- Esta semana, ministros, congresistas y expertos ambientales han salido a responder los cuestionamientos de quienes sostienen que el acuerdo pone en riesgo la soberanía de la Amazonía y promueve la resolución de controversias ambientales en La Haya.
- Mongabay Latam conversó con quienes conocen el acuerdo o han participado en las negociaciones para mostrar las verdades y mitos detrás de una polémica que podría afectar la ratificación de Escazú.
Actualización
Pese a que el Acuerdo de Escazú contaba con la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se firmó el tratado en el 2018, el actual ministro de ese sector, Mario López Chávarri, declaró, el domingo 19 de julio en el programa Agenda Política de Canal N, que aún no hay un consenso sobre el tema.
“Hay una discusión que se ha abierto a nivel nacional con posiciones de uno y otro lado. Pero, hay una posición que es la de seguir dialogando, conociendo los pro y los contra. (…) No ratificarlo todavía, creo que todavía no hay un consenso. Es la mejor oportunidad ahora de conocer las diferentes posiciones. Recordemos que este convenio está hace un año en el Congreso, con lo cual se ha abierto el debate”, dijo el ministro.
Días antes, el miércoles 15 de julio, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) publicó un comunicado en el que se manifestó en contra de la ratificación de este acuerdo internacional. “No es conveniente ratificar el Acuerdo de Escazú, en aras de proteger nuestra soberanía nacional y dotar de seguridad jurídica a las actividades económicas del país”, dice el documento en representación de sus agremiados.
Expertos en derecho y justicia ambiental, así como parlamentarios del Congreso Peruano entrevistados por Mongabay Latam, han confirmado que la soberanía nacional no está en peligro con la ratificación del Acuerdo de Escazú. Tras las declaraciones del Canciller, el congresista Alberto Belaunde, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del parlamento, expresó su posición a través de su cuenta en Twitter: “Así de poco seria es la posición peruana. El mismo gobierno que impulsó y firmó el acuerdo, ahora sostiene esto. De no creer”.
El Acuerdo de Escazú ha sido el centro de atención en los últimos días. Mensajes en contra de su ratificación en el Congreso de la República han circulado principalmente en las redes sociales.
Los argumentos para criticar este acuerdo internacional firmado por el Gobierno peruano en setiembre de 2018 apelan a que con su ratificación se estaría poniendo en riesgo la soberanía nacional y la protección de la Amazonía.
“En los últimos días se han publicado algunas entrevistas y artículos con comentarios sobre el Acuerdo de Escazú, que no tienen fundamento jurídico alguno y que faltan de manera flagrante a la verdad”, dice Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente e impulsor de este tratado internacional.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que promueve el derecho de acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental; de participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente; y de acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países de América Latina y El Caribe. Y este tratado, además, aborda la protección de los defensores ambientales, un problema clave considerando que en los últimos cuatro años casi 400 hombres y mujeres en el mundo han sido asesinados por defender sus territorios.
“El Acuerdo de Escazú establece estándares mínimos para garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública y la justicia ambiental, y permitirá a los países de la región elevar los niveles de democracia, transparencia y rendición de cuentas en asuntos ambientales y de recursos naturales”, comenta Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Este acuerdo impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas ha sido firmado por 22 países y su ratificación ya se ha dado en nueve naciones. Para que entre en vigencia a nivel regional se requiere la aprobación de once de ellos. El Perú fue uno de los países firmantes y actualmente se espera su aprobación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República para luego ser ratificado por el Pleno del Congreso.
¿Qué argumentos han sido puestos sobre la mesa para oponerse a la firma del acuerdo? ¿cuáles son las verdades y mitos detrás del Acuerdo de Escazú?
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¿Amazonía en juego?
César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental y una de las personas que participó en las negociaciones de este acuerdo, les responde a quienes sostienen que con la ratificación del tratado el Estado peruano perdería su soberanía sobre la Amazonía, que corresponde al 53 % del territorio nacional.
“En ningún momento se menciona a la Amazonía ni a ningún ecosistema en particular y más bien se reitera la soberanía de cada país sobre sus recursos naturales”, explica Ipenza, asombrado por los cuestionamientos que considera pueden entrampar la ratificación de un tratado necesario para el país.
En las últimas semanas, las voces que se oponen al acuerdo, que incluyen a excancilleres de los gobiernos aprista y fujimorista, han declarado públicamente que el Perú perdería soberanía sobre la Amazonía y que se fomentaría el bloqueo de las inversiones de empresas madereras, mineras y de petróleo.
El congresista Alberto De Belaúnde, del Partido Morado, que integra la Comisión de Relaciones Exteriores, señala que lo que se ha iniciado es una campaña de desinformación para traerse abajo el acuerdo. “Se quiere presentar como si se tratase de la renuncia a la soberanía de la Amazonía peruana”.
Mariano Castro coincide y agrega que el artículo tres del acuerdo establece claramente el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y el principio de igualdad soberana de los Estados.
“El Acuerdo de Escazú trasciende la Amazonía. Es un tratado que se aplicará a países como Argentina, Chile, Uruguay, así como a países centroamericanos y caribeños que no forman parte del bioma amazónico”, reitera Castro.
La Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, también se pronunció esta semana durante su participación en el foro Acuerdo de Escazú: oportunidades y ratificación, organizado por la Clínica Jurídica Ambiental, de la Universidad Católica del Perú, y la Asociación Civil Themis y el programa de desarrollo social ‘Khuska’. Muñoz mostró su preocupación por las declaraciones de exservidores públicos que, asegura, manejan argumentos falsos. Además, se refirió también a la carta de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú en situación de retiro que circuló en redes sociales. En el documento se insiste en que el Acuerdo de Escazú vulnera la soberanía nacional e integridad nacional del Perú. “Lo que veo es una absoluta desinformación no solo por parte de quienes dicen las cosas sino de quienes las comentan”, señaló.
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¿Corte de la Haya para resolver controversias?
El segundo argumento que es mencionado por quienes critican la ratificación de Escazú es el peligro de que con la entrada en vigencia del acuerdo los conflictos ambientales tengan que resolverse en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, considerando —sostienen— que el Perú cuenta con sus propios mecanismos para garantizar la participación ciudadana.
El parlamentario del Partido Morado asegura que estos comentarios no hacen más que sorprenderlo, pues demuestran “desconocimiento sobre los principios del derecho público al asegurar que las controversias ambientales se resolverían en La Haya”.
El artículo 19 del acuerdo establece que si surge una controversia entre dos o más Partes respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Acuerdo, esas Partes se esforzarán por resolverlo por medio de la negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable.
“La Corte Internacional de La Haya no resuelve controversias entre comunidades y privados o entre estos y el Estado”, aclara Castro y agrega que en ningún caso un país puede obligar a otro a ir a la Corte de la Haya para resolver una controversia, para ello tienen que ponerse de acuerdo ambos países.
Carol Mora, de la SPDA, también menciona que “la Corte Internacional de la Haya resolverá los conflictos entre las partes del Acuerdo, es decir entre los Estados, los demás conflictos asociados al Acuerdo de Escazú se resolverán por vías nacionales y en instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El congresista De Belaúnde lamenta que la discusión sobre Escazú se esté polarizando y derive en una falsa dicotomía: desarrollo e inversión privada versus medio ambiente y conservación.
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¿Por qué incluir a los defensores ambientales?
Las presiones para frenar la firma de este acuerdo no son recientes. En diciembre de 2017, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) envió una carta al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, cuestionando la inclusión de un artículo referido a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
La razón, según indica la carta, sería incorporar garantías específicas de protección a personas u organizaciones en base a su activismo ambiental, por tanto, “se estaría reconociendo una categoría superior de ciudadano(s) que dista del precepto constitucional de igualdad ante la Ley”.
Mongabay Latam consultó a la SNMPE sobre su posición actual sobre este tema, pero hasta el cierre de la edición no recibió respuesta.
Para Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, quienes se pronunciaron entonces y lo hacen ahora contra el acuerdo “son empresas del sector extractivo interesadas en la explotación de los recursos naturales. Y, últimamente, han expresado su oposición algunos actores del sector conservador que señalan que el acuerdo atenta contra la soberanía del país, lo cual es falso”, precisa.
Asimismo, la funcionaria añade que desde el pronunciamiento de la SNMPE se ha avanzado en el desarrollo de protocolos, tanto desde la Defensoría del Pueblo como el Ministerio de Justicia, para garantizar la protección a los defensores de derechos humanos. “Si aspiramos ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o cumplir con los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas es importante cooperar entre el sector público y el sector privado, teniendo como base el respeto de los derechos humanos”.
Según el último reporte de Global Witness, publicado en julio del 2019, un informe anual que desde el año 2012 recoge las cifras de personas amenazadas y asesinadas por defender sus tierras y los recursos naturales. Según este informe, más de la mitad de los crímenes de defensores ambientales registrados durante el 2018 sucedieron en América Latina. Ese año, de 164 ambientalistas asesinados, 83 eran de países Latinoamericanos.
El informe de Global Witness indica que los conflictos asociados a la minería ocupan el primer lugar entre las causas detrás de estos asesinatos. La agroindustria es la siguiente en la lista, mientras que la defensa de las fuentes de agua se ubica en el tercer lugar.
Sin ir muy lejos, durante la pandemia por el COVID-19, Arbildo Meléndez Grandes, líder indígena de la comunidad nativa de Unipacuyacu, situada entre las regiones de Ucayali y Huánuco, fue asesinado. Meléndez había sido amenazado en varias oportunidades por traficantes de tierras e invasores dedicados a los cultivos ilegales.
“El Acuerdo de Escazú fortalece los derechos de participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental”, dice Francisco Rivasplata, coordinador del programa Derechos y Amazonia de la organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Rivasplata recuerda que el Acuerdo de Escazú tiene su origen en el Protocolo de Río de Janeiro de 1992 y menciona que este tratado otorga una perspectiva ambiental a las leyes sobre derechos humanos que existen en Perú. Sin embargo —dice Rivaspalata— aún hay países en la región que no cuentan con normas para proteger a quienes defienden sus territorios y los recursos naturales.
La Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, ha dicho que se debe garantizar que los defensores ambientales puedan realizar su trabajo sin restricciones, sin amenazas y sin inseguridad.
El congresista De Belaúnde dice que la ratificación del Acuerdo de Escazú debe entrar en la agenda de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República durante esta legislatura. “Esta polémica —precisa— no hace bien a un debate para deliberar la ratificación de un tratado importante como Escazú”.
*Imagen principal: Reunión para debatir el documento del Acuerdo de Escazú. Foto: DAR.
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