- Son 19 las medidas que se buscan implementar para recuperar los ecosistemas del salar de Punta Negra que sufrió daños irreparables debido a las operaciones de Minera Escondida.
- Dicha recuperación, sin embargo, no está garantizada y habrá que esperar los resultados científicos para saber si los ecosistemas pueden restaurarse.
- La distribución del presupuesto causa ciertas disconformidades entre algunos miembros de las comunidades. El dinero destinado a difusión podría ser hasta 19 veces mayor que el invertido en forénsica ambiental.
Las aguas del Salar Punta Negra, cercano al Salar de Atacama, al norte de Chile, fueron durante 27 años extraídas por la Minera La Escondida, de BHP Billiton, como parte de sus operaciones para la explotación de cobre. Producto de esa extracción, que cesó en 2017, los niveles del acuífero del salar disminuyeron a tal punto que los bofedales y toda la vegetación que lo rodeaba se secaron. Gran parte de la fauna que ahí habitaba desapareció al perder su hábitat y se perdió el ecosistema de manera “irreparable”, así lo señaló la demanda en contra de la empresa que en abril del año pasado presentó el Consejo de Defensa del Estado ante el Primer Tribunal Ambiental.
A inicios de junio, dicho tribunal dio a conocer que Minera Escondida, las comunidades indígenas del sector y el Consejo de Defensa del Estado habían llegado a un inédito acuerdo de conciliación, que contempla 19 medidas, para intentar compensar y reparar el daño producido.
“Este es el fruto de un trabajo conjunto en el que primó la voluntad de diálogo y un marcado compromiso por la sustentabilidad del Salar de Punta Negra”, dijo el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Escondida, Cristóbal Marshall y agregó que “ahora viene la implementación de un plan medioambiental para apoyar la sustentabilidad del Salar de Punta Negra”. Sin embargo, aún no está dicho que ello sea efectivamente posible.
“Nosotros tenemos la esperanza viva de que el salar se pudiera recuperar para poder continuar viviendo de esta tierra”, dice Amanda Barrera, presidenta de la comunidad indígena de Peine, la más cercana al salar de Punta Negra. Pero para saber si eso es factible, lo primero que habrá que hacer es resolver, finalmente, algo que durante años las comunidades venían reclamando: entender cuál es el estado real del salar. “Es lo que pretendemos ahora a través de esta conciliación. Que se puedan hacer los estudios y decir si efectivamente lo vamos a lograr recuperar. O tal vez los estudios puedan determinar que no hay recuperación alguna”, explica Barrera.
Los daños del salar
El pueblo Atacameño o el Licakan-antay, que en idioma kunza quiere decir ‘los habitantes del territorio’, utilizaban los bordes del salar de Punta Negra como sitios de pastoreo porque “había abundante agua”, cuenta el comunero Francisco Mundaca, ingeniero civil ambiental especialista en temas hídricos e hidrogeología. Mundaca no conoció el salar en buen estado de salud, tampoco Amanda Barrera, pero eso es lo que cuentan los ancianos, algunos de los cuales alcanzaron incluso a formar parte de la generación del Licakan-antay que trashumaba por el salar junto a sus animales, por rutas que hoy son vestigios históricos y patrimoniales de esta cultura indígena. En estas rutas los animales bebían en las aguadas que se formaban y que hoy no existen, y los hombres y mujeres recolectaban huevos de flamenco para el consumo aunque “con un respeto único”, precisa Barrera, porque “sacaban la cantidad justa y necesaria para repartir entre los habitantes del pueblo”.
La importancia de los flamencos era y continúa siendo tal, que las plumas de estas aves rosadas son todavía utilizadas en ciertas ceremonias. Pero la mayoría de los flamencos también se fueron de Punta Negra. Hoy “hay menos de la mitad”, asegura Barrera, y aunque “se trabajó en algún período en formar nidos artificiales que permitieran la reproducción, tampoco dio mucho resultado”, cuenta la presidenta de la comunidad de Peine. “El daño es a simple vista”, asegura. “No ves nada de vegetación”, dice. Así lo confirmó el Consejo de Defensa del Estado en su demanda contra Minera Escondida. “Entendiendo que la extracción de aguas subterráneas de Minera Escondida Limitada fue la única perturbación antrópica en la cuenca susceptible de deprimir los niveles freáticos, es posible confirmar que fue dicha explotación la actividad que provocó el desecamiento del sistema”, dice el documento.
Aunque el daño provocado ha sido descrito como “continuo, permanente, acumulativo e irreparable”, las 19 medidas del acuerdo de conciliación buscarán de todos modos rescatar, aunque sea en parte, el ecosistema del salar de Punta Negra. “Si no se hacen los esfuerzos suficientes para recuperar la vida del salar, la sentencia no tendría muchísimos efectos, sino más bien sería un acto declaratorio de certezas que las comunidades venimos repitiendo constantemente”, explica Sergio Chamorro, abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, integrado por representantes de 18 comunidades indígenas de la zona.
Las medidas de la conciliación
El conjunto de las medidas fueron propuestas por el Primer Tribunal Ambiental y luego estas fueron deliberadas, modificadas y ajustadas por las comunidades en largas jornadas de asamblea, asegura Chamorro.
Dichas medidas, según el acuerdo de conciliación, comenzarán con la implementación de una Mesa de Gobernanza Socioambiental integrada por dos representantes de la comunidad de Peine, un representante del Consejo de Pueblos Atacameños, dos representantes del Estado designados por el Consejo de Defensa del Estado y dos representantes de Minera Escondida. Su objetivo será velar porque el plan se cumpla según lo acordado.
Luego, se realizará una serie de estudios para saber cuál es el estado actual del salar. Entre ellos se cuenta el de forénsica ambiental que busca establecer, mediante un método científico, el origen y las responsabilidades del deterioro del ecosistema. También se realizarán estudios hidrogeológicos para analizar el estado del acuífero, un estudio de especies clave, de hábitat, de composición del suelo y un catastro de todos los componentes ambientales que existen tanto en la tierra como en el agua, incluyendo los microorganismos que son protagonistas en el funcionamiento de todo el ecosistema.
En efecto, las lagunas de los salares son el refugio de los tapetes microbianos, ecosistemas conformados por microalgas y bacterias. Cristina Dorador, especialista en microbiología de los salares, explicó a Mongabay Latam que “si las lagunas se secan, el tapete microbiano también disminuye su complejidad, su diversidad y a la larga eso hace que disminuyan otros organismos”, como por ejemplo los flamencos que encuentran en ellos su fuente de alimentación. “Por eso gran parte de las medidas están enfocadas en hacer los estudios de cómo protegemos estos microorganismos y cómo vamos a lograr multiplicarlos para proyectar la supervivencia de las parinas (flamencos) a futuro”, dice Barrera.
Pero tal vez una de las medidas más decisivas para saber si el salar de Punta Negra podrá algún día acercarse a lo que fue, es aquella que busca acelerar la recuperación natural del acuífero aportándole agua de manera artificial.
Esta medida, la número 17, considera la posibilidad de buscar agua fuera del territorio, ya sea en las subcuencas vecinas u “otras opciones emanadas de la investigación por parte de la Mesa de Gobernanza Socioambiental, tales como agua de lluvia o aguas grises previamente tratadas”. Cualquiera sea el caso, las aguas tendrían que tener la capacidad de ser acondicionadas a una calidad equivalente a las que emanan de manera natural en el salar, precisa el texto. “Queda abierta la medida. No está cerrada, sino que hay que buscar alternativas para después determinar cuál es la correcta que debería aplicarse”, explica Chamorro.
Una vez que se encuentre la fuente de agua, se realizarán estudios en laboratorio para evaluar sus efectos sobre los tapetes microbianos. Si todo sale bien, se realizará luego un riego piloto en el terreno para verificar su idoneidad y como última etapa se iría escalando el proceso de reinyectar el agua en el salar de manera gradual.
Actualmente Minera Escondida le entrega al salar, de manera artificial, un caudal de 20 litros por segundo, pero “no existen estudios que permitan establecer si lo que se está haciendo contribuirá a la vida o a la recuperación del salar”, explica Barrera. De hecho, Mundaca, quien además es el encargado de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, un equipo integrado por profesionales y monitores ambientales de las mismas comunidades, que realiza monitoreos ambientales independientes a los de las empresas que operan en la zona, precisa que ese riego solo intenta mantener la fauna más grande, como los pocos flamencos que aún quedan y vicuñas que transitan por el lugar, “pero no ves insectos, no ves otra especie como ranas que antes existían, chinchillas, roedores nativos que existen en todos los bordes de los salares”.
El objetivo esta vez es que los estudios que se realicen permitan determinar si reinyectar agua es o no el camino.
Según Chamorro, la aparente contradicción de insistir en la posibilidad de “regar” el salar cuando esa medida hasta ahora no ha mostrado resultados, “es aclarada o es superada en la lógica de que todas las medidas tienen que ir avanzando en su conjunto. No ver la medida 17 de manera aislada, sino que ver todo el conjunto de acciones”, dice. “Esto quiere decir, insiste, que es necesario levantar información ecosistémica, de las condiciones actuales del salar y desde ahí buscar alternativas que permitan recuperar alguna de sus funciones ecosistémicas”.
Por último, la conciliación también incluye identificar uno o más humedales altoandinos que presenten características clave equivalentes a las que se encuentran en el salar de Punta Negra y desarrollar allí un plan de conservación que incluya, por ejemplo, la recuperación de áreas degradadas y la eliminación de amenazas presentes.
También se consideran otras medidas como el retiro de la infraestructura industrial, específicamente aquella que estaba destinada a la captación y a la conducción del agua; la recuperación de las rutas de trashumancia y transferir todos los derechos de aprovechamientos de aguas al Ministerio de Medio Ambiente para que sean utilizados con fines de conservación.
Todas las medidas quedarán estipuladas en un plan de manejo que será construido por terceros independientes, en conjunto con la Mesa de Gobernanza, y que permitirá en el largo plazo darle seguimiento a todas ellas.
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El presupuesto para recuperar el salar
Aplicar todo este plan acordado en la conciliación podría alcanzar los US$93 millones, con un monto mínimo fijado en US$81 millones. Pero la manera en la que será invertida la millonaria cifra no convence del todo a algunos miembros de las comunidades.
En efecto, el detalle del presupuesto señala que US$1 980 000 serían destinados a difundir los resultados de las medidas cuando sean aplicadas. En cambio ciertos ítems vinculados al análisis científico son considerablemente más bajos. El estudio de forénsica ambiental, por ejemplo, que es la investigación legal del deterioro ambiental aplicando el método científico, está presupuestado en US$100 000. Para el levantamiento de la línea base, por otro lado, que busca detallar con precisión los componentes físicos, acuáticos y terrestres del lugar, se consideran US$352 113.
“¿Por qué gastar tanta plata en difusión si lo importante es recuperar el salar y estudiar qué es lo que pasó?”, se pregunta Mundaca. “Esos fondos se van a ir a limpiar la imagen de la empresa”, dice. Por lo que asegura que “no es que estemos a favor 100 por ciento en esta conciliación”.
Científicos expertos en restauración ecológica aseguran que, para estimar si los recursos son o no suficientes, es necesario tener más detalles sobre cuáles son las preguntas que cada uno de los estudios científicos buscará resolver.
Chamorro, por su parte, asegura que “esos montos son referenciales. No será el monto definitivo en su implementación”, e insiste en el hecho de que “las medidas están relacionadas y no pueden atenderse por separado”.
Mongabay Latam envió preguntas a Minera Escondida para saber por qué el presupuesto dedicado a difusión es 19 veces mayor que el destinado al estudio de forénsica ambiental y duplica el del levantamiento de la línea base. Sin embargo, hasta la publicación de este artículo la empresa no envió respuestas.
En cuanto a los plazos, el abogado del Consejo de Pueblos Atacameños asegura que “serán 12 años de piso mínimo para recién empezar a generar algunas proyecciones sobre el salar”. Así, tal vez en una década más los habitantes de Peine y de las demás comunidades atacameñas aledañas sepan finalmente si es que hay una esperanza para el salar de Punta Negra.
Imagen principal: Monitoreos realizados por la unidad de medio ambiente del Consejo de pueblos Atacameños. Foto: Francisco Mundaca.
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