- En esta sección, Killeen explica las particularidades de la política brasileña, así como los sucesivos escándalos en torno al sistema federal que lo diferencia del resto de países de la Panamazonía.
- Si bien el Congreso brasileño está diseñado para ser la institución de contrapeso del Poder Ejecutivo, lo cierto es que el poder presidencial en Brasil es excepcionalmente fuerte. Esto se traduce en incidir directamente en el control presupuestario, en el veto de partidas específicas y la facultad de iniciar leyes mediante la emisión de leyes temporales.
- A ello se suma el rol de los partidos politicos que, a su manera, generan un equilibrio de poderes. No obstante, entre los ejemplos citados, quizá la compra de votos sea el que más ha caracterizado a las prácticas corruptas de los gobernantes.
La República Federativa del Brasil cuenta con un sistema constitucional caracterizado por un poder Ejecutivo excepcionalmente fuerte. El presidente controla el proceso presupuestario, puede vetar partidas específicas y tiene la facultad de iniciar leyes mediante la emisión de medidas provisórias (leyes temporales), que obligan al Congreso a considerar su agenda política.
El Congreso cuenta con mecanismos de control y equilibrio, incluida la facultad de revocar vetos con mayoría simple y la capacidad de rechazar las medidas provisórias si decide no ratificarlas mediante decreto parlamentario. Aunque su poder adquisitivo depende de un presupuesto originado en los ministerios, este se ha visto ampliado en los últimos años gracias a las asignaciones presupuestarias que los legisladores utilizan para definir prioridades de gasto dentro de sus jurisdicciones o para apaciguar a ciertos sectores del electorado.
El Congreso también tiene la facultad de destituir al presidente, formalmente por la comisión de delitos. Sin embargo, estudios recientes demuestran que este mecanismo también se activa cuando una coalición gobernante se fragmenta y abandona al presidente. Dilma Rousseff lo experimentó cuando miembros de su propia alianza se unieron a la oposición para promover su destitución.
El Congreso Nacional es una institución bicameral, diseñada deliberadamente para garantizar que la diversidad cultural de Brasil esté adecuadamente representada en el gobierno. La Cámara Alta (Senado) está compuesta por tres senadores por estado, mientras que la Cámara de Diputados se conforma de acuerdo con la población de cada estado. Los ciudadanos eligen a los diputados votando por candidatos individuales incluidos en listas partidarias oficiales. Los escaños se distribuyen entre los partidos según la proporción del total de votos obtenidos, y dentro de cada partido, resultan electos los candidatos con mayor votación. Este sistema busca garantizar la representación de partidos pequeños y sus circunscripciones, al tiempo que asegura una representación justa para los partidos más grandes.
El sistema proporcional fomenta cambios significativos en la composición legislativa entre ciclos electorales, ya que el número de votos que recibe cada partido suele reflejar la popularidad de su candidato presidencial.
Los partidos políticos de Brasil
El sistema político brasileño otorga un poder considerable a los partidos políticos, que dominan el proceso desde la presidencia hasta los concejos municipales. La elección de los cuerpos legislativos mediante un sistema proporcional ha favorecido el desarrollo de un ecosistema multipartidista inusualmente amplio y diverso. Aún así, esta diversidad ha generado un estado de tensión política casi constante, ya que ningún partido ha logrado obtener mayoría en el Congreso.
Para gobernar eficazmente, los presidentes deben formar coaliciones con varios partidos, lo que otorga a los congresistas una influencia significativa en la formulación de políticas y, aún más importante, en el acceso a recursos financieros y cargos de clientelismo. Estas coaliciones no son estáticas; los presidentes exitosos deben gestionarlas continuamente para mantener el respaldo legislativo.
El acceso al presupuesto federal tiende a diluir las líneas ideológicas, lo que facilita que los políticos cambien de partido por conveniencia personal o estratégica. Esta fluidez se ve potenciada por la naturaleza misma de los partidos, que conforman un ecosistema en constante evolución: algunos surgen de movimientos sociales, otros nacen tras escisiones o fusiones. La resistencia de los políticos electos a consolidarse en entidades ideológicamente coherentes fortalece la influencia de partidos pequeños y de legisladores individuales. Así, el conflicto multipartidista no es un defecto del sistema, sino una característica inherente.
Los senadores se postulan en una única jurisdicción estatal y, aunque tienen afiliación partidaria, son elegidos de forma individual. No existe segunda vuelta: gana quien obtiene la mayoría de votos (pluralidad), que a menudo puede ser inferior al 20 % debido a la fragmentación partidaria. Los senadores tienen mandatos prolongados (ocho años), lo que les permite utilizar su cargo para buscar la reelección y formar un electorado independiente de su partido. Esto les otorga una gran influencia en la negociación de coaliciones de gobierno.
Desde la restauración de la democracia, ningún partido presidencial ha logrado una mayoría absoluta en ninguna de las cámaras del Congreso. Sin una mayoría efectiva, el presidente no puede implementar los programas que determinarán el éxito o fracaso de su administración. Esta realidad motiva a los candidatos a formar alianzas preelectorales, generalmente coherentes ideológicamente, pero insuficientes para alcanzar la mayoría absoluta. Por ello, el candidato electo debe negociar una coalición poselectoral, que los partidos aprovechan para obtener recursos para sus respectivas bases.
Al asumir el cargo, uno de los primeros actos del presidente es seleccionar su gabinete. Los ministerios suelen ser asignados a figuras clave del partido o a políticos regionales emergentes. No obstante, es común que se nombre a congresistas en ejercicio como ministros, una práctica habitual en sistemas parlamentarios, pero prohibida en sistemas presidenciales como el brasileño, donde la separación de poderes está constitucionalmente consagrada.
Los gobiernos han sorteado esta restricción permitiendo que los llamados “ministros del Congreso” se ausenten temporalmente de su escaño, el cual es ocupado por un suplente que suele seguir las instrucciones del partido. Aunque ausentes, estos ministros no pierden su inmunidad parlamentaria ni su derecho a regresar al Congreso. Este sistema híbrido, característicamente brasileño, ha contribuido a la estabilidad gubernamental y al espíritu de compromiso entre poderes, con un impacto tangible en políticas clave como las que afectan la Amazonía.
Durante su primer mandato, el presidente Lula da Silva formó una amplia coalición para lanzar el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm), junto con proyectos de infraestructura financiados a través del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). El PPCDAm logró reducir la deforestación en un 80 %, mientras que el PAC permitió el desarrollo de áreas de bosque natural. No hay evidencia de que estos programas hayan sido parte de un intercambio de favores, pero ejemplifican las compensaciones inherentes a un gobierno de coalición multipartidista.
Ambos programas han sido reactivados en el tercer mandato de Lula. Para su implementación, ha reclutado a líderes de partidos de coalición para dirigir ministerios clave, como Marina Silva (Medio Ambiente), Sônia Guajajara (Pueblos Indígenas), Carlos Fávaro (Agricultura) y Renan Calheiros Filho (Transporte). Lula parece ignorar las contradicciones entre sus políticas, como su ambición de liderar las negociaciones sobre el cambio climático (COP-30) mientras se une a la OPEP+.
Las coaliciones en el Congreso, aunque esenciales para el éxito legislativo, también abren oportunidades para el abuso. A pesar de que Brasil ha adoptado una función pública despolitizada, que limita la injerencia de funcionarios políticos en organismos reguladores, algunos de estos han utilizado sus cargos para desfalcar fondos públicos o extorsionar al sector privado mediante “contribuciones de campaña”.
La compra de votos como forma de gobernanza
El primer gran escándalo de corrupción política fue el del presidente Fernando Collor de Mello (1990–1992), quien renunció tras ser acusado de comprar votos. Un esquema similar ocurrió durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995–2003), acusado de organizar pagos corporativos para asegurar la aprobación de una reforma constitucional que le permitió la reelección.
Durante el primer mandato de Lula da Silva (2003–2007), se reveló un sistema de pagos al Congreso, conocido como el mensalão, operado por colaboradores cercanos al presidente. No obstante, todos estos casos fueron eclipsados por el escándalo de Lava Jato: una red de financiamiento ilegal de campañas que pagó sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo a las políticas de Lula (2008–2011) y Dilma Rousseff (2011–2016).
Gran parte del escándalo giró en torno a Petrobras y un cártel de constructoras, especialmente Odebrecht. Sin embargo, otras empresas también participaron. Por ejemplo, el Grupo J&F, controlado por los hermanos Mendonça Batista, canalizó 183 millones de dólares a cientos de funcionarios electos para facilitar la expansión de JBS Foods, la mayor empacadora de carne de Brasil. Estas contribuciones ilegales coincidieron con la campaña del gobierno para implementar el PPCDAm, que incluyó acciones contra la cadena de suministro de carne.
El proceso judicial contra Lava Jato fracasó, tanto por irregularidades cometidas por fiscales y jueces, como por el deseo de una parte importante de la sociedad brasileña de derrotar a Jair Bolsonaro. El candidato que encarnó esa esperanza fue Lula da Silva, quien recuperó su libertad gracias a una sentencia judicial que anuló su condena y le permitió presentarse a elecciones libres. No obstante, esa misma sentencia sentó un precedente que llevó a la anulación de cargos contra decenas de senadores, diputados, gobernadores y exministros. Así, la élite política implicada en el escándalo Lava Jato evitó el castigo, manteniéndose en el poder a pesar de las abundantes pruebas en su contra.
Imagen destacada: Capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) en la selva tropical de Brasil. Crédito: Rhett A. Butler.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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