- Un estudio de InSight Crime y el Instituto Igarapé concluyó que parte del oro que es extraído ilegalmente en el Parque Nacional Yapacana, en Venezuela, es llevado hasta Caracas en avionetas y termina en el Banco Central.
- La investigación da cuenta que aunque el Primer Comando Capital (PCC), una de las principales facciones del narcotráfico en Brasil, no tenía presencia en la triple frontera, actualmente se está infiltrando en operaciones mineras ilegales en territorio indígena Yanomami.
“La minería ilegal es, de lejos, el delito ambiental más extendido y perjudicial en las regiones de triple frontera de la Amazonía”, asegura un estudio realizado por InSight Crime —fundación dedicada a la investigación de temas de amenazas a la seguridad nacional en América Latina y el Caribe— y el Instituto Igarapé, centrado en temas de seguridad y desarrollo en Brasil.
El estudio, que analiza la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de madera en dos zonas de triple frontera —Colombia, Brasil y Venezuela y Colombia, Perú y Brasil— expone las rutas de comercialización, los actores que participan en los negocios ilícitos y los impactos ambientales que la ilegalidad está teniendo sobre las comunidades indígenas y los bosques, incluidos los que se encuentran en áreas naturales protegidas.
En el Parque Nacional Yapacana, en Venezuela, “la minería ilegal de oro ha crecido a una velocidad alarmante” y “decenas de miles de mineros ilegales han invadido el territorio del pueblo indígena Yanomami”, sostiene el estudio.
Además, “los nexos entre drogas y delitos ambientales en estas dos regiones de triple frontera en la Amazonía han llevado a una explosiva mezcla de actores criminales” que imponen sus reglas ante la mínima presencia del Estado.
Grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), unidades del último grupo guerrillero que queda en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la pandilla más poderosa de Brasil, el Primer Comando Capital (PCC), están entre los principales actores que controlan las fronteras. Además, una extensa red de empresas criminales se encarga del lavado del oro que es sacado en avionetas que utilizan más de 1000 pistas de aterrizaje clandestinas.
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Tráfico de oro en Venezuela: del Parque Nacional Yapacana al Banco Central
Al Parque Nacional Yapacana han llegado decenas de miles de mineros en búsqueda de oro. Allí hay alrededor de 25 000 personas cada día, aunque no todos son mineros. Algunos trabajan en los campamentos como cocineros, conductores y vendedores, le dijo a los investigadores el periodista y activista político venezolano, Luis Alejandro Acosta.
De los países amazónicos, “Venezuela tiene el segundo mayor número de minas ilegales, superado solo por Brasil, que es un país mucho más grande”, asegura el estudio basado en datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y de SOS Orinoco, el observatorio de la minería ilegal. En concreto, según cifras de estas dos organizaciones, de los 4472 sitios de minería ilegal identificados en toda la región, al menos 1423 se encuentran en la Amazonía venezolana y Yapacana “es el área minera más grande y menos regulada de toda la región de la Orinoquía y la Amazonía”, afirma.
Según un informe de 2019 de SOS Orinoco, las operaciones mineras en la reserva aumentaron de aproximadamente 220 hectáreas en 2010 a más de 2000 hectáreas en 2018, repartidas en 36 sitios mineros. Al año siguiente, las operaciones mineras destruyeron 200 hectáreas más y la cantidad de sitios aumentó a 69. Según Acosta, quien reside en el estado venezolano de Amazonas y ha viajado al Cerro Yapacana, en los sitios mineros puede haber hasta 10 retroexcavadoras trabajando a la vez.
La investigación, que se basó en numerosos testimonios de comuneros y líderes indígenas, funcionarios de Estado, datos oficiales, análisis de organizaciones sociales, centros de investigación y artículos periodísticos, asegura que es el Frente Acacio Medina de las ex-FARC el que controla la zona de Yapacana cobrando impuestos a los empleados de las operaciones mineras ilegales. Las tarifas son precisas, dice el estudio: “Cinco gramos de oro por cada retroexcavadora en operación, tres gramos por tener un negocio, un gramo por cada barco que trae mineros y suministros, y así sucesivamente”.
Maria Fernanda Ramirez, gerente de Proyectos Ambientales en InSight Crime, asegura que en la investigación lograron identificar que “el oro que se extrae en Yapacana se envía al municipio venezolano de San Fernando de Atabapo”, donde el mineral funciona como la moneda principal. Desde la comida y el alcohol hasta artículos más grandes como electrodomésticos se compran con “rayas”, pequeñas cantidades de oro que valen alrededor de US$3, asegura el estudio.
Desde San Fernando de Atabapo sale una parte del oro hacia Inírida, la capital del departamento colombiano del Guainía. Según detalla Ramirez, “ahí hay muchos compradores y se cierran algunos negocios de compra, pero otra parte del oro sale (desde Yapacana) en vuelos hacia Caracas”. Una vez en la capital del país, el oro llega al Banco Central de Venezuela que, por Constitución, es el único comprador autorizado para adquirirlo. “Así es como funciona”, dice la investigadora, aunque precisa que “se calcula que no todo el oro pasa por el Banco, sino que una parte pasa de una vez de contrabando hacia Turquía, Suiza, Dubai”.
Inírida, en Colombia, funciona también como un centro de operaciones desde donde salen balsas que viajan durante dos días hacia Yapacana llevando maquinaria, combustible y otros suministros, sostiene la investigación. En esta etapa, precisa, son las unidades de la guerrilla colombiana del ELN las que cobran por el paso de los barcos. De hecho, “el ELN es más visible en la frontera. Están a lo largo del río Inírida, donde extorsionan y realizan minería ilegal. Las (ex) FARC hacen lo mismo, pero en Cerro Yapacana”, le dijo a los investigadores un funcionario de una organización comunitaria indígena que pidió hablar de forma anónima por razones de seguridad.
La minería ilegal en Colombia
En Colombia, la minería ilegal realizada con balsas que dragan el oro de los ríos “ha aumentado notablemente en los últimos años”, reconoció Jhon Fredy Valencia, secretario de agricultura y medio ambiente del departamento de Amazonas.
A principios de la década de 2000, las dragas fueron vistas por primera vez en el río Caquetá, que se convierte en el río Japurá en Brasil. Pero una década más tarde, las operaciones se habían extendido por el río Putumayo, que divide el territorio colombiano y peruano. Así lo comprobó también una investigación de Mongabay Latam publicada en 2022 en la que se identificaron dragas operando en aquel río.
Particularmente la región Tarapacá, que colinda con Perú y Brasil, “se ha convertido en un foco de minería de oro”, asegura el estudio, y según un militar colombiano las balsas de dragado se construyen principalmente en el lado brasileño de la frontera. La información coincide con que, al parecer y de acuerdo a las detenciones que se han realizado tras algunos operativos, los brasileños son los principales operadores de las balsas.
Tanto Valencia como el militar colombiano dicen que abordar la minería ilegal en la triple frontera es demasiado difícil. Para llegar al río Puré, por ejemplo, los agentes de seguridad tienen dos opciones. La primera es cruzar el río en una travesía que dura seis días desde Leticia, e implica ingresar a territorio brasileño, lo cual, debido a asuntos de soberanía territorial, requiere una coordinación de alto nivel entre los militares y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países.
La otra opción es llegar en helicóptero, “pero esto alerta a los mineros y trunca la efectividad de las operaciones”. Además, “los mineros trabajan con balsas que se mueven fácilmente a través de los ríos y, cuando las operaciones militares se llevan a cabo en un solo lugar, simplemente cruzan la frontera”, cuenta Valencia.
Según la investigación, el oro se procesa semanalmente en los ríos y se lleva a Brasil. “Una vez allí, se mezcla fácilmente con oro de otras fuentes y de esa manera se blanquea”. Además, “los compradores colombianos también adquieren pepitas de oro directamente en las balsas y mueven el mineral a través de los mercados colombianos”. Sin embargo, Ramírez asegura que, al contrario del caso de Yapacana, no fue posible establecer mayores detalles de la ruta del oro que se extrae en el lado Colombiano.
Lo que sí arrojó el estudio es que en Tarapacá, un grupo conocido como Comando de Frontera ejerce “una influencia desmesurada”. Ya la investigación realizada por Mongabay Latam el año pasado en el Putumayo peruano, había identificado la presencia de este grupo —que estaría conformado por exparamilitares, exmiembros de la FARC y narcotraficantes de diferentes bandas—, el cual negocia la droga que es conducida hacia Brasil con las bandas brasileñas Familia del Norte, el Primer Comando y Comando Vermelho.
Según el estudio de InSight Crime y el Instituto Igarapé, es probable que Comando de Frontera también esté al frente de la minería ilegal. El funcionario de derechos humanos que presta ayuda en el departamento colombiano de Amazonas, “dice que los Comandos de Frontera se benefician no sólo del narcotráfico sino también de la minería ilegal”, asegura el estudio. José Reinaldo Mucca, director de asuntos indígenas en el departamento de Amazonas, coincide con la afirmación y los resultados de algunos operativos policiales también apuntan hacia esa dirección. Los seis brasileños detenidos en el Pureté en septiembre de 2022 estaban al “servicio” de los Comandos de Frontera, según dijo a los medios el general Jaime Galindo, comandante de la Sexta División del Ejército.
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Una alianza para la “narcominería”
La convergencia entre minería y narcotráfico también se estaría dando en Venezuela. “Hemos visto que las disidencias que están involucradas en la minería ilegal en Yapacana, también están involucradas en el tráfico de drogas”, dice Ramírez. En concreto, el dinero proveniente del narcotráfico es lavado con la minería, asegura la experta. ¿Cómo funciona? “Con las ganancias del tráfico de drogas se abren nuevas minas, se compra maquinaria”, indica Ramírez. Luego, el oro obtenido de manera ilícita es vendido como oro legal puesto que “rastrear el origen legal del oro es súper complejo”, asegura.
Además, uno de los hallazgos de la investigación es que el Primer Comando Capital (PCC), una de las principales facciones de narcotráfico en Brasil, que no tenía presencia en esta zona, está cada vez más presente. “Se están infiltrando en operaciones mineras en territorios indígenas, como el (del pueblo) Yanomami, por ejemplo, brindando servicios de seguridad o protección a las operaciones mineras. También cobran una especie de extorsión, controlan algunas minas y están creando alianzas con otros grupos”, asegura Ramírez.
Melina Risso, directora de investigación del Instituto Igarapé, precisa que “las interconexiones y redes que se establecen entre los distintos delitos en la región de la Cuenca Amazónica, ya sean delitos ambientales o relacionados con sustancias ilícitas, generan un riesgo significativamente alto para las comunidades locales”. Ejemplo de ello es Tabatinga, dice Risso, “que se posiciona como una de las ciudades más violentas de Brasil”. Además, “estas comunidades sufren otros tipos de violencia y amenazas que están ligados a la preservación de sus territorios, sus formas de vida y su seguridad alimentaria”, sostiene.
Ejemplo concreto es que el pescado, una de las principales fuentes de alimentación de las comunidades indígenas, está contaminado con mercurio producto de la minería ilegal. De hecho, estudios de pelo realizados en diferentes comunidades demuestran que los habitantes tienen altas concentraciones de mercurio en sus organismos.
Además, “las comunidades indígenas dependen cada vez más de las empresas criminales para su sustento. Procesar coca, cosechar madera ilegal y servir como mano de obra en balsas de dragado de oro son algunas de las pocas oportunidades de empleo en estas regiones remotas”, dice la investigación.
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La Reserva Yanomami asediada por mineros ilegales
Según un estudio de MapBiomas, una entidad que rastrea la transformación en el uso de la tierra en Brasil, las operaciones mineras ilegales en tierras indígenas aumentaron casi un 500 % entre 2010 y 2020.
Prueba de ello es la devastación del territorio Yanomami, que con sus 105 000 kilómetros cuadrados en la frontera entre Brasil y Venezuela, es la reserva indígena más grande del mundo. Allí, unos 20 000 mineros ilegales han entrado talando árboles y arrasando los lechos de los ríos, asegura la investigación InSight Crime y el Instituto Igarapé.
Una de las fuentes utilizadas es un informe de la Asociación Hutukara Yanomami y la organización de la sociedad civil Instituto Socioambiental (ISA) —un grupo de defensa de los derechos ambientales e indígenas—, las cuales señalan que la deforestación en la reserva, producto de la minería, se duplicó entre 2018 y 2021, pasando de unas 1200 a 3300 hectáreas lo que equivale a unas 2400 canchas de fútbol.
“Desde 2018, la tierra Yanomami ha sufrido mucho […]. Los ríos están destruidos, solo hay barro, contaminado con mercurio, olor a gasolina […]. Los niños juegan en el río y toman agua. La comunidad consume agua sucia”, explica Kekurari en una entrevista con el pódcast Ao Ponto, del diario O Globo.
La zona de la reserva que ha sufrido la peor deforestación durante los últimos dos años es Waikás, ubicada en el Uraricoera, al norte de Roraima. De hecho, en Roraima no hay operaciones mineras legales, según la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil, el organismo responsable de otorgar y monitorear las licencias para los mineros.
Una investigación del New York Times que examinó miles de imágenes satelitales que datan de 2016 halló 1269 pistas de aterrizaje no registradas en la Amazonía brasileña. De estas, había 61 en tierras Yanomami y la mayoría de los vuelos, dice el estudio de InSight Crime y el Instituto Igarapé, despegan de Boa Vista, la capital de Roraima. Las actividades mineras, sin embargo, también han comenzado a aparecer en la región de Auaris, al noroeste de la reserva, en los límites con Venezuela.
El estudio pudo determinar que entre los hombres armados que hacen parte de las operaciones mineras hay integrantes de la pandilla criminal más grande y poderosa de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), “que parece estar asumiendo un papel más importante en la minería ilegal en la reserva yanomami”. Según Ramírez, hasta hace poco, “el PCC no tenía presencia en la zona”.
“También hay autoridades corruptas involucradas”, dice el informe y asegura que “miembros del ejército que operan en Roraima han sido acusados de filtrar información sobre operaciones contra la minería ilegal y de recibir sobornos a cambio de hacerse los de la vista gorda frente al movimiento de drogas y oro”.
Según detalla el informe, “en el centro de Boa Vista docenas de pequeñas joyerías y distribuidoras de valores o DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), compran abiertamente oro ilegal extraído en tierras Yanomami y otras zonas de la Amazonía”.
Algunas DTVM, que son las entidades autorizadas por el Banco Central para comprar y vender oro en Brasil, ya han sido identificadas como responsables de blanquear el oro ilegal. Según detalla el estudio, entre 2015 y 2020, las cuatro DTVM más grandes de Brasil comercializaron unas 90 toneladas de oro, aproximadamente una quinta parte de la producción del país de las cuales 79 toneladas eran de origen sospechoso.
En febrero de 2023, agentes armados del Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama) y de la Fundación Nacional de Pueblos Indígenas (Funai) lanzaron una operación en la reserva Yanomami para expulsar a los mineros ilegales. Durante la operación fueron destruidos helicópteros, pistas de aterrizaje clandestinas, maquinaria pesada, combustible y armas. “Si bien esta es una pequeña victoria en la defensa del territorio Yanomami”, dice el informe, los mineros están cruzando las fronteras hacia Venezuela y Guyana y se teme que el problema lejos de resolverse se esté simplemente desplazando, explica Ramírez.
“Escuchar las necesidades de las comunidades, proporcionarles ayuda financiera y medios de vida alternativos, y brindarles seguridad, son pasos necesarios para abordar la variedad de delitos que agravan la deforestación en estas dos regiones de triple frontera en la Amazonía”, asegura el informe. Sin embargo, los esfuerzos que cada país pueda hacer por separado no serán suficientes puesto que, justamente, “la falta de colaboración estratégica entre los países involucrados favorece el fortalecimiento de la actividad delictiva”, asegura Melina Risso, del Instituto Igarapé.
“Se necesitan políticas más amplias, que incluyan la cooperación entre los representantes regionales de todos los países que comparten estas fronteras”, sostiene la investigación y sobre todo “se requiere una enorme voluntad política”.
*Nota del editor (22/08/2023): Ingresamos una precisión en el texto, puntualmente en una frase que indicaba que el oro ilegal del parque nacional Yapacana es enviado a Inírida, Colombia, y desde ahí sale en avionetas hacia Caracas. Dicha afirmación fue corregida puesto que una parte del oro que se extrae del parque nacional Yapacana es enviado a Inírida y otra parte es transportado en avionetas hacia Caracas.
* Imagen principal: Militares venezolanos desactivan balsa minera en el parque nacional Yapacana, en Amazonas. Prensa FANB.
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