- En el municipio de Puerto Boyacá, en Colombia, la actividad petrolera es responsable de 109 sitios contaminados, de los cuales 37 corresponden a Mansarovar Energy según datos proporcionados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En total, la ANLA ha registrado a nivel nacional 161 “impactos no resueltos”, como los clasifica el Estado.
- Desde 1946, la empresa estadounidense Texas Petroleum Company comenzó la explotación de hidrocarburos en Puerto Boyacá; casi 50 años después, Omimex de Colombia adquirió esos activos y hoy pertenecen a Mansarovar Energy. En tan solo uno de sus campos, la empresa tiene 95 pozos en producción y 185 abandonados.
- Pescadores, ganaderos, habitantes e incluso las autoridades del municipio de Puerto Boyacá han presentado denuncias judiciales por las afectaciones al ecosistema y a los cuerpos de agua de la región, sin que hasta ahora se hayan realizado acciones de remediación de los lugares contaminados.
José Celestino Trujillo es pescador y vive hace casi 80 años en la vereda Muelle Velásquez, en Puerto Boyacá. Durante décadas ha sido testigo de las transformaciones que ha sufrido ese territorio que lo vio nacer. Uno de los sitios en donde más se observan esos cambios, dice, es la Ciénaga de Palagua, el segundo espejo de agua dulce más importante del departamento de Boyacá, después de la Laguna de Tota. Este territorio pantanoso es hábitat de por lo menos 160 especies y uno de los lugares en donde se refleja la contaminación que ha dejado la industria petrolera que opera en la zona desde hace más de cinco décadas.
En su juventud, José Celestino se dedicaba a pescar en la Ciénaga de Palagua, que se ubica en el valle del río Magdalena, a unos 36 kilómetros de Puerto Boyacá. Celestino recuerda que en una red cabían tres o cuatro peces que en la región se conocen como bocachicos, cada uno con una extensión equivalente a la de un antebrazo humano. Hoy ya casi no se encuentran estos peces; si los hay, su tamaño disminuyó a tal punto que son del mismo largo de una mano.
Mongabay Latam y Rutas del Conflicto visitaron la zona. Durante el recorrido, no sólo evidenciaron las afectaciones que ha dejado la industria petrolera en el lugar, también escucharon a los habitantes de la vereda Muelle Velázquez. Ellos afirman que alrededor de 200 hectáreas de la ciénaga están contaminadas con residuos de hidrocarburos.
La contaminación en Campo Velásquez
En 1946, la Texas Petroleum Company inició la explotación de Campo Velásquez, el cual se encuentra al sur de la Ciénaga de Palagua, en la jurisdicción de las veredas Calderón y Velásquez. Casi 50 años después, Omimex de Colombia adquirió estos activos y hoy pertenecen a Mansarovar Energy. En su página oficial, la misma petrolera señala que en Campo Velásquez cuenta con 95 pozos petroleros en producción, 185 abandonados y 32 cerrados, sin que especifique la diferencia entre unos y otros. Allí se producen alrededor de 3270 barriles de crudo por día.
Milton Guzmán, administrador y socio honorario de la asociación de pescadores Asopezpalagua, cuenta que la empresa Mansarovar Energy adquirió los oleoductos subacuáticos que en un principio pertenecieron a la Texas Petroleum Company y luego a Omimex de Colombia. De acuerdo con Milton, las tuberías, por falta de mantenimiento y por la gran cantidad de crudo que bombeaban, solían romperse y el hidrocarburo se vertía en el agua. “A los tres o cuatro días veíamos la inmensa mortandad de peces”, expresa José Celestino, también integrante de Asopezpalagua.
Debido a su producción petrolera en Campo Velásquez, la empresa Mansarovar Energy es responsable de 37 de los 109 sitios contaminados por la actividad petrolera que existen en el municipio de Puerto Boyacá, de acuerdo con los datos entregados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para esta investigación.
Esos puntos de contaminación podrían ser considerados en el resto de Latinoamérica como “pasivos ambientales”, un concepto que se usa para referirse a los daños a ecosistemas y comunidades a largo plazo y que han sido provocados por proyectos extractivos, mineros o los rellenos sanitarios que se encuentran abandonados. Aunque esta figura no existe legalmente en Colombia, en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley con el que se busca, entre otras cosas, crear el Registro Nacional de Pasivos Ambientales (REPA). Por ahora, esos impactos petroleros con las mismas características que un pasivo ambiental son denominados por el Estado colombiano como “impactos no resueltos”.
La base de datos construida para esta investigación transnacional logró establecer que en Colombia existen por lo menos 161 “impactos no resueltos”. Estos lugares contaminados se concentran en Boyacá, Santander, Antioquia y Putumayo.
Zona en donde se encuentra la tubería subacuática en la Ciénaga de Palagua. Foto: Juan Carlos Contreras.El Aceitero, localizado en la zona de la Ciénaga de Palagua, por ejemplo, es una de las áreas afectadas por la contaminación de hidrocarburos en Puerto Boyacá. Los pescadores le llaman así precisamente por la abundancia de petróleo que hay en sus profundidades. Al prender los motores de los botes o meter un listón de madera al agua, el hidrocarburo se hace visible en la superficie.
Leonardo Granados es abogado, asesor de la Alcaldía de Puerto Boyacá para la defensa estratégica del territorio y director de la Corporación San Silvestre Green, una organización no gubernamental que tiene como propósito contribuir al desarrollo sostenible. Granados asegura que en el punto en donde se encuentra El Aceitero confluye el daño medioambiental: “Después de georreferenciar las zonas de contaminación y los predios afectados por las operaciones en Campo Velázquez de Mansarovar, se concluye que las aguas corren a la Ciénaga de Palagua y llegan al Aceitero. Esto ha generado un 90% de pérdida hídrica y de pescado”.
La Ciénaga de Palagua está conformada no solo por sus 180 hectáreas de espejo de agua, sino también por las 1200 que tiene de humedal. Las fincas aledañas se surten del agua que proviene de este cuerpo hídrico, así lo explica Mauricio Salazar, ingeniero forestal, coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) de Puerto Boyacá hasta finales de 2022 y fundador de la Mesa Ambiental del municipio. En época de precipitaciones, explica Salazar, la lluvia se mezcla con el petróleo, circula por las veredas y finalmente desemboca en la ciénaga.
En 2021, los dueños de 18 predios iniciaron acciones penales y administrativas en contra de la empresa Mansarovar Energy por la contaminación del agua en la zona; aunque aseguran que son más los afectados.
Uno de los predios contaminados es El Jordán. De acuerdo con la ANLA, este lugar es uno de los 37 pasivos ambientales que acumula la petrolera en esta región. Según Édgar y Giovanny Bermúdez, padre e hijo ganaderos propietarios de El Jordán, su finca ha sido afectada por las operaciones en Campo Velásquez. Hace dos años, ellos intentaron abrir jagüeyes, unos lagos pequeños para que sus animales se hidrataran. Para su sorpresa, el agua estaba llena de petróleo. “Nos comunicamos con la empresa, en ese momento había personal para que fuera a revisar. Tomaron unas pruebas y dijeron que en efecto había contaminación, pero nunca volvieron ni nos dieron respuesta. Mansarovar siempre ha estado enterada de esa situación”, cuenta Giovanny.
Los Bermúdez ahora solo tienen terneros. Cuentan que cuando tenían vacas, los animales se deshidrataban y si tomaban del agua contaminada se enfermaban, perdían peso, abortaban y morían. Y es que en la época de verano, la temperatura en la zona alcanza hasta los 40 grados centígrados y los pozos de agua potable se secan.
Rutas del Conflicto y Mongabay Latam buscaron por varios medios una entrevista con Mansarovar Energy para obtener su versión de los hechos. La empresa respondió únicamente un par de preguntas. Sobre el Aceitero, asegura haber realizado las actividades de diagnóstico de primera fase para así establecer una estrategia de intervención. En cuánto al Jordán, Mansarovar afirma no tener permiso de acceso al predio.
Giovanny Bermudez aclara que al no haber sido posible una conciliación directa con la petrolera, él acudió a Leonardo Granados y solicitó a Mansarovar que todo lo correspondiente al caso lo trataran con su representante legal. “Generalmente, cuando a las empresas se les da permiso para ingresar a un predio, entran a eliminar evidencias. Como estamos en un proceso con la Fiscalía General de la Nación para hacer el recaudo de material probatorio, la petrolera podría incurrir en el delito de destrucción y ocultamiento del mismo. Por tal motivo, no se le ha permitido el ingreso a la finca”, explica el abogado Granados.
Malas herencias y daños no remediados
Mansarovar Energy inició sus operaciones en el territorio hace tres lustros, pero los perjuicios ambientales se remontan a mediados del siglo pasado, cuando la Texas Petroleum Company llegó a Puerto Boyacá a dedicarse a la explotación de hidrocarburos en Campo Velásquez durante décadas. Luego, en 1995, la compañía estadounidense vendió sus activos a Omimex de Colombia y finalmente pasaron a ser de Mansarovar Energy, una empresa creada en 2006 tras la unión de la estatal india ONGC-Videsh y la estatal china Sinopec.
Tal cómo informó el diario El Tiempo, a mediados del siglo pasado, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Texas Petroleum Company determinando que no se pagaran regalías por la producción petrolera en Campo Velásquez. Ni siquiera hoy en día, bajo la administración de Mansarovar, se han pagado regalías al Estado por su producción.
Texas Petroleum fue la primera responsable de los impactos ecológicos en la zona, pues según el hoy disuelto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA), la empresa realizaba sus actividades sin consideraciones ambientales, sus equipos eran obsoletos y no trataba los vertimientos de petróleo que ocasionaba.
José Celestino recuerda que la empresa estadounidense, en vez de remediar los daños causados, trataba de encubrirlos. Con maquinaria pesada removía el petróleo que se encontraba en tierra y cuando había demasiado en el agua, le prendía fuego. Según José Celestino y más habitantes de la zona, en la década de los sesenta la petrolera lanzó desde una avioneta semillas de junco, una especie de planta acuática. Hoy en día hay aproximadamente 50 hectáreas de junco ocupando la Ciénaga de Palagua. “Ahí es donde está la joya de la contaminación y la taparon”, reclama el abogado Granados.
El ingeniero Salazar cuenta que el buchón de agua (Eichhornia crassipes), también conocido como taruya, igualmente ha sido utilizado para cubrir el petróleo que se encuentra en el fondo del Aceitero. Al ser una especie introducida no hay un control biológico sobre ella y se ha vuelto invasora. “Se reproduce sin que nada la detenga”, explica. Además, cuando estas plantas mueren, la materia orgánica se deposita en el fondo, formando un tipo de colchón. Así, la ciénaga se ha secado poco a poco, ha perdido oxígeno y el espejo de agua es cada vez menor.
“Nosotros pedimos que toda esta área sea removida, que se saque el junco contaminado y se filtre, se limpie la ciénaga, pero no lo hacen porque es costoso. La compañía dice que todo está perfecto, que según los documentos ha cumplido. Sin embargo, la evidencia en el terreno es diferente. Tiene que prevalecer la realidad sobre el papel”, sugiere Milton Guzmán, administrador y socio honorario de Asopezpalagua.
Frente a los daños ambientales, en 1994 el municipio de Puerto Boyacá presentó una Acción Popular contra la Texas Petroleum Company. En 2008 el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá declaró responsables a la Texas Petroleum Company y a Omimex de Colombia por el “deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en las áreas de Campo Velásquez y Campo Palagua”, este último ubicado al norte de la ciénaga. Así, el juzgado sentenció a las petroleras al cumplimiento de un plan de manejo especial para la recuperación de la ciénaga, el cual se encuentra en la resolución 782 del año 1993 del INDERENA.
A su vez, los integrantes de Asopezpalagua emprendieron una acción popular paralela que ganaron en 2010. En este caso, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá ordenó algo más específico: “Les dijo a las compañías petroleras que deben hacer un estudio del fondo de la ciénaga, porque los sedimentos están completamente llenos de hidrocarburos, que es lo que ha dañado a los peces y lo que ha acabado con la pesca”, explica el abogado Granados.
El 24 de noviembre de 2022 representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) y Asopezpalagua realizaron una visita a la zona para corroborar si se ha cumplido lo dictado en las sentencias. Iniciaron el recorrido en el pozo 100, denominado Puerto Nuevo, pasaron por la batería 3 y finalizaron en Muelle Velásquez. También estuvieron en El Aceitero. Durante el trayecto fueron testigos del petróleo que hay entre los colchones de junco. “Esperamos que el juez tome medidas ante el desacato y se obligue a la empresa a cumplir después de 30 años”, expresa Guzmán de Asopezpalagua.
Según ha informado la Corporación San Silvestre Green, por escritura pública No. 4253 del 30 de noviembre de 2006, Omimex de Colombia pasó a ser Mansarovar Energy y adquirió no solo los activos de Campo Velásquez, sino también los pasivos ambientales. Por lo tanto, tendría que hacerse responsable de remediar ecológicamente la zona. En palabras de Mauricio Salazar, anteriormente coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) de Puerto Boyacá: “No podemos seguir permitiendo que la industria petrolera que ha causado tanto daño al medio ambiente y al ecosistema quede impune como sucedió con Texas, Omimex y como prácticamente está sucediendo ahora con Mansarovar”.
Campo Moriche, donde la contaminación continúa
Campo Moriche es otra de las áreas de explotación de Mansarovar Energy en Puerto Boyacá y, al igual que en Campo Velásquez, sus operaciones han generado varios impactos ambientales. Dos de ellos sucedieron el 8 de junio de 2020 y el 9 de septiembre del mismo año en la vereda el Ermitaño. La ruptura de una de las tuberías provocó dos derrames de petróleo que afectaron el suelo, los cuerpos de agua, la fauna y la flora del territorio. En ese momento Herman Amaya, director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), aseguró que tan sólo el derrame de septiembre generó daños irremediables, pues se produjo a tan solo tres kilómetros del río Magdalena.
Mansarovar reportó las contingencias a la ANLA, a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL). En el caso del derrame del 9 de septiembre indicó que se habían derramado tres cuartos de barril de crudo. El 11 de septiembre de 2020, representantes de Corpoboyacá y funcionarios de la Alcaldía de Puerto Boyacá realizaron una visita técnica a la zona para constatar los datos. “Se evidenció que cerca de 100 barriles de crudo se derramaron en 1.200 metros cuadrados de Campo Moriche, de los cuales 15 eran de petróleo crudo neto”, publicó Corpoboyacá. La empresa otorgó datos alejados de la realidad, pues tan sólo ese derrame fue mucho mayor y más grave de lo que había señalado.
En ese entonces, en las redes sociales se viralizaron las imágenes de unos chigüiros —una especie de roedor conocido también como capibara— que, por el derrame, estaban bañados en petróleo. Mauricio Salazar fue quien tomó esas fotografías. “Encontramos a los chigüiros completamente contaminados. Por lo general ellos ven a un humano y se esconden, pero estaban tan aletargados que se quedaron ahí, quietos. Ese terreno era inestable y no conocíamos su profundidad, nuestro peso hacía peligroso intentar agarrar a los animales. La idea era que lo hicieran personas con trajes especiales y que los limpiaran, pero luego vi en un informe que habían muerto”, menciona el ingeniero.
Salazar realizó varias visitas para inspeccionar el terreno y cuenta que Mansarovar siempre daba el mismo recorrido e impedía el paso hacia algunas zonas. Además, debido a la pandemia del COVID 19, había protocolos de bioseguridad y permisos especiales que tramitar. Desde su punto de vista, esto le ayudó a la empresa a ganar tiempo para que, cuando llegaran las entidades competentes a revisar el área, todo estuviera en orden.
En una de las inspecciones, el entonces coordinador de la UGAM oyó maquinaria pesada. Vio dos bulldozer tumbando media montaña, lo cual se le hizo extraño porque nunca había recibido documentos informando que se iba a hacer un movimiento grande de tierra. “Subí y al otro lado de la loma había lo que parecía ser un mar de agua contaminada, algo impresionante. Yo no captaba qué era eso y cuando lo analicé, era crudo puro. Lo estaban ocultando”, asegura Salazar.
Mongabay Latam y Rutas del Conflicto intentaron ponerse en contacto con Mansarovar Energy para obtener su versión de los hechos, también se contactó con la ANLA para solicitar una entrevista. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de la empresa ni de la entidad.
Iniciativas, reclamos y exigencias
Según Jicly Mutis, desde su alcaldía se ha invertido en la compra de predios de interés hídrico y en programas de reforestación en los alrededores de las cuencas. Sin embargo, tanto él como Granados concuerdan en que la encargada directa de limpiar y remediar la Ciénaga de Palagua es la empresa Mansarovar Energy. Según el abogado, la ANLA también tiene una responsabilidad de omisión frente a los impactos ambientales ocasionados por la petrolera.
“Es inadmisible que no haya sanciones ejemplares. Estamos pidiendo al Ministerio de Medio Ambiente un control preferente. Puerto Boyacá es víctima, debe ser indemnizado como tal y sus áreas deben ser reparadas. La vocación de este territorio es el ecoturismo y la gastronomía, pero la contaminación le está impidiendo esa vía de desarrollo alternativa a la industria del petróleo”, explica Granados.
En la actualidad, la Corporación San Silvestre Green le exige a la Fiscalía la imputación de cargos a Mansarovar Energy por los delitos de daño de recursos naturales, contaminación con yacimiento de hidrocarburo, fraude procesal, ocultamiento de material probatorio y, en el caso específico de Campo Velásquez, fraude a resolución judicial por el incumplimiento de las sentencias. Granados calcula que las sanciones serán por alrededor de nueve mil millones de pesos, lo que equivale a 1 871 697 dólares.
El abogado explica que en el caso del Campo Moriche ya se tomaron las pruebas de laboratorio y se está a la espera de la cita por parte del fiscal para ratificación y ampliación de hechos y así proceder a la imputación.
Para Campo Velásquez el proceso es más lento porque la cantidad de área afectada es mayor y es necesario tomar bastantes pruebas de laboratorio. Granados espera que antes de junio de 2023 se atribuyan cargos contra Mansarovar Energy. Según él, por primera vez en la historia del gobierno colombiano se presenta la oportunidad para sentar un precedente frente a los pasivos ambientales.
Esta investigación es una alianza entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto
Imagen principal: Vista al río Magdalena desde el municipio de Puerto Boyacá. Foto: Juan Carlos Contreras.
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