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Multas a la deforestación por valor de $29 millones: ¿punto de inflexión para el comercio de soya brasileña?

  • El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables lanzó la Operación Salsa de Soya y resultó en 29 millones de dólares)en multas a comerciantes trasnacionales de productos de soya y agricultores por la deforestación ilegal en el Cerrado, las praderas de la sabana de Brasil al este del Amazonas.
  • Algunos analistas dicen que las multas son un toque de atención y quizás un punto de inflexión para la industria. Otros dicen que la deforestación forma parte del modelo de producción de la soya y que las multas tendrán muy poco impacto a largo plazo.

La Operación Salsa de Soya ha enviado una fuerte señal de advertencia a la industria de la soya brasileña. A finales de mayo, cinco empresas trasnacionales del comercio de grano, junto con docenas de sus agricultores abastecedores, recibieron multas por un total de 105,7 millones de reales brasileños (29 millones de dólares) del IBAMA, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. La agencia espera que las sanciones pongan el foco sobre la deforestación ilegal por todo el país y hagan que el sector de la soya asuma responsabilidades por su incapacidad de bloquear los cultivos que llegan de las zonas prohibidas.

La investigación, llevada a cabo conjuntamente por el IBAMA y la Oficina del Fiscal General (MPF), examinó pormenorizadamente el comercio de la soya en los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, una región colectivamente conocida como Matopiba —la mayor frontera agrícola del país, y parte del bioma de la sabana brasileña conocida como el Cerrado—. En la actualidad, el 11 % de la producción de soya de Brasil tiene lugar en Matopiba, y más de la mitad de sus 337 municipios han producido soya en la última década.

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El Cerrado es rico en biodiversidad, pero su parte norte está siendo transformada rápidamente de su vegetación nativa a la agricultura y se espera que la industria de la soya se desarrolle aún más en los próximos años. La deforestación del Cerrado está avanza actualmente más rápido en los estados de Matopiba que en cualquier otra parte del bioma. “Si el estado no actúa para inhibir esta práctica y evita la llegada de estos bienes [prohibidos] al mercado, la deforestación aumentará”, dijo Renê Luiz de Oliveira, jefe de control ambiental en el IBAMA, en un comunicado.

Cuando, primeramente, la agencia se dio cuenta de los incumplimientos del embargo, empezó su investigación sobre cómo se movía la soya a lo largo de sus enlaces en la cadena productiva, así como para aprender el modus operandi de las actividades ilegales, según añadió. Las nuevas multas llegan en medio de un aumento de las tensiones entre los conservacionistas y el sector de la agroindustria.

A la vanguardia de la expansión del sector de la soya se sitúa la región de Matopiba, donde tiene lugar el 11 % del total de la producción de soya de Brasil. Matopiba está en la parte norte del bioma del Cerrado. Este es la región donde el IBAMA centró su investigación. Fotografía de Flávia Milhorance.

“Es imposible que no lo supieran”

Cinco empresas trasnacionales de productos básicos —Cargill Inc, Bunge Ltd, ABC Indústria e Comércio SA, JJ Samar Agronegócios Eireli, y Uniggel Proteção de Plantas Ltda— recibieron multas por valor de más de 24,6 millones de reales brasileños (6,5 millones de dólares) por la adquisición de unas 49 000 bolsas, 60 kilógramos (132 libras) cada una, de soya producida en campos embargados por el IBAMA.

Esas parcelas embargadas por el IBAMA eran zonas en las cuales los agricultores habían despejado matorrales autóctonos sin tener las licencias para la deforestación y donde se suponía que debían dejar que la vegetación se regenerara. “Pero a veces los agricultores creen que no van a ser controlados y continúan cultivando la tierra”, explica Tiago Reis, investigador de doctorado de la Universidad Católica de Lovaina que estudia las cadenas de abastecimiento agrícola. A través del uso de los datos geoespaciales, descubrió que 77 propiedades incumplían las políticas ambientales.

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La investigación del IBAMA descubrió que las empresas comerciantes habían cerrado acuerdos de compra con los agricultores en anticipación de las cosechas, una práctica común en el comercio de futuros de mercancías. “Eso significa que [los comerciantes] sin duda realizaban evaluaciones de los riesgos financieros. Es imposible que no supieran que la soya venía de zonas embargadas —eso es incluso información pública—”, dijo Reis a Mongabay.

“O si no lo sabían, no prestaron atención”, dice Mairon G. Bastos Lima, un investigador de la Universidad Tecnológica Chalmers que trabaja con TRASE, una plataforma que vigila las cadenas de abastecimiento globales.

La rápida expansión de la industria de la soya en la región de Matopiba llega a costa de la vegetación natural del Cerrado, una sabana inmensa y extremadamente biodiversa. Fotografía de Alicia Prager.

Aumento de la atención al “Salvaje Oeste” de Brasil

Aunque las multas de 6,5 millones de dólares, divididas entre cinco firmas trasnacionales del comercio de bienes apenas se notarán en los presupuestos de sus empresas, las sanciones mandan un fuerte mensaje al sector: “Muestra que las agencias son conscientes. En la actualidad los actores sobre el terreno actúan como si nadie estuviese mirando”, explica Reis.

La cantidad de dinero multada es lo menos importante de este caso, añade. Lo que importa es que la reputación de estas empresas está en juego.

La operación del IBAMA tuvo lugar dentro del contexto de un aumento en la atención federal hacia la región de Matopiba, el “Salvaje Oeste” de Brasil, como lo llama Bastos Lima. “Las multas deben ser aplicadas a fin de que todo el sistema funcione” dice.

El 23 de mayo, el IBAMA emitió multas por valor de 29 millones de dólares a cinco grandes casas comerciales de mercancías, así como a docenas de agricultores, que no respetaron las prohibiciones impuestas en áreas deforestadas ilegalmente. Fotografía de Alicia Prager.

La investigación cogió por sorpresa a la Confederación de Agricultura y Pecuaria brasileña (CNA), que representa a los agricultores. La CNA señaló que las fotografías por satélite se producen mensualmente, por lo que las violaciones deberían haber sido apreciadas inmediatamente y las sanciones continuadas, en vez de ser impuestas todas a la vez este mayo. La CNA también sostiene que la conservación debería ser responsabilidad de toda la sociedad y no se debería descargar todo el peso sobre los hombros de agricultores individuales.

“Es un desequilibrio. Todos creen que la conservación es importante, pero la sociedad tiene que asumir ahí un papel, no solo los agricultores”, dice Rodrigo Justus, asesor ambiental de la CNA.

Sin embargo, los conservacionistas señalan que grandes porcentajes de la vegetación autóctona de Brasil, fuera del Amazonas, está situada en propiedad privada, lo que dificulta la conservación y regulación.

“Así que es necesario que los participantes de la agroindustria contribuyan a la conservación del ecosistema, al menos al nivel estipulado por la ley”, dice Bastos Lima. La clave para asegurar que esto suceda es un mayor desarrollo de cadenas de abastecimiento sostenibles para conservar el Cerrado. Los ecologistas están de acuerdo en que todos los participantes en la cadena de producción, marketing y comercio tienen que rendir cuentas estrictamente. Para el IBAMA eso significa controles de mercado adecuados, dice Luiz de Oliveira, jefe de control ambiental en el instituto.

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Sanciones sin precedentes

Desafortunadamente para el IBAMA, la expedición de las multas llegó en un mal momento, cuando una huelga nacional de camioneros paralizaba el país, un evento que preocupa a las empresas de mercancías y atrae la atención del público brasileño mucho más que las multas a la soya.

“Las multas no recibieron tanta atención como habrían recibido en otros casos”, dice Reis. Al mismo tiempo, añade, la industria de la soya ha sido muy responsable y ha tenido cuidado de no violar las leyes ambientales en comparación con otros sectores agrícolas. Mientras que las sanciones del IBAMA contra los productores de la soya son una novedad, en el sector de la carne de vacuno, por ejemplo, las multas se dan regularmente.

En total, todas las fases de la Operación Salsa de Soya resultaron en la incautación de 84 024 bolsas de soya —5041 toneladas en total—, declaró el IBAMA. Además de las multas, la MPF ha anunciado que propondrá una acción cívica pública dirigida a los infractores nombrados y que exigirá que reparen todos los daños ambientales causados por la actividad ilegal.

“La región de Matopiba recibe el apodo de ‘El Salvaje Oeste’ de Brasil”, dice Mairon G. Bastos Lima. Aquí, hasta ahora, todo parecía suceder lejos de los ojos del estado. La Operación Salsa de Soya dejó claro que las agencias reguladoras de Brasil están observando. Fotografía de Alicia Prager

Al pedir declaraciones, Bunge contestó que niega las acusaciones y ha presentado una réplica al IBAMA que impugna las conclusiones. “Tenemos la intención de seguir todos los canales disponibles para clarificar este asunto”, dice el comunicado. Lo mismo vale para Algar Agro (el nuevo nombre de ABC Indústria e Comércio SA). La firma dice que ya ha presentado su defensa y ha demostrado que sigue las mejores prácticas en la compra de grano. Cargill contestó a las preguntas con la reafirmación de que la empresa tiene procesos internos y controles para evitar comprar de áreas embargadas. La firma dijo que los hechos relacionados con la notificación están siendo examinados y se tomarán medidas apropiadas para abordar el asunto.

Preocupado por las implicaciones para su reputación, Uniggel Sementes, respondió que la empresa Uniggel Proteção de Plantas Ltda —multada con más de 13 millones de reales brasileños (3,5 millones de dólares) por la compra de 26 510 bolsas de soya en Tocantins— no está asociada con la marca Uniggel, a pesar de llevar el mismo nombre.

Mientras que algunos analistas ven las multas como una herramienta valiosa para la conservación, señalan que la constante expansión agrícola en Brasil tiene implicaciones de gran alcance para el paisaje de alrededor. “Las empresas siguen hablando sobre la producción de soya responsable, pero el mismo modelo de agricultura industrial está construido sobre una base de deforestación y conflictos territoriales”, dice Devlin Kyek de la ONG GRAIN. Inevitablemente, la expansión de la producción de soya trae muchos problemas para las comunidades vecinas, como deforestación y una disminución de los recursos hídricos. “Es un modelo muy insostenible, parte de una gran cadena de abastecimiento global”, dice.

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¿Seguir igual o elegir la conservación?

La agroindustria constituye una parte vital de la economía brasileña, que comprendió el 23,5 % del PIB del país en el 2017 y el 36 % de sus exportaciones. Específicamente, la soya constituye casi el 12 % de las exportaciones de la nación, lo que significó unos 25,7 mil millones de dólares en el 2017, un subida significativa de los 19,3 mil millones de dólares del año anterior. Este año se espera que Brasil supere a los Estados Unidos, convirtiéndose en el productor de soya más grande del mundo. En el 2017, Brasil exportó 68,1 millones métricos de toneladas —un volumen que ha ido aumentado de manera constante durante la última década.

Esto hace de la soya uno de los productos de exportación más valiosos de Brasil. La mayor parte de la soya brasileña va a China, pero también va a España y Alemania, como monitorizó TRASE.

Silos de soya posicionados como una puerta de entrada a la ciudad agrícola de Luis Eduardo Magalhães, en el estado de Bahía. En la región de Matopiba, la infraestructura se desarrolla principalmente para apoyar la agricultura, donde la industria de la soya es muy valorada y se ve como vaca lechera y como vaca sagrada, y rara vez sujeta está a castigos por infracciones de la ley ambiental. Imagen de Flávia Milhorance.

Sin embargo, esta explosión de la producción brasileña, sobre todo en el Cerrado, podría ser gestionada de una manera más sostenible, dice Bastos Lima, que señala los muchos compromisos de deforestación cero a los que las grandes casas comerciales de mercancías se han suscrito en el pasado, como la exitosa Moratoria de la Soya del Amazonas.

Las empresas “siempre dicen que saben mejor como regularse a sí mismas, pero, según parece, violan sus propias promesas”, dice. Los observadores esperan que las últimas multas del IBAMA pudieran provocar que las firmas tuviesen más cuidado en lo que se refiere a la deforestación. Sobre todo porque la confianza del consumidor está en juego. “Creo que fue una poderosa llamada de atención”, dice Bastos Lima. “Quizás un punto de inflexión”.

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