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Deforestación en el Chaco argentino: una medida legal intentó paralizarla pero solo duró tres días

gran chaco argentina

Un camión en la provincia del Chaco cargado de madera deja ver el grosor de los troncos, lo que evidencia la longevidad de los árboles cortados. Foto: Ricardo Tiddi.

  • Una medida cautelar canceló los permisos de deforestación en la provincia del Chaco el viernes 16, pero 72 horas después una medida contraria, tras la presión de la industria forestal y del Estado local, intentó frenarla.
  • La búsqueda de información es el objeto de la demanda. El problema de fondo es la falta de revisión desde 2009 del estado de los bosques nativos y su categorización de acuerdo a la ley.

En el Gran Chaco Argentino, la deforestación no se detiene y los intentos por frenarla a veces solo duran tres días. El viernes 16 de octubre, y ante una demanda presentada por la organización civil Conciencia Solidaria, dos juezas del fuero contencioso administrativo dictaron una medida cautelar que suspendía los permisos de deforestación y cambio de uso de suelo en todo el territorio provincial. El lunes 19, sin embargo, otro juez, en este caso del fuero civil y comercial, emitía a su vez una medida contraria, judicialmente denominada “anticautelar”. Estas dos decisiones han desatado una batalla legal de la que depende la conservación de un sector importante del segundo bosque más grande de Sudamérica.

El eje de la cuestión: la controvertida ley 26.331 o Ley de Bosques. En ella se establece que cada jurisdicción del país debe realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que es obligatorio revisar cada cinco años. Dicho ordenamiento categoriza las áreas boscosas según su importancia ecosistémica en zonas rojas (prohibición absoluta de deforestación), amarillas (autorizaciones parciales y sujetas a condiciones muy precisas) y verdes (se permite la deforestación con permiso de la autoridad competente).

Momento de descanso para la topadora tras el derribo de dos árboles. La imagen un área de bosque nativo desmontada en 2019. Foto: Greenpeace Argentina.

En el caso concreto del Chaco, el ordenamiento territorial de bosques se efectuó en 2009 y estableció la existencia, en ese momento, de 4 926 602 hectáreas de bosque nativo (el 49,45 por ciento de la superficie provincial). De ellas, el 62,93 por ciento correspondía a zona amarilla; el 31,09 por ciento a zona verde; y apenas el 6 por ciento se encontraba en zona roja. El problema es que desde entonces no se realizaron, como manda la ley, las revisiones a las categorías —roja, amarilla y verde— que hubiesen correspondido ser efectuadas en 2014 y 2019.

“Esta irregularidad tiene un efecto práctico sobre el bosque”, señala Ricardo Tiddi, físico investigador e integrante de las organizaciones civiles Somos Monte y Conciencia Solidaria. “Desde 2014 se conceden permisos de cambio de uso de suelo —como la Administración denomina al desmonte o deforestación— según las condiciones que había en 2009”, explica Tiddi. “Hoy, una década después, los cambios climáticos y la pérdida de monte ocurrida en este tiempo han modificado la mirada y, seguramente, bosques que en su momento fueron incluidos en zona verde ahora lo estarían en amarilla o roja”.

Por esta razón, el 16 de octubre, las juezas Natalia Prato y Silvia Varas firmaron la medida cautelar que ordena a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal local la “inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre de 2014 y hasta el presente”. También ordena que se suspendan los trámites de otorgamiento de permisos para dichas actividades, al tiempo que se le solicita a la citada dependencia la información sobre todos los permisos emitidos desde 2010 hasta la fecha y se le otorga un plazo de cinco días para entregarla.

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Entre la polémica y las dudas

Nora Giménez, una de las abogadas que representan a Conciencia Solidaria en la demanda, precisa que lo que buscan saber es si el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco, vencido desde 2014, permitía seguir emitiendo permisos. Y a esto sumarle quiénes fueron los beneficiados durante este tiempo. “Hace dos años que venimos pidiéndole al Estado pero no nos respondieron ninguno de los cinco escritos que presentamos, aunque sí aprovecharon para seguir desmontando”, precisa la abogada.

La difusión de esta noticia provocó la reacción inmediata de los sectores dedicados a la actividad forestal en la provincia del Chaco. “Una parte de la medida se presta a confusión y ha generado temor entre los productores”, dice Mario Bejarano, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco, entidad que funciona como nexo entre los productores forestales y las instituciones públicas. El representante del Consejo sostiene que “como el origen está en la falta de actualización del OTBN, puede pensarse que la suspensión de permisos no sería solo de cinco días sino que cabría extenderla hasta que se produzca esa actualización [del Ordenamiento]. La Justicia debió aclarar este punto”.

Troncos de quebracho colorado y algarrobo se amontonan en una zona de desmonte destinada a la actividad a la actividad agrícola. Foto: Fundación Vida Silvestre – @YawarFilms

La forestal fue, posiblemente, la primera actividad comercial que tuvo lugar en el Chaco, incluso mucho antes que el territorio fuera declarado provincia y recibiera su nombre actual. A principios del siglo XX, la empresa británica con ese mismo nombre —La Forestal— arrasó alrededor de 2 000 000 de hectáreas de bosques en un área que incluía zonas que hoy corresponden a Santa Fe y Santiago del Estero. Su principal “víctima” fue el quebracho colorado (Schinopsis balansae), árbol del cual se extrae el tanino. La empresa poseía cinco fábricas de tanino en la región.

Desde entonces, la industria ha mantenido su importancia (Chaco ocupa el primer puesto del rubro en el país), y aunque ya no es la principal actividad comercial, las cifras de producción anual marcan su peso en la economía local. De hecho, el trabajo en el bosque y en aserraderos y fábricas fue uno de los pocos que pudo continuar durante los largos meses de pandemia.

En 2019, unos 600 permisos otorgados por la Dirección de Bosques se tradujeron en 350 000 toneladas de rollos y 500 000 toneladas de leña que, a su vez, originaron 40 000 toneladas de tanino, 160 000 de carbón y 15 millones de piezas de muebles y aberturas, acorde a los datos de la citada dependencia. Según el Consejo Profesional, la extracción de madera ronda las dos millones de toneladas al año y el volumen comercial supera los 20 millones de dólares. “Pero además, entre los obrajes y la industria se da empleo a unas 25 000 personas”, informa Mario Bejarano. Ricardo Tiddi pone en dudas la certeza de estos números: “Hemos pedido varias veces las guías que se les dan a los camiones para comparar la extracción real con la que aparece en los permisos. Nunca nos dieron ese dato. La realidad es que la Dirección de Bosques no sabe realmente la cantidad de árboles que se cortan ni de dónde se extrae la madera”.

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El Estado apoya a la industria

La medida cautelar despertó alegría entre quienes defienden la necesidad de detener la constante pérdida de bosque que padece la provincia —25 700 hectáreas en 2018; 19 000 en 2019; más de 8000 en el transcurso de este año—; y pánico entre quienes participan del negocio maderero.

Estos últimos se apresuraron en acudir a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco, incluso antes de recibir la notificación oficial del juzgado, y el Estado respondió con celeridad. “La actividad forestal no es desmonte, se trata de un error conceptual muy común”, expresa en diálogo con Mongabay Latam Luciano Olivares, máximo responsable de esa dependencia, antes de abundar en la encendida defensa de la actividad: “Las industrias forestales son las primeras interesadas en que los bosques se mantengan en pie. Es una producción agropecuaria que adquiere valor agregado en los aserraderos y las fábricas de tanino y carbón, paga sus impuestos, cumple con la ley y ofrece puestos de trabajo a los chaqueños”.

Los camiones esperan para ser cargados en un área cercana al Parque Nacional Copo que está siendo desmontada. Foto: Greenpeace Argentina.

La causa fue puesta en manos de Jorge Mladen Sinkovich, juez del fuero civil y comercial. El magistrado dictó en 72 horas una medida “contra cualquier resolución judicial y/o de cualquier otra índole (…) que alteren o restrinjan la ejecución de planes, permisos, guías de tránsito de productos forestales e industriales, o el avance de permisos o autorizaciones otorgadas que se encuentren en ejecución (…), o que produzcan la interrupción o suspensión de la producción y la industria forestal”.

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Apelaciones y críticas

La decisión levantó revuelo en el ámbito judicial porque deja en una especie de limbo la legalidad de continuar o no con las tareas en el bosque. Una medida no anula la otra, pero le brinda a los productores forestales una herramienta para continuar realizándolas. “De todos modos, la cautelar paraliza la actividad de la Dirección de Bosques, no la forestal”, enfatiza la bióloga Micaela Camino, integrante de la asociación civil Somos Monte, una de las que forma parte de Conciencia Solidaria. “Hubo mucho movimiento popular respecto a este tema y entiendo que el Gobierno debería cuidarse de otorgar permisos hasta tanto se llegue a una definición”, sostiene Nora Giménez.

Las consecuencias de ambas medidas ya están teniendo respuestas en los juzgados. El viernes 23 de octubre, Conciencia Solidaria apeló la medida del juez Sinkovich. Del otro lado, el subsecretario Luciano Olivares confirma que el Estado hará lo mismo con la cautelar decretada por las juezas Prato y Varas, “porque sin el manejo de los permisos se le estaría prohibiendo al Estado su facultad y obligación de gestión y control de los bosques”.


La letrada Giménez, en todo caso, subraya que “el objetivo de la anticautelar es, sobre todo, impedir el envío de información, porque con ella saldría a la luz el incumplimiento de la Ley de Bosques y la consiguiente responsabilidad ambiental del Estado”. Ricardo Tiddi va más allá: “Lo que quedaría al descubierto es la disparidad entre las cifras públicas que brinda la Dirección de Bosques y las que se obtienen al observar las imágenes satelitales. Los datos no coinciden con los de los planes que ellos autorizan”. Micaela Camino concluye: “No sabemos cuál es esa información tan sensible que nos ocultan, si son los nombres de los dueños de los campos o lo que han hecho en ellos. Pero harían bien en darla porque la imaginación siempre es peor que la realidad”.

El nudo principal, en todo caso, demorará en resolverse. “La revisión del OTBN tendría que haberse hecho en su momento”, acepta Mario Bejarano. El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Forestales cree que lo ocurrido en los últimos días puede cambiar el pensamiento en ese sentido: “El productor no se preocupa de las cuestiones técnicas, pero a partir de lo sucedido y al ver que el incumplimiento puede motivar una parálisis del sector es posible que se genere un movimiento para ponerse al día”.

La batalla legal promete ser tan ardua como la de declaraciones en los medios y las calles. La deforestación en el Chaco continúa en el ojo del huracán, a merced de los intereses, las presiones y los vientos.

Imagen principal: Un camión en la provincia del Chaco cargado de madera deja ver el grosor de los troncos, lo que evidencia la longevidad de los árboles cortados. Foto: Ricardo Tiddi.

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