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Los desafíos ambientales de Bolivia para el 2018

Cada nuevo año trae consigo retos para el ambiente. Por ello, en Mongabay Latam buscamos la opinión de cinco personalidades del sector ambiental para que desde su mirada y experiencia comenten cuáles consideran que son los desafíos que debe asumir Bolivia para transitar por las sendas del desarrollo sostenible y la conservación.

La lista fue diversa, pero los expertos consultados coincidieron en que entre los desafíos que debe abordar el país están el cumplir y respetar las normas que resguardan los territorios y derechos indígenas, aplicar políticas coherentes con el desarrollo sostenible por parte del gobierno central, asignar una mayor cantidad de recursos económicos para la gestión de las áreas protegidas, y avanzar hacia el desarrollo de mayores fuentes de energía solar y eólica.

ÁREAS PROTEGIDAS: MAYORES RECURSOS ENCÓMICOS PARA LA GESTIÓN

El 17 % del territorio boliviano está declarado bajo alguna categoría de área protegida. De esa manera, los expertos coincidieron en que se debe mejorar la gestión de estos sitios, asignando una mayor cantidad de recursos, y que además, es vital que la sociedad civil comprenda mejor el rol ecológico que brindan.

Para José Antonio Díaz, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) tiene que asumir que la gestión de áreas protegidas nacionales necesita una mayor cantidad de recursos. Así también, se debe continuar apoyando la formación de gestores y guardaparques. De igual manera, se debe luchar contra amenazas puntuales que se han convertido en problemas graves y son ahora reconocidos a nivel internacional, como el comercio de partes de jaguar.

Respecto a las áreas protegidas municipales, Díaz piensa que los desafíos están en avanzar en la gestión adecuada de estos espacios, buscando la estabilidad entre la extracción de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad. “Los retos en las áreas protegidas son sin duda alguna continuos y muy ligados a la disponibilidad de recursos económicos’’, opinó.

Juan Fernando Reyes considera que será necesario difundir de una manera más amplia cuál es la contribución que brindan las áreas protegidas al mantenimiento de la biodiversidad y el clima en el país.

Para el conservacionista, es importante que las personas conozcan la importancia que representa la Amazonía en el régimen de lluvias, dado que gran parte de la lluvia que cae en la ciudad de La Paz, por ejemplo, proviene de la Amazonía. “Después de la sequía que sufrió La Paz a finales de 2016, es importante que la población y las autoridades comprendan estas interrelaciones’’, manifestó.

Según Bustillos, en 2018 se debe priorizar en mejorar la gestión de las áreas protegidas (AP) en sus diferentes niveles, nacionales, regionales y municipales. Para el especialista, es necesario consolidar la implementación del Sistema de Cobros por Turismo (SISCO) que inició en 2017, una herramienta que puede ayudar a asegurar ingresos directos a cada AP.

También indicó que entre los desafíos están los siguientes: 1) Desarrollo de nuevas herramientas o estrategias de conservación de las AP actuales 2) Hacer un análisis y reestructuración de las actuales categorías de protección dentro de las AP (Ejemplo: Parque Nacional, Área Natural de Manejo Integrado, Santuario, etc.) 3) La descentralización de las AP para que puedan captar fondos internacionales y 4) La penalización y sanción de los crímenes ambientales dentro de las AP.

Wilma Mendoza opinó que el principal desafío debe ser la implementación de campañas educativas para alcanzar mayor concientización de la sociedad civil, así como el establecimiento de alianzas para lograr una verdadera articulación en defensa de nuestras áreas protegidas. “Las áreas protegidas cumplen funciones importantes en la tierra que son la razón de nuestra existencia’’, indicó la lideresa indígena.

Para Marcel Caballero, quien dirige el ANMI San Matías, una de las 22 áreas protegidas nacionales que tiene Bolivia, es necesario que se promuevan nuevos convenios y alianzas estratégicas que permitan alcanzar la conservación y la sostenibilidad de estos sitios naturales.

BOSQUES: REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN, MAYOR COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Los expertos opinaron que se debe dar prioridad a la reducción de los niveles de deforestación anual. También es importante mejorar la coordinación entre las instituciones ambientales para afrontar mejor las presiones sobre los ecosistemas.

Según varios estudios, el Amboró es considerado como una fábrica natural de agua para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Foto: Eduardo Franco Berton

Reyes opina que el mayor reto para el 2018 y los próximos años es avanzar hacia la producción sostenible de la biodiversidad. Pone como ejemplo a la castaña, que a pesar de la disminución de su producción en la zafra de 2017, se ha posicionado como el segundo producto de exportación no tradicional de Bolivia.

“Hay muchos otros frutos amazónicos con mercados emergentes como el asaí, el cacao, el camu camu, sinini, cayú y otros. Hay que mejorar la tecnología de producción de estos frutales invirtiendo en investigación e innovación’’, manifestó.

Huáscar Bustillos cree que este 2018 se debe aprovechar la existencia del satélite Túpac Katari que tiene Bolivia para implementar un nuevo Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF), con información e imágenes captadas directamente por este satélite.

También  ve necesaria la consolidación de una Policía Ambiental, mientras se implementan leyes más duras, severas y drásticas contra los delitos ambientales.

Para Wilma Mendoza, los tomadores de decisión deben cambiar la visión que tienen sobre los bosques: “No deben ver al bosque como algo que permite la acumulación de recursos económicos, sino como parte de nuestro organismo’’, indicó. Por esto, opinó que se deben buscar otras alternativas para un verdadero desarrollo integral y sostenible, como el que sugieren los pueblos indígenas.

Caballero opina que el 2018 se deben establecer más convenios con otras instituciones como los Gobiernos Municipales, ONG, Fundaciones y agencias del gobierno, “para el fortalecimiento del manejo de los bosques y la gestión de las áreas protegidas’’.

José Antonio Díaz opina que el principal reto del país es reducir los niveles de deforestación anual, los cuales siguen  sin miras de ser controlados. Díaz piensa que este es un desafío en el que también deben trabajar las instituciones conservacionistas, de forma unida, y a manera de ayudar a ejercer mayor presión.

Por otra parte, el director de CLB manifestó que “los cambios del Plan de Uso de Suelo (PLUS) del Beni (que buscan convertir a este departamento en el nuevo granero de Bolivia) tendrán que ser evaluados, en la búsqueda de un equilibrio entre actividades económicas y la preservación de ecosistemas’’.

PUEBLOS INDÍGENAS: CUMPLIMIENTO Y RESPETO DE LAS NORMAS QUE RESGUARDAN SUS DERECHOS Y TERRITORIOS

Los expertos coincidieron en que se deben hacer cumplir las normas que garantizan la protección de los territorios indígenas, que se encuentran seriamente amenazados por megaproyectos de infraestructura.

Indígenas ese ejas de la comunidad Portachuelo Bajo (Pando). Foto: Miriam Telma Jemio.

El biólogo Huáscar Bustillos cree que en 2018 se debe hacer cumplir las leyes sobre consulta previa, autodeterminación y soberanía de los pueblos indígenas en lo relacionado a los megaproyectos que los afectan. También opina que se deben establecer nuevas leyes que resguarden los territorios indígenas ancestrales ante la nueva ola de exploración hidrocarburífera  dentro de las áreas protegidas y estos lugares.

Juan Fernando Reyes – Director Ejecutivo de la ONG HERENCIA

Juan Fernando Reyes cree que es importante que los actores sociales y el gobierno recuperen el respeto a las normas nacionales e internacionales de derechos de los pueblos indígenas.

Por su parte, Wilma Mendoza opina que uno de los desafíos es trabajar por  la unidad y articulación de los pueblos indígenas, para continuar  la resistencia e incidir en las políticas públicas que frenen los avasallamientos de tierras. “Hay que hacer entender que nuestras políticas de la gestión territorial indígena son las adecuadas, y es donde  se practica el desarrollo sustentable de acuerdo al modo de vida con la naturaleza y nuestra  madre Tierra’’, indicó la líder indígena.

Marcel Caballero piensa que un tema que se debe trabajar es el de brindar apoyo en la identificación de proyectos productivos sostenibles y de manejo sostenible de la biodiversidad, que deriven en beneficios económicos hacia los habitantes de las áreas protegidas.

Díaz piensa que los pueblos indígenas deben continuar luchando por la defensa de sus derechos y para que sus territorios no sean atropellados con la realización de megaobras, como las represas de El Bala y Chepete en el parque Madidi y Rositas en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Río Grande Valles Cruceños, además de la carretera en el TIPNIS.

POLÍTICAS AMBIENTALES: COHERENCIA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Los especialistas concordaron que este 2018 debe evitarse la aplicación de políticas que vayan en contradicción con el uso sostenible de los recursos naturales, una situación que según ellos fue uno de los aspectos negativos en 2017.

Bustillos piensa que entre los desafíos de 2018 en el tema de políticas ambientales se debe realizar lo siguiente: 1) Evitar cambios en la legislación que afecten a las reservas forestales (como las presiones de los campesinos en la Provincia Guarayos para desafectar la Reserva Forestal Guarayos) 2) Implementar una nueva política de bosques por parte de la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra) 3) Incentivar la creación de medidores de la contaminación ambiental (aire/suelo/agua) en las ciudades capitales de los departamentos de Bolivia y 4) Recuperar las áreas verdes, mientras se consolidan áreas de protección arbórea en las ciudades del país.

Juan Fernando Reyes opina que se debe recuperar y fortalecer el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Las políticas ambientales deberían promover la gestión sostenible de los recursos y hacer frente al cambio climático, pero deben ser complementarias con los derechos de las personas a una vida digna en lo económico y social’’, manifestó.

Por otra parte, el director de Herencia piensa que se debe aprovechar que el Foro Mundial del Agua 2018 se realizará en Brasilia, Brasil, por lo que valdría la pena posicionar el tema del agua en la agenda nacional de Bolivia. Para esto, cree  que se deben tomar en cuenta los siguientes factores: a) Derecho al agua (no contaminada por minería u otros usos), b) Manejo de cuencas, c) Gestión de riesgos por inundaciones o sequías, d) Relación de las ciudades con el agua y el saneamiento y e) El rol “generador de lluvias’’ que tienen los bosques de la Amazonía.

Wilma Mendoza establece que se debe insistir en que los tomadores de decisiones apliquen programas que no atenten “contra los derechos de nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente”, como los planes de desarrollo integral, los cuales según Mendoza tienen un enfoque y visión más desarrollista que promueve mayor desmonte de los bosques y la siembra de cultivos y no toma en cuenta la visión local e integral que tienen los indígenas.

Caballero opina que una de las prioridades debe ser llevar a cabo la construcción de un nuevo modelo ambiental en el país, el que permita desarrollar los derechos de las personas y la Madre Tierra de manera complementaria, esto “con la capacidad efectiva de promover el desarrollo de sistemas productivos sustentables y de reducir de forma significativa la contaminación ambiental, en un contexto de cambio climático’’.

Díaz piensa que es necesario avanzar en la aplicación de sanciones correspondientes por la comisión de delitos de tráfico y comercio de fauna silvestre, así como el endurecimiento de las sanciones administrativas y penales a las personas que incurren en estos delitos ambientales.

“La generación de políticas claras a favor de la rehabilitación de fauna silvestre y su posterior liberación como el fin último a perseguir por parte de los centros de custodia del país’’, es un tema que José Antonio piensa se debe trabajar.

Por último, cree que se debe incidir en el involucramiento de los diferentes entes gubernamentales, nacionales, departamentales y municipales, en la preservación de la fauna silvestre.

BIODIVERSIDAD: MAYOR COORDINACIÓN Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL

Sobre este aspecto, los entrevistados tuvieron opiniones variadas. Sin embargo, en lo que coincidieron es que en 2018 será necesaria una mayor coordinación entre las instituciones ambientales para hacer frente a amenazas como el tráfico de vida silvestre.

Colmillos de jaguar decomisados. Foto: Cortesía de Pofoma / Archivo

Bustillos piensa que los desafíos están en la creación de un Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología descentralizado que pueda hacer seguimiento al cumplimiento de la normativa ambiental, que gestione proyectos de investigación y que ayude a canalizar recursos económicos para la investigación ambiental

Por otra parte, menciona que se debe llevar a cabo la actualización del Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia (del año 2009) y la creación del libro Rojo de la Flora de Bolivia y de los Ecosistemas de Bolivia.

El biólogo también menciona la necesidad de iniciar estudios de prospección y telemetría de los bosques y ecosistemas con el Satélite Tupac Katari, incentivar la creación de nuevos institutos científicos de investigaciones ecológicas-ambientales y desarrollar nuevas políticas y estrategias de adaptación al cambio climático tomando en cuenta a los tres niveles de gobierno (nacional-departamental-municipal).

Por su parte, José Antonio Díaz cree que los retos en biodiversidad son enormes y a diversos niveles. “Más que nunca creo que las instituciones del país tenemos que aunarnos y hacer fuerza conjunta y no trabajar como instituciones aisladas’’, manifestó. Para el conservacionista, esta es una buena manera de revertir las amenazas actuales, ya que problemas como el tráfico y comercio de vida silvestre son graves y existen muy pocas instituciones, las que además en escasas ocasiones trabajan en conjunto.

El director de Herencia hizo mayor énfasis en las fuentes de energía alternativa. “Dado que algunas de las principales amenazas a la biodiversidad en este momento en Bolivia provienen de obras de infraestructura para la producción de energía, valdría la pena que las políticas energéticas del país se vayan sincronizando al siglo XXI’’, argumentó.

Según Reyes, esto implicaría avanzar en el desarrollo de fuentes alternativas de energía como la eólica y solar, dos opciones para las que el país tiene condiciones ventajosas.

Wilma Mendoza cree que debe existir un mayor compromiso por parte de las instituciones que trabajan en el tema ambiental, y este se debe visibilizar en los espacios internacionales, dando a conocer las amenazas hacia los ecosistemas, debido a “la implementación de un desarrollo extractivo en diferentes áreas protegidas y territorios indígenas’’, indicó.

Finalmente, Marcel Caballero menciona que además de conservar la biodiversidad y las funciones ecosistémicas, es necesario recuperar y respetar la diversidad cultural que está presente en los sistemas de vida de las áreas protegidas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Bolivia.

Portada: Algunos pobladores de Tatarenda Nuevo durante una movilización realizada en mayo pasado en rechazo a la represa Rositas. Foto: Isapi Rua