- Ecuador protege el 20 % de su territorio, pero las áreas protegidas están en riesgo por la falta de presupuesto y la expansión de la minería ilegal.
- El presidente Daniel Noboa propuso una ley para reactivar las áreas protegidas mediante inversión privada y fomento del turismo.
- Organizaciones indígenas y ambientalistas temen que la ley habilite una privatización encubierta del patrimonio natural, sin consulta prelegislativa ni consentimiento previo.
- El proyecto incluye el despliegue de la fuerza pública, lo que preocupa a los pueblos indígenas por posibles violaciones a sus derechos: Mongabay Latam consultó a las voces a favor y en contra.
Áreas protegidas invadidas por la minería ilegal y la criminalidad, infraestructura en mal estado, 598 guardaparques para 26 millones de hectáreas. Estos datos muestran el estado del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador (SNAP). El presidente Daniel Noboa reconoció que el financiamiento es limitado y propuso un proyecto de ley económica urgente, que ya genera reacciones divididas y preocupación entre los pueblos indígenas y el sector ambiental.
“Fue una sorpresa rotunda para nosotros”, dice la lideresa kichwa Diana Chávez sobre el Proyecto de Ley Para la Recuperación de Áreas Protegidas. La propuesta pretende fomentar el turismo y la participación del sector privado, por lo que su discusión está en manos de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional y no en las de la Comisión de Biodiversidad.
“Nos llamó la atención la inclusión de las instituciones privadas como parte de este supuesto proceso de reactivación y desarrollo local”, añade la dirigenta de relaciones internacionales de la Organización Kichwa de Pastaza. Tarsicio Granizo, presidente de WWF Ecuador, y Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, comparecieron ante la Comisión el 24 de junio y mostraron su preocupación sobre una posible privatización del patrimonio natural.
El proyecto está enmarcado en el conflicto armado interno que decretó Noboa a inicios de 2024 y reconoce que las áreas protegidas “se han vuelto espacios vulnerables”. La minería ilegal se expande en al menos nueve áreas protegidas de la Amazonía y en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas, en la costa, de acuerdo con la exposición en la comisión parlamentaria de Niels Olsen, ex ministro de Turismo y presidente de la Asamblea Nacional.
El proyecto puede aportar a la reducción de las vulnerabilidades que enfrenta el SNAP, de acuerdo con Hugo Echeverría, abogado ambiental. Además, opina que le da “seriedad” a este tema, que hasta ahora ha estado bajo el paraguas ambiental, considerado “débil” en el contexto estatal. El presupuesto anual del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) lo ejemplifica. Según Granizo, en 2025 fue de 102.4 millones de dólares, equivalente al 0.61 % del Presupuesto General del Estado.
Así como a Chávez, a Lina María Espinosa, abogada y coordinadora del equipo de defensores de la organización Amazon Frontlines, le preocupa que la propuesta de Daniel Noboa “desconoce la presencia de pueblos ancestrales y originarios en los territorios sobre los que se han impuesto unilateral e inconsultamente áreas protegidas”. Al menos 10 pueblos indígenas, afroecuatorianos o montubios “están amenazados directamente por la propuesta de Daniel Noboa”, asegura.
El proyecto fue admitido por el Consejo de Administración Legislativa el 17 de junio de 2025. Al ser calificado como urgente, desde esa fecha, la Comisión de Desarrollo Económico tiene 30 días para discutirlo y aprobarlo. Si no lo hace, el Ejecutivo puede promulgarlo por decreto.
Territorios en disputa
Parte del territorio ancestral del Pueblo Kichwa de Pastaza fue declarado Parque Nacional Yasuní en 1979. Las autoridades ecuatorianas hicieron la declaratoria sin consultar a los indígenas. Así, quienes habitaron la Amazonía ecuatoriana por siglos perdieron la capacidad de usar su territorio libremente y de reclamar un título de propiedad colectiva. La falta de titularización de los territorios en áreas protegidas ha provocado todo tipo de violación de derechos, de acuerdo con las denuncias de los líderes de la región.
Uno de los casos más evidentes es el del pueblo A’i Cofán de Sinangoe, sobre el que se declaró el Parque Nacional Cayambe Coca en 1970. En 2018, la erosión regresiva del río Aguarico destruyó la escuela comunitaria y hasta junio de 2025 el Estado no ha reconstruido la infraestructura por los conflictos administrativos que provoca el área protegida y pese a que existe una sentencia que lo ordena. No obstante, el Parque Nacional no impidió que se entregaran concesiones mineras, que fueron revertidas gracias a una demanda de Sinagoe.
Por este tipo de casos, Chávez cree que los pueblos indígenas deben ser tomados en cuenta en la discusión del proyecto de ley, caso contrario, se corre el riesgo de afectar derechos, incluidos la autodeterminación y el autogobierno. “Necesitamos que exista una coordinación real con nosotros y que se incluya en el articulado el tema de los consentimientos”, reclama la lideresa.
Echeverría explica que Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé la realización de la consulta prelegislativa, un derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a pronunciarse sobre leyes que pueden afectar sus derechos colectivos. Sin embargo, cree que “no procede porque no se está proponiendo una vulneración de derechos constitucionales al fomentar el empleo”.
Para la abogada Espinosa, existe el riesgo de que también se viole el derecho al consentimiento previo. Este es un derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados antes de la realización de cualquier proyecto que pueda afectar material o espiritualmente sus territorios colectivos o las zonas de influencia.
Esteban Falconí, abogado ambiental de WWF Ecuador, dice que la solución a este problema es asegurarse de que el proyecto de ley reconozca la presencia de pueblos indígenas en las áreas protegidas y que, por tanto, se resalta el derecho a la consulta previa. Este procedimiento se aplicaría una vez que la ley sea promulgada y, por ejemplo, en caso de que el Estado planifique concesionar un área en territorios indígenas o sus cercanías a entidades turísticas privadas.
El abogado de WWF cree que además debe haber reglas claras sobre la prioridad que deben tener los pueblos indígenas y sobre su involucramiento en los proyectos turísticos. Por ejemplo, dice, se debería priorizar la contratación de gente de las comunidades y no de personas externas. Además, subraya que las áreas donde se movilizan los pueblos en aislamiento voluntario y los ecosistemas extremadamente vulnerables deben quedar excluidos de cualquier actividad económica.
La intervención de la fuerza pública
Uno de los puntos más sensibles para los pueblos indígenas es la mención a las Fuerzas Armadas y a la Policía como garantes de la seguridad en los perímetros de las áreas protegidas. A Chávez le preocupa que comunidades en zonas catalogadas como riesgosas sean desplazadas.
Espinosa explica que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dispone la no militarización de los territorios indígenas y enfatiza en la protección en contra de actividades militares que no sean justificadas por un interés público pertinente o acordadas libremente con las comunidades. Además, un precedente constitucional de 2020 señala que las comunidades tienen el derecho a “decidir acerca de los límites de las actividades militares que se realicen en sus territorios”.
La Constitución también establece, dice Echeverría, que la fuerza pública tiene la capacidad de intervenir, no contra los pueblos indígenas, sino para salvaguardar la integridad de los territorios. Para el abogado sí es necesario precisar el rol de la fuerza pública en las áreas protegidas, pues en muchas de ellas se desarrolla «la actividad ilícita de recurso minero» –término usado en el mundo jurídico–, narcotráfico o deforestación indiscriminada. Resalta que los guardaparques, además de ser muy pocos para extensiones bastante amplias, no tienen herramientas para enfrentar a los actores criminales.
“No es la única ni va a ser la que se encargue de todo, pero sí es una alternativa para afrontar esta situación que ya está instalada en las áreas protegidas”, dice el abogado ambiental. También celebra que se especifique la acción de la fuerza pública en los perímetros de las áreas protegidas, pues “en el mundo jurídico las zonas de amortiguamiento son una suerte de limbo”.
Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques, recalcó en la Comisión que en la actualidad las Fuerzas Armadas y la Policía pueden actuar en las áreas protegidas y acuden al llamado de los guardaparques solo cuando tienen personal o recursos para movilizarse, pero quienes permanecen allí son los comuneros y los guardaparques.
La alta carga laboral, con turnos de hasta 20 días en zonas remotas, y el bajo mensual, que ronda los 700 dólares, ha debilitado el recambio generacional, detalló Granda ante los asambleístas. En promedio, los guardaparques tienen ahora 45 años, por lo que es necesario buscar su profesionalización y asegurarles una jubilación temprana debido al desgaste físico de sus actividades y las zonas agrestes en donde se desempeñan. Granda entregó un documento con la postura de la Asociación a los asambleístas.
La participación del sector privado
El proyecto de ley tiene cinco artículos que hablan de establecer mecanismos para el impulso del turismo ambiental y la conservación del patrimonio natural a través de la inversión pública y privada. “Nuestra misión es crear cinco productos turísticos dentro del continente que compitan con Galápagos”, dijo el ministro de Turismo Mateo Estrella en entrevistas con medios locales, días después de que Noboa enviara el proyecto de ley a la Asamblea.
La legislación ecuatoriana permite las actividades turísticas en áreas protegidas y ya existen figuras de arrendamiento para privados, de acuerdo con la Asociación de Guardaparques. Sin embargo, lo que busca el proyecto de ley es “fortalecer la participación de todos los sectores que trabajan en las áreas protegidas y específicamente del sector privado y la sociedad civil”, dice Echeverría. Por ejemplo, dice, entidades privadas o iniciativas comunitarias podrían invertir en la construcción de hoteles, restaurantes, refugios o en la provisión de servicios como el de alimentación o guianza.
El experto aclara que no se trata de privatización, un temor que viene desde el sector indígena, de los guardaparques y de las organizaciones ambientales. Explica que la privatización es transferir la propiedad estatal al sector privado de manera permanente. Esta propuesta de ley buscaría que se establezcan mecanismos como los que se aplican con las carreteras, es decir, son del Estado pero el mantenimiento de algunas está concesionado de manera temporal a privados.
“Quién sabe si es que habrá alguna intención oscura detrás del proyecto o si busca favorecer a algún emprendimiento turístico, pero tal cómo está, el proyecto de ley sí tiene una lógica”, asegura Echeverría.
Granizo, director de WWF Ecuador, entregó la postura pública de WWF Ecuador a la comisión parlamentaria, con el fin de que se hagan ajustes al articulado. «La participación privada es bienvenida, pero no puede sustituir la rectoría del Estado. Se debe definir un modelo de gestión que garantice la autoridad del Ministerio del Ambiente y los derechos de las comunidades locales», se lee en el documento. Asimismo, la organización señaló la urgencia de reinvertir parte de los ingresos generados por el turismo en la protección y mejora continua de las áreas protegidas.
El Estado tiene la deuda de crear el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, explicó Granizo ante la Comisión. Esta sería una entidad autónoma encargada de administrarlas. El director de WWF dijo que se estima que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas recibe 21.7 millones de dólares anuales, pero de eso, el 62 % proviene de la cooperación internacional. La autonomía permitiría un mejor manejo y captación de los recursos.
La Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de los Derechos de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) también emitió su postura y resaltó que la naturaleza es un sujeto de derechos en Ecuador y que las áreas protegidas “no son activos que se optimizan, son patrimonios que se conservan”.
Foto principal: Oso de anteojos (Tremarctos ornatus). Foto: Parque Nacional Podocarpus