No solo en Ecuador los impactos acumulados se cuentan por miles y la opacidad beneficia a las petroleras. En Perú, los pasivos y “sitios impactados” —como denomina el Estado a otras fuentes de contaminación— suman 3341, así lo reportó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en el caso de los pasivos y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Fondo Ambiental de Perú (Profonanpe) para los sitios impactados.

Si se habla del tipo de impacto, son los pozos mal abandonados los que lideran la lista seguidos de los suelos contaminados, las emisiones y los restos o depósitos de residuos. Muchos de estos problemas se presentan en más de un punto a la vez. En cuanto a la distribución geográfica, el 95 % de los pasivos ambientales se concentran en la región de Piura (3335), en la costa norte de Perú, y el resto de casos se divide entre ocho regiones.

Los “sitios impactados”, sin embargo, merecen especial atención, considerando su envergadura y que todos están en la Amazonía. El OEFA confirmó la existencia de 139 de estos sitios en cuatro de las cuencas de Loreto y 32 puntos más priorizados por el Estado en la misma región, antes que asuma esa responsabilidad el organismo. Esta treintena de puntos están situados en el Lote 192 y fueron seleccionados por la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental —hoy Profonanpe—, tomando en cuenta la gravedad del daño causado, entre otros criterios.

“Estamos hablando solo de cuatro cuencas en Loreto, pero hay más sitios impactados por hidrocarburos no solo en Loreto. Entonces la situación es grave”, explica Flor Blanco, gerente del Programa de Pasivos Ambientales de Profonanpe.

Natanael Sandi, monitor indígena de la comunidad de José Olaya, es testigo de ese pasado tóxico en el Lote 192. “El problema es que nunca se han arreglado los ductos, nunca se reparan, y luego tenemos estos derrames cada cierto tiempo (…) En ocasiones ha pasado que hemos tapado el derrame con tierra, hemos acumulado la tierra con lampas, para que no avance y se ha quedado allí”, le dice a los periodistas que viajaron al distrito amazónico de Trompeteros para contar la historia. En uno de los planes de rehabilitación elaborados para remediar la contaminación que monitorea Sandi, se enumera una lista alarmante de metales pesados identificados en un solo sitio: arsénico, bario, cadmio, cromo, cobre, manganeso, níquel y plomo; todos, altamente tóxicos.

Son más de 50 años de contaminación para las comunidades nativas de los pueblos achuar, quechua y kichwa, ubicadas en las cuencas amazónicas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón en Perú. Estas comunidades, entre ellas José Olaya, conviven con la actividad petrolera desde el año 1971, cuando se instaló el Lote 192 —en ese momento denominado Lote 1AB. En todo este tiempo, tres empresas —Occidental Petroleum Corporation, Pluspetrol Norte S.A. y Frontera Energy— han extraído petróleo de estos territorios y ninguna, hasta ahora, ha reparado los daños provocados por los cientos de derrames reportados. A ello se suma que un reciente fallo arbitral a favor de la empresa Pluspetrol Norte S.A. —una de las señaladas como responsables que se ha declarado en quiebra— podría dejar en suspenso estas remediaciones.

Mediante un email, la empresa Occidental Petroleum Corporation señaló que “el asunto legal se resolvió en 2000, cuando Oxy transfirió su participación en el Bloque 1-AB a la petrolera argentina Pluspetrol con la aprobación del Gobierno peruano. Como parte de esa transferencia, Pluspetrol asumió todas las obligaciones en el Bloque 1-AB”. En el documento también indicaron que no tienen “conocimiento de datos creíbles que indiquen impactos negativos en la salud de la comunidad como resultado de las operaciones de Oxy”.

Derrame sucedido en la quebrada Huayruri, en los alrededores de la base Shiviyacu del Lote 192 en Perú. Foto: Patrick Wesember.

Lo más grave en el caso de Perú, es que la tan ansiada remediación avanza muy lento. Según el Profonanpe, de los 32 sitios priorizados para ser atendidos, por ejemplo, se han elaborado 30 planes de rehabilitación y 15 han sido aprobados: 12 de la cuenca Corrientes, 2 de la cuenca Pastaza y 1 de la cuenca Tigre. “Solo para el caso del Lote 192 se ha calculado que la remediación costaría 5000 millones de soles al Estado peruano”, señala Miguel Lévano, Oficial del Programa de Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam en Perú, citando los cálculos que ha hecho Profonanpe.

Flor Blanco, funcionaria de esta entidad, indicó a Mongabay Latam que en cada plan de remediación se ha gastado entre un millón 200 mil a un millón 500 mil soles, dependiendo de la extensión del sitio. El costo que corresponde a la ingeniería de detalle, que es el paso siguiente luego de concluido el plan, aún no se ha definido, asegura Blanco. En cuanto a los costos de la remediación, la funcionaria de Profonanpe indica que “se requiere entre 30 a 100 millones de soles por cada sitio”.

Lévano menciona que es necesario impulsar un diálogo entre los organismos fiscalizadores para analizar cómo cubrir los vacíos en las normas, las instituciones y competencias, y se comiencen a cubrir esos huecos en los que no se identifica la responsabilidad de las empresas. “No es posible que tengas a Pluspetrol casi ocho años después de haber dejado el Lote que no tenga un instrumento de gestión ambiental para el Lote 192, que no haya empezado la remediación, que se niegue a reconocer y que diga que solo hay menos de 100 zonas impactadas cuando los monitores indígenas identificaron cerca de 2 mil”.

La opacidad en Perú es más grave que en Ecuador cuando se trata de acceder a la lista de empresas detrás de los daños ambientales. Mientras el Minem no entregó el nombre de las compañías a las que se le han responsabilizado los pasivos ambientales, OEFA señaló que “se ha programado para el 2023 realizar la identificación de los responsables de los sitios impactados priorizados por el Profonanpe”.

De impactos no resueltos a pozos abandonados

“Creo que hay un tema ético, porque las empresas internacionales que desarrollan la actividad tienen una doble moral. Tienen criterios diferentes cuando operan en un país con mayor institucionalidad, mayor capacidad de presión y una normativa más clara que, curiosamente, son sus países, comparados con sus operaciones en el resto del mundo donde no encuentran una institucionalidad lo suficientemente robusta. Y solo gestionan los impactos ambientales cuando se presentan demandas y cuando se ven sometidos a presión social“, dice Mauricio Cabrera, asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en Colombia.

Colombia considera solo 161 “impactos no resueltos” (INR), que es la denominación que usan para los daños ambientales causados por la industria petrolera. De ellos, según la información entregada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 124 se atribuyen a la estatal Ecopetrol S.A. y 37 a Mansarovar Energy Colombia LTD. ¿Qué departamentos figuran en la base de datos? Boyacá (109), Santander (50), Antioquía (1) y Putumayo (1), pero sin especificar las características y seriedad de los daños causados.

Armando Sarmiento, profesor del departamento de Ecología y Territorio de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana, añade que no hay que perder de vista “los atentados de los grupos insurgentes [que] han sido la causa del mayor número de derrames en los oleoductos en Colombia”. El especialista precisa que los impactos ambientales de esos atentados se hacían evidentes sobre todo en los cuerpos de agua, además de las afectaciones a la biodiversidad.

Para reconstruir los daños causados por dos de las empresas detrás de los 161 impactos no resueltos, considerando que las autoridades no entregaron esa información, dos equipos periodísticos viajaron a Antioquia y Boyacá.

En las fincas Los Naranjitos y Brisas de la Tarde, en Yondó, Antioquia, en el nordeste de Colombia, una familia de campesinos ganaderos lleva más de diez años exigiéndole al Estado que limpie un derrame de petróleo reportado en sus tierras y que acabó matando a todos sus animales. En el recorrido que hizo un equipo por el territorio, el olor a químico era constante y las manchas de crudo brillaban en el lodo. La familia Fonce inició una batalla legal en el 2013, en el camino murió uno de sus integrantes, y hasta hoy no logran que Ecopetrol, la empresa que señalan como responsable, se haga cargo. El caso está siendo investigado por la ANLA.

Mientras tanto, a varios kilómetros de Yondó, en el Campo Velásquez de Puerto Boyacá, la Ciénaga de Palagua, un espejo de agua gigante, —además de varios predios— es una de las víctimas silenciosas de una actividad petrolera que ha dejado 37 sitios contaminados, de acuerdo con la información proporcionada por la ANLA. Desde 1946, tres empresas han operado en la zona: Texas Petroleum Company, Omimex de Colombia y, actualmente, Mansarovar Energy. El equipo periodístico que llegó hasta la zona recogió testimonios de los pescadores, ganaderos y autoridades del municipio de Puerto Boyacá que han presentado denuncias judiciales por las afectaciones al ecosistema y a los cuerpos de agua de la región.

“Nos comunicamos con la empresa, en ese momento había personal para que fuera a revisar. Tomaron unas pruebas y dijeron que en efecto había contaminación, pero nunca volvieron ni nos dieron respuesta. Mansarovar siempre ha estado enterada de esa situación”, cuenta Giovanny Bermúdez, ganadero y propietario de El Jordán, uno de los predios afectados por la contaminación.

Los daños causados a la naturaleza y a las poblaciones indígenas se hacen más evidentes en Bolivia. Para entender los impactos de la industria petrolera en este país hay que retroceder hasta 1921, cuando la empresa Standard Oil llegó al país e inició sus operaciones en un territorio que hoy es el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe. Hoy, 102 años después, la operación, que está en manos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), es uno de los casos más dramáticos de contaminación en el país. En total 17 pozos abandonados y cinco pasivos ambientales, según información oficial del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, afectan al parque y a las comunidades indígenas que viven en sus bosques. A ello hay que añadir el riesgo que representa ahora la próxima explotación de gas.

Camino al campo Los Monos, en el interior del Parque Nacional Aguaragüe, se encontraron vacas muertas donde antes hubo una quebrada y hoy no hay nada de agua. Foto: Miguel Surubi.

En Bolivia, las empresas responsables de la contaminación petrolera son la estatal YPFB, Standard Oil y Petrobras, según la información extraída de la página oficial del Ministerio de Ambiente y Agua. A estas empresas se les atribuye siete pasivos ambientales y 94 pozos abandonados que se reportan en el portal oficial del Sistema Nacional de Información Ambiental – SNIA. La mayoría están ubicados en el parque Aguaragüe y hasta ahí llegó un equipo periodístico de esta alianza.

Por otro lado, dentro del Parque Nacional de Carrasco, en Cochabamba, hay un pasivo ambiental que es descrito como un “antepozo [que] se encontraba totalmente cubierto de agua, el mismo que presentaba una coloración oscura, percibiéndose en el ambiente un claro olor a hidrocarburos”. Dentro de esta área protegida también se han identificado otros 4 pozos abandonados en el campo Bulo Bulo.

A pesar de este escenario, Bolivia sigue enfocada en expandir la exploración petrolera en su territorio. “Actualmente hay una visión de buscar hidrocarburos en la Amazonía, muchos de estos lugares ubicados en áreas protegidas. Además, se están retomando campos antiguos como el caso de Tariquia”, asegura Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).

En la audiencia pública de rendición de cuentas de 2022, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina Ortiz, presentó los avances del plan exploratorio de hidrocarburos de YPFB en el que aparecen siete nuevos puntos. También mostró los seis contratos petroleros gestionados durante el año 2021, cinco de ellos aprobados ya por la Asamblea Legislativa. “YPFB ha firmado esos contratos y compromete una inversión que supera los 1500 millones de dólares”, dijo Molina.

En abril de 2023, Molina hizo una nueva exposición sobre los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que ha programado Bolivia para este año. En esta oportunidad se refirió a 18 proyectos de petróleo y gas, 11 de ellos en manos de la empresa estatal YPFB.

“Nos preocupa que todavía se está dando ese desarrollo y además en lugares intactos”, dice Bart Wickel, director de Investigación de Earth Insight, organización dedicada a monitorear las amenazas a las tierras y fuentes de agua de las que dependen las comunidades indígenas y locales. “El caso de las experiencias de desarrollo de petróleo en Ecuador y en Perú, pero también en otros lugares, nos ilustran de manera muy compleja y conflictiva los impactos de esta industria”, precisa.

Wickel menciona también que la industria de los hidrocarburos, en particular, está marcada por una falta de transparencia en sus planes, su desarrollo y afectaciones. “No es transparente sobre los impactos. La expectativa es que cada vez será mejor porque si hubo derrames en el pasado con las nuevas tecnologías y métodos se supone que no habrá nunca más, pero obviamente en realidad resulta que seguimos con los mismos problemas”.

¿Por qué tantas formas de llamar al mismo problema?

En los cuatro países, los gobiernos hacen una distinción entre pasivos ambientales y otras afectaciones similares. En Ecuador, por ejemplo, en el documento entregado por el Maate, se define a los pasivos ambientales como los daños que no han sido reparados o que han sido intervenidos de manera incompleta, mientras que toda a actividad que contiene, emite o dispersa contaminante en un área determinada la denominan “fuente de contaminación”. La diferencia no queda clara, pero es así como la autoridad ambiental divide los casos entre pasivos ambientales hidrocarburíferos de Chevron-Texaco (1107) y otras fuentes de contaminación del mismo sector (3568).

Koenig de Amazon Watch recuerda que en el año 1972 Texaco intentó definir qué tipos de derrames o formas de contaminación debería reportar la empresa. Ahora, cincuenta años después, precisa el experto, existe la misma lógica, porque el Estado intenta clasificar los tipos de daños. “Si dicen que todo lo que hizo Texaco son pasivos y lo demás está en otra categoría, me parece que están tratando de tapar el sol con un dedo, es decir, intentando evitar su responsabilidad y culpabilidad legal y criminal del hecho de que hoy en día siga ese tipo de contaminación”, aclara el experto.

Esa dualidad se repite en Perú, en este caso entre pasivos ambientales y “sitios impactados”. El primero se refiere a los pozos e instalaciones mal abandonados, suelos contaminados, efluentes, emisiones y depósitos de residuos que son consecuencia de operaciones de hidrocarburos realizadas por empresas que han cesado sus actividades. Mientras que el segundo se refiere a un área geográfica alterada negativamente por la presencia de pozos e instalaciones mal abandonadas, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de residuos, así como por suelos, subsuelos y cuerpos de agua contaminados.

Vladimir Pinto, responsable de Amazon Watch Perú, explica que estas diferencias son parte de un asunto legal administrativo que se hizo visible con lo que sucedió en el Lote 192 cuando aún era el Lote 1AB. En ese momento —señala Pinto— cuando Pluspetrol Norte S.A. ya estaba operando, el Estado registró los lugares contaminados y se presentó el problema de la denominación, porque como no hubo un adecuado monitoreo no se sabía qué pasivos venían de la etapa anterior y cuáles eran responsabilidad de la compañía. Entonces, decidieron crear otra denominación y quedó el de sitios impactados.

“Durante muchos años se iban acumulando daños ambientales que no se registraban adecuadamente y como las empresas también ejercen control territorial sobre esas áreas, entonces limitan el acceso de otras personas, por lo tanto, se conoce poco. Entonces era muy fácil que se oculten algunos daños y que no se registren a tiempo”, dice Pinto.

En Colombia el camino es más complejo. “No conozco ningún estudio que haya identificado áreas abandonadas de producción petrolera y que haya cuantificado cuál es el impacto y qué efectos ambientales ha tenido. Las autoridades colombianas apenas han empezado a abordar ese problema para entrar a definir, desde el punto de vista legal, qué son pasivos. Es un tema en el que estamos todavía profundizando”, dice Armando Sarmiento, experto de la Universidad Javeriana.

En el caso de Bolivia, en cambio, los pozos, ductos e incluso el material de transporte o infraestructura petrolera “se denomina pasivo”, dice Campanini y confirma que “la normativa boliviana reconoce como pasivo a la infraestructura de los pozos y de todo lo que ha quedado de la actividad petrolera”. Sin embargo, en el pedido de información que hizo Mongabay Latam y El Deber al Ministerio del Ambiente y Agua la respuesta incluyó dos denominaciones: pasivos ambientales y pozos abandonados.

Más allá de estas clasificaciones, que en países como Colombia están en debate, las soluciones a los miles de lugares contaminados no se concretan. Según la información enviada por las autoridades ambientales, de los más de 8000 pasivos y fuentes de contaminación reportados por los cuatro países, solo 1852 han sido remediados: 1838 en Colombia y 14 en Bolivia. En Perú, hay 15 planes aprobados pero aún no se tiene una fecha de inicio para la remediación, mientras que Ecuador continúa con más de 4000 sitios contaminados.

Hasta ahora, considerando cada uno de los puntos que han sido identificados en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, faltaría remediar en total 6371 lugares contaminados y esta cifra sigue creciendo con cada nuevo derrame de petróleo que es abandonado. Y un punto que agrava esta situación es la dificultad de las autoridades para identificar a los responsables.

“Lo que ha ocurrido históricamente es que hay venta de empresas y así comienzan a complejizar la posible asignación de responsabilidades y requerimientos para la gestión, porque la responsabilidad se va diluyendo en el tiempo. Entonces, el Estado, sea ecuatoriano, colombiano o de cualquiera de nuestros países, termina con desgastes jurídicos gigantescos porque ha pasado mucho tiempo desde que se produjo el daño hasta el momento en que se comienzan a pedir que se gestione adecuadamente”, dice Mauricio Cabrera, coordinador de políticas de temas mineros y asesor de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia.

Se consultó con las instituciones de gobierno en cada país para saber si existen planes de remediación en camino o si se están aplicando multas a las empresas por no solucionar los daños ambientales causados a los ecosistemas y territorios protegidos, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Visita en noviembre de 2022 a la zona rural de Yondó, en Antioquia, Colombia. Allí, una familia compró una finca dentro de un campo de Ecopetrol. Foto: Felipe Tayca.

Pero, ¿en qué territorios se encuentran estos pasivos y fuentes de contaminación? ¿Quiénes son los más afectados? Léalo aquí.

Imagen principal: Portada ilustrada. Crédito: Daniel Nicolalde para Cuestión Pública.

*Las Deudas del Petróleo es una investigación transfronteriza coordinada por Mongabay Latam en alianza Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia.

Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres Editores: Thelma Gómez y David Tarazona. Coordinación periodística: Vanessa Romo Espinoza. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Vanessa Romo y Cristina Fernández. Análisis geoespacial: Juan Julca. Equipo periodístico: Gloria Alvitres, Cristina Fernández, Yvette Sierra, Vanessa Romo y Alexa Vélez de Mongabay Latam; Andrea Rincón y Edier Buitrago de Cuestión Pública en Colombia; Pilar Puentes, Catalina Sanabria, Gina Santisteban y Óscar Parra de Rutas del Conflicto en Colombia; Diego Cazar Baquero y Ana Cristina Alvarado de La Barra Espaciadora en Ecuador y Nelfi Fernández e Iván Paredes de El Deber en Bolivia. Montaje y corrección de estilo: Mayra Castillo. Visualización de datos y diseño: Jhonatan Leal.  Producción audiovisual: Richard Romero. Fotografía y videos:  Miguel Surubí (Bolivia); Armando Prado y Armando Lara (Ecuador); Juan Carlos Contreras y Felipe Tayca (Colombia) y Patrick Wesember (Perú). Ilustración y diseño gráfico: Fernando Pano, Richard Romero, Laura Sofía Polanco y Heidi González. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina, Richard Romero, Jonathan Venegas, Nathalia Gómez, Paola Téllez y Soluciones Soft.

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