Nemonte Nenquimo, una líder indígena waorani y una de las principales demandantes, dijo que, durante varios meses, el gobierno ignoró sistemáticamente las peticiones de ayuda relacionadas el envío de pruebas y el monitoreo del virus en sus territorios. Nemonte dijo que, cuando los médicos visitaron las comunidades, no se coordinaron con los líderes de la comunidad y, o bien dijeron a los habitantes que tenían la gripe o realizaron pruebas de COVID-19 rápidas, pero nunca devolvieron los resultados a los individuos correspondientes, lo que volvía imposible la aplicación de las medidas sanitarias y de seguridad.

“Hemos sufrido mucho, esta enfermedad no es fácil. No es como otras enfermedades”, dijo Nemonte a Mongabay por teléfono desde su casa en Shell, a las afueras de la ciudad amazónica de Puyo.

“El Ministerio de Salud tiene que coordinar con nosotros”, señaló y añadió, “tienen que ser más transparentes y hacerlo lo antes posible, para que pueda llegar la ayuda para que la gente se pueda aislar y realmente reducir el contagio”.

Nemonte y el líder Gilberto Nenquimo pasaron las semanas previas al pronunciamiento del tribunal, y en coordinación con la Universidad De Las Américas y la ONG Amazon Frontlines, enviando brigadas médicas con pruebas PCR COVID-19 a varias comunidades waorani. Nemonte dijo que, a través de este proceso, identificaron varias comunidades donde más del 80 % de la población tenía COVID-19.

La comunidad presentó la demanda el 20 de mayo, exigían que se tomasen medidas cautelares para garantizar su derecho a la salud, la vida y la autodeterminación. La demanda estaba dirigida al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, así como al Ministerio de Salud del país, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio del Medio Ambiente y del Agua y la Fiscalía.

La sentencia del tribunal provincial de Pichincha a mediados de junio otorga medidas cautelares parciales a la comunidad waorani y obliga al Ministerio de Salud a coordinar con los líderes waorani para enviar equipos médicos con experiencia intercultural a sus territorios para llevar a cabo pruebas de COVID-19, devolver los resultados, así como suministrar suficientes provisiones médicas a los centros de salud de la comunidad local.

El líder waorani Gilberto Nenquimo usa hojas de ortiga para tratar a un miembro de la comunidad. Comunidad waorani de Shellpare en la aldea fronteriza de Shell, Amazonía ecuatoriana. Fotografía cortesía de Mitch Anderson/Amazon Frontlines.

También obliga al Ministerio de Inclusión Económica y Social a coordinar con los gobernadores locales y los líderes indígenas Waorani para proveer alimentos y suministros esenciales a las comunidades, muchas de las cuales se han visto tan afectadas por el virus que la población no ha sido capaz de cazar o pescar como de costumbre.

La abogada de los Waorani, Lina María Espinosa, dijo que la sentencia es una buena noticia, pero llegó 27 días después de que presentaran la demanda, lo que consideró demasiado tarde. Dijo que la situación pasó de 11 comunidades con presuntos casos a finales de mayo, a 190 casos confirmados y dos muertes, y varios otros hospitalizados en condiciones graves.

“Lo que estábamos intentando evitar ya ha empezado a suceder”, le dijo a Mongabay por teléfono.

La juez también dejó algunas de las demandas de los waorani sin responder, como la petición de la suspensión inmediata de todas las actividades extractivas en su territorio. Espinosa describió estas actividades como “vectores de contagio” y dijo que los primeros síntomas de COVID-19 entre los waorani se produjeron en comunidades localizadas cerca de operaciones petroleras, de explotación forestal y de minería ilegal, las cuales nunca pararon durante la cuarentena.

Espinosa rechazó las explicaciones de los funcionarios de que las comunidades indígenas habían estado contrayendo el coronavirus debido a su propia falta de autodisciplina. A principios de junio el subsecretario de pueblos y nacionalidades de la Secretaría de Derechos Humanos dijo a los medios de comunicación locales que los Waorani habían estado viajando en secreto a las ciudades y transportando el virus sin saberlo de vuelta a sus comunidades. “No hay nada más lejos de la realidad”, dijo Espinosa.

En vez de suspender las actividades extractivas, la juez ordenó al Ministerio del Medio Ambiente y del Agua enviar un informe que detallase su labor de monitoreo de las actividades de la minería ilegal, de extracción forestal y de tráfico de drogas en el territorio waorani.

También ordenó al ministerio, así como a la Secretaría de Derechos Humanos a proporcionar información sobre los protocolos para prevenir el COVID-19 destinados a las empresas petroleras que operan dentro del territorio waorani, para establecer si disponen de medidas sanitarias y de seguridad adecuadas para prevenir un mayor contagio dentro de las comunidades.

Espinosa dijo que la comunidad presentó una petición ante la juez en la mañana del 19 de junio, en la que solicitaban que modificase su respuesta para incluir el cese inmediato de las actividades extractivas. 

Mongabay se puso en contacto con la oficina del presidente y la Secretaría de Derechos Humanos, pero no se había recibido ninguna respuesta en el momento de la publicación de este artículo. El Ministerio de Salud tampoco fue capaz de acomodar la solicitud de una entrevista en el momento de publicación. Nemonte Nenquimo dijo que funcionarios de los ministerios involucrados en la demanda se reunieron online con los líderes Waorani en las últimas horas de la tarde del 19 de junio, en sus primeros intentos por coordinar los siguientes pasos con las comunidades.

Esta es la tercera demanda presentada por las comunidades indígenas en Ecuador contra el gobierno durante la pandemia del COVID-19, la cual empezó en el país sudamericano a mediados de marzo. El 7 de abril, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno ecuatoriano por violar los derechos de los ciudadanos a la vida y la salud. Al principio de la pandemia, la oficina del presidente había declarado el estado de emergencia e intentado suspender las garantías jurisdiccionales. Cuando estas garantías fueron restablecidas el 30 de abril, la CIDH denegó la petición original de la CONAIE. Según el abogado de la confederación, Lenin Zarzosa, ahora la comunidad indígena está evaluando cuáles serán sus próximos pasos legales.

El 29 de abril, la federación Kichwa FECUNAIE, la CONFENAIE y otras organizaciones presentaron una demanda contra el gobierno y las empresas petroleras privadas y estatales por un inmenso vertido de petróleo que tuvo lugar el 7 de abril, cuando un oleoducto reventó y vertió unos 15 000 barriles de crudo en los ríos de Coca y Napo, lo cual contaminó el suministro de agua de hasta 2000 familias indígenas que viven a lo largo de los ríos. Espinosa, quien también es la abogada principal de los demandantes en este caso, dijo que había sido suspendido por razones desconocidas durante un periodo de tiempo indeterminado.

Andrés Tapia, director de comunicaciones de CONFENIAE, dijo a Mongabay que todas las nacionalidades en la selva están sufriendo “la misma situación de abandono por parte del estado”.

Líderes waorani distribuyen suministros alimentarios como parte de la ayuda humanitaria que las organizaciones waorani han autogestionado con el apoyo de la campaña y el Fondo de Acción Urgente Indígena, organizada por Amazon Frontlines junto con las organizaciones indígenas CONAIE, CONFENIAE y Alianza Ceibo, Shellpare, Pastaza, Amazonía ecuatoriana. Fotografía cortesía de Mitch Anderson/Amazon Frontlines.

Como los Waorani, la mayoría de las comunidades han tenido que coordinarse con las universidades locales para obtener ellos mismos las pruebas PCR COVID-19 en sus territorios, mientras que CONFENIAE ha estado entregando paquetes de alimentos a las comunidades necesitadas. Dijo que no estaba seguro de si alguna otra comunidad planea denunciar al gobierno, como lo han hecho los Waorani, pero este tipo de medidas “no han sido descartadas”.

Tapia añadió que ahora la mayor preocupación es que los gobiernos locales relajen las restricciones y abran otra vez la economía, lo cual aumentará la circulación de personas en la región.

De vuelta en Shell, con fiebre y fuertes dolores corporales, Nemonte Nenquimo está mostrando los síntomas de COVID-19. La mayoría de su familia y sus vecinos han sido diagnosticados con el virus y han estado usando plantas medicinales para hacer infusiones y baños de vapor como tratamiento, el cual parece ayudar con las dificultades respiratorias y reduce los dolores corporales, dijo Nemonte. Dijo que estará observando al gobierno atentamente para asegurarse que cumple con la reciente sentencia.

“Sabemos cómo trabajan. A veces vienen, hablan, se reúnen con representantes locales y luego no toman medidas en las comunidades”, dijo. “Estaremos allí observando, evaluando, comunicando. Tienen que cumplir”.

*Imagen principal: líderes Waorani se preparan para celebrar una conferencia de prensa virtual el 21 de mayo, 2020, para informar sobre la emergencia de la COVID-19 en el territorio y las acciones legales que está siendo tomadas en Shell, Pastaza, Amazonía ecuatoriana. Foto: cortesía de Mitch Anderson/Amazon Frontlines.

El artículo original fue publicado en Mongabay News. Puedes leerlo aquí.

Videos Mongabay Latam | La situación ambiental en Ecuador



Conoce más de la situación ambiental en Ecuador: animales en peligro, conservación, océano, minería y más.

Si quieres leer más sobre la cobertura de la pandemia del COVID-19 y su efecto en los pueblos indígenas, ecosistemas y animales de Latinoamérica y el mundo, puedes revisar esta colección de artículos de Mongabay Latam. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.




Artículo publicado por Maria Salazar
, , ,