- En 2019, el gobierno colombiano de Iván Duque lanzó la operación Artemisa. Buscaba detener la deforestación, pero apenas cubrió el equivalente al 3 % del área deforestada del país de 2019 a 2021, según cálculos de Mongabay Latam y Cuestión Pública.
- Pese a que Artemisa costó más de 3400 millones de pesos (700 000 dólares) a Colombia, la deforestación no paró de crecer: de 158 894 hectáreas deforestadas en Colombia en 2019, se pasó a 174 103 en 2021.
- Duque también prometió recuperar la selva en los lugares de la operación, pero hasta el momento no hay tareas de restauración del bosque en esos sitios, según le confirmó Parques Nacionales a esta alianza.
*Esta investigación es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Cuestión Pública.
“Esta campaña busca enfrentar el crimen de la deforestación que ha venido afectando a nuestro país (…) para que logremos tres objetivos: parar la hemorragia deforestadora; recuperar nuestra selva tropical, nuestros bosques y que judicialicemos a los que están detrás”, dijo el expresidente Iván Duque durante el lanzamiento de la Operación Artemisa el 28 de abril de 2019. Al discurso se sumó el Ejército para reafirmar que la operación frenaría la pérdida de bosque en los parques nacionales.
En el primer año de Artemisa se gastaron $540 millones (alrededor de 109 794 dólares) y se desplegó en el territorio a 23 mil integrantes de la fuerza pública, según la información proporcionada por el Ministerio de Defensa a Mongabay Latam y Cuestión Pública. Los dos años siguientes, 2020 y 2021, el monto designado a la campaña bordeó los $1469 millones (298 485 dólares). Todo el presupuesto invertido, entre el 2019 y lo que va del 2022, permitió la ejecución de 21 operaciones militares, 20 de ellas en parques nacionales naturales y zonas de reserva forestal de la Amazonía colombiana, principalmente en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas.
Los resultados de estas operaciones, según el gobierno de Duque, se vieron reflejados en la cantidad de territorio arrebatado a los grupos ilegales, como lo anunció en junio del 2022 el entonces ministro del ambiente, Carlos Eduardo Correa, cuando habló de “la recuperación de 27 046 hectáreas a través de la campaña Artemisa”.
¿Por qué entonces las críticas contra Artemisa? Los expertos entrevistados para este reportaje coinciden en que no se logró lo más importante: frenar la deforestación y dar con los responsables. Y las cifras del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM) mostraron, además, que las 27 mil hectáreas palidecen ante los números de la pérdida de bosque del 2020 (171 685 hectáreas) y el 2021 (174 102 hectáreas).
“A finales del año pasado vinimos a sufrir en carne propia los efectos de los operativos de Artemisa. Hubo situaciones bastante tensas con las fuerzas militares y capturaron al gobernador de La Esperanza del pueblo nasa. Lo dejaron en libertad pero en marzo de este año en otro operativo se llevaron a dos comuneros y por haber denunciado abusos en ese operativo, en abril, (…) lo capturaron nuevamente. Artemisa solo nos trajo más conflictos”, dice Luz Mery Panche, indígena nasa de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, e integrante de la Instancia especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para la Implementación del Acuerdo de Paz por la Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ).
Lee más | Un posconflicto marcado por la deforestación: el panorama de los bosques amenazados en Colombia
Artemisa no detuvo la “hemorragia deforestadora”
Las operaciones fueron encabezadas por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, conformada por el Ejército, Fuerza Aérea, la Policía y la Armada con el objetivo de proteger los recursos del Estado y combatir a los grupos armados ilegales y los delitos transnacionales. En cada operación o fase de Artemisa participaron diez batallones de alta montaña, una brigada contra el narcotráfico y una contra la minería ilegal. También unidades de guardacostas, infantería de marina y la Policía Nacional.
Fueron cinco parques naturales y una reserva forestal los que fueron priorizados por Artemisa: Serranía de Chiribiquete, La Paya, Tinigua, Picachos, Puré y la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía.
La campaña logró la captura de 113 personas: 96 detenidas en situación de flagrancia y 17 por orden judicial. Y las condenas hasta el momento suman 13, según información proporcionada por la Fiscalía a esta alianza periodística. La Fiscalía tiene, además, 13 procesos en etapa de juicio y cuatro en investigación, de acuerdo con una respuesta de la entidad a una solicitud de información de Mongabay Latam y Cuestión Pública. En cuanto al material o infraestructura intervenida, se reportó la destrucción de 53 construcciones como casas, puentes o vías ilegales, entre ellas 12 vías ilegales y 7 puentes, sumado a otros implementos como 13 hierros para marcar ganado, 34 motosierras y 18 guadañas. También figura en la información entregada la incautación de 29 armas, 7 vehículos y varias reses.
Todos estos resultados de la Operación Artemisa se concentraron en el 3 % del total de área deforestada en el país entre 2019 y 2021. En esos años, Colombia perdió 504 682 hectáreas de bosques, de acuerdo con datos del IDEAM.
Si reducimos la mirada a la Amazonía, el panorama tampoco cambia. Tan solo en el primer semestre de 2022, esta región en Colombia perdió 52 460 hectáreas. En 2020, perdió 109 302 hectáreas. La Amazonía pasó de concentrar el 62 % de la deforestación en 2019 al 70 % en 2021, según información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Si uno valora en conjunto la operación Artemisa versus la deforestación, hay que decir que esta no disminuyó, sino que, por el contrario, se incrementó. Desde ese punto de vista fue un fracaso”, indica el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez.
Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), “la mayor deuda” del gobierno de Iván Duque fue la deforestación, puntualmente “las 700 mil hectáreas con las que se entregó el país de deforestación en esos cuatro años. (…) Hubo un componente militar que en vez de recuperar las tierras baldías de los grandes acaparadores, con quienes sí se necesitaba lo militar, decidió usarlo con la parte más débil de la cadena. Ni jurídica, ni militarmente fue capaz de aplicar la ley contra los grandes deforestadores. Es una gran deuda”.
En algunos parques nacionales naturales como Sierra de la Macarena y Tinigua, la operación no alcanzó a cubrir ni un cuarto del área que se deforestó en los mismos años. En el primero de ellos, por ejemplo, entre el 2 de septiembre de 2020 y el 9 de marzo de 2022, se intervinieron 1448 hectáreas, mientras la pérdida de bosque alcanzó las 6878 hectáreas, según datos de la FCDS de abril de 2020 a marzo de 2022. Es decir, que según los cálculos de esta alianza periodística Artemisa solo cubrió alrededor del 21 % del área deforestada en el parque Sierra de la Macarena, lo que quiere decir que en esa extensión la fuerza pública entró, detuvo a los ilegales, destruyó la infraestructura usada (vías, puentes, viviendas, maquinaria, etc.) y “recuperó” esa porción de territorio. En Tinigua, por otro lado, en marzo de 2022, Artemisa intervino 1072 hectáreas, mientras que el parque nacional perdió 8216 entre abril de 2021 y marzo de 2022, según datos de deforestación de FCDS. Es decir la pérdida fue mayor al espacio “recuperado”, como se refiere el gobierno al territorio del que han logrado desplazar a los habitantes o presuntos taladores ilegales.
Si tomamos en cuenta las cifras del IDEAM entre los años 2021 y 2022, y como referencia solo los casos de los parques Tinigua y Sierra de la Macarena, podemos decir que Artemisa logró intervenir un área equivalente al 13 % del total deforestado en ese mismo periodo.
“La pregunta es: ¿Qué hubiera pasado si no hubieran realizado las 21 operaciones (de Artemisa)? ¿Hubiera sido mayor la deforestación en los parques nacionales naturales? Es plausible, aunque es muy difícil de juzgarlo. El problema es que no hay evaluaciones objetivas sobre cada de las operaciones, de sus resultados. No hay forma de valorar la efectividad de la operación Artemisa porque no hay evidencia. Deberían haber contratado una tercera parte que la evaluara, una veeduría”, dijo el exministro.