- Con representación del Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo (CAJAR), 20 resguardos awá radicaron una acción de tutela contra la mayor petrolera colombiana, su filial Cenit, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corponariño. Aunque el juez aceptó estudiar su caso, perdieron en primera instancia, pero apelaron y de ser necesario, escalarían el caso ante la Corte Constitucional.
- Los awá denuncian que de 2014 a septiembre de 2023 ha habido al menos 447 derrames de crudo en su territorio. Las cifras del propio Estado son más altas y hablan de 1117 eventos como derrames y fugas de crudo. Varios de estos fueron generados por grupos armados ilegales, pero los indígenas denuncian que los derrames no fueron controlados de manera pronta ni estructurada.
- Ecopetrol dice a Mongabay Latam que no son los responsables de los derrames que han ocasionado los actores armados que han atacado el oleoducto Transandino.
Los sistemáticos derrames de crudo en territorio awá han llevado a los líderes indígenas de las comunidades del departamento de Nariño, en el Pacífico colombiano, a demandar a la compañía Ecopetrol. El recurso legal se centra en dos puntos clave: detener las filtraciones de crudo y la restauración de los ecosistemas afectados por parte de los responsables. El 29 de febrero, sin embargo, el juez que lleva la causa rechazó la acción de tutela presentada por los awá —un recurso jurídico que protege derechos fundamentales en Colombia—, pero eso no detuvo a la nación indígena. Apelaron la medida y están a la espera de que un nuevo tribunal se pronuncie, incluso están dispuestos a escalar su caso hasta la Corte Constitucional para que prevalezcan sus derechos.
Un total de 20 resguardos indígenas del pueblo awá de Nariño pide que limpien el petróleo en sus ríos y su territorio. Las empresas señaladas como responsables son la semiestatal Ecopetrol y su filial Cenit, aunque también incluyen en la demanda a dos entidades públicas: la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corponariño.
La principal fuente de los derrames, aseguran los awá, es el Oleoducto Transandino, tubería de 305 kilómetros propiedad de Ecopetrol y operado por su compañía Cenit. Los awá señalan que ha habido más de 447 derrames reconocidos por Cenit desde 2014, pero que la cifra sería mayor debido a que estos iniciaron en 2009. En su demanda, aseguran que estas filtraciones han generado “contaminación de nacimientos de agua, quebradas, ríos y daños en la flora y la fauna”, perjudicando su acceso al agua para beber u otras tareas y la alimentación, así como la vulneración de sus territorios sagrados.
El oleoducto Transandino recorre 30 kilómetros de los pozos productores de Orito y Putumayo, y traslada el crudo hasta el puerto de Tumaco, en Nariño. Sobre el caso, la abogada que representa a los awá dice que solo piden justicia. “Pudimos corroborar la grave situación ambiental y humanitaria que vive el pueblo awá. La magnitud de los impactos y daños generados en los ecosistemas y ocasionados a esta comunidad merecen una urgente valoración, remediación, restauración y garantías de no repetición”, señala Rosa María Mateus, abogada de la organización no gubernamental Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo (Cajar), dedicada a la defensa de los Derechos Humanos desde el ámbito jurídico.
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El daño ocasionado
Las comunidades awá han denunciado los constantes derrames petroleros ocurridos en su territorio entre 2009 y 2015, seis años en los que aseguran se vieron afectados por las constantes voladuras del oleoducto o los hurtos de hidrocarburo a través de válvulas ilegales instaladas por la guerrilla de las FARC. El crudo robado en esa época e incluso ahora, narran los líderes awá, es usado para la producción y el transporte de la cocaína, así como para abastecer a la minería ilegal. Por esta situación, se han destruido 1007 refinerías ilegales en el departamento de Nariño desde el año 2020, según cifras de Ecopetrol entregadas a Mongabay Latam.
Y aunque el pueblo indígena sabe que el primer causante fue el grupo armado ilegal, consideran que Ecopetrol y las autoridades ambientales no han remediado el pasivo ambiental que les dejaron. En la zona hay nacimientos de agua, cuentan los awá, totalmente contaminados, como sucede en la Reserva Natural Inkal Awá La Nutria “PIMAN”, ubicada en el kilómetro 112 de la carretera que comunica Tumaco con Pasto, la capital de Nariño. “Se constatan olores típicos de la contaminación por hidrocarburos, alta erosión de las orillas y la vegetación ribereña”, argumenta la comunidad en el proceso legal, además de señalar la presencia de aceites e hidrocarburos contaminantes en estos cuerpos de agua.
La demanda de los awá también dice que el daño se agrava en época de lluvias, ya que el crudo se esparce en su territorio. “Hay familias que se les dificulta mantener proyectos de seguridad alimentaria como granjas de gallinas, o cultivos de pancoger, pues cualquier creciente de los ríos contaminados que los atraviesan, viene con crudo o con el agua contaminada”, se lee en los documentos del caso judicial.
“Hemos venido sufriendo esta contaminación de derrame de hidrocarburos y las contaminaciones de ríos y fuentes hídricas desde el 2008 hasta la fecha. Los derrames aún continúan”, dice a Mongabay Latam un vocero de la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) que prefirió mantenerse en anonimato por las amenazas de los grupos armados ilegales. Agrega que los derrames del oleoducto han contaminado al menos siete ríos: el Rosario, el Inda, el Pianupí, el Güiza, el Güelmambí, el Ñambí, el Nulpee, el Pipalta y el Mira. Comenta que las quebradas y otros cuerpos de agua de menor tamaño también han sido afectados, lo que ha impedido el consumo de agua de la zona y ha generado la muerte de peces. “El agua ya no se puede consumir, los peces han muerto. En esos ríos están los espíritus, es un daño grande al territorio. Los ríos están agonizando”, añade el vocero de la Unipa. Dice que ni siquiera pueden lavar la ropa ni bañarse con esa agua, ya que está manchada por el crudo.
Un segundo líder awá, que también pidió no ser citado por seguridad, añade que los ríos contaminados atraviesan al menos veinte resguardos awá, entre ellos el Inda Sabaleta y el Gran Rosario. También indica que las manchas de petróleo han permanecido por años en el agua.
Las fotografías entregadas por los awá para esta publicación muestran la presencia de grandes manchas de hidrocarburos en los ríos de los resguardos. No obstante, Ecopetrol rechaza cualquier responsabilidad en una comunicación enviada a Mongabay Latam. “Los únicos responsables de los derrames y, en consecuencia, los llamados a responder por los daños causados son los grupos al margen de la ley que han instalado las válvulas ilícitas y que han perpetrado los ataques terroristas”. Aseguran que solo en 2023 el oleoducto Transandino fue afectado por 773 válvulas ilegales que han dejado una pérdida de 500 000 barriles de crudo. Además, añaden que han pedido al Ministerio de Defensa la garantía de la seguridad y vigilancia en el oleoducto.
También dicen haber interpuesto 1814 denuncias ante la Fiscalía de Tumaco por esta situación, lo que ha llevado a 18 capturas, 28 sentencias condenatorias y a que 11 predios sean objeto de la extinción de dominio, cifras que demuestran la situación de orden público de la zona. La compañía también señala que tienen el deber legal de participar en labores de limpieza en el marco de una emergencia de un derrame, pero que eso no los hace los responsables del daño.
Lo que exigen los awá
Pero más allá de la discusión legal planteada por las petroleras, el día a día de la comunidad awá de Nariño les recuerda los derrames con los que llevan años conviviendo. Al menos 20 resguardos, entre ellos el Inda Guacaray y el Inda Sabaleta, han sido impactados en el municipio de Tumaco, aunque hay que añadir a la lista también a los municipios de Barbacoas y Ricaurte. Y aunque reconocen que los causantes de las filtraciones fueron los grupos armados ilegales en muchos de los casos, también consideran que las petroleras y el Estado no hicieron lo suficiente para contener los derrames, ni restaurar los ecosistemas.
“Si bien, se identifica que el origen de los derrames provienen en una parte importante de atentados de terceros contra el oleoducto, la obligación de cuidado, limpieza, remediación y reparación recae sobre el Estado colombiano”, dice Rosa María Mateus. La abogada defensora de los awá sostiene que es el Estado el encargado de prevenir el accionar ilegal y de contener sus consecuencias, por lo que debe reparar a las comunidades y los ecosistemas.
Oscar Sampayo, integrante de la organización ambiental Corporación Regional Yariguíes y asesor para el medioambiente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), precisa que los daños causados por los derrames del oleoducto Transandino que va de Orito (Putumayo) hacia Tumaco, son “incalculables”. También asegura que las comunidades indígenas han perdido sus fuentes de sustento —como sus cultivos de peces— debido a la contaminación, y que las afectaciones no están siendo manejadas de manera debida por los planes de contingencia de las petroleras. Asimismo señala Sampayo que las autoridades ambientales como la ANLA y Corponariño deberían “pedir mayor rigurosidad en los planes de contingencia”.
El líder awá de UNIPA entrevistado por Mongabay Latam denuncia que cuando el Ejército implementa acciones de remediación, solo empeora la situación. Al ubicar los pozos de crudo abandonados y quemarlos, lo “que hace [es] que el aire se contamine”, generando afectaciones de salud respiratorias a los habitantes. También señala que tiene esperanza en el caso judicial, considerando que cuentan con evidencia como fotografías, material gráfico de los recorridos y otras pruebas de la contaminación. “Ecopetrol y Cenit son los responsables del mantenimiento de su oleoducto, debían tener control de su tubo y resarcir esos daños”, concluye.
La ANLA dijo en una comunicación enviada a Mongabay Latam que, en los últimos diez años (2014-2023), se han reportado 1117 contingencias petroleras como derrames y fugas de crudo en el oleoducto Transandino, de los cuales 1060 están en los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco. La entidad señala que el origen de los derrames han sido “eventos ilícitos de terceros” con afectaciones “en el agua y el suelo”. También indica que los derrames han impactado más de 383 000 metros cuadrados y 50 000 metros lineales de cuerpos de agua, aunque estas cifras incluyen filtraciones de crudo que se han repetido en las mismas áreas. Finalmente precisa que no puede sancionar a Ecopetrol o Cenit, debido a que los derrames no fueron generados por ellos.
La abogada Mateus complementa señalando que el objetivo es la remediación y la restauración de los ecosistemas contaminados para que los awá vuelvan a gozar de condiciones dignas de vida. Además, solicita que se detenga el flujo de crudo en el oleoducto Transandino hasta que las petroleras garanticen que la contaminación no seguirá agravándose. Asimismo, los awá demandan un estudio epidemiológico que investigue su estado de salud y la creación de proyectos productivos que les permitan subsistir, mientras exista el daño petrolero que reduce sus fuentes de agua y alimentación.
La presencia de la contaminación con hidrocarburos en las desembocaduras del río Mira —uno de los que los awá señalan por la presencia de crudo— en las zonas de manglar de Tumaco, está demostrada por estudios académicos del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), vinculado al Ministerio de Ambiente. La investigación documentó que el derrame de petróleo, generado por un atentado de las FARC en 2015, generó la fuga de más de 410 000 galones de crudo y dejó a su paso concentraciones altas de hidrocarburos en los manglares del estuario del río Mira, contaminación aún presente en el 2017 cuando los investigadores tomaron las muestras.
Luisa Fernanda Espinosa, coautora del estudio, señaló que considerando que la publicación tiene ya varios años, piensa que es importante volver a determinar la concentración de hidrocarburos actual, además que la zona “es vulnerable a los derrames petroleros” de manera frecuente.
Espinosa también comentó que en la época del estudio los “manglares y los organismos asociados a los sedimentos del manglar estaban afectados, cubiertos por el crudo” y que la corporación ambiental Corponariño realizó entonces labores de limpieza.
La abogada de los awá señala que no se detendrán hasta que la justicia ordene la remediación de los pasivos ambientales en su territorio. También dice que el hecho de que el juez haya rechazado su caso en primera instancia, demuestra la necesidad de que Colombia cuente con una justicia ambiental que tome en cuenta en las discusiones jurídicas las necesidades de las comunidades y los ecosistemas.
*Imagen principal: Los derrames petroleros llevan aquejando a los awá del Nariño por décadas. Foto: UNIPA y CAJAR.
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