- En Brasil, un tema de especial interés para las comunidades indígenas es el paso de la administración hacia la adopción de una política de asimilación.
- Esto podría resultar en la erosión de la autonomía indígena dentro de las reservas ancestrales y en la absorción de las culturas indígenas y de las tradiciones por parte de la cultura predominante de Brasil.
Las comunidades indígenas sufrieron una derrota en la Corte Suprema de Brasil el mismo día en que miles de nativos se reunieron en Brasilia para luchar por los derechos indígenas garantizados en la constitución brasileña de 1988.
El 24 de abril, el magistrado de la Corte Suprema, Roberto Barroso, rechazó una medida judicial que trataba de inconstitucional una medida provisional de la administración de Bolsonaro, la que transfería la facultad sobre la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura.
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Cuando el presidente Jair Bolsonaro asumió su mandato el 1 de enero, uno de sus primeros actos fue la emisión de la medida provisional (MP 870) que despojó a la agencia de asuntos indígenas del país (FUNAI) de su rol en cuanto a la demarcación de las tierras indígenas y transfirió este poder al Ministerio de Agricultura.
El traspaso provocó la indignación de los grupos defensores de derechos, quienes sostienen que este cambio pone en riesgo los derechos territoriales de los indígenas porque el ministerio está dominado por los intereses del agronegocio de los ruralistas, quienes desde hace mucho desean el acceso a las reservas indígenas. Aunque la constitución de 1988 exigía la demarcación de las tierras indígenas, los gobiernos, desde esa época, se han resistido y han sido muy lentos en el cumplimiento de la tarea, dejando desprotegidos muchos territorios indígenas ancestrales.
La MP 870 dejó además a la FUNAI —con anterioridad, a cargo del Ministerio de Justicia— bajo el nuevo Ministerio de Derechos Humanos, de la Familia y de las Mujeres creado por Bolsonaro. Este cambio también fue criticado por los grupos defensores de derechos y por los jueces, ya que este nuevo ministerio que incluye de todo es visto como políticamente débil.
Una nota técnica publicada en marzo por la Fiscalía General (conocida como PGR) consideró inconstitucional la MP 870 debido al potencial conflicto de intereses creado por el poder que tiene el Ministerio de Agricultura para tomar decisiones sobre las demarcaciones. La PGR también defendió el mantenimiento continuo de la FUNAI bajo el Ministerio de Justicia.
Sin embargo, el magistrado Barroso rechazó el mandato judicial de inconstitucionalidad presentado por el Partido Socialista Brasileño (PSB), con el argumento de que faltaba evidencia que indicara “la existencia de una amenaza de perjuicio […] a corto plazo necesaria para la aprobación o el rechazo de la medida provisional”. Las medidas provisionales presidenciales deben ser aprobadas por el Congreso dentro de los sesenta días para convertirse en ley, con una posible extensión permitida de otros sesenta días, o se declarará nula. Se le ha dado a la MP 870 una extensión hasta el 3 de junio, de conformidad con la resolución judicial.
De manera significativa, el magistrado Barroso dejó la puerta abierta para una acción legal futura al decir que una eventual negativa del Ministerio de Agricultura en el cumplimiento de las demarcaciones podría conllevar medidas legales por parte de la Corte Suprema para asegurar el cumplimiento de la Constitución de Brasil.
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El PBS no respondió a los pedidos de comentarios.
“Aunque Barroso rechazó el mandato judicial, el mérito de la demanda del PSB tiene que ser aún analizado por todos los miembros de la Corte Suprema”, dijo una portavoz del Tribunal Supremo de Brasil.
Pelear por los derechos territoriales
La revocación de la MP 870 fue uno de los principales objetivos de la reunión anual de las comunidades indígenas de este año en Brasilia (llamada Campamento Tierra Libre). Alrededor de cuatro mil quinientos indígenas asistieron este año al evento realizado entre el 24 y el 26 de abril —la segunda reunión más grande en quince años—.
Durante los tres días del evento, comunidades indígenas de todo Brasil acusaron a la nueva administración de socavar sus derechos. “El gobierno de Bolsonaro es una tragedia”, dijo Sônia Guajajara, líder de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), que representa a más de trescientas comunidades indígenas brasileñas que hablan 274 lenguas.
“Lo que está en conflicto es la tierra”, declaró Guajajara.
Desde que asumió el gobierno, Bolsonaro ha anunciado planes para destinar tierras indígenas a la minería y a la agroindustria. Durante la campaña del año pasado, dijo que “ni un solo centímetro de tierra será demarcado para reservas indígenas o quilombolas [comunidades de descendientes de esclavos fugitivos]”.
La Administración también está llevando a cabo medidas continuadas para debilitar las agencias y regulaciones ambientales.
En la semana previa al campamento indígena, el presidente de ultraderecha publicó un mensaje en vivo en Facebook en el cual él se reunió con supuestos grupos indígenas e instó a que se realicen actividades mineras en sus tierras donde “hay millones o billones de dólares” bajo tierra.
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“Las grandes corporaciones son los jefes, a quienes no les interesa la vida de la gente”, replicó Guajajara. “Lo que importa para el sector económico es el PIB [producto interno bruto], la bolsa de valores, no importa cuánta gente está siendo exterminada”.
“Tan solo queremos el derecho de continuar lo que somos; continuar con nuestra diversidad preservada. No queremos la sociedad que Bolsonaro nos quiere implantar”, dijo la activista.
El Gobierno de Bolsonaro apoya la absorción, una política indígena impulsada hace tiempo por la dictadura militar brasileña (1964-1985), que fusionaba por la fuerza culturas y tradiciones indígenas únicas con la cultura predominante.
Las comunidades indígenas en el campamento de este año también acusaron al Gobierno de tratar de intimidarlos al llamar a la Fuerza Nacional —cumplimiento de la ley federal— para “preservar el orden público” durante los días de protesta, aunque la manifestación se desarrolló de manera pacífica.
“La Fuerza Nacional no nos detendrá. Llegamos a Brasilia y aquí nos quedaremos”, dijo Guajajara.
Sin embargo, luego de que el campamento indígena en Brasilia se estableciera el martes en una ubicación cercana al Congreso Nacional, las negociaciones con las fuerzas de seguridad exigieron que el campamento se trasladara a un nuevo lugar.
La Administración de Bolsonaro no respondió a los pedidos de comentario.
La noche del 24 de abril, miles de protestantes indígenas, que llevaban carteles para pedir por los derechos humanos y territoriales, marcharon de manera pacífica por la avenida principal de Brasilia hacia la llamada Plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran la Corte Suprema, el Palacio Presidencial y el Congreso Nacional.
Iluminaron la plaza con la palabra Justicia, escrita en portugués, y realizaron una vigilia frente a la Corte Suprema.
“El mensaje que estamos mandando es que justicia significa los derechos a que se reconozcan nuestras tierras… Justicia significa que nuestros territorios no sean invadidos. Significa que no maten nuestro liderazgo”, comentó Marcos Xukuru, líder indígena del pueblo Xukuru. “Esta intervención significa justicia. Esto es lo que estamos haciendo aquí, demandando justicia”.
Durante una marcha el 26 de abril, un grupo indígena protestó frente al Ministerio de Agricultura.
“Jamás aceptaremos que el Ministerio de Agricultura sea responsable de los procedimientos del proceso de demarcación de tierras y de nuestros derechos territoriales”, gritó el líder indígena David Karai Popygua en la entrada del ministerio.
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