- Siete personas recibieron penas de cinco y seis años de cárcel, además del pago de una reparación civil de 70 mil soles (casi US$ 21 mil).
- Patrulla de vigilancia de la reserva comunal fue víctima de persecución y amedrentamiento mientras cumplía su labor.
Violencia y amenazas acechan Camanti. Un distrito de Cusco en el que la minería ilegal va en aumento. De eso puede dar cuenta Luis Tayori, responsable del Área de Vigilancia de la Reserva Comunal Amarakaeri, quien en octubre de 2018 fue víctima de amedrentamiento y persecución mientras recorría la zona de amortiguamiento del área protegida en una inspección contra la minería ilegal.
Las 400 mil hectáreas de la reserva comunal Amarakaeri se ubican en las regiones de Cusco y Madre de Dios y parte de su zona de amortiguamiento del sector cusqueño está dentro del distrito de Camanti.
“Primero nos bloquearon el paso. Luego nos siguieron con dos camionetas. Tuvimos que suspender la inspección pues temíamos por nuestra seguridad”, cuenta Tayori sobre lo que sucedió el 2 de octubre cuando fue interceptado por los mineros en el sector denominado Jucuchamayo, solo 30 minutos después de haber iniciado el trayecto, acompañado por personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
Días antes ya habían recorrido esa zona y constataron la presencia de excavadoras, campamentos, motores de succión, motores generadores de electricidad y bosques deforestados, además de una trocha abierta recientemente. La denuncia se encuentra en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Cusco.
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Dictan cárcel contra siete personas en Camanti
Mientras se espera una decisión frente a la denuncia por lo ocurrido con Tayori y el personal del Sernanp, el Segundo Juzgado Penal de Delitos Ambientales de Cusco emitió una primera sentencia con cárcel efectiva para siete personas acusadas por delitos de contaminación ambiental, minería ilegal y deforestación en Camanti.
Cinco de ellas deben cumplir prisión durante cinco años y las otras dos tienen penas de seis años. Además, están en la obligación de pagar una reparación civil conjunta de 70 mil soles (US$ 20 970) al Estado peruano.
El fallo también dispone que la Fiscalía Penal del Cusco investigue los delitos aduaneros relacionados con este caso por el presunto ingreso ilegal de maquinaria pesada al país. Se trata de un caso iniciado en el 2013, cuando la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía constataron que se estaban realizando actividades de minería ilegal y desbosque no autorizado en el sector de Tunkimayo, en el distrito de Camanti, Cusco. En ese momento fueron 13 las personas acusadas, pero solo siete resultaron culpables tras el juicio.
“Lo que está pasando en Camanti es el inicio de La Pampa”, dice el Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán, sobre el avance de la minería ilegal en este sector del Cusco que tiene características similares al proceso que se dio en Madre de Dios, en la zona denominada La Pampa, convertida hoy en el lugar más devastado por esta actividad ilegal en Perú.
Guzmán señala que esta decisión judicial busca ponerle un alto al crecimiento de la minería ilegal en esta zona. “Refleja el trabajo de la Fiscalía y la Procuraduría de voltear la mirada a aquellos lugares en los que se tiene que trabajar para evitar la presencia de más mineros ilegales. La sentencia es importante porque es la primera en esa zona”.
Hace apenas diez días, un análisis de imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) evidenció que entre agosto del 2016 y noviembre del 2018 la deforestación por minería ilegal alcanzó 335 hectáreas en los bosques de Camanti.
En esta parte de la selva de Cusco, la extracción no autorizada de oro está destruyendo la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) y avanza hacia su interior, indica el informe de MAAP, una iniciativa desarrollada por Conservación Amazónica (ACCA) y Amazon Conservation (ACA).
El procurador Guzmán sostiene que lo que ahora vemos en Camanti, a través de las imágenes satelitales, es muy similar a lo que sucedía en La Pampa hace varios años.
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Una reserva en peligro
“Desde el 2017 advertimos que Camanti puede llegar a convertirse en La Pampa”, dice Walter Qertehuari, presidente de la Reserva Comunal Amarakaeri, quien asegura que la minería ilegal avanza peligrosamente hacia el área protegida.
El líder indígena cuenta que durante 2018 lograron desalojar a mineros ilegales que se encontraban dentro de la misma reserva. Sin embargo, lamenta que la ilegalidad ahora esté instalada en la zona de amortiguamiento de Amarakaeri y que, además, se están presentando situaciones de intimidación como las ocurridas con Tayori y el personal del Sernanp.
Para Qertehuari la sentencia dictada recientemente es un buen ejemplo de que las autoridades están cumpliendo su labor para salvaguardar las áreas de conservación. Sin embargo, considera que esto no es suficiente porque la presión de la ilegalidad es muy fuerte.
“El Estado no está haciendo lo suficiente. Lo vemos en las imágenes satelitales que demuestran que la minería ilegal avanza”, dice Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Para Abanto es valioso que el Poder Judicial haya emitido una sentencia sobre un caso grave como el de Camanti. Pero estas acciones deben ir acompañadas de operativos y de un trabajo de persecución a las mafias que financian esta actividad ilícita. “Se debe investigar toda la cadena. Quién financia la adquisición de maquinaria, quién consigue los insumos, quién compra el oro”.
La representante de la Defensoría del Pueblo considera que en los últimos diez años se han dado avances en la persecución de los delitos ambientales, como lo demuestran la creación de las FEMA y de los juzgados ambientales. Los resultados —dice— se ven ahora en el caso de Camanti y en la reciente sentencia emitida por el Poder Judicial de Chiclayo.
En este último caso se trata de una condena de cinco años de cárcel y el pago de una reparación civil de 40 mil soles (US $ 12 mil)a una persona acusada de deforestación por tala ilegal en la Zona Reservada Chancaybaños (ZRC), ubicada en Cajamarca.
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Foto principal: Ministerio Público / Fiscalía de la Nación – Cusco
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