- Se trata de uno de los grandes pendientes que Chile tenía en materia ambiental y que permitirá, entre otras cosas, reunir la gestión de las áreas naturales protegidas en una sola institución.
- La ley establece que en al menos tres categorías, las más estrictas, no se permitirán concesiones sectoriales.
- Mejorar el financiamiento y proteger a los parques y reservas marinas de la industria salmonera son algunos de los desafíos que quedan pendientes.
El Congreso Nacional de Chile aprobó la llama Ley de la Naturaleza que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Doce años tuvieron que esperar las organizaciones ambientales, científicos y ciudadanos que exigían una protección más efectiva de los ecosistemas representativos de Chile. El SBAP será el primer organismo público con dedicación exclusiva al cuidado de las áreas protegidas del país y de la biodiversidad terrestre y marina que se encuentra tanto al interior como al exterior de ellas.
Con este paso se concreta uno de los grandes pendientes que Chile mantenía en materia ambiental. “Requeríamos de una instancia robusta de protección para que estas áreas (protegidas) no sean solo delimitaciones territoriales, sino que tengan efectivamente una protección”, señaló la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo.
Uno de los principales problemas que este servicio busca resolver es la dispersión de la gestión de las áreas naturales protegidas que actualmente está en manos de diversos organismos. En ese sentido, el SBAP, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, viene a homogeneizar mejor las decisiones y lo que es más importante, aseguran los expertos, con una mirada integral de ecosistemas. “Hoy en día tenemos cinco ministerios que están a cargo de áreas protegidas y esa dispersión no le hace bien ni a la naturaleza ni a nosotros porque es poco efectivo. Ahora tenemos una institución pública 100 % dedicada a esta tarea”, dijo la ministra de medio ambiente, Maisa Rojas.
La creación del SBAP es parte de la institucionalidad ambiental que comenzó a conformarse en 2010 cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente que se encarga de fiscalizar el cumplimiento de los permisos ambientales. “La cuarta pata de esa mesa iba a ser este servicio, pero quedó pendiente. Desde entonces estábamos esperando por él y es súper importante porque completa este diseño (de institucionalidad ambiental)”, explicó la ministra Rojas.
Los desafíos, sin embargo, son grandes, asegura Flavia Liberona, directora de la organización ambiental fundación Terram. “No sacamos nada con tener una ley que no se puede implementar por falta de financiamiento estatal o por falta de capacidades técnicas”, dice. “El desafío de este gobierno es iniciar la implementación de ley, cambiando el rumbo de lo que hasta ahora ha sido un deficiente compromiso del Estado con las áreas protegidas públicas”, sostuvo.
Los principales aportes de la ley
Según María Isabel Manzur, miembro de la fundación Chile Sustentable y quien ha seguido de cerca la tramitación de la ley desde sus inicios, la nueva normativa asegura una mayor protección que la que existe actualmente puesto que, hasta ahora, “las áreas protegidas se regían por la Convención de Washington”. Dicha convención —que es un tratado internacional suscrito y ratificado por Chile que establece, entre otras cosas, que las riquezas existentes en los parques nacionales no se explotarán con fines comerciales— “a veces primaba y a veces no, porque no había una ley nacional para aplicarla”.
Es así como numerosas áreas protegidas en Chile tienen en su interior proyectos extractivos. Según precisa la experta de Chile Sustentable, un estudio de 2011 concluyó que un 42 % de las áreas protegidas tenían actividades industriales dentro de su territorio. “Ahora ya tenemos Ley de la República que establece que en al menos tres categorías, las más estrictas, no se va a permitir concesiones sectoriales ni acuicultura”, señala Manzur. ¿Cuáles son esas categorías?
La ley establece un nuevo ordenamiento de áreas protegidas ajustado a los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): reservas de región virgen, parques nacionales terrestres y marinos, reservas nacionales terrestres y marinas, monumentos Naturales, áreas de conservación de múltiples usos y áreas de conservación de pueblos indígenas.
En las categorías más estrictas de conservación, que son las reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos naturales, quedó prohibida la explotación comercial de recursos naturales y la instalación de infraestructura industrial.
Las reservas nacionales, las áreas de múltiples usos y las áreas de conservación de pueblos indígenas, en cambio, sí permiten usos aunque sostenibles. La condición es que dichos usos no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos del área, sin embargo, ambientalistas temen que esto pueda abrir las puertas a proyectos mineros, energéticos u otros.
Según el ministerio de medio ambiente, existen varios candados con los cuales “será difícil que se instalen proyectos al interior de las áreas protegidas”. En primer lugar, no se podrán otorgar concesiones si el área protegida no cuenta con plan de manejo. Pero, además, en caso de que exista un plan de manejo, tampoco se podrán otorgar concesiones si estas no son compatibles con él o con las especies o ecosistemas que el área busca proteger. En ese sentido, cabe destacar que “el plan de manejo, a partir de esta ley, podrá establecer prohibiciones y actividades incompatibles”, aseguró el ministerio.
Además, para el otorgamiento de una concesión al interior de reservas nacionales, áreas de múltiples usos y áreas de conservación de pueblos indígenas, “tiene que haber un informe favorable del Servicio de Biodiversidad”, agregó Manzur. Sin embargo, una pregunta que aún está por responder, dice la experta, es si va a haber presión de las industrias a la hora de hacer los planes de manejo.
Para Liberona, “sin duda van a existir presiones para que los planes de manejo se elaboren con celeridad y para que en ellos se puedan otorgar nuevas concesiones sectoriales”. En este sentido, señala, es fundamental que el Servicio cuente con el financiamiento necesario y que se tomen los resguardos para que “no se intente desmembrar el sistema o que se acepte financiamiento de privados que podrían tener intereses distintos a los de conservación”.
Los puntos de la ley que quedaron pendientes
Uno de los puntos más controversiales durante la discusión de la ley fue un artículo que modificaba la Ley General de Pesca y Acuicultura, la cual impedía la renovación y otorgamiento de nuevas concesiones para la salmonicultura en áreas marinas protegidas.
Actualmente, más de 400 concesiones para criar salmones se encuentran al interior de áreas marinas que tienen algún grado de protección. Esto ocurre a pesar de que la ciencia ha demostrado que la industria salmonera genera serios impactos en los ecosistemas. Uno de los más graves ocurre cuando, debido al exceso de nutrientes asociado a la crianza de los peces, se acaba el oxígeno en el agua y, como consecuencia, muere la vida bajo el mar.
La razón por la que la salmonicultura existe en áreas protegidas es que, según la ley de pesca, las únicas categorías de protección que prohíben el desarrollo de esta actividad son los parques nacionales y monumentos naturales. En todas las demás áreas protegidas la salmonicultura está permitida. Sin embargo, a pesar de la restricción que prohíbe el desarrollo de la industria al interior de parques, la salmonicultura también se ha instalado en ellos. Tal es el caso de Alberto de Agostini y Laguna San Rafael.
La propuesta de ley buscaba impedir la renovación y otorgamiento de nuevas concesiones para la salmonicultura en todas las áreas marinas protegidas. Sin embargo, dicho artículo fue rechazado por el Congreso.
Tras el rechazo, lo que queda vigente es el artículo de la ley de pesca que ya prohíbe la acuicultura en las categorías más estrictas de protección, pero que la autoriza en las demás. ¿Cómo el SBAP hará valer la ley para que no haya salmonicultura en parques nacionales si es que, aún estando actualmente prohibida esa actividad, existe de todos modos? “El retiro de las concesiones de Parques Nacionales se va a tener que abordar no sé cómo. Son de los temas pendientes que quedaron”, señala Manzur.
“A nosotros nos hubiera gustado que quedara explícito que no se permite la salmonicultura en ninguna categoría, pero es un proceso que este país va a tener que hacer en el curso del tiempo”, agrega la experta. “El Estado mismo le dio permiso a las salmoneras para que operen en reservas nacionales, incluso en parques nacionales donde está prohibido. Entonces ahora quitarles eso, no es fácil”, dijo.
Por otro lado, hace 20 años atrás se crearon 334 sitios prioritarios que son sitios de importancia de biodiversidad para cada región del país y que están a la espera de que si se crea una nueva área protegida, puedan ser priorizados. La ley que fue aprobada incluye la revisión de esos sitios prioritarios en el curso de dos años. Ambientalistas aseguran que habrá que monitorear esa revisión para impedir que, en el proceso, sitios que hoy son considerados prioritarios pierdan esa categoría.
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Más allá de las áreas protegidas
Una investigación de Mongabay Latam encontró que en Chile, 40 proyectos mineros cercan 16 parques y reservas nacionales. Los proyectos se ubican al interior, en los límites o en zonas próximas a las áreas protegidas e incluso hay casos en donde hasta ocho proyectos se ubican alrededor de una sola área protegida.
La razón se debe a que en Chile, los decretos que crean los parques y reservas no contemplan una zona de amortiguamiento en torno a ellos. Dicha zona es un territorio que la bióloga Cristina Torres, coordinadora del programa marino de WWF y experta en gestión ambiental, describió como “un cinturón de protección ecológico” que reduce las influencias negativas de las actividades humanas. Esto es importante porque los impactos pueden ocurrir tanto si las actividades están dentro de las áreas protegidas como si están a su alrededor, aseguran los expertos.
Es por eso que en numerosos países los parques y reservas cuentan con una zona de amortiguamiento también llamada buffer que son “clave” para asegurar la conservación de las áreas protegidas. En Chile, en cambio, esta figura no está contemplada en la normativa por lo que existen casos en donde los proyectos mineros operan a escasos metros de los límites de estos espacios protegidos. Eso es “increíblemente peligroso”, advirtió Torres.
La ley que crea el SBAP viene a llenar ese vacío, asegura Manzur, ya que existe un artículo dedicado a las zonas de amortiguamiento, donde los usos podrán ser parcialmente restringidos.
Por otra parte, el SBAP también tendrá herramientas para proteger la naturaleza fuera de las zonas de protección. En ese sentido, el Servicio tendrá instrumentos para hacer planificación ecológica y resolver el problema de las especies exóticas invasoras. “En Chile hay 25 de las 100 especies invasoras más dañinas y eso también es una amenaza”, precisó la ministra Rojas.
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¿Habrá suficiente financiamiento?
Según precisó el Ministerio de Medio Ambiente a este medio, el presupuesto anual del SBAP asciende a 36 mil millones de pesos (45 363 714 USD), pero además se destinarán más de 15 mil millones de pesos (18 901 607 USD) para cubrir los gastos de implementación. “Estos últimos son transitorios y se han establecido para que refuercen el presupuesto de SBAP durante los primeros cuatro años”, señaló el ministerio.
Adicionalmente, también será traspasado el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) que depende de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el organismo que hasta ahora se hace cargo de la administración de las áreas protegidas terrestres. Dicho presupuesto, bordea los 20 mil millones de pesos (25 201 541 USD).
Según los cálculos realizados por Fundación Terram, sin embargo, ese financiamiento sería insuficiente. Los casi 20 mil millones de pesos del SNASPE, explica Liberona, “son para la administración y gestión de 18 620 139 hectáreas de superficie, las que no incluyen al recién creado Parque Nacional Desierto Florido” y tampoco las áreas marinas que bordean las 147 millones de hectáreas y que “casi no tienen financiamiento”. Además, “hay que destacar que una parte de ese presupuesto (los 20 mil millones de pesos) proviene del aporte fiscal y otro de la recaudación por entradas”. Con todo, “resulta urgente que el Estado de Chile se comprometa con un plan que implique un mayor aporte fiscal para la totalidad de las áreas protegidas”, asegura.
Manzur, por su parte, si bien coinciden en que el presupuesto “no es suficiente”, considera que “da el piso para que el Ministerio y el Servicio gestionen presupuestos adicionales”. Según la experta, el Ministerio podrá postular a fondos que estarán destinados a que los países cumplan con el compromiso de proteger el 30 % de sus ecosistemas al 2030. “Pero si no tenemos ley, no tenemos Servicio de Biodiversidad, no hay ninguna posibilidad de aumentar ese presupuesto”.
*Imagen Principal: Huemul. Foto: Película Huemul, La sombra de una especie”, de Diego Canut.
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