En el paisaje urbano de Hong Kong, los nidos artificiales ofrecen refugio y oportunidades de investigación para una de las especies de loros más amenazadas del mundo: la cacatúa de cresta amarilla (Cacatua sulphurea).

Esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción: quedan menos de 2000 ejemplares en toda su área de distribución natural, que abarca el este de Indonesia y Timor Oriental. Sin embargo, Hong Kong alberga cerca de 200 cacatúas en libertad que, según se cree, descienden de mascotas que escaparon o fueron liberadas, informa la periodista Yenni Kwok para Mongabay.

La población de cacatúas en la ciudad se mantiene estable gracias a una estricta protección legal y a la ausencia de depredadores naturales, pero los graves daños que causan tormentas y la poda de árboles han eliminado más del 60 % de las cavidades naturales en los árboles donde estas aves construyen sus nidos.

Astrid Andersson, bióloga e investigadora posdoctoral de la Universidad de Hong Kong, describió la escasez de cavidades en los árboles como “una crisis de vivienda para estas aves”.

Andersson se asoció con Harry Wong, arborista y conservacionista, para poner en marcha el proyecto HK Cockatoo Watch. Tras adaptar prototipos australianos al clima húmedo de Hong Kong, construyeron nidos artificiales con tubos de PVC y los equiparon con cámaras internas que permiten vigilar a distancia el comportamiento reproductivo.

Desde marzo de 2025, el equipo ha instalado 15 nidos en parques públicos y campus escolares, entre ellos el St. Louis School y la ISF Academy. El proyecto ha involucrado de forma activa a estudiantes en la observación de la fauna urbana.

Cuatro de los 15 nidos están ocupados por parejas de cacatúas.

Harry Wong trabaja en modificar los nidos de PVC para reducir la temperatura interior y mejorar las condiciones de anidación. Pruebas genéticas recientes muestran que las cacatúas de Hong Kong conservan una alta diversidad genética, por lo que los investigadores destacan que proteger a estas aves urbanas podría ser un salvavidas genético fundamental para restaurar las poblaciones silvestres del sudeste asiático.

– Este artículo fue publicado en inglés en Mongabay. Puedes revisar la versión completa aquí.

Imagen principal: una pareja de cacatúas aparece posada sobre una caja nido en la escuela St. Louis, en Hong Kong. Foto: cortesía de Winster Wong/escuela St. Louis.

Durante años, los residentes de la aldea de Pamarawan, en la ciudad de Malolos, Filipinas, tuvieron que vivir con las calles inundadas por el agua, ya que los vientos estacionales del suroeste traían fuertes olas a las zonas pesqueras.

El problema empeoraba durante los tifones. «Las olas pasaban casi un metro por encima del rompeolas, impactando directamente en las casas que estaban junto al dique», cuenta Roldan Dayao, secretario de Pamarawan, un pueblo pesquero situado en una zona baja de la bahía norte de Manila.

La situación cambió tras la implementación de un proyecto de defensa costera y control de inundaciones basado en la naturaleza. Los pobladores usaron materiales locales, como postes de bambú, conchas de ostras y cáscaras de coco, para proteger a Pamarawan de las marejadas ciclónicas.

Las estructuras de bambú entrelazadas e interconectadas cubren ahora 14 hectáreas frente a la costa. Sirven como rompeolas junto con conchas de ostras desechadas colocadas dentro de redes de cáscara de coco.

Las estructuras también atrapan el lodo y la arena que flotan en el agua. Con el tiempo, se espera que el sedimento acumulado eleve gradualmente el lecho marino a una altura suficiente para plantar manglares. La ejecución del proyecto inició en 2024 y se espera que culmine este año.

Más allá de Pamarawan

En Malolos y otras zonas costeras bajas del norte de la bahía de Manila, el aumento del nivel del mar vinculado al cambio climático y el hundimiento del terreno provocado por la extracción excesiva de agua subterránea han agravado las inundaciones crónicas.

Según funcionarios de Pamarawan, los residentes ya han notado la diferencia desde que comenzó el proyecto. «Hace casi dos años que no sufrimos inundaciones», dijo Dayao, atribuyendo este logro al proyecto de soluciones basadas en la naturaleza.

Durante décadas, Filipinas ha invertido miles de millones de pesos en infraestructura gris y muchos proyectos se han visto perjudicados por una mala construcción y diseños inadecuados, además de estar plagados de corrupción.

El proyecto basado en la naturaleza en Pamarawan costó menos que las soluciones de ingeniería convencionales y hoy se promociona como un modelo potencial frente a las inundaciones. Un funcionario nacional ya anunció que el plan piloto podría replicarse en otras áreas propensas a inundaciones.

– Este artículo fue publicado en inglés en Mongabay. Puedes revisar la versión completa aquí.

*Imagen principal: un oficial de policía camina junto al proyecto de control de inundaciones y defensa costera basado en la naturaleza en Malolos, el 28 de septiembre de 2026. Foto: Oliver Samson/Mongabay

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Panamá los testimonios de representantes de seis países que denunciaron daños vinculados a operaciones de empresas mineras canadienses en América Latina, entre ellos cuatro supuestos ataques contra defensores ambientales. La audiencia, que se realizó el 27 de octubre, buscaba examinar las obligaciones de Canadá en el impacto de sus empresas extractivas en el exterior.

Canadá alberga a cerca de la mitad de las empresas mineras y de exploración mineral en el mundo que cotizan en bolsa.

Marco Manobanda, piscicultor indígena de Las Naves, en Ecuador, afirmó que la mina de cobre y oro El Domo, propiedad las empresas Silvercorp Metals Inc. y Salazar Resources Ltd., con sede en Vancouver, provoca deforestación y contaminación del agua. Denunció, además, presencia militar, amenazas y allanamientos. Según los activistas, en junio de 2025 el ejército y la policía dispersaron con gases lacrimógenos y balas de goma una protesta pacífica.

Desde Colombia, Mayerly López habló de las amenazas contra quienes protegen el páramo de Santurbán de las actividades de extracción de oro de Aris Mining Corporation en el proyecto Soto Norte; y dijo que, en panfletos, los defensores son vinculados con grupos armados. Global Witness contabilizó 39 asesinatos de defensores ambientales en Colombia en 2025.

Otros testigos expusieron su preocupación por la actividad minera en México, Panamá, República Dominicana y Argentina.

La audiencia ocurrió unos cuatro meses después de que el gobierno de Canadá eliminó la Oficina del Ombudsman Canadiense para la Empresa Responsable (CORE), creada para investigar las denuncias de abusos de los derechos humanos y daños ambientales en el extranjero vinculados a empresas canadienses. Arturo Ezquerro-Cañete, coordinador del programa para América Latina de MiningWatch Canada, sostuvo que su reemplazo, el Punto de Contacto Nacional, “carece por completo de poder”.

En septiembre, Mongabay informó sobre el deficiente historial del Punto de Contacto Nacional de Canadá. Solo tres de los 33 casos que ha tramitado desde 2000 terminaron en acuerdos conjuntos formales, y los críticos aseguran que carece de la independencia y las facultades de investigación necesarias para descubrir abusos.

Los testigos de la sociedad civil pidieron a la comisión que recomiende al gobierno de Canadá adoptar una ley que obligue a las empresas a ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente.

– Este artículo fue publicado en inglés en Mongabay. Puedes revisar la versión completa aquí.

Imagen principal: interior de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Panamá. Foto: cortesía de Earthworks.

El uso de cianuro en la minería ilegal de oro en la Amazonía brasileña representa una nueva amenaza para las personas y los animales en el territorio indígena Raposa Serra do Sol. Este territorio, ubicado en el estado de Roraima, ha sido invadido por mineros ilegales que utilizan cianuro para extraer el oro del mineral triturado, dejando tras de sí estanques de agua contaminada con ese veneno.

En julio, la Policía Federal arrestó a dos hombres y les incautó aproximadamente 375 kilos de un compuesto químico con características similares al cianuro, así como 1250 kilos de carbón activado, otra sustancia utilizada en el procesamiento de oro en Roraima. Según la policía, las incautaciones están vinculadas a la minería ilegal de oro en el territorio indígena.

Un año antes, en julio de 2025, la Policía Federal clausuró un laboratorio ilegal en Boa Vista, la capital del estado, donde se encontraron rocas que se cree provenían de la minería de oro y zonas de agua contaminadas con cianuro.

En Brasil, el comercio de cianuro es controlado por el Ejército, lo que genera lagunas legales. Además de ser más accesible que el mercurio, ofrece a los delincuentes una importante ventaja en eficiencia: según la agencia ambiental de Brasil IBAMA, el método del cianuro permite recuperar oro con tasas superiores al 90 %, mucho más altas que el 30 % o 50 % que se obtiene con el mercurio.

Doce sitios contaminados

El creciente uso de cianuro en la minería ilegal de oro ha llamado la atención de la Fiscalía Federal, que recomendó la remediación ambiental urgente de varias zonas que se asemejan a estanques al aire libre contaminados con cianuro en el Territorio Indígena Raposa Serra do Sol.

En entrevista con Mongabay, el fiscal federal Alisson Marugal calificó la situación de «muy preocupante» y detalló que las operaciones en curso han identificado 12 sitios contaminados con cianuro en el territorio indígena.

Según diversas fuentes, niños indígenas participan en la trituración de rocas para extraer el oro obtenido de la mina mediante voladuras. En septiembre de 2025, medios de comunicación como G1 ya habían informado sobre estos problemas. En diciembre, las estimaciones publicadas por el Consejo Indígena de Roraima (CIR) indicaron que había aproximadamente 500 mineros ilegales en el territorio.

Aunque algunos indígenas han participado en la minería ilegal en el territorio Raposa Serra do Sol, la mayoría se opone a esta actividad, conocida localmente como garimpo, según declaró a Mongabay Amarildo Macuxi, coordinador general del CIR.

– Este artículo fue publicado en inglés en Mongabay. Puedes revisar la versión completa aquí.

*Imagen principal: En marzo, IBAMA desmanteló una operación minera ilegal en el territorio indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima. El mineral es procesado con cianuro para separar el oro de otros minerales. Foto: cortesía IBAMA

Los elefantes y las ballenas cumplen funciones importantes en el ciclo del carbono y su recuperación podría tener beneficios para el clima. Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre cuánto carbono pueden almacenar, dónde lo hacen y en qué periodos. Así lo advierte un estudio publicado el 19 de octubre en la revista Current Biology, que alerta sobre los riesgos de presentar la restauración de grandes animales como una estrategia para combatir el cambio climático.

La investigación, liderada por Andrew Abraham, de la Universidad del Norte de Arizona, en Estados Unidos, revisó los conocimientos científicos sobre la relación entre estos animales y el almacenamiento de carbono. Los elefantes, por ejemplo, dispersan semillas y favorecen la recuperación de los bosques. Además, al controlar el crecimiento de la vegetación, podrían reducir el riesgo de incendios que liberan carbono. Sin embargo, también pueden destruir árboles con su alimentación.

En el caso de las ballenas, sus cuerpos almacenan carbono durante su vida y sus excrementos aportan nutrientes que favorecen el crecimiento del fitoplancton, organismos que absorben dióxido de carbono. Cuando mueren, sus cuerpos pueden hundirse en el océano y mantener parte de ese carbono fuera de la atmósfera.

Los autores consideran que recuperar las poblaciones de estas especies es fundamental para frenar la pérdida de biodiversidad y evitar extinciones. Sin embargo, advierten que promover estas iniciativas exclusivamente por sus beneficios climáticos es una estrategia de «alto riesgo».

Uno de los principales problemas es que los efectos de la recuperación de grandes animales podrían tardar entre 50 y 100 años en manifestarse. Además, vincular su conservación con créditos de carbono podría llevar a priorizar los beneficios climáticos sobre la salud de los ecosistemas.

Los investigadores insisten en que se necesitan más estudios y monitoreos a largo plazo para determinar cuánto carbono pueden capturar y almacenar los animales. Su recuperación puede contribuir a enfrentar las crisis de biodiversidad y clima, pero no sustituye la reducción urgente de las emisiones ni el abandono de los combustibles fósiles.

– Este artículo fue publicado en inglés en Mongabay. Puedes revisar la versión completa aquí.

Imagen principal: Rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata). Foto: corteasía de © Wayne y Pam Osborn vía iNaturalist (CC BY-NC 4.0).

El gobierno de Abelardo De la Espriella derogó en los últimos días la Resolución 961, que prohibía la megaminería y la explotación de hidrocarburos en la Amazonía, abriendo nuevamente la puerta a las concesiones extractivas en la selva.

La medida coincide con un acuerdo bilateral con Estados Unidos para explorar y exportar minerales críticos, recursos muy demandados para la transición energética de las potencias.

De acuerdo con el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, la razón para echar atrás esta medida fue que se expidió «sin culminar la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que podrían verse directamente afectadas».

En sus redes sociales, la ex ministra de Ambiente durante el gobierno de Gustavo Petro Irene Vélez denunció que derogar el decreto no es un tema de “incertidumbre económica”, sino una maniobra para entregarle a Estados Unidos los minerales que necesita, sacrificando el territorio.

“Si no reaccionamos, entregarán nuestra Amazonía al mejor postor”, advirtió Vélez. En tanto, organizaciones de la sociedad civil exigen que se restituya la resolución y lanzaron una petición para sumar apoyos, que será presentada ante las autoridades.

*Imagen principal: el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella. Foto: Ministerio de la Defensa de Colombia