- Inversiones La Oroza, involucrada en el caso del decomiso de madera ilegal de la embarcación Yacu Kallpa, fue beneficiada con fondos del Estado peruano.
- Gobierno Regional de Loreto anunció la reactivación del sector forestal desde las instalaciones de esta empresa.
Inversiones La Oroza, empresa investigada por presunto tráfico de madera, acaba de ser beneficiada con 1 364 258 soles de Reactiva Perú, programa implementado por el Estado peruano para atender los problemas generados por la emergencia del COVID-19.
En noviembre de 2015, Inversiones La Oroza y otras diez empresas madereras fueron intervenidas durante la Operación Amazonas, cuando estaban a punto de mandar al exterior más de 1300 metros cúbicos de madera —60 camiones de carga— de presunto origen ilegal a bordo de la embarcación Yacu Kallpa.
Fue la incautación de madera más grande del Perú, un caso emblemático que puso en evidencia el uso de documentos oficiales con información falsa para ‘lavar’ madera presuntamente extraída de forma ilícita. Actualmente, dos fiscalías especializadas en materia ambiental de la región Loreto tienen a su cargo 52 carpetas fiscales que involucran a más de 100 personas.
El gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, y el gerente regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre, Kenjy Terán, no han tomado en consideración los antecedentes de esta empresa. Ellos eligieron las instalaciones de La Oroza —para ser más exactos, la planta de operaciones de esta empresa ubicada en Iquitos, capital de Loreto— como escenario para lanzar el programa de reinicio de actividades forestales que considera una inversión de 13 millones de soles para la reactivación de este sector.
“Es inconcebible que el gobierno regional de Loreto anuncie la reactivación forestal desde una empresa denunciada e involucrada en los procesos penales emblemáticos de Yacu Kallpa”, dice el procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán.
No se trata de cualquier funcionario —continúa Guzmán— sino del que gobierna la región, creo que existe un criterio mínimo para usar la imagen de una institución que representa al Estado peruano.
Guzmán también lamenta que el programa Reactiva Perú no haya considerado entre sus limitaciones para la entrega de créditos a las empresas que enfrentan procesos criminales y que están acusadas por el Estado, como sucede con La Oroza.
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Madera de origen ilegal
La empresa Inversiones La Oroza es investigada por tráfico ilegal de productos forestales maderables. “Se trata de una empresa investigada por la adquisición y exportación de madera ilegal”, explica el fiscal Alberto Yusen Caraza, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto.
Caraza tiene a su cargo 35 carpetas fiscales del caso Yacu Kallpa, la embarcación intervenida en Iquitos en el año 2015 con un cargamento de madera que se sospecha era de origen ilegal y que tenía como destino México y Estados Unidos.
Según los informes del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), el 97 % de esta madera era de procedencia ilegal. En las investigaciones también se determinó que el 80 % de la carga pertenecía a Inversiones La Oroza.
La FEMA de Loreto se encuentra en la etapa final de la investigación. Pero eso no es todo, en octubre de 2017, el gobierno de estados unidos sancionó a La Oroza, debido a que en su cadena de suministro se encontró madera extraída ilegalmente. Esta penalidad tiene una vigencia de tres años.
Robert Lighthizer, representante comercial de los Estados Unidos, ordenó a la oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP), por sus siglas en inglés) de ese país que bloquee las importaciones de madera de La Oroza. “El Comité de la Madera —integrado por funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU., así como de los Departamentos de Justicia, Estado, Agricultura e Interior del país— solicitó a Perú que verificara si un envío de madera específico de la empresa Inversiones La Oroza cumplía con todas las leyes y regulaciones peruanas. (…) El proceso de verificación realizado por Perú reveló que partes significativas del envío de La Oroza no cumplían con la ley, las regulaciones y otras medidas de Perú sobre extracción y comercio de productos de madera”, señala el comunicado emitido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
“Me ha sorprendido. A la alicaída gestión del gobierno regional se suma esta reunión con empresas investigadas”, agrega el fiscal Caraza.
Mongabay Latam se comunicó con el gerente regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre, Kenjy Terán, para preguntarle si tomaron en consideración los antecedentes de la empresa antes de elegir las instalaciones de esta para lanzar el programa de reactivación forestal en la región. “Para nosotros no son importantes los cuestionamientos, estamos convencidos de la buena fe de los industriales”, respondió Terán.
El funcionario dice que la actual gestión no quiere seguir mostrando una imagen negativa del sector forestal. “Es una oportunidad para que estas empresas que han estado en el tema de la embarcación que fue interceptada en Estados Unidos tengan una imagen diferente. Aquí no juzgamos el tema de si una empresa es cuestionada ni nada por el estilo, pero sí es importante que tengamos competitividad”, dice Terán.
Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), indicó en una entrevista con Mongabay Latam que desde el bloqueo de Estados Unidos, la empresa La Oroza no ha demostrado que su cadena de custodia de madera es completamente legal. “En octubre de 2017 —precisa Urrunaga— anunciaron el bloqueo a inversiones La Oroza basándose en la cantidad de madera ilegal descubierta en su cadena de custodia, y hasta ahora la empresa no ha demostrado públicamente que esto ya no suceda”.
Rolando Navarro, expresidente ejecutivo del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), lamenta que el gobierno peruano no cuente con los filtros adecuados para evitar la entrega de fondos a empresas cuestionadas. “Se debe entregar dinero a los que tienen perfil intachable y no generar la sensación de que en Perú existe impunidad”, señala uno de los funcionarios que participó en la Operación Amazonas.
Navarro también cuestiona que pese al bloqueo que ha impuesto Estados Unidos a La Oroza, el Estado peruano no haya sancionado a la empresa, por el contrario, “lo que se está viendo es una premiación”, dice Navarro.
Mongabay Latam se comunicó con el gerente de La Oroza, Luis Ascencio Jurado, quien explicó que por motivos personales no atendería nuestras preguntas.
También consultó con el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la inclusión de esta empresa en el programa de Reactiva Perú, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.
Concesiones cuestionadas
Según el Gobierno Regional de Loreto, la reactivación del sector forestal contará con una inversión de 13 millones de soles. Ocho millones serán invertidos en apoyar a 169 concesiones forestales, mientras que los cinco millones restantes serán destinados a medianas empresas que trabajarán en la elaboración de productos de madera que serán adquiridos por el gobierno regional a través de compras públicas, para abastecer así al sector Educación y otros organismos del Estado.
Al fiscal Caraza le preocupa que entre las concesiones beneficiadas, con los fondos del gobierno regional, estén aquellas cuestionadas por haber sido adjudicadas mediante un proceso abreviado, es decir, sin cumplir con todos los requisitos de ley.
Entre el 2016 y 2017, el gobierno regional de Loreto entregó 43 concesiones en territorios que han sido solicitados como reservas indígenas para pueblos en aislamiento y contacto inicial, según informó la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), que junto con otras organizaciones acaba de presentar una demanda de amparo contra la reactivación económica en Loreto.
En el 2019, la gerencia regional de Loreto entregó a La Oroza dos concesiones forestales mediante el sistema de procedimiento abreviado, que permite entregar tierras que fueron revertidas al Estado. “El año pasado se otorgaron derechos a esta empresa de manera ilegal, pues el gobierno regional no cumplió con todos los requisitos para la entrega de estas concesiones”, explica el fiscal Caraza, quien ha abierto una investigación por este caso.
Terán, gerente de Gerfor, señala que las 169 concesiones consideradas en el programa de reactivación son aquellas entregadas desde el año 2003 y que han sido elegidas dentro de un total de 334 concesiones otorgadas por el gobierno regional.
El funcionario regional precisa que lo que le interesa a su gestión es comprobar que los cargamentos de madera tengan un origen legal y “provengan de bosques manejados” más allá de los cuestionamientos que puedan tener las empresas.
Julia Urrunaga considera que existen riesgos en la reactivación del sector en coordinación con empresas que tienen antecedentes de ilegalidad y que han demostrado no cumplir con la ley. Recuerda, además, que las organizaciones indígenas están reclamando por el peligro que significa el tránsito de personas foráneas por sus territorios mientras exista el riesgo de la pandemia por el coronavirus. “Nos preocupa que no respeten los protocolos y las normas. El Estado no está en la capacidad de cubrir la emergencia sanitaria en la Amazonía, pero se obliga a abrir las puertas para la reactivación económica”, precisa.
Luis Alberto Gonzales, exdirector jefe del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), también se manifestó en el mismo sentido y agregó que la propuesta de su recién terminada gestión era excluir, por ahora, a las regiones de Loreto y Ucayali en esta etapa de reactivación forestal debido al avance de la pandemia en esas regiones. Ahora —añade Gonzáles— también debería postergarse el inicio de las actividades forestales en San Martín y Madre de Dios por el avance de los contagios del coronavirus.
“El sector forestal en Perú alcanza el 80 % de informalidad. Por ello, la política de reactivación económica tiene que ser muy prudente. En otros países lo hicieron dejando de lado el elemento fundamental que es resguardar la salud de las personas y se disparó nuevamente la pandemia”, precisa el exdirector del Serfor.
*Imagen principal: Madera ilegal en Loreto. Foto: EIA.
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