- La corrupción es un tema recurrente en este capítulo, y Killeen señala el rol que cumplen las autoridades judiciales en el cumplimiento de la ley y, en particular, de aquellas normas en favor del medio ambiente.
- La omisión o también conocida como "ceguera voluntaria" es la que ha permitido, según el autor, que se aplique un poder discrecional que permite que no se presenten cargos a pesar de tener evidencias. O, en el mejor de los casos, retrasar diligencias hasta lograr la prescripción de los delitos basándose en "fallas" técnicas y/o jurdisdiccionales.
- Como resultado de estos vicios procesales, las infracciones en el ámbito ambiental suelen quedar impunes. Así, quienes se apropian de tierras, practican la deforestación ilegal o roban madera rara vez son procesados. O, si lo son, casi nunca pagan multas, sufren confiscación de bienes mal habidos o van a prisión.
El Ministerio Público Federal de Brasil ha demostrado de qué manera un ambicioso cuerpo de fiscales puede promover el cumplimiento de las leyes ambientales. Sin embargo, una vez presentados los cargos y las acusaciones formales, el foro para la aplicación de la ley se traslada a los tribunales, lo que, en las jurisdicciones de la Amazonía, suele traducirse en inacción e impunidad. La falta de aplicación de la legislación ambiental en los tribunales forma parte de un problema mayor: la corrupción política y la disfunción judicial. Así como los deforestadores ilegales y los acaparadores de tierras rara vez van a prisión, las personas culpables de soborno, malversación de fondos y lavado de dinero también eluden, en gran medida, el castigo. El éxito en la lucha contra los delitos ambientales depende de la capacidad de una sociedad para aislar su sistema judicial de la corrupción política. La lucha contra esta corrupción y la aplicación de las leyes ambientales van de la mano.
La corrupción adopta muchas formas, pero en la abrumadora mayoría de los actos de corrupción política que afectan al gobierno se trata de delitos de cohecho, en los que los culpables ofrecen o solicitan sobornos o comisiones ilegales de forma proactiva, o participan en operaciones de lavado de dinero. Este tipo de irregularidades también se produce en el sistema judicial, aunque existe una forma más insidiosa que contamina el sistema de justicia penal: la omisión de actuar cuando los funcionarios están legalmente obligados a hacerlo. Este delito de omisión, a veces denominado “ceguera voluntaria”, describe la conducta de los fiscales que abusan de su “poder discrecional” para decidir si presentan cargos o no. En el caso de los jueces, puede consistir en retrasar un proceso hasta que prescriba, o en desestimarlo basándose en consideraciones técnicas o jurisdiccionales. Aunque el escrutinio público se centra lógicamente en los delitos de cohecho, los de omisión suelen ser mucho más perjudiciales para la sociedad. Ambos son ilegales.
La ciudadanía no se deja engañar por la ausencia de acciones judiciales para sancionar la corrupción o proteger el medio ambiente. La opinión pública se alimenta de la experiencia personal y de la aparentemente interminable sucesión de incidentes y escándalos que la prensa informa semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Un escándalo de corrupción puede provocar la destitución e imputación de los acusados, pero rara vez estos permanecen detenidos más de unos días, y, a medida que el escándalo se desvanece en la memoria pública, el caso puede ser desestimado por omisión (influencia política) o por cohecho (soborno). De igual modo, las infracciones en el ámbito ambiental suelen quedar impunes. Quienes se apropian de tierras, practican la deforestación ilegal o cometen robo de madera rara vez son procesados y, si lo son, casi nunca pagan multas, sufren confiscación de bienes mal habidos o van a prisión.
La mayoría de los casos de prevaricación judicial permanecen en el anonimato debido a la opacidad inherente del sistema judicial. La policía y los fiscales actúan en secreto para evitar alertar a los sospechosos; si bien esto es apropiado en la mayoría de las investigaciones de delitos graves, crea un ecosistema protegido del escrutinio público. Otro impedimento para la transparencia es la solidaridad profesional compartida por abogados defensores, fiscales y jueces, miembros de un mismo gremio unificado por la formación, el lenguaje y la identidad. Como funcionarios judiciales, están sujetos a una jerarquía interna que rige sus acciones y determina sus carreras. En una sociedad ética, las jerarquías profesionales pueden reforzar el buen comportamiento; pero, en una sociedad cínica, generan círculos de retroalimentación negativa y encubren irregularidades.
Esta degradación del sistema legal se extiende mucho más allá de la corrupción política y contamina múltiples aspectos de la vida civil. El soborno a un funcionario judicial no siempre busca evitar un arresto o un procesamiento, ni influir en un fallo; también se paga, en ocasiones, para obtener una audiencia justa en un sistema legal deficiente.
La corrupción judicial en Bolivia es particularmente flagrante, pero las encuestas en toda la región muestran que los delitos no denunciados superan el 50%. Las víctimas no denuncian por una razón obvia, pues no creen que esto marque una diferencia. Ningún país amazónico tiene un sistema judicial con una percepción positiva superior al 50% (positiva o mayormente positiva). La confianza es más baja en Venezuela, donde el sistema ha sido politizado por un gobierno abusivo, mientras que los ciudadanos de Brasil, Guyana y Surinam son quienes muestran mayor respeto, o menor falta de respeto.
Los esfuerzos para reformar los sistemas judiciales forman parte de una labor continua de las agencias multilaterales y de las Naciones Unidas para mejorar el Estado de Derecho en todos los países de la Amazonía. Estos programas han mejorado el desempeño del sector judicial mediante la inversión en tecnología y sistemas administrativos. Pese a ello, no han logrado sancionar a los responsables de la corrupción política, al menos si se mide por el número de acciones judiciales contra funcionarios electos que finalmente han llegado a juicio. Si bien existen litigios contra autoridades, estos no reflejan los descomunales niveles de soborno, extorsión y malversación de fondos que afectan a la región.
En 2004 se inició un serio esfuerzo para reformar el sistema judicial de Brasil mediante una enmienda constitucional aprobada durante la primera administración del presidente Lula da Silva. La Reforma do Judiciário creó dos órganos de control: uno para los tribunales (Conselho Nacional de Justiça – CNJ) y otro para los organismos fiscales (Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP). Esta iniciativa ha mejorado el sistema judicial al aumentar la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia, pero este aún adolece de una acumulación de casos, retrasos y falta de acceso para las poblaciones marginadas. Además, la cultura de impunidad sigue socavando la confianza en el poder judicial, especialmente después de que cientos de causas del caso Lava Jato fueran desestimadas o anuladas por tecnicismos, en medio de acusaciones de parcialidad política por parte de la fiscalía, lo que constituyó abuso de poder.
En Perú, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad autónoma encargada de nombrar y destituir jueces y fiscales, se vio envuelto en un escándalo en 2018, cuando grabaciones conocidas como Audios del CNM revelaron que miembros de la junta participaban en una conspiración criminal que involucraba soborno y tráfico de influencias. El presidente interino Martín Vizcarra convocó una sesión extraordinaria del Congreso, que disolvió el CNM y lo reemplazó por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Cinco años después, solo un juez de bajo rango ha sido condenado, mientras que los altos juristas implicados siguen en libertad, amparados por una investigación aparentemente interminable de la Fiscalía General. Paralelamente, la JNJ ha sido atacada por miembros del Congreso que buscan destituir a varios de sus integrantes y reemplazarlos con personas afines a sus partidos.
Casi todos los gobiernos de Ecuador desde el año 2000 han intentado reformar el poder judicial, incluyendo una importante reestructuración institucional en 2008 y una serie de juicios de gran relevancia vinculados a los escándalos Lava Jato en 2017. No obstante, a partir de 2024, el Estado de Derecho ha quedado suspendido debido a un brote de violencia extrema liderada por pandillas y a la elección de un presidente, Daniel Noboa, que ha suspendido la mayoría de los derechos civiles.
La confianza pública en el sistema judicial boliviano es la más baja en décadas, debido a la corrupción rampante y al control ejercido por el gobierno central, que lo utiliza habitualmente para reprimir a la oposición política. Una iniciativa ciudadana para reformar el sistema judicial mediante referéndum fue rechazada en las urnas en 2024, mientras que los magistrados actuales ya han cumplido su mandato constitucional de cinco años.
Imagen destacada: Desde el 2021, Mongabay viene reportando la creciente deforestación de los bosques amazónicos a manos de mineros ilegales. Brasil no es la excepción: esta imagen aérea del 2021 en Rondonia se ha vuelto cada vez más común. Crédito: Fabio Nascimento.
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