- En 2010, una familia colombiana en zona rural de Yondó, Antioquia, compró una finca dentro de un campo de Ecopetrol, la petrolera más grande del país, sin saber que esta estaba contaminada con crudo.
- La empresa ha reconocido parcialmente la afectación, pero asegura no saber qué tipo de daño fue, sus causas y la fecha del mismo. Tampoco acepta el reclamo de compensación económica de la familia.
- Las personas afectadas aseguran que los restos de petróleo, aún presentes en la superficie, causaron la muerte de al menos 10 vacas y ahuyentaron del ecosistema a garzas, chigüiros y caimanes.
- Solo hasta 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le abrió una investigación a la petrolera por el manejo del caso. En total se registran 124 impactos no resueltos petroleros por parte de Ecopetrol de los 161 sitios contaminados que existen en Colombia.
Lo primero que se percibe en la finca de la familia Fonce es un fuerte olor a crudo. Es mediodía en Yondó, un municipio que nació en el auge petrolero a inicios de los años cuarenta a orillas del río Magdalena, y la temperatura bordea los 25 grados centígrados.
—¿Cómo sabe si eso es petróleo? — le preguntamos a Leonardo Granados, un abogado que defiende la causa de un campesino cuyas tierras, asegura, fueron contaminadas por un derrame en la zona.
—Sencillo, agarren y huélanlo —responde.
La tierra color cobrizo con manchas negras despide un olor fuerte a combustible y químico. El abogado Granados guía al equipo periodístico de Cuestión Pública y Mongabay Latam por el terreno donde hace más de diez años el campesino Luis Fonce, su representado, denunció un derrame de petróleo. No hay claridad de la fecha exacta en la que se registró el evento, pues los Fonce notaron la afectación en su finca poco tiempo después de que adquirieron la propiedad en junio de 2010. Eso llevó a la familia a presentar una queja, en octubre de 2013, contra la empresa Ecopetrol ante la Policía de Yondó. Según esta, “hacía varios años” que los Fonce le venían exigiendo a Ecopetrol remediar la contaminación en su propiedad pero la petrolera no había hecho “nada al respecto”.
Los integrantes de la familia cuentan que descubrieron el daño petrolero en su finca cuando murieron al menos diez de sus reses, tras beber agua de un pozo contaminado. Pese a sus reclamos, el campesino ganadero y agricultor Luis Fonce no logró que Ecopetrol reparara el daño causado a su propiedad. Murió en 2021, ocho años después de iniciar una batalla legal contra la petrolera.
Fonce, de 57 años, denunció en dos oportunidades a Ecopetrol ante la Inspección Municipal de la Policía de Yondó. Lo trágico de esta historia es que el Estado tardó una década en atender estas demandas. No fue sino hasta agosto de 2021 que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) abrió un proceso sancionatorio a la petrolera para determinar si esta atendió de manera efectiva los daños ambientales en Los Naranjitos, como se llama la propiedad de la familia, y que administra Nelly Fonce, la hija de don Luis. La autoridad ambiental, que hoy evalúa entre otros temas si Ecopetrol reportó el incidente con la debida diligencia, abrió el procedimiento luego de recibir toda la información de manos del abogado de la familia, Leonardo Granados, en septiembre de 2019.
Según las versiones de algunos empleados de la empresa, como se lee en el Concepto Técnico 04566 de la ANLA, Ecopetrol estuvo al tanto de la afectación desde septiembre de 2012 y notificó el incidente a la autoridad en septiembre de 2013, a través de un informe de cumplimiento ambiental —documento que emite cada empresa periódicamente para reportar los impactos a los ecosistemas por sus operaciones—. Que la empresa tardara un año en reportar el evento, que no reconoce como un derrame generado por su propia operación, podría ser tomado como una irregularidad, considerando que la norma exige que los incidentes se reporten de manera inmediata. Lo que agravaría este caso, además, son los testimonios de la familia afectada y del propietario previo de la finca, quienes insisten en que el derrame, habría ocurrido mucho antes del 2012, antes incluso de que la familia Fonce comprara la finca.
La visita a la zona permitió al equipo periodístico observar las posibles consecuencias de la contaminación. En la zona afectada por el crudo había una quebrada que conectaba las fincas Los Naranjitos y Brisas de la Tarde, la segunda propiedad de la familia en la zona, según explica Nelly Fonce. De esta, solo queda un riachuelo que insiste en fluir con trazas de petróleo y olor a gasolina, como pudo percibir el equipo en un recorrido por el lugar.
Este daño ambiental podría ser catalogado como un pasivo ambiental en otros países, considerando la gravedad y antigüedad del daño. Sin embargo, en Colombia está a espera de sanción presidencial un proyecto de ley que busca definir, por primera vez, este tipo de daños y cómo repararlos. Mientras tanto, la ANLA respondió en un pedido de información para este especial que en el país existen 161 “Impactos no resueltos” —como denominan a lo que podrían ser pasivos ambientales— localizados en Antioquía, Boyacá, Putumayo y Santander. El caso de los Fonce figura en la lista de “impactos no resueltos” entregada por la autoridad.
Cubriendo el pasado con tierra
El 9 de septiembre de 2012, Jairo Varón, entonces empleado de Ecopetrol y vicepresidente de la Unión Sindical Obrera (sindicato de la compañía) reportó a la empresa un “derrame petrolero por rotura de oleoducto” en la zona de Los Naranjitos, propiedad de la familia Fonce. Esta información llegó a Luis Castillo, superintendente de Operaciones del Río, área a cargo de los campos petroleros Casabe y Cantagallo, como se lee en el Concepto Técnico 04566 de la ANLA. A pesar de esta información, la empresa nunca reconoció que allí ocurriera un derrame asociado a su operación.
Registro visual del derrame de Los Naranjitos tomado en diciembre de 2022.
Crédito: Corporación San Silvestre Green.
En todos estos años se ha limitado a catalogarlo como un “impacto ambiental acumulativo o no resuelto”, es decir, un daño que asegura falta restaurar, pero del que no tiene detalles de qué lo provocó, cuándo ocurrió y que destaca por su “reporte extemporáneo”, como se lee en una respuesta a una de las denuncias presentadas por la familia Fonce.
Lo que llama la atención es que la ANLA asegura que el término “impacto ambiental acumulativo” es una clasificación de Ecopetrol que “no corresponde a un término expresado por parte de la Autoridad Ambiental”. Además, que este alude a un incidente “que se presenta en el territorio y en el que no se han dado las condiciones para la recuperación del área afectada”.
El 19 de septiembre de 2012, diez días después del reporte de Jairo Varón, empleado de Ecopetrol, una ingeniera de la compañía hizo un reconocimiento del terreno para describir los daños y la extensión de la afectación. Este análisis arrojó un área afectada de 1516 metros cuadrados y una capa de crudo que tenía 0.6 centímetros de profundidad. Una década más tarde, en septiembre de 2022, según el Concepto Técnico No 05556 de la ANLA, el área contaminada ya abarcaba alrededor de 2.5 hectáreas (un volumen de 24 700 metros cúbicos de tierra), donde existía además una especie de pozo con agua y crudo donde los animales caían o iban a beber.
Cuestión Pública y Mongabay Latam buscaron a una experta para entender los efectos que puede generar la contaminación con petróleo. Jazmín Arias, bióloga y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, que ha trabajado en la conservación de ecosistemas acuáticos en Bogotá, explica la problemática. “Toda la fauna que llegue a consumir agua un poco contaminada, eventualmente va a morir”, comenta Arias. Agrega que el daño ambiental generado por el petróleo es muy difícil de limpiar y que “nada crece sobre él, es muy difícil saber hasta dónde puede llegar porque seguramente hay petróleo andando por debajo del suelo”.
Nelly Fonce comparte su testimonio con el equipo periodístico. Su mirada se pierde en el cauce silencioso del río Magdalena. La madre de dos hijos de 9 y 17 años ha asumido el rol que tenía su padre y lo hace convencida de que está luchando por sus derechos. Ha mantenido esta defensa pese a la muerte de él y la de su esposo por Covid-19.
“Cuando nosotros compramos, eso era puro rastrojo. Cuando ya se le metió el ganado, el señor que cuidaba nos llamó y nos dijo que habían caído unos terneros (…) ahí nos dimos cuenta de que estaba el daño”, dice Nelly Fonce.
Los Fonce adquirieron las dos propiedades en junio y agosto de 2010. La primera con una extensión de 10 hectáreas y la otra de 24. Las fincas formaban parte del negocio familiar y aunque su hogar no estaba ahí, visitaban sus tierras a diario. Esta alianza habló con Luis Eduardo Villa Sánchez, el anterior dueño de una de las fincas para conocer qué sabía del derrame.
Del otro lado del teléfono, la voz de Villa suena apresurada. No tarda en decir que antes de vender la propiedad, entre 2008 y 2009, se presentó el evento en esas tierras.“El derrame fue en un cañito —un cuerpo de agua— al pie de la carretera y la empresa [Ecopetrol] mandó a echar tierra (…) De un morro que había [en la finca] con la misma maquinaria extrajo la tierra para tapar donde estaba el crudo, lo sacaron y echaron pasto como reposición”, narra Luis Eduardo Villa. Ecopetrol, sin embargo, ha insistido ante la ANLA que desconoce las causas y la fecha exacta de la afectación en Los Naranjitos.
Una pista clave
En sus querellas de 2013 y 2014 contra Ecopetrol, Luis Fonce dejó constancia de la transformación del cuerpo de agua que conectaba sus predios. Actualmente, solo se observa lodo y crudo, según lo que registraron los reporteros que visitaron el lugar. Además, con la muerte del ganado, asegura su hija, el terreno es un desastre ambiental y ya no es rentable.
“Por el agua [contaminada] se enflacaban (sic), les daba diarrea [a los animales]…se murieron bastantes terneritos y también caían esas garzotas, esas morenas inmensas. Ahí había mucho chigüiro que en este momento ya no está por la contaminación”, cuenta Nelly Fonce.
También recordó el caso de un caimán grande que merodeaba sus fincas. Dijo que los vecinos lo oían roncar y se comía las gallinas. En sus palabras, a causa de la contaminación, el reptil se fue al otro lado de la ribera del río, hacia Barrancabermeja. A través de archivos y testimonios, se pudo documentar que en el lugar también habitaban nutrias, peces y tortugas.
La ANLA ha adelantado, por el momento, que la versión presentada por Ecopetrol tiene inconsistencias. Una de ellas se evidencia en las respuestas que la petrolera dio a las quejas presentadas por la familia Fonce en 2013 y 2014. En el documento se lee que registraron un incidente en 2011 catalogado como “un impacto ambiental acumulativo”. Esta información es clave, pues en la investigación que la ANLA le abre a la compañía resalta que en su archivo no encontró ningún documento de ese año que reporte el hecho. En su lugar identificó “afirmaciones contradictorias” por parte de Ecopetrol, pues la compañía primero reconoció que registró el incidente en 2011, luego que supo por primera vez del derrame en 2012 y, finalmente, lo reportó en 2013.
En la respuesta a Cuestión Pública y Mongabay Latam, la ANLA señaló que “si bien la sociedad [Ecopetrol] presenta el reporte como un impacto acumulativo no se establecen causas y afectaciones”, lo que según la entidad va en contra del Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres.
La empresa Ecopetrol se defendió en una respuesta enviada para esta investigación, y dijo que no estaba obligada a reportar el daño, basada en que no conocía la causa del hecho y que ese incidente, además, no estuvo asociado a su operación.
Un dato más se suma a las inconsistencias detectadas por la ANLA sobre la fecha en la que habría ocurrido el derrame. Si bien Ecopetrol reporta a la autoridad ambiental que se enteró del hecho en septiembre de 2012, en una de sus comunicaciones indica que ingresó cinco meses antes a la finca Los Naranjitos para desinstalar una tubería petrolera en el área donde se habría generado el incidente. De esta visita quedó un registro fotográfico en el que se observa la tubería y el crudo. Frente a esta versión, la ANLA se pregunta: ¿en qué momento se entera la empresa realmente del derrame?
David contra Goliat
Desde que Ecopetrol le notificó del derrame a la ANLA en 2013 hasta que intentó acceder al terreno para empezar labores de recuperación, pasó casi un año y medio. Ecopetrol delegó a un contratista esa labor entre 2014 y 2015.
Este proceso, según le responde la empresa a esta alianza periodística, se compone de cuatro fases: diagnóstico, recuperación, cierre técnico y resultado final. En ese momento, la compañía solo avanzó de manera incompleta en la primera parte. La iniciativa de recuperación del terreno no continuó porque, en enero de 2015, los dueños del predio exigieron una compensación económica como condición para permitir el ingreso a la compañía. La petrolera argumentó que como los hechos se habían registrado más de dos años atrás, la posibilidad de una retribución había “caducado”. Ante el rechazo, los Fonce no permitieron más el ingreso a las fincas.
Fotos tomadas del inventario forestal del predio Los Naranjitos realizado en 2015. Crédito: Consorcio Ambiental.
“Ese es el argumento que ellos presentan [Ecopetrol] para evadir su responsabilidad, pero es un juez el que debe determinar si hay caducidad o no, ya que si el daño es continuado y persiste, no hay caducidad”, nos explica Dayana Becerra, abogada, docente e investigadora en derecho ambiental de la Universidad Javeriana.
Leonardo Granados, director de la Corporación San Silvestre Green y abogado de Nelly Fonce, sostiene que en este caso el daño ambiental no ha cesado. “Una cosa es que un vehículo de Ecopetrol mate a una vaca, pero otra es cuando atenta contra la estructura ecológica que garantiza la producción a futuro, ahí el daño es de tracto sucesivo. ¿Qué significa? Que es permanente y cada vez se agrava más”, explica el abogado.
Ecopetrol retomó las tareas de limpieza en Los Naranjitos en junio de 2022. El trabajo que viene realizando ha sido criticado por el abogado de la familia Fonce, pues asegura que la petrolera busca sedimentar el cuerpo de agua que había en la finca echándole tierra, y que no tendría los permisos para hacerlo.
En respuesta a esta alianza periodística, Ecopetrol niega que en las dos fincas de los Fonce exista un cuerpo de agua, por lo que señaló que no necesitaba permisos para intervenirlo. Sin embargo, el equipo periodístico observó durante su reportería lo que sería un remanente: un riachuelo que atravesaba ambos predios. La ANLA también lo identificó en las imágenes satelitales incluidas en el proceso sancionatorio. Además, prueba que el espejo de agua se redujo en un 90% entre 2008 y 2021, justo el periodo en el que el derrame habría estado expuesto en los predios, pasó de tener una extensión de 612 metros cuadrados a 3.93.
Hay un capítulo adicional en el litigio entre los Fonce y Ecopetrol, y es el de las pruebas de laboratorio sobre la contaminación del suelo y las aguas. La primera, de 2015, fue ordenada por una empresa contratada por Ecopetrol para la recuperación ambiental de la finca de los Fonce.
Aunque la compañía aseguró que los resultados cumplían con los parámetros establecidos, un informe de la petrolera, con fecha de febrero de 2021, contradice lo anterior. En este segundo documento se lee que el hidrocarburo libre evidenciado es mayor al establecido como máximo permisible por protocolos internacionales (Louisiana 29B), al igual que la concentración de químicos relacionados con el petróleo, tanto en suelo como en agua.
Nelly Fonce ordenó, por su lado, una segunda prueba en 2019 en otro laboratorio. Este también arrojó que los niveles de petróleo y aceites en las fincas excedían “el límite máximo permisible”. Con los resultados de las pruebas ordenadas por la familia, el 25 de septiembre de 2019 Granados denunció ante la Fiscalía Delegada para Delitos Ambientales de Bucaramanga a cuatro directivos de Ecopetrol por “daño a los recursos ambientales, contaminación ambiental al recurso agua y afectación a fauna, flora y suelos, y ocultamiento y destrucción de elementos materiales probatorios”.
Dos días después, el 27 de septiembre de 2019, el abogado de la familia Fonce solicitó a la ANLA abrir una investigación contra Ecopetrol. En marzo de 2021, la ANLA aceptó su solicitud e inició un proceso sancionatorio para determinar si el derrame fue reportado a destiempo y si la empresa falló en “no implementar la descontaminación de terrenos afectados por derrames y de recuperación de cuerpos de agua”.
La hija de Luis Fonce sigue empeñada en que Ecopetrol asuma su responsabilidad y los indemnice por el daño ambiental y económico que, asegura, le causaron a su familia. El siguiente capítulo de esta historia se conocerá cuando la ANLA decida si sanciona o no a Ecopetrol.
*Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Cuestión Pública.
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Investigación: Edier Buitrago y Andrea Rincón C. de Cuestión Pública / Contribuyeron a esta historia: David Tarazona y Vanessa Romo de Mongabay Latam y Daniela Castro, de OCCRP / Fact check: Sergio Retavisca / Edición: Camilo Vallejo y Diana Salinas de Cuestión Pública y Alexa Vélez Zuazo de Mongabay Latam / Ilustración y diseño: Heidy González de Cuestión Pública / Coordinación multimedia: Laura Sofia Polanco de Cuestión Pública / Redes Sociales: Natalia Gómez / Webmaster: Paola Téllez
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