- Un informe de la Fundación para la Conservación de Desarrollo Sostenible documenta que esta actividad ilícita se ha extendido a más de 20 ríos en cinco regiones de la Amazonía peruana.
- El reporte incluye información de la Unidad de Inteligencia Financiera, según la cual entre 2013 y el 2023 la minería ilegal ha sido el delito con el mayor monto de dinero acumulado, superando al narcotráfico.
La minería ilegal de oro se está extendiendo por toda la Amazonía peruana. Esta actividad ilícita está presente en 22 ríos y sus afluentes en, por lo menos, cinco regiones amazónicas en Perú, de acuerdo con los hallazgos de una investigación realizada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
El reporte “Minería ilegal en la Amazonía peruana” analiza información de los últimos cinco años y ofrece un panorama general de lo que sucede con esta actividad ilícita en Perú. Sus resultados revelan que son 32 distritos de las regiones de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco y Madre de Dios en los que se ha registrado esta actividad.
“Lo que comenzó como una fiebre regional del oro se va a convertir en una fiebre nacional del oro en nuestra Amazonía”, señala el procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, para recordar cómo este delito que se había concentrado en la región de Madre de Dios ahora se ha extendido hacia el resto de regiones amazónicas.
El reporte también detalla cómo esta actividad ilegal se ha convertido en la mayor amenaza de riesgo de lavado de activos en Perú. Esta conclusión parte del análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), incluidos en los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según la UIF, entre el 2013 y el 2023, la minería ilegal ha sido el delito con el mayor monto acumulado —8216 millones de dólares—, superando al narcotráfico que en el mismo periodo alcanzó 640 millones de dólares.
El informe también incluye un análisis del proceso de formalización minera, a través de la revisión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en cada una de las regiones. Según esta evaluación, el avance en el proceso de formalización minera es mínimo en todas las regiones amazónicas.
La amenaza de la minería ilegal
“En términos de impacto al ambiente o severidad la minería ilegal es la más destructiva, porque no solamente causa deforestación, sino una destrucción total de los ecosistemas”, señala Martín Arana, especialista de la Iniciativa Unidos por los Bosques de FCDS, quien estuvo a cargo del estudio.
Para Arana también es preocupante la “mutación” que ha tenido la minería ilegal hacia las estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, la tala ilegal y la ocupación de tierras.
En el informe de FCDS se resalta que, en los últimos tres años, los aspectos más críticos de la minería ilegal son los indicios o evidencias de vinculación con el crimen organizado. “Así, por ejemplo, se ha reportado la presencia de grupos armados en El Cenepa, presencia de organizaciones criminales internacionales como el Comando Vermelho o el Primer Comando Capital en el Putumayo, en zonas de frontera”, señala el informe de FCDS.
En la Amazonía, según detalla el reporte, un aspecto crítico es la vulnerabilidad y situación de riesgo de los defensores ambientales frente a organizaciones criminales vinculadas a la minería, tala ilegal, narcotráfico y tráfico de tierras. Esta situación que se agudizó durante la pandemia de COVID-19, cuando comenzó el registro de numerosas denuncias, lo que motivó la intervención de instituciones nacionales e internacionales para pedir al Estado acciones efectivas para la protección de los defensores ambientales.
“Este informe muestra un incremento significativo de la minería ilegal en la Amazonía, y que se requieren respuestas más efectivas. Además, las fronteras están siendo traspasadas: el Putumayo, en la Cordillera del Cóndor, en Madre de Dios, la Triple Frontera Brasil, Colombia y Perú”, señala Mariano Castro, director del Programa Bosques de FCDS.
Loreto es la región en donde más se ha extendido la minería ilegal. En esta región, la actividad ilícita está presente en 14 distritos de seis provincias, según indica el estudio. De ellas, son tres las cuencas que en el estudio se analizan en detalle: río Nanay, río Putumayo y río Napo. Un reportaje publicado en Mongabay Latam en julio de 2023 muestra que, desde el año 2020, se han registrado más de 100 dragas en la cuenca del río Nanay, según indican los reportes de las intervenciones de la Fiscalía Ambiental.
Madre de Dios es la región más afectada por la minería ilegal. Además, según el informe de FCDS, existen cultivos ilícitos en las zonas mineras. En esta región también se ha identificado que la mayor actividad minera ilegal se concentra en las comunidades indígenas con un 45.8 %, seguido de la minería en cuerpos de agua con 32.9 %; en tercer lugar están las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas con 18 %.
En la región Amazonas —indica el reporte— se encontró que la provincia de Condorcanqui tiene la segunda mayor incidencia de situaciones de amenaza, mientras que a nivel de distritos El Cenepa ocupa el tercer lugar. “Hay que anotar que además, en Condorcanqui, todas las situaciones de riesgo de defensores ambientales involucran a pobladores indígenas Awajún y Wampís, y están relacionadas con situaciones de violencia producto de mineros y taladores ilegales”, precisa el informe. En esta región, la minería ilegal se ha establecido en tres sectores: el Tambo, río Cenepa y río Santiago. Sólo en el río Cenepa, imágenes satelitales han identificado 39 dragas desde el año 2019 hasta junio de 2022.
En Huánuco, la actividad minera se ha concentrado en la provincia de Puerto Inca. En la región San Martín, la actividad ilícita se ha reportado en los distritos de Santa Lucía, Huimbayoc, Chipurana, en la cuenca del río Huallaga.
“Debemos mencionar la interacción de la minería ilegal con el narcotráfico y otros delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Además, se ha cuantificado que en estos últimos años se ha perdido 18 400 hectáreas y está impactando negativamente en 22 ríos de la Amazonía, con lo que esto implica en salud, en calidad ambiental y de seguridad alimentaria”, comenta Mariano Castro, de FCDS.
Castro señala que los gobiernos a nivel nacional y regional requieren establecer medidas más efectivas. En ese sentido, menciona la reciente Cumbre Amazónica en cuya declaración se incluyen “acciones vinculadas a la lucha contra la minería ilegal, a través de un mejor monitoreo y vigilancia sobre el tema del mercurio, que también es un aspecto crítico”.
El riesgo de las operaciones financieras
La minería ilegal está considerada como la mayor amenaza de riesgo de lavado de activos en Perú, según indica el análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) realizada por la UIF. En esa misma línea, el departamento de Madre de Dios ha sido calificado como “de riesgo muy alto, lo que indica la gravedad de la incidencia de la minería ilegal y otros ilícitos”, se explica en el reporte de FCDS.
El análisis de la UIF —incluido en el estudio de FCDS— señala que en las regiones de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali se reportaron un total de 115 informes de inteligencia financiera (IIF) por el delito de minería ilegal, el 75 % corresponde a Madre de Dios.
“El monto involucrado en los IIF de minería ilegal es de 1 907.5 millones de dólares, de los cuales el 91.6 % corresponde a esta misma región. Asimismo, destaca el caso de la región Loreto que, con solo un informe de inteligencia financiera sobre minería ilegal, registra un monto importante de 159 millones de dólares”, se indica en la investigación de FCDS.
Julio Guzmán, procurador de Medio Ambiente, señala que “probablemente, entre el 2020 y 2021, han sido los años en los que más dinero se ha movido por esta actividad”.
Guzmán explica que a diferencia del dinero proveniente del narcotráfico, que circula de manera encubierta, en el caso de la minería, por tratarse de una actividad que tiene un sector considerado informal, el dinero ingresa al sistema financiero de manera directa. “Quienes se hacen pasar por informales reportan operaciones que la UIF detecta como sospechosas, pero no determina si es ilegal o no, pues no ingresa a campo para determinar si un minero está sacando oro de una zona autorizada, en proceso de formalización o de un lugar prohibido”.
El procurador Guzmán menciona que hay una gran debilidad estatal, la cual deriva de la ausencia de una estrategia nacional de lucha contra la minería ilegal. “Falta capacidad autocrítica, pero esto también ha sido de alguna manera consolidado porque el Congreso [de la República] en vez de tener una mirada acuciosa y de mayor exigencia al Ejecutivo para luchar contra la minera ilegal, más bien se ha mostrado con una mirada flexible, dejando que el proceso de formalización continúe”.
Un eterno proceso de formalización
Otro de los aspectos que analiza la FCDS es el proceso de formalización minera en Perú, a partir de la información del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según estos datos hasta julio de 2023, las regiones amazónicas de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas y Huánuco registran un total de 11 023 inscripciones para la formalización minera, de esta cifra, sólo el 21.58 % se encuentra vigente, mientras que el 78.42 % está en condición de suspendido por no haber cumplido con la normativa.
En esta relación de formalización, Madre de Dios es la región con el mayor número de mineros inscritos en el registro con un total de 9 255, seguido por Huánuco con 1 032, Amazonas con 271, San Martín con 238, Loreto con 139 y Ucayali con 88.
Martín Arana, de FCDS, recuerda que desde el año 2012 que se ha iniciado el proceso de formalización minera, sin embargo, en algunas regiones no hay un avance en el cumplimiento de los cinco requisitos solicitados, algunos tan básicos como una declaración jurada simple sobre la inexistencia de restos arqueológicos.
Según información del Ministerio de Energía y Minas —incluida en el documento de FCDS— el “avance del proceso de formalización minera en las regiones amazónicas es mínimo”, pues sólo el 13.53 % ha cumplido con presentar al menos un requisito.
En Amazonas, por ejemplo, de los cinco requisitos que exige la formalización minera, tres de ellos tienen cero por ciento de avance. En Loreto la situación es la misma. En ambas regiones ninguno de los inscritos en Reinfo ha presentado su acreditación del derecho minero o contrato explotación, ni su acreditación del uso de terreno superficial, ni la acreditación de inexistencia de restos arqueológicos.
“En algunos proyectos de ley se ha pedido que haya un proceso de formalización abierto, es decir, que sea un proceso de formalización permanente”, apunta Arana y agrega que esta situación lo que hace “es favorecer a los mineros ilegales”.
En Madre de Dios, la región con mayor cantidad de inscritos en el Reinfo, ninguno de los más de 9 000 mineros ha presentado su acreditación del derecho minero ni su acreditación del uso de terreno superficial. Y el requisito que muestra mayor avance —el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom)— apenas ha sido presentado por un 12.88 %. Huánuco, Ucayali y San Martín presentan situaciones similares en cuanto al avance de la formalización.
“Si queremos desarrollar una actividad minera que sea responsable para la seguridad y la salud ambiental es fundamental tener una efectiva formalización y evitar que la reputación del Perú, en materia de oro, quede afectada, porque estamos hablando que de las 97 toneladas de oro que produce Perú al año, no menos del 30 % proviene de la ilegalidad, pero además, el 50 % proviene de la Amazonía”, señala Mariano Castro. “En consecuencia es muy importante no subdimensionar el problema sino abordarlo en su integridad”.
* Imagen principal: draga captada durante un sobrevuelo. Foto: FCDS.
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