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Perú: tráfico de tierras estaría detrás del asesinato de teniente gobernador en Chongoyape

Los invasores colocan mensajes de amenaza para que los pobladores no se acerquen a la zona de tala ilegal. Foto: Rita García.

  • José Napoleón Tarrillo Astonitas había sido amenazado en varias oportunidades por invasores de terrenos.
  • Autoridades y defensores de los bosques del norte señalan que se trata de un problema de apropiación ilegal de tierras.

La noche del 30 de diciembre, José Napoleón Tarrillo Astonitas, teniente gobernador del caserío El Mirador, en Chongoyape, Lambayeque, fue asesinado en su casa. Su esposa, Flor Vallejos Rodas, estaba con él y también fue atacada por los cuatro criminales encapuchados que ingresaron a la vivienda. Ella logró sobrevivir. Pero a Napoléon lo golpearon y estrangularon hasta dejarlo sin vida.

El asesinato de Tarrillo Astonitas se produce en un contexto de denuncias constantes por invasiones de terrenos en los bosques secos de Chongoyape, donde se encuentra el Área de Conservación Privada (ACP) Chaparrí.

José Napoleón Tarrillo Astonitas era el teniente gobernador del caserío El Mirador, en Chongoyape. Foto: Facebook

Esta ACP de más de 34 000 hectáreas de extensión está formada por territorio de propiedad de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape.

El Mirador es uno de los 25 caseríos que forman parte de esta comunidad campesina, y su territorio colinda con la zona de amortiguamiento de la reserva.

Tarrillo era uno de los comuneros que se enfrentaba a los invasores para evitar que ingresen a las tierras de la comunidad. Además, estaba impulsando la creación de una ronda campesina que iba a ser activada a partir de este año.

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Tráfico de tierras en el norte

 

Para el procurador público especializado en delitos ambientales Julio César Guzmán Mendoza, lo sucedido en Chongoyape podría ser parte de lo que ocurre en todo el Perú: “un problema de tráfico de tierras”.

Guzmán lamenta que esta actividad ilegal se esté extendiendo en la Amazonía, en la costa y en general en todo el país. “Las invasiones y el tráfico de tierras son un peligro para cualquier persona que quiere desarrollar cualquier actividad en el país, incluso para los que hacen conservación”, menciona.

Desde su constitución, Chaparrí ha tenido problemas de invasiones —continúa Guzmán— y lo que se debe hacer es un saneamiento físico legal de la zona. El problema es que existen posesionarios antiguos que no tienen título de propiedad y, luego, ese predio termina siendo entregado a otra persona, que lo vende a un tercero. Ahí surgen los enfrentamientos, dice el procurador Guzmán. “Esta conflictividad nace de la informalidad. En el Perú hay un fenómeno histórico de conflictividad predial y esos enfrentamientos los están resolviendo ahora a mano armada. Sé que en esa zona hay una alta conflictividad por usurpación, por ocupación de predios, por cambio de uso de la tierra”, indica.

Desde su creación, la reserva de Chaparrí tiene problemas de invasiones. Foto: Rita García.

Con relación al asesinato de Tarrillo, señala que aún no se tiene información oficial sobre el móvil del crimen. “No podría adelantarme a decir que ha sido violentado por ejercer el derecho de defensa del medio ambiente, es mejor dejar a la Policía que haga sus investigaciones para determinar el motivo del atentado contra la vida de esta persona”. Añade que se deben respetar los tiempos de indagación de las autoridades y manifiesta su solidaridad con la familia del teniente gobernador.

El prefecto de Lambayeque, Rafael Aíta, comentó a Mongabay Latam que en la región hay una serie de denuncias por invasión de terrenos, por alteración de padrones en las comunidades y por tratar de ocupar espacios en zonas protegidas. Lamenta la pérdida del teniente gobernador del caserío El Mirador, de quien reconoce venía trabajando en contra de los depredadores de los bosques. Por ello, invoca a la Fiscalía y al Poder Judicial para que investiguen el asesinato y encuentren a los culpables.

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Amenazas en Chongoyape

 

“Desde hace tres meses recibía amenazas”, cuenta Edivar Carrasco, comunero y miembro de la Asociación para la Conservación y el Turismo Sostenible Chaparrí (Acoturch), amigo de la víctima y quien también busca frenar la destrucción de los bosques secos de esta parte del norte del Perú. Carrasco menciona que los invasores están ingresando a la ACP Chaparrí.

José Tarrillo fue asesinado en su vivienda ubicada en el caserío El Mirador, en Chongoyape. Foto: Sandro Chambergo

Las amenazas también se están dando contra otros comuneros de El Mirador, entre ellos Américo Laboriano Ramos, presidente de la Junta de Administración Local del sector El Mirador, menciona Carrasco.

Las situaciones de conflicto y enfrentamientos han ocurrido en varias oportunidades en Chongoyape, como sucedió en mayo del 2017 cuando una comitiva liderada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) que inspeccionaba un área deforestada fue atacada por unos 30 invasores, informó entonces Mongabay Latam.  Recientemente, el mismo territorio fue escenario de un incendio forestal que afectó aproximadamente 500 hectáreas de bosques secos, y que según pobladores de la zona, fue causado por invasores.

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El precio de la tierra

 

Para Javier Ruiz Gutiérrez, integrante del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, detrás de las invasiones en Chaparrí estaría el interés por el aumento del valor de la tierra tras el anuncio de la ejecución del megaproyecto de irrigación hidráulica denominado La Montería, que se construiría en esa zona, como parte del Plan Hidráulico Regional que ejecutará el gobierno regional de Lambayeque.

Ruiz Gutiérrez asegura que a pesar de las reiteradas denuncias que se han hecho durante todo el año en contra de los invasores, hasta el momento no hay ninguna persona detenida o sancionada.

Incendios atribuidos a los invasores de la zona reservada han ocurrido varias veces. Foto: Javier Ruíz – Frente de Defensa Salvemos Chaparri.

Heinz Plenge, quien maneja un espacio llamado La Huerta del Chaparrí, recuerda que José Napoleón Tarrillo era uno de los comuneros que estaba defendiendo la reserva. “Era un líder, una piedra en el zapato para los invasores”, dice.

Plenge coincide con Ruiz Gutiérrez en que existen intereses detrás de las invasiones de terrenos. “Son mafias que están detrás de esas tierras”. Agrega que las comunidades están a punto de desaparecer por el tráfico de tierras, “un negocio más lucrativo que el narcotráfico”.

Explica que los conflictos por invasiones existen desde la creación del área, pero que en los últimos años se ha agudizado, sobre todo desde que el Gobierno Regional de Lambayeque anunció, en el 2012, la construcción de presas en toda la región para la irrigación de tierras y la ampliación de la frontera agrícola.

Este plan habría despertado la ambición de traficantes de terrenos, sobre todo luego de que aumentara el precio de las tierras en Chongoyape, de 200 soles la hectárea hasta 30 000 soles por hectárea, asegura Plenge.

En el Plan Hidráulico Regional, publicado en la página web del Gobierno Regional del Lambayeque se indica que “se tiene prevista la construcción de por lo menos 19 presas de embalse ubicados en puntos estratégicos de todos los valles de la región, a fin de reducir desbordes de ríos y regular el riego”.

Según lo publicado en el sitio web “de los 19 proyectos de presa, se ha iniciado los estudios de preinversión de 5 de estos proyectos, para las presas de La Montería, Las Delicias, Chóchope, Cruz de Colaya y el Hidráulico Sicán”.

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Críticas a autoridades

 

Dhayneé Orbegozo, especialista forestal de Environmental Investigation Agency, también considera que este asesinato está relacionado con el tráfico de tierras que está avanzando y afectando a los bosques secos de la costa norte y a los bosques amazónicos. “Este tipo de tráfico de tierras es posible debido a que autoridades regionales y locales violan la legislación de titulación de tierras rurales y la legislación forestal”, dice.

La especialista critica a las instituciones del Estado por no ejercer su potestad sancionadora, además, a los órganos de control interno de los gobiernos regionales y locales que no fiscalizan estos delitos pese a ser denunciados persistentemente por las comunidades campesinas y nativas. “El impacto más terrible han sido los asesinatos de pobladores locales en diversas regiones del país, que pueden continuar ya que los traficantes mantienen amenazados a líderes y a la población local”, agrega.

En tanto, la congresista María Elena Foronda, del Frente Amplio, lamenta el asesinato de Tarrillo y pide a la Policía Nacional y al Ministerio Público el pronto esclarecimiento de este crimen.

En conversación con Mongabay Latam asegura que el crimen está relacionado con las mafias de crimen organizado que están controlando la posesión de los terrenos en la región. Foronda recuerda que situaciones similares se han presentado en los distritos de Tumán y de Salas, por citar dos ejemplos. En octubre del 2016, en Salas ocurrió un triple homicidio relacionado con el tráfico de tierras.

La congresista María Elena Foronda critica a las instituciones del Estado por no tener la capacidad de resolver los problemas del sector. Foto: Rita García.

Recuerda que hace unos meses, ante los conflictos y constantes invasiones en el área intangible de la zona reservada, se formó una mesa multisectorial con la participación de diversas instituciones del Estado como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Gobierno Regional de Lambayeque, entre otras, con el fin de mediar en el conflicto de la zona y buscar soluciones. Lamentablemente, dice, algunas autoridades han sido cambiadas, como el director del Serfor de Lambayeque, y no se ha avanzado con lo propuesto por la mesa de trabajo. Por el contrario —señala— se ha agudizado el problema y los niveles de violencia que ahora se reflejan en este asesinato.

La parlamentaria menciona que el 19 de diciembre, en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República se aprobó, por unanimidad, la conformación del Grupo de Trabajo para la Defensa de las Áreas de Conservación del País. La comisión ha sido instalada y entrará en funciones este año. La congresista señala que se pondrá énfasis en Chaparrí y espera que pueda asumir también funciones de investigación y fiscalización.

Foronda también responsabiliza a las instituciones del Estado por no tener la capacidad de resolver los problemas que ocurren en estas áreas. “Los comuneros no pueden hacer frente solos a un problema que es responsabilidad estricta del Ministerio del Ambiente, de otras instituciones relacionadas con el sector, de la Policía y de la Fiscalía”.

Para Foronda la responsabilidad recae en el Estado porque no cumple sus funciones frente a la vulnerabilidad de diferentes poblaciones. “No puede haber impunidad, me niego a pensar que estamos en un país en el que las normas y las instituciones no sirven para nada”, dice.

Foto portada: Rita García