Durante el Día Mundial del Agua, que se conmemoró este domingo, miles de personas salieron a las calles de Santiago y otras ciudades de Chile para protestar en contra de las decisiones recientes en materia ambiental del nuevo gobierno de José Antonio Kast. La movilización, convocada por organizaciones sociales y ambientales, puso en el centro del debate la protección de los recursos naturales y el acceso al agua.

Bajo el lema “Don’t ‘Kast-igate’ Nature” (“La naturaleza no se KASTiga”), los manifestantes recorrieron cerca de dos kilómetros por la avenida Alameda en la capital chilena. La marcha que se replicó en al menos 15 ciudades del país reflejó un malestar extendido frente al retiro de 43 decretos ambientales de la Contraloría General de la República, que habían sido impulsados por la administración del expresidente Gabriel Boric.

Las normas suspendidas contemplaban medidas de protección para especies como la ranita de Darwin y el pingüino de Humboldt, la creación de parques nacionales y planes de descontaminación en zonas críticas como el Lago Villarrica, además de regulaciones a las emisiones de centrales termoeléctricas.

La decisión fue tomada por el nuevo gobierno un día después de asumir el poder, bajo el argumento de revisar que los decretos cumplan con estándares técnicos y normativos vigentes.

Un reportaje de Mongabay Latam documentó que entre los decretos que fueron retirados figuran seis que pretendían declarar áreas protegidas en la región de Atacama para proteger 10 humedales de altura, entre salares y lagunas altoandinas, como parte de la apuesta de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por Boric.

Para Mauricio Lorca, investigador y profesor de la Universidad de Atacama, es una decisión «súper lamentable». «Estas áreas quedan a merced de la expansión del capital que toma forma de minería del litio», afirmó.

Desde las organizaciones convocantes, las críticas apuntan a lo que consideran un retroceso en la política ambiental del país. Según Cristóbal Rodríguez, vocero nacional del Movimiento por la Defensa y el Acceso al Agua, la Tierra y el Medioambiente (Modatima), aún existen cerca de 1.4 millones de personas sin acceso a agua potable en Chile.

Mientras el Gobierno defiende la revisión de las normas como parte de un proceso habitual al inicio de una nueva administración, los manifestantes advierten que las decisiones podrían afectar la protección de los ecosistemas y el equilibrio ambiental en el país.

Lee el artículo sobre las normas ambientales que frenó el nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast

Este artículo fue publicado en Associated Press

*Imagen principal: manifestantes marchan en Santiago de Chile durante el Día Mundial del Agua para exigir mayor protección del medioambiente y el bienestar animal. Foto: AP/Esteban Félix

La propuesta de reforma a la Ley de Glaciares en Argentina ha desatado un amplio rechazo en sectores ambientales, científicos y sociales, que advierten sobre los riesgos que implicaría para las principales reservas de agua del país y para ecosistemas de alta fragilidad. El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, plantea flexibilizar las restricciones para facilitar el avance de la actividad minera en zonas periglaciares.

Aunque la iniciativa ingresó a debate en la Cámara de Diputados, aún debe atravesar una instancia clave: una audiencia pública prevista para los días 25 y 26 de marzo. Este proceso, que ya suma más de 60 000 personas inscritas, busca garantizar la participación ciudadana en una discusión que podría tener impactos ambientales significativos.

La convocatoria responde a obligaciones establecidas en la Constitución argentina, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que exige mecanismos abiertos e inclusivos en la toma de decisiones sobre temas ambientales.

En medio del debate, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) publicó un informe titulado “10 mitos y falacias sobre la Ley Nacional de Glaciares”, en el que cuestiona los argumentos que buscan defender la reforma del Gobierno. Uno de los puntos más controvertidos es la afirmación de que la minería no afectaría a estos ecosistemas. Según el documento, las técnicas extractivas previstas implican el uso de explosivos que pueden destruir tanto glaciares como áreas periglaciares, provocando daños irreversibles.

“Se vuelan los glaciares y el ambiente periglacial con explosivos para extraer los minerales que se encuentran debajo de ellos. Por ende, el daño es irreversible”, se lee en el documento.

El informe detalla que “una vez destruido un glaciar, no hay ninguna posibilidad de recomponerlo». «Su destrucción es para siempre. Por ello es que necesitamos más que nunca apelar a un principio básico: proteger los glaciares y el ambiente periglacial es proteger el agua, las cuencas y el futuro de toda la nación; en definitiva, es proteger la vida”, sostiene el documento.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coinciden en que la reforma podría comprometer el acceso al agua de más de siete millones de personas que dependen de cuencas andinas. Además, alertan sobre un posible retroceso en la protección ambiental en un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales.

“La minería degrada los glaciares como reservas de agua dulce, afectando no solo la función ambiental, sino la que cumplen las áreas periglaciares en el suministro de agua dulce para asentamientos humanos o actividades productivas”, señaló el diputado Esteban Paulón, del bloque Unidos, a Mongabay Latam.

Lee aquí el artículo sobre el rechazo social y de expertos a la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina

*Imagen principal: en los glaciares de San Juan se evidenció presencia de actividad minera que afecta los recursos hídricos de la zona. Foto: cortesía Martín Katz/Greenpeace

Un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos volvió a encender las alarmas sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia. El organismo verificó 972 homicidios entre 2016 y 2025.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó como “desgarrador” que el país siga siendo uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos. Si bien reconoció avances del Gobierno en materia de protección, subrayó que las medidas siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.

La ONU identificó un incremento progresivo de los asesinatos desde 2016, cuando el Estado colombiano firmó el Acuerdo de Paz con la entonces guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según el informe, en ese año se registraron 61 casos, mientras que entre 2019 y 2021 la cifra se mantuvo en alrededor de 100 anuales. El pico más alto ocurrió en 2022, con 117 homicidios.

Además de los asesinatos, las amenazas y los ataques continúan siendo una forma sistemática de violencia contra los defensores. Desde 2022 se han documentado más de 2000 agresiones, principalmente amenazas. Sin embargo, la ONU advierte que estas cifras podrían ser solo una parte del total real, debido a la falta de un sistema unificado de registro.

“Aunque estas formas de violencia son menos visibles que los homicidios, resultan efectivas para el silenciamiento y desestructuración de los procesos organizativos en defensa de los derechos humanos”, señala la ONU.

El organismo explica que la violencia responde a causas estructurales: la presencia de conflictos armados, la expansión de economías ilícitas —como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas—, la débil institucionalidad en zonas rurales y altos niveles de impunidad.

Estas condiciones afectan especialmente a líderes comunitarios, integrantes de juntas de acción comunal, defensores ambientales, líderes campesinos, activistas LGBTIQ+ y representantes políticos locales, según el organismo internacional.

El impacto es particularmente grave en pueblos indígenas, donde la violencia busca desarticular procesos organizativos mediante asesinatos, amenazas y control territorial. Según la ONU, estos ataques no solo afectan a individuos, sino que debilitan la cohesión social y la gobernanza en amplias regiones del país.

Ante este panorama, Naciones Unidas instó al Estado colombiano a fortalecer políticas públicas de protección, actualmente fragmentadas, y a avanzar en investigaciones que permitan sancionar a los responsables. De no abordar las causas de fondo, advierte el organismo, la violencia seguirá teniendo efectos devastadores sobre la defensa de los derechos humanos en Colombia.

Lee la nota sobre el asesinato del gobernador Eutimio Valencia Duave en Colombia

Este artículo fue publicado en Associated Press

*Imagen principal: velorio de dos habitantes indígenas awá, en Nariño, Colombia. Foto: cortesía Asociación Minga

El juicio oral por el asesinato del líder indígena kichwa Quinto Inuma marcó un hecho sin precedentes en la Justicia peruana. Entre el 10 y 12 de marzo, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada realizó audiencias presenciales en la ciudad de Tarapoto, luego de que los jueces se trasladaran desde Lima para escuchar a la familia del defensor indígena y a miembros de su comunidad.

Manuel Inuma Alvarado, hermano de Quinto Inuma y actual jefe de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, aseguró: «Para nosotros es muy interesante que los jueces se encuentren aquí en Tarapoto. Queremos que este juicio por la muerte de mi hermano no se quede en la nada. Lo que queremos y pedimos es justicia, que se dé cadena perpetua a dos de los acusados”.

El traslado de los magistrados responde a un pedido realizado el 12 de enero de 2026 por la familia Inuma y su comunidad, con el objetivo de garantizar el acceso a la Justicia con un enfoque intercultural. Se trata de la primera vez que jueces de esta instancia se desplazan fuera de la capital peruana para un proceso judicial vinculado con el asesinato de un defensor indígena.

Las sesiones forman parte de la continuación del juicio oral iniciado en enero de este año, que hasta ahora se había desarrollado de manera virtual.

Quinto Inuma fue asesinado el 29 de noviembre de 2023 en el río Yanayacu, en la región San Martín, en la Amazonía peruana. El líder indígena denunciaba invasiones a su territorio, tráfico de tierras, narcotráfico y tala ilegal.

El caso reviste especial gravedad porque Inuma formaba parte del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y contaba con garantías para su vida. A pesar de ello, fue asesinado.

Actualmente, cinco personas permanecen detenidas y procesadas por los presuntos delitos de sicariato, homicidio calificado en grado de tentativa y encubrimiento personal.

Durante la primera jornada de audiencias presenciales en Tarapoto, la viuda de Quinto Inuma, Betty Mandruma, relató el momento en que su familia presenció el asesinato. En su testimonio recordó a su esposo como un “defensor de sus bosques, de sus tierras». «Él luchaba por su tierra, era un defensor y por eso dio su vida. Me da mucha pena que mi esposo nos dejó así nomás”.

La familia y la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu esperan que las declaraciones contribuyan a esclarecer el crimen y a alcanzar justicia. Manuel Inuma expresó que la familia continuará el proceso “hasta el final». «Quinto Inuma dejó un legado por las causas que él defendió. Era un hombre valiente, guerrero”, dijo.

Imagen principal: días antes del asesinato, el líder indígena Quinto Inuma expuso en Pucallpa la situación de invasiones y deforestación que se vivía en su comunidad. Foto: cortesía Fondo Socioambiental del Perú

El defensor del territorio, comunicador y ambientalista Erik Saracho Aguilar fue atacado a balazos frente a su casa este 11 de marzo en la comunidad de San Francisco (San Pancho), Nayarit, al occidente de México.

Saracho recibió dos impactos de bala que le provocaron lesiones de gravedad. Sin embargo, logró resguardarse. Tras ser trasladado de emergencia a un hospital público para recibir atención médica se encuentra estable.

“Me marca por teléfono y me dice, me balancearon, necesito ir al hospital”, cuenta Indira Santos, miembro de la RedMAS (Medio Ambiente en Sustentabilidad), iniciativa fundada por Saracho presente en los municipios de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Compostela.

Pese a que el defensor es parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que usó el botón de pánico, la policía tardó más de 50 minutos en llegar al lugar, de acuerdo con defensores cercanos a Saracho.

Actualmente, el defensor es director de Alianza Jaguar, una asociación civil de conservación de esta especie y su hábitat. Además, es consejero ciudadano en órganos colegiados de gobierno en asuntos ambientales y en el desarrollo sustentable.

Desde su labor en la RedMAS ha denunciado riesgos ambientales relacionados con los proyectos de desarrollo y expansión inmobiliaria y turística en esta región del Pacífico.

Santos cuenta que el defensor enfrenta desde hace ocho años procesos de criminalización por denunciar obras irregulares que invaden zonas federales de protección en San Pancho. “Le hicieron una denuncia penal, en la cual le ponen ley mordaza y les congelan las cuentas a él y otras tres personas”, relata.

Desde entonces, Saracho también ha recibido amenazas.

Hasta ahora, la Fiscalía del estado de Nayarit únicamente ha procesado la escena del ataque e inició una investigación por tentativa de homicidio “y lo que resulte”.

“Este hecho no puede ser considerado como un simple acto de inseguridad ciudadana. La agresión a Erik Saracho constituye un atentado directo contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la defensa del territorio y el medio ambiente en México”, publicó la RedMAS. “Este atentado es, de algún modo, contra la seguridad de todas las familias de San Pancho y contra cada defensor del territorio en Bahía de Banderas”, publicaron sus integrantes, quienes hicieron una protesta en calles de la localidad.

Santos agregó: “Esto es un ataque para todos y es sembrar el miedo y el pánico. Ante eso hay que reforzarnos, mover bien la información, hacerlo visible y dar la cara. Estamos en proceso de defensa del territorio. Hay mucho cuidado también por parte de la comunidad, una red de apoyo muy fuerte”, sostiene.

Imagen principal: Erik Saracho defensor territorial en Nayarit, México. Foto: cortesía Erik Saracho

El gobernador indígena Eutimio Valencia Duave fue encontrado sin vida este martes 10 de marzo, luego de haber sido reportado como desaparecido días atrás en el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano. La noticia fue confirmada por la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule del Chocó (Orewa), que expresó su consternación por la muerte del líder indígena.

Valencia Duave, quien era autoridad de la comunidad indígena Alto Tarena, en el municipio de Tadó, había sido reportado como desaparecido el sábado 7 de marzo. La asociación Orewa alertó que el gobernador fue interceptado por tres hombres armados en una vía que conduce a Tadó.

El hallazgo de su cuerpo fue confirmado este martes por Orewa a través de un comunicado en el que lamentaron profundamente la pérdida del líder indígena, reconocido en su comunidad por su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la protección de los territorios ancestrales.

“Este hecho enluta no solo a su familia y a su comunidad, sino también a todos los pueblos indígenas del Chocó, que hoy lamentamos la pérdida de un líder comprometido con la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos de nuestras comunidades”, se lee en el comunicado de Orewa.

La organización también exigió a las autoridades avanzar con rapidez en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Los integrantes de Orewa exigen a las “autoridades competentes del orden departamental y local adelantar de manera inmediata investigaciones rigurosas y determinar las circunstancias de su muerte, identificar y judicializar a los responsables, y garantizar que este crimen no quede en la impunidad”.

El asesinato fue condenado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), que señaló la gravedad del ataque contra una autoridad tradicional. “Este crimen es un ataque directo al gobierno propio, a la autonomía territorial y a la dignidad colectiva de los Pueblos Indígenas”, denunció la organización.

Además, la CNTI advirtió sobre los riesgos que enfrentan los líderes indígenas en distintos territorios del país. “La defensa de los derechos colectivos no puede pagarse con la vida. Reiteramos que la constante amenaza que vivimos los Pueblos Indígenas no es un riesgo abstracto: se expresa en agresiones, persecución y violencia contra quienes ejercemos autoridad propia y defendemos el territorio”.

Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) también hizo un llamado a las instituciones del Estado a dar con los responsables del crimen y a reforzar la protección de las autoridades ancestrales en el departamento. “Instamos a las instituciones del Estado a reforzar la protección de las comunidades indígenas frente a las múltiples amenazas que enfrentan en los territorios”, señaló la entidad.

Lee el artículo sobre el asesinato de tres defensores en Arauca 

Imagen principal: el gobernador indígena Eutimio Valencia Duave fue encontrado sin vida en el departamento del Chocó. Foto: captura de pantalla