“Las comunidades y los liderazgos sociales son el actual botín de guerra en Colombia” | ENTREVISTA

Lo que va del 2023 ha sido un tiempo convulso para Colombia. En las últimas semanas, eso ha sido aún más evidente a partir del asesinato de cuatro menores de edad pertenecientes a pueblos indígenas, que habían sido reclutados por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El evento ha significado un enorme revés para la política de Paz Total, una estrategia lanzada por la gestión de Petro, que busca negociar con la mayor cantidad de grupos armados en el país. Una vez hecho público el asesinato de los niños, el gobierno decidió romper diálogos con este grupo y suspender el cese al fuego bilateral que se había acordado.

¿Cómo afecta esta crisis a la seguridad de las poblaciones indígenas y campesinas de la Amazonía? ¿En qué situación coloca a los defensores ambientales y líderes comunitarios? Para abordar estos temas, Mongabay Latam entrevistó a  Estefanía Ciro, economista con maestría en Historia, investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonía colombiana A la orilla del río y excoordinadora del área de Narcotráfico, Economía de Drogas Ilegalizadas y Conflicto Armado en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia.

En el contexto actual de Colombia, dice la investigadora, “hay múltiples actores disputándose no solo rutas del narcotráfico, sino disputándose las bases sociales, el control del territorio y control de la población”.

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—¿Cuál es la situación actual de los defensores ambientales, sociales e indígenas en el país?

—Es crítica. Lo primero es que estamos evidenciando una lucha por la base social, por las organizaciones sociales. Tenemos en la cabeza que esta es una guerra como en la época de las FARC, donde la pelea era de un actor contra el Estado, pero este escenario es diferente. Hay múltiples actores disputándose no solo rutas del narcotráfico, sino disputándose las bases sociales, el control del territorio y control de la población. Las comunidades y los liderazgos sociales son el actual botín de guerra en Colombia.

Eso se refleja en el asesinato de líderes. Es decir, si tú no estás conmigo, te asesino. Estamos ante el uso de los líderes para la guerra: llega el actor armado y si el líder no le guarda las armas, no le da información o no hace lo que se le ordena, entonces se convierte en objetivo militar porque se asume que está del lado del otro bando. Comienza el señalamiento, la estigmatización y luego el asesinato. Esto lo puedes ver muy claro con el CRIC [Consejo Regional Indígena del Cauca] en el Cauca y lo puedes ver en la Amazonía.

En la Amazonía tienes el surgimiento de nuevas organizaciones criminales e imposición de control a las Juntas de Acción Comunal (JAC). Para que las comunidades demuestren que están con ellos [los grupos armados], tienen que ir a reuniones, hacer guardias. Los grupos armados buscan por todos los medios configurarse como un actor político. En medio de este escenario también están los políticos, corruptos y grupos paramilitares que aprovechan el desorden para cometer delitos que quedan en la impunidad. Creo que el gobierno colombiano no tiene una buena lectura de los liderazgos a nivel territorial.

—Desde que Gustavo Petro estaba en campaña, ha dicho que le interesa la protección de los líderes y que es una de sus prioridades, ¿por qué dice que no hay una buena lectura de los liderazgos?

—La izquierda que está gobernando en el país es una izquierda muy bogotana, muy centralista y muy urbana. Eso ha demorado la incidencia en las regiones porque no las conocen, apenas están empezando a entender la situación.

—¿Cree que la crisis política que atraviesa el gobierno de Gustavo Petro tiene consecuencias en la forma en que vive la gente en las regiones rurales?

—Absolutamente. Venimos de muchas crisis, pero quiero referirme a la crisis de la Paz Total [objetivo del presidente de alcanzar la paz a través de negociaciones con la mayor cantidad de grupos armados]. Por supuesto que la crisis afecta a la gente porque hay un clamor generalizado para que no haya más grupos armados. Y es que si hay algo que logró el Acuerdo de Paz en La Habana fue deslegitimar la lucha armada como un proceso de concebir el poder, se empezó a ver que las organizaciones son soberanas en sus territorios y de ahí el fortalecimiento inicial de las guardias campesinas, cimarronas e indígenas. El problema ahora es que la pelea actual de los actores armados es por controlar las guardias, porque ellas eran la punta de lanza de una soberanía pacífica y no armada.

En un escenario de asesinatos y de persecuciones, a la gente no le queda más opción que legitimar a estos actores armados que llegaron a mandar en sus territorios. En eso habíamos cambiado y ahora creo que retrocedimos. Yo no quiero decir que el gobierno sea malintencionado pero hay una falta de conocimiento de lo que es la guerra, de lo que implica la guerra y de lo que ocurre en las regiones. Cuando llega alguien de afuera a incidir sobre dinámicas que no entiende, se pueden generar escenarios de mayor conflicto y eso es lo que le está pasando al gobierno.

Por ejemplo, el gobierno le pedía a la gente que saliera a marchar por el cese al fuego unilateral con el Estado Mayor Central de las FARC o que fueran a pedir la paz total, y eso es muy peligroso. Esto ya pasó con los diálogos en La Habana, todos los líderes salieron a hacer pedagogía de paz por el Acuerdo y, ¿quiénes fueron los primeros asesinados? Esos líderes que salieron a hacer pedagogía. Lo mismo pasó con el PNIS. Entonces, hay que dejar de utilizar a la gente para hacer una pedagogía que le corresponde a los funcionarios del Estado, porque eso los va a poner en riesgo. Pero el Estado quiere la foto, el Estado quiere la marcha, el Estado quiere sentirse respaldado por el pueblo y eso es muy preocupante.

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—¿Cómo ha sido la respuesta del Estado ante la creciente ola de violencia en varias de las regiones del país, como los departamentos de Cauca y Putumayo?

—Creo que se cayó en un tema en el que han caído los gobiernos de derecha toda la vida: empezar a dividir a las organizaciones sociales como políticas y no políticas. Mirar a quién se le da el estatus político y a quién no. Entonces, cuando se crea esa dicotomía, aparecen los grupos armados tratando de acomodarse en ese escenario, porque el gobierno habla con organizaciones con estatus político. Eso implica que tienes que tener control territorial, tener una cabeza, tener una jerarquía organizacional, etcétera. El gobierno pone una serie de condiciones que los actores armados tratarán de cumplir. Ahí es donde, por ejemplo, surge el Estado Mayor Central, como supuesta cabeza de unas de las disidencias de las FARC. Esto es gravísimo.

Empieza una presión por aglutinar organizaciones y la que termina sufriendo es la gente que tiene encima a unos grupos que les dan órdenes como ‘hay que salir a marchar mañana’, ‘hay que salir a defender el cese al fuego’, etcétera. Es una presión muy fuerte sobre las comunidades. Las armas no deben ser un factor de organización política para nadie.

—El país se indignó recientemente con la noticia del asesinato de cuatro menores de edad indígenas que habían sido reclutados por disidencias de las FARC en el Putumayo y luego fueron asesinados cuando intentaron huir. ¿Este tipo de delitos se empezaron a reactivar?

—Esto venía pasando por lo menos desde hace tres años. En reuniones y diferentes eventos, los gobernadores indígenas comentaban sobre el reclutamiento en esa área y la presión sobre los pueblos indígenas. Esta información había llegado a diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos pero no habían comunicados públicos, no lo estaban denunciando.

—¿Por qué no se estaban denunciado temas tan graves?

—Aquí entra en juego la idea que planteó el gobierno de que son las organizaciones sociales las que van a verificar qué pasa y qué no pasa con los acuerdos de cese al fuego. Esto no puede ser así porque las organizaciones sociales están bajo mucha presión y bajo mucho riesgo, es decir, una organización social no tiene la capacidad de denunciar algo que esté haciendo un actor armado en el territorio porque están amenazados. Eso pasaba en Putumayo, entonces se volvió común también encontrar señalamientos donde solo se informaba lo que hacía un actor armado, pero no lo que hacía el otro.

El reclutamiento de los niños se podía haber evitado si las organizaciones de derechos humanos lo hubieran denunciado, pero no lo hicieron y no es culpa de ellas. Tampoco podemos confiar en lo que dicen las organizaciones porque sabemos que están amordazadas. ¿Cómo el gobierno sigue insistiendo en que son las organizaciones sociales las que deben verificar lo que hacen los actores armados? Si empiezan a buscar fosas y muertos, van a encontrar muchos en esas zonas donde encontraron a los niños.

—¿Por qué si la violencia sigue, solo hasta que se conoció el caso de los cuatro menores fue que el gobierno decidió romper el cese al fuego con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, a mando de alias ‘Iván Mordisco’?

—Porque ya era insostenible tener esta fachada de que ellos son un actor político y que se podía hacer una negociación y tener una mesa de diálogo. La gente en la zona ya lo decía: “Ellos [El Estado Mayor Central] no tienen intenciones de negociar, solo están ganando tiempo”. El Estado quizás fue muy ingenuo en creer que ellos sí iban a negociar. Ahora ya se sabe que no. Ahora ya salen a la luz muchas más violaciones de derechos humanos.

—¿Con la ruptura de la tregua ha aumentado la violencia?

—Lo que hay alrededor del cese al fuego es complejo. Con el cese, el Estado legitimó que no iba a atacar a ese actor armado [el Estado Mayor Central] y ahora con el rompimiento se supone que el ataque del Estado puede reanudarse. Pero, con cese o sin cese, se ve que no hay operaciones contra ellos. Por otro lado, lo que muchas personas le han dicho al gobierno es que no importa si el Estado ataca o no ataca a estos grupos, el problema es que se están atacando entre grupos. Se necesita un cese al fuego multilateral, no bilateral, y eso implica hacer las mesas de negociación con los actores que faltan, pero no se han abierto y yo me atrevería a decir que esa es una decisión de gobierno.

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—¿Con qué criterio el gobierno decide negociar con un actor armado y con otro no?

—Ese es un gran misterio.

—Usted mencionaba que es un riesgo para las organizaciones sociales tener que verificar las actuaciones de los grupos armados, ¿quién debería hacerlo?

—Sería bastante soberbio de mi parte decirle al gobierno qué hacer pero creo que hay que resolver varias cosas. El mecanismo de monitoreo [del cese al fuego] era muy restrictivo en el sentido de que tenía solo un representante de las organizaciones sociales y reducir todo el universo de organizaciones sociales del país a solo una, no es lo más adecuado.

Los ejercicios de contraste que está construyendo la oficina del Alto Comisionado para la Paz no son suficientes. Si tú, dentro de la oficina, tienes facilitadores con los grupos armados y les dices, por ejemplo: “Me llegó esta información del Caquetá”, ellos te dirán que no, que eso no está pasando y que es mentira. No es un contraste imparcial.

—Cifras preliminares del Ministerio de Ambiente mostraron hace unas semanas una reducción de la deforestación en gran parte de la Amazonía colombiana en el 2022, con excepción de Putumayo. 

—A grandes rasgos, la Amazonía tiene dos focos de conflictividad: el de la coca que está entre Putumayo y Caquetá y el foco del acaparamiento de tierras que está entre Caquetá, Meta y Guaviare. Lo que hay en Meta, Caquetá y Guaviare es toda la conflictividad que surge de la idea de la lucha contra la deforestación que viene desde el gobierno de Iván Duque y todo un proceso de expansión de la frontera agraria que viene desde el Acuerdo de Paz [a finales de 2016]. Hay muchas fincas que las FARC no entregaron y se las quedaron los nuevos actores armados, muchas de esas fincas eran solo selva.

Muchos actores armados, en especial el Estado Mayor Central de las FARC, con ‘Iván mordisco’, fueron muy estratégicos en legitimar su accionar supuestamente defendiendo al campesino que venía abriendo tierras y enfrentándose a la Operación Artemisa e hicieron acuerdos con las élites regionales que se estaban quedando en las zonas que deforestaban.

Eso lo vimos durante muchos años y, cuando llegó este nuevo gobierno, decidió sentarse con los campesinos y hacer acuerdos para no tumbar más. Las disidencias también dan la orden de no talar más y creo que no se trata de una conciencia ambiental, sino que estaban llamando mucho la atención y ya habían tumbado lo que necesitaban. Entonces, mucho de esa disminución en las cifras tiene que ver con esa orden de las disidencias.

—¿Y qué pasó en Putumayo?

—El otro eje de legitimación de los actores armados, como los Comandos Bolivarianos de Frontera, pues es la coca y la organización campesina cocalera, que era el otro gran foco de violencia que estaba generando el Estado con Iván Duque. Estos actores armados encontraron legitimidad con la población al unirse a la oposición que había hacia las erradicaciones de cultivos.

Putumayo no llamaba la atención porque la atención estaba, sobre todo, en el otro foco, en Meta, Guaviare y Caquetá. Ahora nos dicen que la deforestación aumentó más del 25 % en Putumayo, pero toca esperar para ver los números absolutos en cuanto a hectáreas, porque no es lo mismo un 25 % de 100 hectáreas que un 25 % de 1000 o un 25 % de 25 000. Hay que conocer esto para saber si es un escenario de preocupación.

—Recientemente se conoció que había una crisis por la caída en los precios de la hoja de coca y que muchas personas podrían migrar del cultivo de la planta a economías ilícitas como la minería ilegal de oro. ¿Eso está pasando?

—En el departamento de Nariño la coca está aumentando a pesar de la crisis, y es que la gente le está apostando a que el mercado se va regular en algún momento. Pero también se ve un aumento en las minas ilegales. Por otra parte, es conocido que desde hace mucho tiempo se hace minería ilegal en el río Caquetá y hay mucha contaminación. Otro punto crítico es Inírida, donde hay un mercado muy fuerte de lavado de oro y coca, y es una zona de tránsito fuerte con Venezuela.

—El gobierno ha hecho anuncios sobre un proceso de transición energética y depender menos de los combustibles fósiles, ¿qué está pasando con los conflictos socioambientales por proyectos extractivos en la Amazonía?

—En la Amazonía hay un proceso de defensa del agua que es para expulsar a las petroleras que en los gobiernos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe lograron una expansión enorme. Pasaron de no tener bloques a tener, en el Caquetá, más de 40 bloques petroleros en proyección. Eso motivó un proceso de movilización social en torno a la defensa del agua, puedes ver el hashtag #CaquetáResiste de hace unos años, pero eso ahora está parado, es decir, las petroleras pueden estar haciendo sus análisis y sus exploraciones en este momento. Un segundo punto de preocupación es el de las hidroeléctricas. Eso sigue muy latente, sobre todo en el río Guayas en Puerto Rico [Meta].

Ahora la atención está también en los bonos de carbono y todas las trampas que hay en términos de los contratos con los pueblos indígenas y sobre las respuestas que no ha dado el gobierno sobre cómo regular ese tema en la Amazonía. Todo el fin de año pasado estuvieron diciendo que eso nos iba a salvar de pobres y de repente ya nadie habla de eso. Llegaron a decir que con los bonos de carbono se podía hacer el tránsito para salir de la coca.

—En octubre del 2022, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno Nacional y los ganaderos del país acordaron la compra de 3 millones de hectáreas para favorecer la reforma agraria. Luego, la exministra de Agricultura, Cecilia López, dijo que sería imposible comprar todas las hectáreas sólo en este gobierno. ¿Qué impactos genera en las comunidades rurales que este proceso avance lento?

—En lo del acuerdo con Fedegán [Federación Colombiana de Ganaderos] poco se ha avanzado, pero también quisiera mencionar lo que ocurre con la Ley Segunda de 1959 [donde se declararon vastas zonas del país, principalmente de la Amazonía, como zonas de reserva forestal]. Los campesinos le han dicho al gobierno en muchos espacios que el problema es el ordenamiento territorial y que si esto no se da, no pueden dejar la coca. Y ahí hay varias razones, entre ellas que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) no puede darles ningún proyecto porque tienen la coca en zonas de reserva de Ley Segunda.

Desde hace unos 20 o 30 años hay procesos de sustracción de Ley Segunda, pero ya el Ministerio de Ambiente dijo que no. El problema es que como no hay orden en el territorio, no se sabe qué deforestación es vieja, qué deforestación es nueva y dónde está. Entonces, si no se va a hacer sustracción, ¿qué propuesta tiene el gobierno para hacer ordenamiento del territorio? No hay claridad y el ordenamiento territorial en la Amazonía es clave.

*Imagen principal: Defensoría del Pueblo Colombia atendiendo a niños que estuvieron confinados en una escuela de Caldono, Cauca, durante más de dos días por enfrentamientos entre disidencias FARC y el ELN en mayo de 2023. Foto: Defensoría del Pueblo Colombia.

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