El Chaco argentino perdió más de 50 000 hectáreas de bosque en el primer semestre de 2023

Son 51 600 hectáreas, es decir, 500 kilómetros cuadrados, algo más que la superficie total de Andorra, el principado ubicado sobre los montes Pirineos entre España y Francia. Pero si en el suroeste de Europa la cifra define la extensión de un paraíso del esquí, en el Chaco argentino la cifra remite a una destrucción imparable. Según las mediciones satelitales de la organización Greenpeace, esta es la cifra de deforestación en la región durante los primeros seis meses de 2023. “Con esta proyección, es probable que lleguemos a 120 000 hectáreas a final de año, una verdadera locura”, señala Paula Soneira, asesora de la ONG Aves Argentinas.

Al analizar la situación por provincias, la de Chaco es la que ha perdido más masa boscosa desde enero: 24 522 hectáreas. Mucho más que el total de lo deforestado en todo 2021 y dos tercios de la cifra de 2022. Los números oficiales dados a conocer por las autoridades del distrito son similares a los de Greenpeace y superan las 25 000 hectáreas de pérdida de bosque, si se tienen en cuenta los emprendimientos silvopastoriles y los desmontes parciales para la explotación ganadera. Un detalle agrava la situación y es que desde noviembre de 2020 una medida cautelar  prohíbe la tala de árboles en esa provincia.

“Las autoridades locales, en lugar de asumir que se trata de un problema que deben frenar o mejorar, culpan al fallo judicial de la deforestación ilegal”, señala Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. En efecto, Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia, responde ante la consulta de Mongabay Latam que “se percibe un incremento de los índices de pérdida de bosques a partir del segundo semestre de 2021, cuando las medidas judiciales interrumpieron la tramitación de permisos de cambio de uso de suelo”. El argumento es contestado por Ricardo Tiddi, físico, técnico en cartografía digital e integrante de la organización Somos Monte: “El gobierno decía tener controlados los desmontes ilegales que ya existían antes de la sentencia cautelar, entonces no se entiende por qué no puede controlar los actuales”, indica.

Soneira, quien hasta hace pocos meses ocupó el cargo de subsecretaria de Ambiente y Diversidad en el gobierno de la provincia, apunta directamente a los encargados de evitar la continuidad del trabajo de las grandes maquinarias que talan el bosque. “Chaco cuenta con vehículos, técnicos, oficinas y un sistema de alerta temprana. Si la fiscalización no funciona es porque el ministerio de Producción no está haciendo bien su tarea”, opina.

Olivares, por su parte, justifica la labor institucional. “La recaudación por la aplicación de sanciones en el período de enero a mayo de 2023 registró 564 millones de pesos [alrededor de 1,5 millones de dólares]. Esto es un 268 % mayor al promedio de los últimos diez años y alcanza, en solo cinco meses, a la recaudación total de 2022”. Sin embargo, el informe 2022 del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT) del Ministerio de Ambiente destaca que, en ese lapso, “no se obtuvo información sobre las sanciones o acciones que tuvieron las provincias en aquellas situaciones no autorizadas” y que Chaco lideró la cantidad de alertas en el país con 2 905 en el año.

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Una campaña a favor de medidas penales

En las otras tres provincias donde se distribuye el ecosistema del Chaco en Argentina, la pérdida de bosque sigue líneas semejantes. En Santiago del Estero el desmonte en el primer semestre del 2023 fue de 19 040 hectáreas; en Formosa, de 5 804 y en Salta, de 2 234. En total, desde enero de 2019 a la fecha, la deforestación ya ha arrasado 567 553 hectáreas de biodiversidad nativa de este ecosistema. El año pasado, el SAT registró 15 173 alertas de desmontes que representaron 452 702 hectáreas.

“Hace algunas semanas, y con motivo de la nueva norma europea que impedirá comprar productos agropecuarios provenientes de zonas deforestadas, vino a Formosa gente de un canal de televisión de Alemania”, cuenta Pablo Chianeta, integrante de la Asociación para la Promoción para la Cultura y el Desarrollo, entidad que es socia fundadora de la Red Agroforestal Chaco Argentina. “Fue dramático ver cómo una alambrada se convierte en un límite: de un lado hay bosque y del otro, absolutamente nada. Hay gente que vive en el bosque, lo sigue usando y tiene allí su historia, sus saberes, incluso sus espíritus”, se lamenta.

La problemática de la deforestación en la región chaqueña de Argentina —que con 60 millones de hectáreas representa el 60 % del Gran Chaco Americano, el segundo pulmón verde más importante del continente después de la Amazonía— posee tantas causas comunes como características particulares en cada una de las provincias implicadas.

La inexistencia de medidas penales para sancionar a quienes deforestan sin autorización o en zonas donde no está permitido es una de las principales razones comunes. “El apartado sancionatorio de la Ley de Bosques no funciona. El sistema actual no disuade a los grandes productores agropecuarios o forestales, que incorporan las multas a su costo de producción”, subraya Martín Mónaco, director de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

La norma, promulgada en 2008, regula el control y la conservación de los bosques nativos. En 2020, desde el Ministerio de Ambiente se intentó modificar la ley para castigar de manera más severa a quienes la infringen, pero la propuesta no logró avanzar en el Parlamento. En los últimos días de julio de este año, el gobierno de Chaco decidió duplicar el monto de esas multas por desmonte, aunque el incremento no alcanza a igualar el nivel de inflación que registró el país en el último año, que fue del 115,6 %. La sanción más elevada quedó establecida en un millón de pesos por hectárea (unos 3 300 dólares).

En un intento por dar a conocer lo que ocurre, Greenpeace Argentina lanzó a mediados de julio una campaña de consulta a la población que incluye una única pregunta: “¿Estás a favor de que se establezcan penas de prisión para los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales?”. Hasta la fecha han participado unas 110 000 personas, con amplísima mayoría a favor de la medida. “La intención es que sea un disparador para introducir el tema en la agenda de las redes sociales, los medios y finalmente en la política”, explica Giardini.

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Convivir con las vacas en los bosques

El Chaco argentino es la última frontera a superar por agricultores y ganaderos que en las últimas tres décadas, y merced a la manipulación transgénica de semillas para que resistan calores, sequías y plagas, han ido estirando hacia el norte del país las áreas cultivables y los terrenos aptos para la cría de ganado, fundamentalmente vacuno.

Soneira ubica, en una zona entre el norte de Santiago del Estero y el sur de Chaco, el límite actual de los suelos cultivables, aunque Chianeta considera que llega hasta Formosa: “La soja está llegando a las cercanías de la ciudad de Las Lomitas y ya se encuentra a 200 kilómetros de la capital provincial. Cuando descubran el gen adecuado nuestro campos y montes serán para la soja”.

Con la actividad pecuaria la situación es aún más grave. “La realidad indica que desde el año 2000 hay un corrimiento de la ganadería hacia zonas más alejadas de la tradicional frontera agropecuaria, en detrimento del bosque. Es una actividad que tiene aspectos positivos en lo social y económico, y negativos en lo ambiental, pero que está presente en todos los bosques del país y seguirá avanzando”, analiza Martín Mónaco, quien además de Director de Bosques del Ministerio de Ambiente es ingeniero forestal. “No es que a mí me gusta que haya vacas en los bosques, pero es imposible pensar en sacarlas”, añade.

El Ministerio de Ambiente anunció recientemente la puesta en marcha del Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), para sustituir lo que hasta ahora era el sistema silvopastoril —combinar dentro de un mismo campo áreas de pastoreo, forraje y bosque— que, como acepta el mismo Mónaco, “en la región chaqueña claramente no han funcionado y acaba siendo un desmonte diferido”. Se espera que la nueva herramienta sea aplicada a unas 300 000 hectáreas hasta 2027 y parte de su financiación —11 millones de dólares— derivan de los 82 millones de dólares que Argentina recibió en 2020 del Fondo Verde del Clima.

En general, el MBGI ha sido bien recibido por los sectores ambientalistas. “Desde el punto de vista de las intenciones está bien”, dice Giardini. “Hay que definirlo muy bien para no repetir la catástrofe que produjo el insostenible manejo de los silvopastoriles en el Chaco seco”, enfatiza Soneira. “La ganadería puede ser una herramienta para abandonar la anticuada técnica de destrozar por completo un bosque primario para sembrar soja, maíz o lo que sea. Sobre todo si se ejecuta con criterio”, sostiene Ricardo Tiddi. “Chaco apuesta al MBGI para que vaya sustituyendo en forma gradual la práctica silvopastoril”, asegura Luciano Olivares, y Martín Mónaco comenta que “la mirada está puesta en sostener los servicios ecosistémicos del bosque”.

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El poder de las provincias limita las leyes

La iniciativa del MBGI, sin embargo, no está exenta de sospechas. “¿Cómo va a ser la letra chica de este tipo de acuerdos?”, se pregunta Tiddi, y denuncia que “en [la provincia de] Chaco no se cumple ningún tipo de ley desde hace dos años”.

La situación no es mejor en Formosa. “Aquí el Estado es complicado, pero siempre juega a favor de aquellos que vienen desde fuera de la provincia con proyectos económicos. No entrega la titularidad de las tierras a los pequeños productores ni a los pobladores indígenas, que sería una manera de poner freno a la deforestación”, afirma Pablo Chianeta.

Las dudas con relación al MBGI se sustentan en la facilidad que tienen las provincias para incumplir con lo establecido en las leyes nacionales como la de Bosques. Un ejemplo claro al respecto es lo que ocurre con el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), que obliga a categorizar las áreas boscosas en función de su valor ecosistémico y estado de conservación. Así, los mapas se pueden pintar de rojo, lo que indica prohibición absoluta de tareas productivas; amarillo, donde es posible algún tipo de producción que afecte solo una porción del bosque, previa autorización de los proyectos; y verde, donde hay más flexibilidad para solicitar y recibir permisos para cambiar el uso del suelo. Dichos OTBN tendrían que ser actualizados cada cinco años a través de procesos participativos en los que intervengan todos los actores de la comunidad, pero en la práctica casi nada de esto ocurre en las provincias chaqueñas.

“La ley no prevé sanciones si las actualizaciones no se hacen en la fecha estipulada”, confiesa Martín Mónaco”. Así, Chaco y Salta llevan demoradas su puesta al día del ordenamiento de bosques desde 2013, y Santiago del Estero, donde se deforestaron 107 474 hectáreas en los últimos dos años y medio, desde 2018. Formosa, entretanto, es un caso aparte: “En 2020 hizo su actualización del OTBN y a nosotros nos llegó aprobada por su legislatura. Así, aunque haya algo que no se ajuste a la Ley de Bosques, nos resulta muy difícil pedir que lo cambien”, dice Mónaco desde la dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente.

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Las normas que no se cumplen

Las demoras en la actualización de los OTBN no son el único incumplimiento. La falta de consenso motivó que en noviembre pasado el gobierno de Chaco decidiera promulgar un mapa de actualización por decreto (lo que va en contra de lo que establece la norma). En él aparecen tres campos que pasaron de zona amarilla a verde —“Sin justificación técnica alguna”, según Mónaco—, lo cual está prohibido. Además, incorpora un color naranja no previsto en la ley y también quedan pintados de blanco los puntos donde se realizaron desmontes ilegales en el pasado (de ellos, 170 000 hectáreas estaban situados en áreas amarillas). “El texto del decreto dice que esos sitios deben ser restaurados, pero en el mapa los blanquean. El mensaje a quien quiera deforestar en el futuro es que puede hacerlo porque al final no le pasará nada”, subraya Tiddi.

En 2018, Santiago del Estero optó por un procedimiento semejante en relación al blanqueo de predios desmontados. Formosa, a su vez, es la provincia con más áreas verdes del país (un 75 %, contra 31 % en Chaco, 19 % en Salta y 12 % en Santiago del Estero), con la salvedad que pinta algunas zonas verdes con un tono más oscuro que otras. “Ahí el verde es más restrictivo, pero si se aplicara correctamente la Ley de Bosques deberían ser amarillas o rojas”, señala Mónaco, y explica que no lo hacen de ese modo “para no autolimitarse en el caso que decidan permitir la producción más adelante”.

Otro problema es que la obligación de restaurar terrenos deforestados tampoco tiene cumplimiento efectivo. “Eso al menos impediría el negocio que justifica el desmonte”, argumenta Mónaco, quien además rechaza la recuperación de esas zonas con una plantación de árboles para su posterior explotación. “Es un engaño”, dice Mónaco. Hernán Giardini añade que “si en un modelo que incluye la ganadería se dejan árboles en pie pero abajo se siembran pasturas australianas o africanas, no es un bosque sino una plaza”.

La industria forestal tampoco es ajena a los incumplimientos. En la provincia del Chaco existen dos empresas especializadas en la extracción del tanino, sustancia orgánica presente en los quebrachos colorados que se utiliza para curtir pieles, y también en cosmética, enología o las industrias farmacéutica y alimentaria. Paula Soneira relata que “en la mesa técnica para el OTBN sus representantes dijeron con claridad que necesitan deforestar 30 000 hectáreas anuales para ser rentables. Es una cadena de valor insostenible. Están desconociendo el rol de control del Estado y diciendo que producirán hasta que se acaben los quebrachos”.

Así como los sectores ambientalistas denunciaron el decreto que pretende imponer un nuevo OTBN en Chaco, la Federación de Asociaciones de Productores e Industriales Forestales (FAPIF) lo rechazó porque entiende, entre otros motivos, que “el Ministerio de Ambiente pretende terminar con la actividad forestal y foresto-industrial”. Ambos actores tienen lecturas muy diferentes sobre lo que se busca con los OTBN.

Mientras los acuerdos son imposibles entre ambientalistas, sectores productivos y autoridades provinciales, la deforestación continúa avanzando fuera de control en el Chaco argentino. Una superficie boscosa equivalente a Andorra desapareció en los últimos seis meses. La promesa de desarrollo económico es su móvil, pero los datos la ponen en duda. En el principado pirenaico el producto interno bruto per cápita es de 42 000 dólares anuales. Según el Índice de Desarrollo Humano en Argentina elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Chaco, Formosa y Santiago del Estero ocupan tres de los últimos cuatro puestos en el país.

*Imagen principal: Activistas de Greenpeace desplegaron un cartel gigante en una finca de casi 12 000 hectáreas, el tamaño de media ciudad de Buenos Aires, que fue ilegalmente deforestada. La organización ecologista denuncia que su dueño lleva, impunemente, 10 años sin restaurar el bosque y con producción agropecuaria. Foto: Greenpeace Argentina.

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