- Mongabay Latam tuvo acceso a una carta que el estudio de abogados Payet, Rey, Cauvi, Pérez le envió al fiscal Alberto Yusen Caraza, a cargo de la investigación contra la empresa Tamshi SAC, en la que le solicitan “excusarse” del caso.
- El nuevo ministro de Trabajo, Martin Ruggiero, era asociado del estudio de abogados que asesora y defiende a la compañía acusada de deforestación, y en el que uno de sus socios figura entre los investigados.
Un nuevo gabinete de ministros juramentó ayer en Perú. Un cambio que incluye rostros nuevos para la política peruana, entre ellos al ministro de Trabajo, Martín Adolfo Ruggiero Garzón.
Su nombramiento ha recibido más de un cuestionamiento, sobre todo porque Ruggiero Garzón estaba asociado al estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, un bufete de abogados que asesora a la empresa Tamshi SAC —antes Cacao del Perú Norte SAC— investigada y sentenciada por delitos ambientales.
Esta compañía fue creada por Dennis Melka, el empresario estadounidense que llegó al Perú en el año 2010 y que es investigado por el delito contra los bosques y la usurpación de tierras tras deforestar más de 13 mil hectáreas de bosques de la Amazonía peruana. Hasta el momento, tres funcionarios de esta empresa han sido sentenciados por los delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento en forma agravada, en un fallo considerado sin precedentes dentro en la lucha contra la deforestación en el Perú.
Pero no es el único caso en el que está involucrada Tamshi SAC. Un segundo proceso que se sigue en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, a cargo del fiscal Alberto Yusen Caraza Atoche, incluye, esta vez, a uno de los socios del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez; excolega del recién nombrado ministro de Trabajo.
Mongabay Latam tuvo acceso a una carta que el estudio de abogados le envió al fiscal Caraza Atoche, hace una semana, en la que le solicita “se sirva excusarse del presente proceso penal”.
“Es un intento por traerse abajo a un fiscal que está haciendo las cosas bien”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA).
La carta llega a manos del fiscal cuando la investigación se encuentra en la etapa final.
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¿Presiones contra el fiscal?
“Me sorprende que se ataque de forma personal al fiscal, buscando elementos para que se desacredite el trabajo que viene realizando”, dice el Procurador del Ministerio de Ambiente, Julio Guzmán, en referencia al documento en el que se solicita que el fiscal a cargo del caso Tamshiyacu se aparte del caso.
Se trata del segundo proceso contra la empresa Tamshi SAC, en el que Alonso José Rey Bustamante, socio del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, está acusado por delitos contra los bosques o formaciones boscosas.
Rey Bustamante está involucrado en este proceso por haber sido exgerente general de la empresa Tamshi SAC, cargo que ejerció desde enero hasta abril de 2017. Esta investigación que está en su etapa final involucra a todos los que fueron gerentes de la empresa entre los años 2014 y 2017, es decir, incluye también al fundador de la empresa, Denis Melka, y al excongresista y exgobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis.
Los involucrados en el segundo caso de Tamshiyacu están acusados por delitos contra los bosques o formaciones boscosas, es decir, por destruir, dañar o talar los bosques sin contar con permiso o autorización otorgada por la autoridad competente. La sanción corresponde a pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
“Hay presión contra la fiscalía y me sorprende que se envié un documento que evidencia un ánimo de perturbar la investigación”, dice el Procurador Guzmán. Lo peor de todo —continúa Guzmán— es que viene de un estudio que además tiene a implicados en el caso. “Es la primera vez que me encuentro con un estudio que está vinculado a tala ilegal”, precisa.
Guzmán comenta que, en algún momento, los actuales responsables de la empresa Tamshi SAC manifestaron su intención de realizar programas de reforestación en la Amazonía, sin embargo, ahora sorprende que tengan una actitud totalmente distinta. “Quizá están evaluando el impacto que puede tener una posible condena a uno de sus socios y han decidido maltratar a los funcionarios del Ministerio Público para sembrar dudas ante el juez que vea el caso”.
El Procurador señala que será el juez quien determine si existe o no responsabilidad, pero le preocupa que ahora uno de los exsocios del estudio haya sido nombrado ministro.
Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), cree que existe el riesgo de que se presente un conflicto de intereses con la designación de Ruggiero como parte del gabinete de ministros. “El estudio del Ministro de Trabajo venía atacando al fiscal que investiga la deforestación ilegal en Loreto por el caso Tamshiyacu. Las presiones han sido fuertes y han solicitado que el fiscal Caraza se retire del caso. Atentos todos ante el riesgo de conflicto de interés”, comentó.
En la carta enviada a la FEMA de Loreto, el abogado Juan Diego Ugaz Heudebert —del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez y defensor de Rey Bustamante— acusa al fiscal Caraza de haber cometido “conductas arbitrarias desde los delitos de abuso de autoridad y fraude procesal hasta infracciones administrativas”.
Según Ugaz, el despacho de Caraza “ha incurrido en una serie de conductas excesivamente abusivas, arbitrarias y fraudulentas con el único propósito malicioso de desprestigiar y dañar la buena imagen y reputación de Tamshi SAC”.
La carta de más de 60 páginas hace referencia a informes emitidos por el Ministerio de Agricultura que no habrían sido considerados por la fiscalía, se acusa a Caraza de estar parcializado y de conductas intimidatorias contra testigos y peritajes fuera de tiempo, además que se mencionan incluso posteos en redes sociales que habría hecho el fiscal.
El abogado especializado en medio ambiente, César Ipenza, explica que el pedido de la empresa no tiene sustento jurídico. “O se recusa o se pide que se inhiba un fiscal, pero nunca se hace un pedido de excusión”, aclara sobre la solicitud del estudio de abogados.
Ipenza señala que apartar a un fiscal de un caso afecta tremendamente el proceso y la estrategia de la investigación. “No es sencillo y menos en un caso emblemático como el de Tamshiyacu. Retirarlo es disminuir la estrategia del Ministerio Público”.
El especialista en medio ambiente también señala que un fiscal no puede ser imparcial, sino que debe actuar dentro del marco de la ley. “El fiscal ha actuado de manera pertinente y no ha tenido ninguna conducta inadecuada. La defensa no puede buscar a un fiscal que sea conveniente ni seleccionar a un fiscal ‘amigo’”, puntualiza Ipensa.
El estudio de abogados que representa a Tamshiyacu también ha resultado beneficiado con un préstamo del programa Reactiva Perú por 4 764 521 soles.
“Es increíble. Se debe tener cuidado para que los recursos del Estado se destinen a empresas que no tienen procesos penales o investigaciones judiciales. Estos fondos no deben entregarse, por ejemplo, a estudios con socios investigados. No es justo que el Estado financie créditos con bajos intereses a empresas que enfrentan cargos y posibles reparaciones civiles”, dijo Ipenza.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con el abogado Ugaz, del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, y también solicitó se manifiesten sobre un posible conflicto de intereses por la designación de Ruggiero como ministro de Trabajo, pero hasta el cierre de la edición no obtuvo respuesta.
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La historia de Tamshiyacu
La empresa ha incumplido todo lo que ordenó el Estado —sostiene la directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA)— y argumenta que aunque se trata de una nueva administración, eso no los exime de las faltas, irregularidades y delitos cometidos desde su fundación.
En julio de 2019, tres funcionarios de la empresa Tamshi SAC —antes Cacao del Perú Norte SAC— fueron sentenciados a cuatro y ocho años de prisión. En este juicio, que se inició en el año 2013, el fiscal Caraza logró demostrar que en Tamshiyacu se produjo la transformación de casi 2000 hectáreas de bosque.
Las imágenes satelitales y los testimonios presentados por la fiscalía durante el juicio permitieron demostrar no solo la deforestación del bosque en Tamshiyacu, sino también que la empresa realizó sus actividades sin contar con permiso del Ministerio de Agricultura, autoridad responsable del manejo forestal en el Perú.
En el año 2010, Dennis Melka constituyó unas 25 empresas en Perú y buscó tierra en la Amazonía. Una de estas regiones fue Loreto, pero no logró adquirir terrenos por oposición del Ministerio de Agricultura debido a que sus solicitudes se superponían con bosques primarios o zonas de protección forestal.
Por eso en el 2013 cambió de estrategia y decidió comprarle sus tierras a campesinos de la zona. Así la empresa consiguió 3000 hectáreas pero gran parte de estos terrenos aún tenían bosque en pie. La deforestación en ese momento alcanzó casi 2000 hectáreas por las que se sentenció a los tres funcionarios en el juicio que terminó en el 2019. En este mismo proceso se sancionó a la empresa con 15 millones de soles como pago de reparación civil.
“La empresa de Dennis Melka se instaló ilegalmente y opera de la misma forma. Esta empresa jugó con la presión de lobbies desde el primer momento, con manipulaciones y con medias verdades”, comenta Urrunaga y recuerda cómo fue expulsada de la Bolsa de Valores de Londres, luego de que un grupo de instituciones peruanas enviara una carta explicando las irregularidades que esta compañía estaba cometiendo en Perú.
En la carta recientemente enviada a la FEMA de Loreto, el estudio de abogados asegura que la empresa Tamshi SAC no necesitaba permiso para el cambio de uso de suelo ni para desbosque en los territorios adquiridos por Melka. Sin embargo, un fallo de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Agrarios del Ministerio de Agricultura ordenó, en el año 2015, detener todas las actividades de deforestación de la empresa.
“El objetivo es deshacerse de un fiscal que ha demostrado eficiencia y en el primer caso ha logrado una condena fuerte y ejemplar para el país. Son empresas que vienen al país para trabajar de manera irregular. Eso es una amenaza para la Amazonia”, aclara Urrunaga.
Esta no es la primera vez que el fiscal Caraza tiene que lidiar con este tipo de obstáculos mientras investiga casos emblemáticos como las denuncias en contra de Melka y la empresa Tamshiyacu. En marzo de este año, un grupo de personas que llegó desde Tamshiyacu, en el distrito Fernando Lores, realizó un plantón frente a las oficinas del Ministerio Público de Iquitos.
En ese momento la protesta se realizó a pocos días de que el Poder Judicial de Loreto revise la apelación del primer fallo emitido contra esta compañía.
El fiscal Alberto Yusen Caraza prefirió no declarar sobre ninguno de los temas debido a que el proceso en contra de la empresa Tamshi SAC continúa en investigación.
Nota del editor:
Para esta nota periodística Mongabay Latam solicitó por lo menos en tres oportunidades la versión del estudio de abogados, al que pertenece el señor Rey Bustamante, sin embargo hasta el cierre de la edición no recibimos respuesta alguna. Cuatro días después, sin embargo, Rey Bustamante hizo llegar a este medio una carta notarial que publicamos y respondemos en este artículo.
Imagen principal: Fiscal Alberto Yusen Caraza. Foto: Pro y Contra.
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