Las deudas del petróleo: más de 6 mil desechos sin limpiar en cuatro países de Latinoamérica

• Mongabay Latam, La Barra Espaciadora, Cuestión Pública y El Deber investigaron los impactos de la actividad petrolera en Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú.
• Existen más de 8000 puntos contaminados que, aunque han sido identificados por los gobiernos, en su mayoría no han sido remediados por completo.
• Encontramos piscinas de petróleo olvidadas en territorios amazónicos, suelos contaminados, pozos abandonados y humedales cubiertos por crudo.

Para entender la real magnitud de este problema es necesario forzar nuestra imaginación al máximo. Pensemos en un lugar cualquiera de la Amazonía en el que se instaló un pozo petrolero. Después de décadas de extraer crudo, la empresa finaliza su operación y se va. Al abandonar el territorio, todo ha cambiado. Quedan atrás charcos de petróleo, tierra pantanosa de donde emerge crudo con tan solo hundir una rama, pozas con aguas negras y tuberías desgastadas. Ahora imaginemos que esta situación se repite 8278 veces en cuatro países de Latinoamérica. Ocho mil puntos contaminados en territorios de comunidades amazónicas y en terrenos al lado del mar.

“No es bueno para nosotros estar en una zona petrolera porque la empresa se beneficia, el Estado se beneficia y a nosotros nos toca la contaminación”, lamenta Aurelio Pignola, jefe de la comunidad indígena de José Olaya en Perú, un pueblo asentado a orillas del río Corrientes al que se llega desde Iquitos, la capital de la región amazónica de Loreto, tras navegar por dos días. El testimonio de Aurelio Pignola confirma lo dicho por decenas de personas que viven rodeadas por los desechos tóxicos abandonados por las empresas petroleras.

La comunidad de Aurelio Pignola lleva cincuenta años lidiando con este problema. En ese período ha visto sus tierras y ríos contaminarse. De los derrames petroleros del Lote 192 quedan amontonadas bolsas llenas de arena y crudo, desechos que la lluvia ha ido lavando y convirtiendo en numerosos charcos malolientes. “Lo que tienen que hacer es limpiar el petróleo, ya no contaminarnos más, cumplir sus funciones como empresa, como Estado, eso es lo mínimo que exigimos”, dice enérgicamente el líder indígena.

Durante ocho meses, periodistas de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia mapearon los impactos ambientales y los desechos de las operaciones petroleras —conocidos como pasivos ambientales— que están esparcidos en los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La mayoría de estos casos lleva décadas olvidados y sin ser atendidos por sus gobiernos.

El panorama es desolador: existen por lo menos 4284 pasivos ambientales de la industria petrolera en Bolivia, Ecuador y Perú. Ninguno de ellos figura oficialmente como remediado o resuelto por completo. Estos casos no son los únicos. En los cuatro países se detectaron, además, otros 3994 “impactos petroleros”, que llevan años abandonados, pero que por decisiones políticas o administrativas no son considerados pasivos. Colombia, por ejemplo, los llama “impactos no resueltos”, debido a que, aunque suene imposible, aún no existen normas que definan legalmente qué es un pasivo ambiental en ese país.

El pasado martes 13 de junio el Senado de la República de Colombia aprobó el proyecto de ley que establece la definición de pasivo ambiental y establece los lineamientos para su gestión. Una semana después, tras terminarse el texto definitivo, se envió al presidente de la República, Gustavo Petro, para la aprobación final.

¿Qué empresas han dejado abandonados estos desechos? A pesar de la magnitud del problema, las autoridades solo nos dieron los nombres de los responsables de menos de un tercio de los pasivos identificados y de apenas un 5 % de los que hemos denominado otros “impactos petroleros”. Lo que es peor, ubicamos geoespacialmente estos desechos tóxicos en al menos 50 tierras indígenas y 15 áreas protegidas. Además, reconstruimos la trayectoria de las tuberías que transportan los hidrocarburos, una telaraña de metal que invade más de 200 espacios protegidos con kilómetros de ductos instalados que muchas veces colapsan.

¿Qué impactos ambientales están detrás de los más de ocho mil pasivos y otros impactos petroleros esparcidos por los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú?

Una lista interminable de daños ambientales

En total se hicieron diez pedidos de información a los gobiernos de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Solo se recibieron cinco respuestas, a pesar de que se insistió continuamente para obtener los nombres de las empresas responsables o aclarar datos incompletos. La información tardó en llegar entre dos y tres meses.

La investigación logró clasificar 4284 pasivos ambientales distribuidos entre Perú (3170), Ecuador (1107) y Bolivia (7). En este último país, todos están ubicados dentro de áreas naturales protegidas. El análisis de la información entregada por las autoridades permitió detectar, además, otros 3994 “impactos petroleros” —no catalogados como pasivos— cuyos impactos son preocupantes. De este segundo grupo, Ecuador reporta la existencia de 3568; Perú un total de 171; Colombia, 161; y Bolivia, 94 pozos petroleros abandonados. Estos impactos petroleros cumplen, en algunos casos, con la definición de pasivo ambiental, según la opinión dada por varios expertos y la definición legal de cada país. Los criterios clave para recibir esta denominación son antigüedad, gravedad y abandono. Sin embargo, estos impactos reciben otros nombres. En Ecuador se llaman “fuentes de contaminación”; en Perú “sitios impactados”; en Colombia, “impactos no resueltos”; y en Bolivia, “pozos abandonados”. En esta investigación los agrupamos como otros impactos petroleros.

De los más de ocho mil puntos detectados en los cuatro países, Ecuador tiene la mayor cantidad de lugares impactados si se suman los pasivos ambientales y lo que denominan “fuentes de contaminación” —dos categorías definidas por el Estado— registrados por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate). En total 4675 puntos de contaminación que se dividen entre derrames, fosas y piscinas. Más de la mitad de ellos se ubican en Sucumbíos (2776) y Orellana (1646), provincias de la Amazonía ecuatoriana. Es justamente en estos dos lugares donde, según la información entregada por el Maate, existen casos alarmantes como el de la empresa Texaco —comprada por Chevron en 2001—, que ha dejado 714 piscinas de petróleo enterradas que con el paso de los años han vuelto a emerger. Además hay 374 sitios contaminados por efluentes o derrames y otras 19 son fosas, según la base de datos elaborada por Mongabay Latam con información del Maate.

“Cuando hicieron las exploraciones petroleras, ellos [Texaco] acostumbraban a hacer estas fosas a cielo abierto sin poner ninguna protección abajo. Cuando ya dejaron el lugar dejaron las piscinas abiertas con gran cantidad de petróleo. Cuando llueve bastante, esto se llena y empieza a fluir y tiene un desagüe a los pantanos, a los esteros”, narra Juan Calva, un hombre de 52 años que llegó a los 7 a la parroquia San Carlos, en el cantón Joya de los Sachas, en la provincia amazónica de Orellana. Su testimonio fue recogido por un equipo periodístico que viajó a la zona para narrar los daños que ha dejado la huella del gigante Texaco —ahora Chevron— en el territorio.

Si bien Orellana y Sucumbíos son dos de las provincias que acumulan la mayor cantidad de daños ambientales, no son las únicas. Los pasivos y otras “fuentes de contaminación” de la actividad petrolera, según el Maate, están presentes en 18 de las 24 provincias que tiene el país. Cuatro de esas provincias están en la Amazonía.

“Hay un nivel de contaminación muy alto en la Amazonía ecuatoriana y poca información, monitoreo y preocupación del Estado por esa contaminación. Y la investigación que ustedes han hecho muestra el grave problema con la industria petrolera en esta región”, dice Kevin Koenig, director de Clima, Energía e Industrias Extractivas de Amazon Watch en Ecuador.

Un dato que llama la atención es que las autoridades ambientales de Ecuador solo entregaron información sobre las empresas responsables de los pasivos ambientales, más no de quienes ocasionaron los desechos clasificados como “fuentes de contaminación”. En el caso de los primeros, el Maate señala a la empresa Texaco, que luego pasó a manos de Chevron, como la única responsable. Pero para determinar qué compañías están detrás de las fuentes de contaminación, derivaron al equipo periodístico al Ministerio de Energía y Minas, pero al cierre de este especial, no se contestó la carta enviada solicitando la relación de empresas responsables.

No solo en Ecuador los impactos acumulados se cuentan por miles y la opacidad beneficia a las petroleras. En Perú, los pasivos y “sitios impactados” —como denomina el Estado a otras fuentes de contaminación— suman 3341, así lo reportó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en el caso de los pasivos y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Fondo Ambiental de Perú (Profonanpe) para los sitios impactados.

Si se habla del tipo de impacto, son los pozos mal abandonados los que lideran la lista seguidos de los suelos contaminados, las emisiones y los restos o depósitos de residuos. Muchos de estos problemas se presentan en más de un punto a la vez. En cuanto a la distribución geográfica, el 95 % de los pasivos ambientales se concentran en la región de Piura (3335), en la costa norte de Perú, y el resto de casos se divide entre ocho regiones.

Los “sitios impactados”, sin embargo, merecen especial atención, considerando su envergadura y que todos están en la Amazonía. El OEFA confirmó la existencia de 139 de estos sitios en cuatro de las cuencas de Loreto y 32 puntos más priorizados por el Estado en la misma región, antes que asuma esa responsabilidad el organismo. Esta treintena de puntos están situados en el Lote 192 y fueron seleccionados por la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental —hoy Profonanpe—, tomando en cuenta la gravedad del daño causado, entre otros criterios.

“Estamos hablando solo de cuatro cuencas en Loreto, pero hay más sitios impactados por hidrocarburos no solo en Loreto. Entonces la situación es grave”, explica Flor Blanco, gerente del Programa de Pasivos Ambientales de Profonanpe.

Natanael Sandi, monitor indígena de la comunidad de José Olaya, es testigo de ese pasado tóxico en el Lote 192. “El problema es que nunca se han arreglado los ductos, nunca se reparan, y luego tenemos estos derrames cada cierto tiempo (…) En ocasiones ha pasado que hemos tapado el derrame con tierra, hemos acumulado la tierra con lampas, para que no avance y se ha quedado allí”, le dice a los periodistas que viajaron al distrito amazónico de Trompeteros para contar la historia. En uno de los planes de rehabilitación elaborados para remediar la contaminación que monitorea Sandi, se enumera una lista alarmante de metales pesados identificados en un solo sitio: arsénico, bario, cadmio, cromo, cobre, manganeso, níquel y plomo; todos, altamente tóxicos.

Son más de 50 años de contaminación para las comunidades nativas de los pueblos achuar, quechua y kichwa, ubicadas en las cuencas amazónicas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón en Perú. Estas comunidades, entre ellas José Olaya, conviven con la actividad petrolera desde el año 1971, cuando se instaló el Lote 192 —en ese momento denominado Lote 1AB. En todo este tiempo, tres empresas —Occidental Petroleum Corporation, Pluspetrol Norte S.A. y Frontera Energy— han extraído petróleo de estos territorios y ninguna, hasta ahora, ha reparado los daños provocados por los cientos de derrames reportados. A ello se suma que un reciente fallo arbitral a favor de la empresa Pluspetrol Norte S.A. —una de las señaladas como responsables que se ha declarado en quiebra— podría dejar en suspenso estas remediaciones.

Mediante un email, la empresa Occidental Petroleum Corporation señaló que “el asunto legal se resolvió en 2000, cuando Oxy transfirió su participación en el Bloque 1-AB a la petrolera argentina Pluspetrol con la aprobación del Gobierno peruano. Como parte de esa transferencia, Pluspetrol asumió todas las obligaciones en el Bloque 1-AB”. En el documento también indicaron que no tienen “conocimiento de datos creíbles que indiquen impactos negativos en la salud de la comunidad como resultado de las operaciones de Oxy”.

Lo más grave en el caso de Perú, es que la tan ansiada remediación avanza muy lento. Según el Profonanpe, de los 32 sitios priorizados para ser atendidos, por ejemplo, se han elaborado 30 planes de rehabilitación y 15 han sido aprobados: 12 de la cuenca Corrientes, 2 de la cuenca Pastaza y 1 de la cuenca Tigre. “Solo para el caso del Lote 192 se ha calculado que la remediación costaría 5000 millones de soles al Estado peruano”, señala Miguel Lévano, Oficial del Programa de Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam en Perú, citando los cálculos que ha hecho Profonanpe.

Flor Blanco, funcionaria de esta entidad, indicó a Mongabay Latam que en cada plan de remediación se ha gastado entre un millón 200 mil a un millón 500 mil soles, dependiendo de la extensión del sitio. El costo que corresponde a la ingeniería de detalle, que es el paso siguiente luego de concluido el plan, aún no se ha definido, asegura Blanco. En cuanto a los costos de la remediación, la funcionaria de Profonanpe indica que “se requiere entre 30 a 100 millones de soles por cada sitio”.

Lévano menciona que es necesario impulsar un diálogo entre los organismos fiscalizadores para analizar cómo cubrir los vacíos en las normas, las instituciones y competencias, y se comiencen a cubrir esos huecos en los que no se identifica la responsabilidad de las empresas. “No es posible que tengas a Pluspetrol casi ocho años después de haber dejado el Lote que no tenga un instrumento de gestión ambiental para el Lote 192, que no haya empezado la remediación, que se niegue a reconocer y que diga que solo hay menos de 100 zonas impactadas cuando los monitores indígenas identificaron cerca de 2 mil”.

La opacidad en Perú es más grave que en Ecuador cuando se trata de acceder a la lista de empresas detrás de los daños ambientales. Mientras el Minem no entregó el nombre de las compañías a las que se le han responsabilizado los pasivos ambientales, OEFA señaló que “se ha programado para el 2023 realizar la identificación de los responsables de los sitios impactados priorizados por el Profonanpe”.

De impactos no resueltos a pozos abandonados

“Creo que hay un tema ético, porque las empresas internacionales que desarrollan la actividad tienen una doble moral. Tienen criterios diferentes cuando operan en un país con mayor institucionalidad, mayor capacidad de presión y una normativa más clara que, curiosamente, son sus países, comparados con sus operaciones en el resto del mundo donde no encuentran una institucionalidad lo suficientemente robusta. Y solo gestionan los impactos ambientales cuando se presentan demandas y cuando se ven sometidos a presión social“, dice Mauricio Cabrera, asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en Colombia.

Colombia considera solo 161 “impactos no resueltos” (INR), que es la denominación que usan para los daños ambientales causados por la industria petrolera. De ellos, según la información entregada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 124 se atribuyen a la estatal Ecopetrol S.A. y 37 a Mansarovar Energy Colombia LTD. ¿Qué departamentos figuran en la base de datos? Boyacá (109), Santander (50), Antioquía (1) y Putumayo (1), pero sin especificar las características y seriedad de los daños causados.

Armando Sarmiento, profesor del departamento de Ecología y Territorio de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana, añade que no hay que perder de vista “los atentados de los grupos insurgentes [que] han sido la causa del mayor número de derrames en los oleoductos en Colombia”. El especialista precisa que los impactos ambientales de esos atentados se hacían evidentes sobre todo en los cuerpos de agua, además de las afectaciones a la biodiversidad.

Para reconstruir los daños causados por dos de las empresas detrás de los 161 impactos no resueltos, considerando que las autoridades no entregaron esa información, dos equipos periodísticos viajaron a Antioquia y Boyacá.

En las fincas Los Naranjitos y Brisas de la Tarde, en Yondó, Antioquia, en el nordeste de Colombia, una familia de campesinos ganaderos lleva más de diez años exigiéndole al Estado que limpie un derrame de petróleo reportado en sus tierras y que acabó matando a todos sus animales. En el recorrido que hizo un equipo por el territorio, el olor a químico era constante y las manchas de crudo brillaban en el lodo. La familia Fonce inició una batalla legal en el 2013, en el camino murió uno de sus integrantes, y hasta hoy no logran que Ecopetrol, la empresa que señalan como responsable, se haga cargo. El caso está siendo investigado por la ANLA.

Mientras tanto, a varios kilómetros de Yondó, en el Campo Velásquez de Puerto Boyacá, la Ciénaga de Palagua, un espejo de agua gigante, —además de varios predios— es una de las víctimas silenciosas de una actividad petrolera que ha dejado 37 sitios contaminados, de acuerdo con la información proporcionada por la ANLA. Desde 1946, tres empresas han operado en la zona: Texas Petroleum Company, Omimex de Colombia y, actualmente, Mansarovar Energy. El equipo periodístico que llegó hasta la zona recogió testimonios de los pescadores, ganaderos y autoridades del municipio de Puerto Boyacá que han presentado denuncias judiciales por las afectaciones al ecosistema y a los cuerpos de agua de la región.

“Nos comunicamos con la empresa, en ese momento había personal para que fuera a revisar. Tomaron unas pruebas y dijeron que en efecto había contaminación, pero nunca volvieron ni nos dieron respuesta. Mansarovar siempre ha estado enterada de esa situación”, cuenta Giovanny Bermúdez, ganadero y propietario de El Jordán, uno de los predios afectados por la contaminación.

Los daños causados a la naturaleza y a las poblaciones indígenas se hacen más evidentes en Bolivia. Para entender los impactos de la industria petrolera en este país hay que retroceder hasta 1921, cuando la empresa Standard Oil llegó al país e inició sus operaciones en un territorio que hoy es el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe. Hoy, 102 años después, la operación, que está en manos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), es uno de los casos más dramáticos de contaminación en el país. En total 17 pozos abandonados y cinco pasivos ambientales, según información oficial del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, afectan al parque y a las comunidades indígenas que viven en sus bosques. A ello hay que añadir el riesgo que representa ahora la próxima explotación de gas.

En Bolivia, las empresas responsables de la contaminación petrolera son la estatal YPFB, Standard Oil y Petrobras, según la información extraída de la página oficial del Ministerio de Ambiente y Agua. A estas empresas se les atribuye siete pasivos ambientales y 94 pozos abandonados que se reportan en el portal oficial del Sistema Nacional de Información Ambiental – SNIA. La mayoría están ubicados en el parque Aguaragüe y hasta ahí llegó un equipo periodístico de esta alianza.

Por otro lado, dentro del Parque Nacional de Carrasco, en Cochabamba, hay un pasivo ambiental que es descrito como un “antepozo [que] se encontraba totalmente cubierto de agua, el mismo que presentaba una coloración oscura, percibiéndose en el ambiente un claro olor a hidrocarburos”. Dentro de esta área protegida también se han identificado otros 4 pozos abandonados en el campo Bulo Bulo.

A pesar de este escenario, Bolivia sigue enfocada en expandir la exploración petrolera en su territorio. “Actualmente hay una visión de buscar hidrocarburos en la Amazonía, muchos de estos lugares ubicados en áreas protegidas. Además, se están retomando campos antiguos como el caso de Tariquia”, asegura Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).

En la audiencia pública de rendición de cuentas de 2022, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina Ortiz, presentó los avances del plan exploratorio de hidrocarburos de YPFB en el que aparecen siete nuevos puntos. También mostró los seis contratos petroleros gestionados durante el año 2021, cinco de ellos aprobados ya por la Asamblea Legislativa. “YPFB ha firmado esos contratos y compromete una inversión que supera los 1500 millones de dólares”, dijo Molina.

En abril de 2023, Molina hizo una nueva exposición sobre los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que ha programado Bolivia para este año. En esta oportunidad se refirió a 18 proyectos de petróleo y gas, 11 de ellos en manos de la empresa estatal YPFB.

“Nos preocupa que todavía se está dando ese desarrollo y además en lugares intactos”, dice Bart Wickel, director de Investigación de Earth Insight, organización dedicada a monitorear las amenazas a las tierras y fuentes de agua de las que dependen las comunidades indígenas y locales. “El caso de las experiencias de desarrollo de petróleo en Ecuador y en Perú, pero también en otros lugares, nos ilustran de manera muy compleja y conflictiva los impactos de esta industria”, precisa.

Wickel menciona también que la industria de los hidrocarburos, en particular, está marcada por una falta de transparencia en sus planes, su desarrollo y afectaciones. “No es transparente sobre los impactos. La expectativa es que cada vez será mejor porque si hubo derrames en el pasado con las nuevas tecnologías y métodos se supone que no habrá nunca más, pero obviamente en realidad resulta que seguimos con los mismos problemas”.

¿Por qué tantas formas de llamar al mismo problema?

En los cuatro países, los gobiernos hacen una distinción entre pasivos ambientales y otras afectaciones similares. En Ecuador, por ejemplo, en el documento entregado por el Maate, se define a los pasivos ambientales como los daños que no han sido reparados o que han sido intervenidos de manera incompleta, mientras que toda a actividad que contiene, emite o dispersa contaminante en un área determinada la denominan “fuente de contaminación”. La diferencia no queda clara, pero es así como la autoridad ambiental divide los casos entre pasivos ambientales hidrocarburíferos de Chevron-Texaco (1107) y otras fuentes de contaminación del mismo sector (3568).

Koenig de Amazon Watch recuerda que en el año 1972 Texaco intentó definir qué tipos de derrames o formas de contaminación debería reportar la empresa. Ahora, cincuenta años después, precisa el experto, existe la misma lógica, porque el Estado intenta clasificar los tipos de daños. “Si dicen que todo lo que hizo Texaco son pasivos y lo demás está en otra categoría, me parece que están tratando de tapar el sol con un dedo, es decir, intentando evitar su responsabilidad y culpabilidad legal y criminal del hecho de que hoy en día siga ese tipo de contaminación”, aclara el experto.

Esa dualidad se repite en Perú, en este caso entre pasivos ambientales y “sitios impactados”. El primero se refiere a los pozos e instalaciones mal abandonados, suelos contaminados, efluentes, emisiones y depósitos de residuos que son consecuencia de operaciones de hidrocarburos realizadas por empresas que han cesado sus actividades. Mientras que el segundo se refiere a un área geográfica alterada negativamente por la presencia de pozos e instalaciones mal abandonadas, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de residuos, así como por suelos, subsuelos y cuerpos de agua contaminados.

Vladimir Pinto, responsable de Amazon Watch Perú, explica que estas diferencias son parte de un asunto legal administrativo que se hizo visible con lo que sucedió en el Lote 192 cuando aún era el Lote 1AB. En ese momento —señala Pinto— cuando Pluspetrol Norte S.A. ya estaba operando, el Estado registró los lugares contaminados y se presentó el problema de la denominación, porque como no hubo un adecuado monitoreo no se sabía qué pasivos venían de la etapa anterior y cuáles eran responsabilidad de la compañía. Entonces, decidieron crear otra denominación y quedó el de sitios impactados.

“Durante muchos años se iban acumulando daños ambientales que no se registraban adecuadamente y como las empresas también ejercen control territorial sobre esas áreas, entonces limitan el acceso de otras personas, por lo tanto, se conoce poco. Entonces era muy fácil que se oculten algunos daños y que no se registren a tiempo”, dice Pinto.

En Colombia el camino es más complejo. “No conozco ningún estudio que haya identificado áreas abandonadas de producción petrolera y que haya cuantificado cuál es el impacto y qué efectos ambientales ha tenido. Las autoridades colombianas apenas han empezado a abordar ese problema para entrar a definir, desde el punto de vista legal, qué son pasivos. Es un tema en el que estamos todavía profundizando”, dice Armando Sarmiento, experto de la Universidad Javeriana.

En el caso de Bolivia, en cambio, los pozos, ductos e incluso el material de transporte o infraestructura petrolera “se denomina pasivo”, dice Campanini y confirma que “la normativa boliviana reconoce como pasivo a la infraestructura de los pozos y de todo lo que ha quedado de la actividad petrolera”. Sin embargo, en el pedido de información que hizo Mongabay Latam y El Deber al Ministerio del Ambiente y Agua la respuesta incluyó dos denominaciones: pasivos ambientales y pozos abandonados.

Más allá de estas clasificaciones, que en países como Colombia están en debate, las soluciones a los miles de lugares contaminados no se concretan. Según la información enviada por las autoridades ambientales, de los más de 8000 pasivos y fuentes de contaminación reportados por los cuatro países, solo 1852 han sido remediados: 1838 en Colombia y 14 en Bolivia. En Perú, hay 15 planes aprobados pero aún no se tiene una fecha de inicio para la remediación, mientras que Ecuador continúa con más de 4000 sitios contaminados.

Hasta ahora, considerando cada uno de los puntos que han sido identificados en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, faltaría remediar en total 6371 lugares contaminados y esta cifra sigue creciendo con cada nuevo derrame de petróleo que es abandonado. Y un punto que agrava esta situación es la dificultad de las autoridades para identificar a los responsables.

“Lo que ha ocurrido históricamente es que hay venta de empresas y así comienzan a complejizar la posible asignación de responsabilidades y requerimientos para la gestión, porque la responsabilidad se va diluyendo en el tiempo. Entonces, el Estado, sea ecuatoriano, colombiano o de cualquiera de nuestros países, termina con desgastes jurídicos gigantescos porque ha pasado mucho tiempo desde que se produjo el daño hasta el momento en que se comienzan a pedir que se gestione adecuadamente”, dice Mauricio Cabrera, coordinador de políticas de temas mineros y asesor de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia.

Se consultó con las instituciones de gobierno en cada país para saber si existen planes de remediación en camino o si se están aplicando multas a las empresas por no solucionar los daños ambientales causados a los ecosistemas y territorios protegidos, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Pero, ¿en qué territorios se encuentran estos pasivos y fuentes de contaminación? ¿Quiénes son los más afectados? Léalo aquí.

Imagen principal: Portada ilustrada. Crédito: Daniel Nicolalde para Cuestión Pública.

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*Las Deudas del Petróleo es una investigación transfronteriza coordinada por Mongabay Latam en alianza Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia.

Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres Editores: Thelma Gómez y David Tarazona. Coordinación periodística: Vanessa Romo Espinoza. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Vanessa Romo y Cristina Fernández. Análisis geoespacial: Juan Julca. Equipo periodístico: Gloria Alvitres, Cristina Fernández, Yvette Sierra, Vanessa Romo y Alexa Vélez de Mongabay Latam; Andrea Rincón y Edier Buitrago de Cuestión Pública en Colombia; Pilar Puentes, Catalina Sanabria, Gina Santisteban y Óscar Parra de Rutas del Conflicto en Colombia; Diego Cazar Baquero y Ana Cristina Alvarado de La Barra Espaciadora en Ecuador y Nelfi Fernández e Iván Paredes de El Deber en Bolivia. Montaje y corrección de estilo: Mayra Castillo. Visualización de datos y diseño: Jhonatan Leal.  Producción audiovisual: Richard Romero. Fotografía y videos:  Miguel Surubí (Bolivia); Armando Prado y Armando Lara (Ecuador); Juan Carlos Contreras y Felipe Tayca (Colombia) y Patrick Wesember (Perú). Ilustración y diseño gráfico: Fernando Pano, Richard Romero, Laura Sofía Polanco y Heidi González. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina, Richard Romero, Jonathan Venegas, Nathalia Gómez, Paola Téllez y Soluciones Soft.

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