- El Congreso de Colombia aprobó una ley que crea y define legalmente los pasivos ambientales, es decir, los daños a ecosistemas y a la salud de comunidades con efecto a largo plazo que se encuentran abandonados y que fueron generados por proyectos, sobre todo, mineros y petroleros, sean legales o ilegales.
- Según expertos consultados, el país estaba en deuda de regular el tema de este tipo de impactos ambientales abandonados en distintas regiones del territorio nacional.
- La reciente investigación ‘Las deudas del petróleo’, realizada por Mongabay Latam y medios aliados, reveló con datos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que en Colombia hay 161 “impactos no resueltos” (INR), denominación que se usa para describir los daños causados por la industria petrolera que pueden tener las mismas características de los pasivos ambientales.
“Era una deuda histórica”, dice la representante de la Cámara colombiana Julia Miranda y exdirectora de Parques Nacionales Naturales, sobre la propuesta de ley recién aprobada que plantea la urgencia de determinar qué son los pasivos ambientales en Colombia, cómo deben ser remediados y también registrados. La propuesta fue presentada por la senadora Angélica Lozano y apoyada por Miranda, pero también por los congresistas Cristian Avendaño, Isabel Zuleta y Luciano Grisales.
Con esta nueva norma, a la que solo le hace falta la firma del presidente Gustavo Petro, se creará por primera vez el Registro de Pasivos Ambientales (REPA), inventario que tendrá datos sobre la ubicación de estos daños, así como sobre sus responsables y las actividades necesarias para su reparación. Esto es importante porque en Colombia no hay claridad sobre qué daños son pasivos ambientales, ni la cifra total de estos.
A fines de junio, Mongabay Latam, Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia mapearon los desechos de la industria petrolera en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El resultado fue abrumador: más de 8 mil residuos petroleros esparcidos en los cuatro países. En el caso de Colombia se pudo establecer, a través de una petición de información a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que existen 161 “impactos no resueltos” (INR), que es la denominación que usan para los daños ambientales causados por la industria petrolera. No obstante, el número podría ser mayor.
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¿Qué seguirá luego de la aprobación de Petro? Al Ministerio de Ambiente le tocará reglamentar, en el plazo de un año, una política pública para la gestión y atención de los pasivos ambientales. Esto incluirá aspectos como la financiación para el manejo o remediación de los mismos. Como documentó la investigación de Mongabay Latam, en alianza con los medios Cuestión Pública y Rutas del Conflicto, hay casos críticos como el de familias y comunidades en Antioquia y Boyacá que llevan años reclamando por los daños ambientales causados por petroleras que podrían encajar muy bien en la definición de pasivos ambientales.
Las víctimas de estos casos señalan como responsables a las empresas Ecopetrol y Mansarovar Energy, dos petroleras que están detrás de los 161 “impactos no resueltos” (INR) registrados por la ANLA: 124 se atribuyen a la estatal Ecopetrol S.A. y 37 a Mansarovar Energy Colombia LTD.
¿Cómo se regularán los pasivos ambientales?
“Gracias a la promulgación de esta ley, todas las personas naturales o jurídicas tienen responsabilidades con respecto a los pasivos ambientales generados por sus actividades”, dice la congresista colombiana Julia Miranda. Mientras que Mauricio Cabrera, asesor en relaciones de Gobierno y relaciones internacionales de WWF Colombia, resalta que la propuesta de ley aprobada constituye “un gran paso porque ayuda a eliminar dudas jurídicas sobre lo que representan los pasivos ambientales para el país, además que evitaban que estos se gestionaran”. Tanto para Miranda como para Cabrera, la ley es sobre todo una recompensa a quienes han luchado por la aprobación de este tipo de normativa por más de 20 años.
Lo que viene ahora, tras la firma final de Petro, es la implementación de la ley. Por un lado, el Ministerio del Ambiente deberá reglamentar y diseñar una estrategia para la gestión de los pasivos ambientales en un plazo de seis meses tras la entrada en vigencia de la norma. Según la congresista Miranda, ponente del texto de la ley aprobada, esta estrategia definirá “las actividades relacionadas con la identificación por sospecha, caracterización, evaluación de riesgos, declaración, registro, priorización, intervención, monitoreo y demás aspectos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determine”. En paralelo, el ministerio tendrá también que elaborar una política pública que definirá el método de financiación y asignación de recursos para la gestión de estos impactos ambientales.
Además, se creará un Comité para la Gestión de Pasivos Ambientales, que tendrá como funciones dar seguimiento a la estrategia implementada por el Ministerio de Ambiente, así como evaluar los planes de priorización de los pasivos identificados por las autoridades competentes. El comité dependerá del Consejo Nacional Ambiental, una entidad que vela por el medio ambiente y los recursos naturales, que está conformada por varios ministerios, corporaciones autónomas regionales, representantes de las comunidades indígenas y afro, entes de control y sectores empresariales, entre otros.
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La nueva norma además crea el Sistema de Información de Pasivos Ambientales cuya función será construir el Registro de Pasivos Ambientales (REPA), el cual tendrá los datos de estos, su ubicación, los responsables de los mismos y las actividades necesarias para su remediación denominadas como planes de intervención.
Sobre la responsabilidad de las empresas relacionadas con los pasivos ambientales, la representante Julia Miranda dice que la nueva ley los obliga a hacerse cargo de estos y remediarlos. Pero, además, comenta que la remediación del pasivo no los eximirá de ser sancionados si se determina que con el daño causado incumplieron la normatividad ambiental existente. “Los planes de intervención (remediación) no excluyen la posibilidad de imponer medidas sancionatorias, tal y como hoy lo establece el proceso sancionatorio ambiental”, explica Miranda. Agrega que la ley establece que los responsables deben asumir el costo de la solución del pasivo, excepto para esos casos cuando se compruebe que no cuenta con capacidad económica, lo cual será verificado con bases de datos estatales de ingresos y subsidios. La ley también plantea que terceros no responsables puedan asumir la gestión de los daños a cambio de incentivos establecidos por el gobierno nacional, tal como la reducción de tributo de renta conocida como ‘obras por impuestos’ en el estatuto tributario.
Cabrera explica que la ley tendrá “instrumentos para eventualmente sancionar a empresas que ejercieron malas prácticas durante décadas industriales que han generado daños a la salud de los ciudadanos”. Además que la nueva normativa no solo atenderá los pasivos ambientales generados por las empresas formales, sino también aquellos derivados de la minería ilegal. Estos casos, sin embargo, serán difíciles de sancionar, considerando lo complejo que puede ser encontrar a los responsables, explica Armando Sarmiento, profesor del departamento de Ecología y Territorio de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana. Las mismas dificultades se presentarán, según Sarmiento, cuando se reglamente cómo se resolverá un pasivo ambiental cuando su responsable haya muerto o la empresa haya sido cerrada.
¿Qué se sabe de los pasivos ambientales que hay en Colombia?
Si bien la ANLA tiene registrados hasta el momento 161 “impactos no resueltos”, esta cifra podría cambiar. “La ANLA hacía una aproximación al número de pasivos (…) Ahora, una vez aprobada la ley que establece la definición de pasivos ambientales y crea un sistema de información que deberá contener la ubicación y el avance de los planes de intervención, podremos empezar a superar el subregistro”, asegura Julia Miranda.
Los “impactos no resueltos” identificados hasta ahora se ubican en cuatro departamentos: 109 en Boyacá, 50 en Santander, uno en Antioquía y otro en Putumayo. ¿Qué más se sabe de ellos? No mucho más, pues la ANLA no detalló las características y seriedad de los daños ambientales causados a Mongabay Latam y los medios aliados. Pero de lo que sí tenemos certeza es que podrían existir más.
De hecho, Mongabay Latam solicitó al Ministerio de Ambiente, a finales del 2022, los documentos con los hallazgos de un informe elaborado por la empresa Innova, la misma que evaluó la presencia de estos residuos en todo el territorio nacional. En las páginas del estudio enviado por el ministerio se puede leer que, a 2016, existían al menos 1843 pasivos ambientales en todo el país, de los cuales solo 673 estaban georeferenciados o localizados geográficamente. De estos 1843 casos, 42 % pertenecen al sector minero, 24 % al de hidrocarburos, 16 % a la categoría “otros”, 14 % clasificados como residuos, 2 % sin sector reportado, 1 % al agrario y 1 % al agroquímico, según la información entregada a Mongabay Latam.
Si se clasifica a los pasivos ambientales por las causas detrás de ellos, según las cifras de Innova, 42 % están asociados a la extracción minera, 18 % a “otros” motivos, 13 % a derrames de hidrocarburos por atentados, 11 % por disposición y abandono de residuos, 5 % por derrames de hidrocarburos ligados a fallas en infraestructura y 5 % por derrames de hidrocarburos por transporte. Siguen las categorías “daño ambiental” con 4 % y 2 % no especificado. El estudio de Innova además halló que en 60 % de los casos no se reporta un responsable, mientras que en el 40 % restante sí lo hay.
Los casos detrás de las cifras son graves. Dos equipos periodísticos viajaron a Antioquia y Boyacá para reconstruir dos de las historias que figuran en la lista de “impactos no resueltos” enviados por la ANLA.
En las fincas Los Naranjitos y Brisas de la Tarde, en Yondó, Antioquia, en el nordeste de Colombia, una familia de campesinos ganaderos lleva más de diez años exigiéndole al Estado que limpie un derrame de petróleo. Aseguran que la afectación reportada en sus tierras acabó matando al menos a diez de sus vacas y contaminó un cuerpo de agua. El olor a químico era constante y las manchas de crudo brillaban en el lodo cuando el equipo de Mongabay Latam y Cuestión Pública recorrió el territorio. La familia Fonce inició una batalla legal en el 2013, en el camino murió uno de sus integrantes, y hasta hoy no logran que Ecopetrol, la empresa que señalan como responsable, los compense económicamente. El caso está siendo investigado por la ANLA desde 2021.
Mientras tanto, a varios kilómetros de Yondó, en el Campo Velásquez de Puerto Boyacá, la Ciénaga de Palagua junto con varios predios es una de las víctimas silenciosas de una actividad petrolera que ha dejado 37 sitios contaminados, de acuerdo con la información proporcionada por la ANLA. Desde 1946, tres empresas han operado en la zona: Texas Petroleum Company, Omimex de Colombia y, actualmente, Mansarovar Energy. El equipo periodístico de Rutas del Conflicto en alianza con Mongabay Latam que llegó hasta la zona recogió testimonios de los pescadores, ganaderos y autoridades del municipio de Puerto Boyacá que han presentado denuncias judiciales por las afectaciones al ecosistema y a los cuerpos de agua de la región.
“Nos comunicamos con la empresa, en ese momento había personal para que fuera a revisar. Tomaron unas pruebas y dijeron que en efecto había contaminación, pero nunca volvieron ni nos dieron respuesta. Mansarovar siempre ha estado enterada de esa situación”, cuenta Giovanny Bermúdez, ganadero y propietario de El Jordán, uno de los predios afectados por la contaminación.
Óscar Sampayo, activista, politólogo e investigador de la Corporación Yariguíes —una organización de la sociedad que vigila al sector petrolero— valora el paso que significa la ley, aunque resalta que el trabajo apenas empieza. Respecto a los hallazgos de la investigación Las deudas del petróleo, comenta que “en el Magdalena Medio, Ecopetrol y Mansarovar cuentan con afectaciones que llevan mucho tiempo sin solución”. Agrega que estas empresas deben tener fondos económicos para compensar sus daños a futuro. También considera que los casos descritos pueden “ser o convertirse en pasivos ambientales”, y que las compañías deben aplicar los planes de contingencia cuando se presentan las afectaciones a cabalidad.
Sampayo además resalta que el país debe prestar especial atención a los posibles pasivos ambientales en la Amazonía colombiana, en Putumayo y Caquetá, así como en las áreas protegidas nacionales. En Colombia, 50 áreas naturales están siendo atravesadas por más de 512 kilómetros de ductos petroleros, según la investigación de Mongabay Latam y los medios aliados. Algunas de las áreas ecológicas estratégicas afectadas son la Isla de Salamanca, el Humedal San Silvestre, Serranía de los Yariguíes y el Complejo Cenagoso de Zapatosa.
*Imagen principal: Petróleo entre el colchón de junco de la ciénaga. Foto: Juan Carlos Contreras.