hablaba de un sistema de información, pero eso no funciona. Este es un indicador muy potente de que las cosas todavía no están en orden”, señala Rosero.
Sin acceso a los DENP, preguntas claves como si esos estudios cuentan o no con una cuota máxima de comercialización o cuál fue la información científica utilizada para su elaboración, quedan sin respuesta.
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Problema de origen
El tráfico ilegal de tiburones tiene un problema de origen, según explica el abogado Hugo Echeverría. “El tiburón tiene un doble estatus jurídico, como especie protegida y como recurso hidrobiológico. Pero es la ley de pesca la que establece reglas para el tiburón, y no la ley ambiental, cuya finalidad es la protección de la fauna. La finalidad de la ley de pesca es el aprovechamiento del recurso. De manera sustentable, sí, pero aprovechamiento en definitiva”, sostiene.
Para Echeverría, es un contrasentido que esté prohibida la pesca dirigida, pero se permita la comercialización de la pesca incidental, sobre todo cuando no se han establecido límites. Por ello, señala, Ecuador debió resolver este tema desde el año 2007, cuando publicó el Decreto 486 que establece como política de Estado la conservación y manejo del tiburón; o en 2020, cuando emitió una nueva ley de pesca. Ahora, tras la exhortación de CITES, el país tiene hasta marzo de este año para ajustar su marco legal de protección de las especies.
De acuerdo con Hugo Echeverría, Ecuador podría solicitar una prórroga para expedir una normativa acorde a los requerimientos de CITES, “pero mientras se elabora la norma, la cuota de incidentalidad debería ser cero, por principio de precaución”. El problema es que no hay visos de que se esté avanzando en un proceso de regulación, debido a la opacidad en la información pública. “El nivel de acceso a la información todavía no es el ideal. Hay una lógica de limitar al acceso a la información que no guarda relación con los estándares en la materia”, lamenta el abogado.
A esto se suma la seria desconfianza hacia las autoridades estatales que deberían controlar y fiscalizar la actividad. En julio de 2021, la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente pidió explicaciones al Estado por las actividades de pesca ilegal, no reglamentada y no declarada en el Ecuador, pero nunca obtuvo respuesta. Ese mismo año, la Asamblea Nacional se negó a aprobar una moratoria a la pesca incidental de tiburones.
“Tanto el Ministerio de Ambiente como el de Producción han desestimado por completo la preocupación, decían que todo estaba bien”, dice Cristina Cely sobre los constantes cuestionamientos al marco legal y al rol de los funcionarios. “El Estado siempre desestimó cualquier cuestionamiento. Finalmente, CITES nos terminó dando la razón”, añade.
Perú: más de 20 investigaciones abiertas en 4 años
En Perú también existe desconfianza por procedimientos irregulares que han favorecido este delito ambiental. Un informe de la Contraloría detectó que, entre 2020 y 2023, siete funcionarios del Ministerio de la Producción (Produce) expidieron irregularmente 35 permisos para la exportación de más de 24 toneladas de aletas de tiburón. Produce fue consultado para este reportaje, pero no respondió las solicitudes de entrevista.
En la frontera, la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA) de Tumbes investiga otros casos de funcionarios que favorecieron el tráfico ilegal de tiburones. “Tenemos dos casos por [el presunto delito de] otorgamiento ilegal de derecho. Se investiga a funcionarios de la Dirección Regional de Producción (Direpro) de Tumbes y del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes). Uno de ellos, lamentablemente, sigue trabajando”, dijo la fiscal Ina Suárez a Mongabay Latam.
Suárez explica que realizan intervenciones tanto por tráfico de aletas y troncos de origen ecuatoriano como por especies extraídas en el mar peruano. En ese trabajo, han encontrado certificados de desembarque emitidos por funcionarios estatales como si el tiburón fuera otra especie. “Cuando presentan la documentación, la información dice tollo u otra, cuando en realidad es tiburón. Eso configura otorgamiento ilegal de derecho”, precisa.
Desde el año 2020, la FEMA Tumbes ha abierto investigación en al menos 20 casos en los que se intervino vehículos con tiburón procedente de Ecuador. Los casos involucran tanto a personas naturales como jurídicas. Algunas investigaciones están en curso y otras, en etapa intermedia, es decir, ya se ha formalizado acusación ante el Poder Judicial y se prevé el inicio del juicio oral. Los requerimientos de pena van de cuatro a siete años de prisión, según el Código Penal peruano.
Los medios de transporte son diversos, con el fin de evadir controles, explica la fiscal. “No solo son cámaras [frigoríficas], sino también buses que llevan tinas con tiburón. También hay motofurgones que son contratados para el trasbordo de la mercadería ilegal que proviene de Ecuador”, explica. El decomiso más reciente en la frontera fue el último 12 de febrero, cuando la FEMA Tumbes y la Policía Nacional intervinieron dos motos que transportaban 1197 kilos de tiburón martillo, una especie catalogada en Peligro Crítico, y detuvieron a cuatro personas.
Para el abogado César Ipenza, especialista en temas ambientales, lo idóneo sería que todas las investigaciones incluyan la retención de los vehículos intervenidos y no solo del producto, ya que el tráfico de fauna está incluido en la ley contra el crimen organizado. “Lo que ha venido haciendo la Fiscalía del Santa es trabajar con las fiscalías de extinción de dominio, donde más allá de la sanción penal a los traficantes, hay una pérdida de sus bienes, de los vehículos con lo que se transporta los recursos de manera ilegal”, consideró.
En noviembre de 2022, por ejemplo, el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de Tumbes dispuso confiscar a una pareja de esposos una cámara isotérmica que dos años antes había sido utilizada para transportar 419 troncos de diversas especies de tiburón por un peso total de 11 toneladas.
De acuerdo con Ipenza, “esto pasa también por que los jueces y fiscales entiendan lo que implica el tráfico de tiburones. No es solo una afectación a una especie en particular. El tiburón tiene un rol estratégico en el mar. Los operadores de justicia deben entender lo que implica el tráfico de tiburones para el desmedro de nuestros mares”.
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Tráfico ilegal y otros delitos
Algunos especialistas asocian el tráfico ilegal de tiburones con otros delitos de crimen organizado, sobre todo cuando se trata de su carne “El tiburón no es una pesca de alto valor. Un tiburón vale mucho menos que un picudo o un atún. A nuestro criterio, lo que está ocurriendo es que esa pesca, con toda seguridad, está enmascarando otras actividades que son delitos mayores”, afirma Oswaldo Rosero.
En septiembre de 2020, la Armada de Ecuador intervino el buque palangrero Pedalex con 300 kilos de clorhidrato de cocaína a bordo. El buque se dedicaba a la pesca de diversas especies, entre ellas, tiburones, y ya había sido detenido previamente por portar sustancias “sujetas a fiscalización”. Al año siguiente, 23 personas fueron condenadas a 13 años de prisión por el delito de tráfico de drogas.
En septiembre de 2021, el Comando de Guardacostas (Coguar) incautó la embarcación Popeye 1 cerca de las Islas Galápagos tras descubrir media tonelada de droga en medio de una carga de pesca que, en un 91%, eran especies protegidas de tiburón.
Por otro lado, luego del decomiso de más de media tonelada de troncos de tiburón de procedencia ecuatoriana en un mercado de Chiclayo, en el norte del Perú, las autoridades pudieron establecer que la organización criminal ecuatoriana “Los Tiburoneros”, con nexos en Perú , dirigía el tráfico ilegal de especies protegidas por la Convención Internacional de Especies Amenazadas (CITES). Las organizaciones criminales enlistadas por la presidencia de Ecuador están sindicadas principalmente por delitos como narcotráfico, sicariato, extorsión, así como tráfico de armas y trata de personas.
Para Rosero, un mayor control podría darse si se aplicara el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), un tratado internacional vigente desde 2016 que tiene como objetivo prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal en más de 60 países.
“El AMERP establece procedimientos de inspección a un barco extranjero. Es exactamente igual lo que se debe hacer con un barco nacional. Esos procedimientos de intervención ya existen, pero no se aplican. Y la flota nacional ha crecido desmesuradamente, sin ningún control, sin ninguna planificación”, agrega.
Ecuador tiene hasta el próximo 28 de marzo para adoptar medidas que debió implementar progresivamente desde hace 17 años. De no cumplir con este requerimiento de CITES, el país podría ser el primero en Latinoamérica en estar sujeto a una suspensión comercial de tiburones.
Imagen principal: FEMA