- Su infraestructura anegará más de 40 mil hectáreas de bosques húmedos de la cuenca del río Grande y afectará a la flora y fauna endémica de un área protegida municipal, según el Comité de Defensa de Tierra y Territorio.
- Es parte de un complejo de siete hidroeléctricas que demandarán una inversión de más de 26 mil millones de dólares con el objetivo de generar energía para la exportación. Investigadores alertan de la no existencia de un mercado para venderla.
Bolivia se prepara para ser el centro energético de Sudamérica con la ciudad de Santa Cruz como el polo de desarrollo de este millonario proyecto. Así lo afirma el presidente Evo Morales y por eso el gobierno se prepara para construir la hidroeléctrica Rositas en la cuenca del río Grande, que aportará por lo menos 400 megavatios de energía para la exportación. Ya tiene diseño final y se adjudicó su construcción.
Pero un sector de la población rechaza este proyecto energético porque los obligará a abandonar sus viviendas y tierras de producción. Se trata de agricultores y ganaderos, e indígenas guaraníes de los municipios de Vallegrande, Gutiérrez, Cabezas, Postrervalle y Lagunillas. Sin contar que un área protegida biodiversa también será anegada.
El costo socioambiental del proyecto es alto, señalan expertos, y no existe un mercado seguro para la energía que producirá.
Energía para la exportación
La primera hidroeléctrica del departamento de Santa Cruz será Rositas y se construirá sobre el río Grande, cerca de la confluencia con el municipio de Abapo (ubicada a 140 kilómetros al sur de la capital cruceña). Se estima que ocupará una extensión de 150 000 hectáreas y que generará entre 400 a 600 megavatios (MW).
Rositas formará parte de un complejo de siete hidroeléctricas que se instalarán en la cuenca del río Grande y que abarcarán los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. En conjunto aportarán 3000 MW a un Sistema Interconectado Nacional (SIN). El doble de la demanda actual de energía en Bolivia.
El proyecto, en el cual el gobierno invertirá mil millones de dólares, está en su segunda fase. El 15 de septiembre de 2016, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y el consorcio de empresas chinas Asociación Accidental Rositas (AAR) firmaron el contrato para su construcción y puesta en marcha bajo la modalidad llave en mano.
Es un proyecto múltiple que, además de energía, proveerá de agua para consumo y riego (se estima para 164 000 hectáreas) y servirá para controlar las inundaciones. Según el gobierno, se crearán nuevas áreas de productividad agrícola para las poblaciones rurales e indígenas, generará empleo y mejorará las vías de acceso hacia las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto.
El principal interés de esta hidroeléctrica es obtener energía para exportarla y cumplir el plan de convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica. El gobierno anunció que hasta el 2020 se invertirán alrededor de 26 mil millones de dólares para generar 2954 MW con estas hidroeléctricas. La demanda máxima actual del mercado nacional es de 1434 MW y la oferta de 1977 MW.
El gobierno espera que Rositas, como las otras hidroeléctricas proyectadas, contribuya al cambio de la matriz energética a fuentes de energía más limpias, al desarrollo de la actividad piscícola y la instalación de emprendimientos turísticos. El proyecto fue declarado de prioridad nacional hace tres décadas (Ley Nº 940).
Incluso el gobierno departamental de Santa Cruz, dirigido por un partido de la oposición, está a favor. El gobernador Rubén Costas, en la firma del contrato con la china AAR, le dijo al presidente Morales que no criticará ni se opondrá al proyecto porque: “todos sabemos la importancia trascendental de lo que significa esto para toda Bolivia y obviamente para Santa Cruz”.
Tatarenda Nueva: la tierra de guaraníes que quedaría bajo el agua
Cerca del río Grande está la única área de cultivo de los indígenas de Tatarenda Nuevo, comunidad guaraní ubicada a 176 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. A los tatarendeños les toma veinte minutos llegar hasta sus chacras en movilidad. Los maizales destacan a simple vista, al igual que las aves, que no son bienvenidas porque dañan los cultivos.
Siete ojos de agua facilitan el riego de los cultivos —yuca, poroto, frijol, arroz y algunos vegetales— de las más de 80 familias de Tatarenda Nuevo, comunidad que pertenece a la Capitanía Kaaguasu (territorio indígena titulado y reconocido por el Estado), que está al amparo de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), ente máximo de esa nación en Bolivia.
Tras cruzar una puerta amplia, que impide el ingreso de foráneos al río, aparece un camino de siete kilómetros que conduce a las chacras (chacos) a través del bosque. A medida que se avanza se observan los árboles de soto y toborochis, entre otros que son propios del Chaco boliviano.
La vegetación va cambiando a lo largo del recorrido. Cuanto más se desciende se llega a un bosque semihúmedo. Pero antes está el área denominada Tumbo, desde allí se ve la serranía Tatarenda, donde hay algarrobos, pinos y alisos. “Aquí dicen que pondrán el muro de la represa”, muestra Benito Changaray, Mburuvicha de la comunidad (Capitán zonal). El saberlo los tiene en zozobra, dijo.
Los alambres demarcan las cerca de 200 hectáreas destinadas a la agricultura. Cada familia cultiva sus alimentos en dos a tres hectáreas. El 30 % de su producción la venden en Santa Cruz, explicó el Mburuvicha de Tatarenda Nuevo (tierra de fuego en guaraní), mientras recorre uno de los chacos donde hay tomate, frejol, macororó (planta usada para la producción de aceite), zanahoria y zapallo.
El 90 % de su producción es maíz. La cuarta parte de ese maíz es para alimentar a los animales que crían, el 15 % para el consumo familiar y el 1 % para los semilleros. “Este es nuestro único fuerte como comunidad. Todo este espacio el gobierno nos lo quiere llenar de agua”, comentó Changaray a Mongabay Latam. No entiende por qué “el gobierno siempre quiere afectar a los más pobres”.
Los recursos vegetales del bosque de la Capitanía Kaaguasu, que alberga a 24 comunidades incluidas Yumao y Tatarenda Nuevo que serán afectadas por el proyecto Rositas, son importantes para sus familias porque los usan en la medicina tradicional, alimentación, forraje, construcción, leña y artesanía.
En ese territorio habita una diversidad de animales silvestres como la urina (Mazama gouazoubira), el tatú (Dasypus novemcinctus), el anta (Tapirus), la capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) y el chancho de monte (Tayassu pecari). “Vivimos de los animales silvestres y, más que todo, cuidamos todo lo que es el bosque”, aseguró Daniel Taborga, responsable de Salud de esa comunidad.
A un kilómetro de las chacras está el río Grande. La pesca de especies como el bagre, el sábalo y el dorado, complementan su alimentación. Ese afluente también los provee de material para construir como piedra, ripio y arena. Esa parte del río, las chacras y el bosque de Tatarenda Nuevo quedarán bajo el agua con la construcción de la represa de Rositas, según Changaray.
Los tatarendeños tienen una producción pecuaria familiar de pequeña escala que incluye aves de corral, ganado porcino y vacuno. Cuentan con agua y energía, una escuela primaria, una posta sanitaria y transporte diario por la carretera Camiri-Santa Cruz. Conviven con el campo petrolífero Tatarenda, administrado por YPFB.
Sus mayores necesidades son de salud, el mal de chagas los afecta, pero también en el campo productivo, porque el espacio reducido les impide mejorar el rendimiento de sus cultivos. Su mayor preocupación es el poco avance que hay en la declaratoria como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), un proceso que realiza el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en todo el país.
La amenaza de Rositas
En la memoria de los guaraníes está el recuerdo del primer gobierno de Hugo Banzer, a inicios de la década de 1970, cuando poca gente vivía en la ribera de río Grande y ya se hablaba de la represa Rositas. Benito Changaray dice que ahora hay mucha más población en la región que ocupan las tres comunidades guaraníes que serán alcanzadas por la represa Rositas: Tatarenda Nuevo y Yumao (Capitanía Kaaguasu, municipio de Gutiérrez) y La Junta (Capitanía Iupaguasu, municipio de Lagunillas). “Va a ser una afectación muy grande, porque va a llegar hasta Vallegrande (municipio)”, remarcó.
Personal de la Empresa Nacional de Electricidad llegó a esa comunidad para explicarles la importancia del proyecto para el país. En su segunda visita les mostraron el área de mayor afectación en su territorio. “Van a levantar un muro de concreto en el sector que llamamos el Tumbo. Si se mira a esa serranía, son 162 metros de altura que va subir el agua. Todo va a estar bajo el agua”, contó el Mburuvicha.
No les dijeron qué pasará con su comunidad. Solo saben que hay una disposición gubernamental para desalojarlos a la fuerza si no aceptan la oferta, aunque no cuentan con un documento oficial que respalde esa aseveración. Aun con esa amenaza afirman que no aceptarán la construcción de esa represa. El 6 de mayo pasado resolvieron no atender a ninguna socialización más de la Ende. “La resolución es de toda la provincia Cordillera (las capitanías guaraníes y los municipios). No vamos con Rositas”, afirmó Taborga.
¿Y si les ofrecen otra área similar?, le pregunto a Changaray, y contesta: “Ni de aquí a 300 metros la gente quería reubicarse para hacer las viviendas estatales, peor será de la comunidad entera”.
Comunidades desplazadas
Incluidas las tres poblaciones indígenas guaraníes Tatarenda Nuevo, Yumao y La Junta, en el área que ocupará la hidroeléctrica viven alrededor de quinientas familias en comunidades que pertenecen a los municipios de Cabezas, Gutiérrez, Postrervalle, Lagunillas y Vallegrande. Son asentamientos que datan de los años setenta. La mayoría llegó hace más de tres décadas a esas regiones.
“Todo se va a inundar. Nos van a sacar de nuestras casas. Nos llegó la noticia de que la empresa ya lo va a construir. Ya han sacado las licitaciones. ¿Y nosotros dónde quedamos? Todo esto tenía que llegar a mis hijos. Es nuestro sustento y todo eso se va perder”, comentó a Mongabay Latam Sibila Mariscal, comunaria de Moroco, población ubicada a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.
Es una tierra fértil y con agua en abundancia. “Produce lo que usted siembra”, aseguró Benigno Barrientos, dirigente de Moroco (municipio de Cabezas).
Investigadores de la ONG Probioma alertan sobre del impacto que la construcción de la hidroeléctrica Rositas generará sobre la seguridad y soberanía alimentaria al anular las tierras de una de las zonas prioritarias para la producción de alimentos, entre ellos, maíz, arroz, hortalizas, vegetales, leche y carne.
Telésforo Guzmán, poblador de Masicuri, localidad ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz y que también quedará bajo el agua, aseguró que vive en una de las mejores zonas productivas. El río del mismo nombre les da buena pesca. Conocen la importancia de su cuenca y la conservan. Cuando se asentaron en el lugar talaron el bosque tucumano-boliviano, pero luego aprendieron a manejarlo. “Estamos cuidando la madera de la tala indiscriminada y la quema”, aseguró.
En la comunidad San Marco, municipio de Postrervalle, habitan también 35 familias agricultoras y ganaderas que tienen la firme decisión de no salir de sus tierras. “Nos hemos criado ahí. Estamos acostumbrados. Es nuestro hogar. No queremos el proyecto porque harto nos va a afectar”, le dijo a Mongabay Latam Edith Sandoval.
Algunas comunidades fueron visitadas por personal de Ende que solo les hizo saber que tendrán que dejar sus tierras para dar paso a la hidroeléctrica. La Empresa Nacional de Electricidad espera que el “Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) analítico integral para la hidroeléctrica Rositas”, cuya primera licitación lanzada en 2016 quedó desierta, identifique “los impactos que enfrentarán los propietarios, poseedores y ocupantes afectados por el Proyecto”, con lo cual se definirán las medidas de mitigación y compensación, según el documento oficial. Así está detallado en los términos de referencia. La segunda invitación también fue declarada desierta, en junio pasado.
“La tenencia y el uso del inmueble (tierra) son factores determinantes de los impactos”, señalan los términos de referencia del EIA. Clasificarán a los afectados por grupos de acuerdo a la medida de mitigación o compensación que les corresponda, según el mismo documento. Por eso, a los pobladores que serán afectados les urge que el INRA termine de titular sus tierras.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con el presidente ejecutivo de Ende, Eduardo Paz, para conocer los detalles del proyecto Rositas. Hasta el cierre de esta publicación, la autoridad no pudo atender la solicitud porque está de viaje, informaron en el área de Comunicación.
Posibles impactos en un área protegida
El Área Natural de Manejo Integrado Río Grande Valles Cruceños (ANMI), creada hace una década, posee el área boscosa más grande de la cuenca y su conservación garantiza la estabilidad hidrológica de los valles cruceños. Tiene una superficie de 734 000 hectáreas que integra los municipios de Vallegrande, Moro Moro, Postrervalle y Pucará en la provincia Vallegrande; Samaipata en la provincia Florida; y los municipios de Cabezas y Gutiérrez en Cordillera.
Posee una riqueza biológica con especies de flora y fauna únicas en el mundo. La paraba frente roja, el loro y el tordo son exclusivas de esta área protegida. Se identificaron 374 especies de aves, las más representativas son el gallito de las rocas, el cóndor subandino, la paraba militar, el loro alisero y el águila solitaria. Entre los mamíferos están el oso de anteojos o jucumari, el puma del valle y uno de los murciélagos más grandes del mundo.
Uno de los lugares de esta área protegida con mayor diversidad es la serranía de San Marcos. Allí habitan antas, tigres, pumas y venados. Alberga 60 especies de peces y 136 especies de mamíferos.
Se han registrado cinco tipos de vegetación con gran diversidad biológica en el interior del área protegida: Bosque Seco Interandino, Boliviano-Tucumano, Chaqueño Serrano, Subtropical Húmedo y la Vegetación de Puna. Existe un registro de 2415 especies de plantas y 161 son endémicas, la palma sunkha es única en el mundo. Los cactus abundan en sus valles secos, además de especies como el cedro, el nogal, el pino y el aliso.
Ende prevé que no solo se afectará a esta área protegida, sino también al Parque Nacional y ANMI Serranía del Iñao y el Área Protegida Municipal Parabanó (municipio Cabezas). Por ello, la empresa que realice el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de Rositas, según los términos de referencia debe diseñar un Plan de Acción Ambiental que contemple medidas de protección y compensación durante la intervención de las tres áreas protegidas.
La defensa del territorio
Comunarios, agricultores y ganaderos e indígenas guaraníes de las capitanías de Iupaguasu y Kaaguazu han creado el Comité de Defensa de Tierra y Territorio para hacerle frente a la construcción de la hidroeléctrica Rositas. Y llevan dos años investigando sobre los posibles efectos de un proyecto como este.
En diciembre pasado, se reunieron en Tatarenda Nuevo y emitieron un voto resolutivo de “rechazo unánime y total del proyecto inconsulto de la construcción del proyecto Rositas y la afectación directa e indirecta de las poblaciones aledañas”.
Valiéndose de información sobre los impactos de las represas construidas en la Amazonía, a partir de estudios realizados para proyectos similares en el país como la hidroeléctricas Chepete-El Bala y con sus propias investigaciones, denunciaron las consecuencias económicas, sociales, políticas y ambientales del nuevo proyecto.
La primera semana de junio, el Comité informó el resultado de las reuniones sostenidas en mayo con instituciones de la región y lamentaron que autoridades del departamento, parlamentarios, asambleístas y la propia Ende no manejen información uniforme sobre el proyecto.
El comité asegura que solo se enteran de los avances en los medios de comunicación, como cuando el presidente Morales llegó a Santa Cruz y “regaló” por su aniversario la firma del contrato con la empresa china AAR.
“Totalmente en silencio se ha hecho este proyecto. Atropellando los derechos de las personas y más aún la propiedad privada”, dijo Barrientos, representante de la comunidad Moroco. “Si el gobierno va cumplir con el regalo a Santa Cruz, primero tiene que cumplir a los dueños de las casas que van a inundar”, reclamó.
Insisten en no dejar entrar a sus comunidades a Ende y las empresas contratadas hasta que se entreguen los títulos de propiedad a las comunidades como Arenales, Palo Yeso, Tatarenda y La Junta. Los saneamientos están paralizados hace tres años a pesar que ya se pagó por los mismos, precisó a Mongabay Latam Alcides Vargas.
Observaciones e irregularidades
El Comité asegura que no se han cuantificado las 40 000 hectáreas de bosque húmedo que se destruirán. “Están siendo aventureros con el proyecto. Pero vamos a pelear hasta el final y denunciar el desastre que se pretende hacer. La historia va a juzgar”, expresó Alfredo García, representante del municipio de Vallegrande.
No solo las propiedades e inversiones realizadas por los comunarios se perderán, también la infraestructura como escuelas, carreteras, puentes y tendidos eléctricos. Se trata de una importante inversión pública, explica Antonio Sanjinez, investigador de la Unidad de Agroecología de Probioma.
Está en plena construcción un puente en la ruta nacional que une Vallegrande con el sur del país. “Ese puente va quedar bajo el agua si se hace la represa. Vallegrande invirtió mucho para fortalecer todo su sistema productivo y se perderá”, dijo a Mongabay Latam Sara Crespo, investigadora responsable del área de Gestión de la Biodiversidad y Agua de Probioma. Allí está la emblemática zona turística de la Ruta del Che.
Además, agregó Crespo, ya se contrató a la empresa que construirá la obra y aún no se ha realizado la consulta previa e informada a los guaraníes. La consulta es un derecho de los indígenas y debe hacerse antes de tomar decisiones que puedan afectarlos, como en el caso del proyecto hidroeléctrico Rositas y como está garantizado en el artículo 30 de la Constitución Política de Bolivia.
La mayor irregularidad, dice, es que se adjudicó a la empresa AAR (compuesta por China International Water & Electric, China Three Gorges Corporation y la Empresa Constructora Reedco SRL) en 2016, cuando no había un diseño final ni costo total de la obra. La empresa española EPTISA Servicios Integrales entregó recién ese estudio el mes pasado.
Para Sanjinez, otra anomalía es que “ni siquiera hay factibilidad económica. El mercado es incierto”. El gobierno proyecta una deuda de 26 mil millones de dólares, cerca del 80 % del PIB de 2015, para cumplir con su meta de exportar energía. Es probable que se duplique o triplique el presupuesto inicial de las hidroeléctricas, explicó a Mongabay Latam el investigador de Probioma. “Brasil y Argentina van a tener la energía suficiente para abastecer sus mercados, entonces no hay comprador”, destacó.
Mongabay Latam pidió una entrevista con el Ministro de Energía para conocer el plan energético del gobierno y los detalles de los proyectos hidroeléctricos, pero no se recibió una respuesta hasta la fecha de publicación de este artículo. El pasado 22 de junio, el ministro de Energía, Rafael Alarcón, consultado por este medio en una conferencia de prensa, señaló que el estudio del diseño final ya está concluido y que será entregado a la empresa contratista AAR. Y esto sucedió la última semana de junio, según informó el presidente de ENDE, Eduardo Paz. Esa empresa china elaborará su propuesta económica y plan de construcción en el plazo de seis a doce meses.
El gobierno aún no hizo público el diseño final del proyecto de EPTISA. Por tanto, no se conoce cuál será el área de impacto. No se sabe si cambió, si se amplió, se redujo o si será la misma que señaló Hidrochina, la primera empresa que hizo un estudio de manera gratuita y que fue desestimado por el gobierno. También sigue pendiente la elaboración del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. La incertidumbre continúa para las familias.
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