- La minería ilegal de oro en la región amazónica de Colombia ha destruido el bosque y ha contaminado el suelo y el agua con mercurio.
- Una ofensiva liderada por militares ha privado a los lugareños de una fuente de sustento clave, lo cual lleva a muchos a cultivar coca.
- En ausencia de alternativas económicas, exguerrilleros, grupos de crimen organizado y funcionarios corruptos continúan practicando la actividad ilegal.
PUERTO LEGUIZAMO, Colombia — Infame por la producción y el conflicto de la coca, el departamento de Putumayo, al suroeste de Colombia, colinda con Ecuador y Perú y es propicio para una variedad de delitos ecológicos. En el 2016 hubo 45 arrestos en la región relacionados con el contrabando de especies silvestres, la extracción de oro y el comercio ilegal de madera.
Estos crímenes plantean serias amenazas a la biodiversidad local de la Amazonía colombiana y sus poblaciones nativas, especialmente ya que Putumayo es hogar de enormes extensiones de selva, las cuales son difíciles de patrullar.
Las fuerzas armadas de Colombia han avanzado en la lucha contra la minería ilegal a través de una serie de medidas. Parte de ese éxito se debe a que la Fuerza Naval del Sur de Colombia ahora tiene más tiempo para combatir los crímenes ambientales, ya que el grupo guerrillero más grande del país, las FARC, recientemente se desmovilizó.
Sin embargo, los delitos ecológicos en la Amazonía no se eliminan fácilmente y los grupos armados ilegales continúan atravesando los bosques. El aumento de las operaciones contra la minería ilegal, en particular, solo ha disminuido —pero no eliminado— el problema. La minería ilegal de oro ha tenido un grave impacto en los ecosistemas amazónicos, ya que cuando los inmensos territorios estuvieron bajo comando de las FARC, las fuerzas armadas colombianas tuvieron dificultad de controlar los bosques. Sin embargo, de acuerdo con la Marina, los tiempos han cambiado. Los bosques de la Amazonía se han vuelto más fáciles de patrullar por las fuerzas armadas debido al reciente acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC.
Aplicación y consecuencias
Según los residentes del pueblo de Puerto Leguizamo, la destrucción de equipos mineros ilegales por parte de la Marina ha impactado la economía local. Los lugareños que viven a orillas del río Putumayo, frontera con Perú, dicen que su sustento se basada en la extracción de oro de los lechos de los ríos cercanos.
Muchas personas involucradas pueden ser caracterizadas como mineros de subsistencia cuyos medios de vida se ven amenazados si los proyectos de desarrollo no logran brindar alternativas a los trabajos ilícitos.
Según Rodrigo, exminero de 40 años —quien pidió que su nombre completo no se usara— el impacto ya se sintió.
«La mayoría de los mineros ya se fueron y hubo muchos», dijo Rodrigo durante una reciente entrevista desde su casa construida con tablones de madera junto al río Putumayo, donde vive con su familia extendida. Rodrigo dice que, debido a la falta de inversión en educación, infraestructura y empleo en la región, muchos residentes se han visto obligados a realizar actividades ilegales, como la extracción de oro sin licencia y el cultivo de coca.
«Los otros fueron a sembrar coca, y algunos recogen las hojas», dijo Rodrigo. Él solía cultivar unas pocas hectáreas llenas de la planta prohibida antes de recurrir a la minería de oro ilegal cuando el precio del metal se disparó a principios de la década del 2000.
«Aquí no había nada más que hacer», dijo mientras miraba la lluvia fuera de su casa.
Puerto Leguizamo es un pueblo aislado rodeado de ríos el cual tiene una larga estación húmeda. La principal ruta de acceso es el río Putumayo. La ciudad más cercana es Puerto Asís, a 200 kilómetros (124 millas) río abajo hacia la frontera ecuatoriana, y a nueve horas en bote.
Los vuelos fuera de la región con la empresa Satena, propiedad de la Fuerza Aérea, son demasiado costosos para la mayoría de los locales.
Deforestación y contaminación
El abandono estructural del estado y la riqueza de minerales para explotar han tenido consecuencias inevitables en Colombia. La minería ilegal es un impulsor de la deforestación en la Amazonía colombiana —la cual cubre el 42.3 % del territorio del país. Colombia ha perdido más de 5.9 millones de hectáreas de bosques en los últimos 25 años, gran parte se han reemplazado por minas ilegales.
Los ríos del país también se enfrentan a la devastación debido a la flotilla de botes de dragado, llamados dragas o balsas, que agitan los lechos de los ríos para obtener oro.
El mercurio se usa para extraer el oro del lodo dragado, pero contamina el suelo y el agua. En el 2014, los investigadores encontraron que el 30 % de los peces en el área tenían niveles de mercurio por encima del estándar nacional, según el Instituto Amazónico de Investigaciones científicas (SINCHI), lo cual propulsa el metal pesado a lo largo de la cadena alimenticia. Esto afecta especialmente a las comunidades indígenas que viven en las riberas de los ríos, para quienes el pescado capturado localmente es un alimento básico.
César Augusto, investigador local de SINCHI que estudia los ecosistemas acuáticos, dice que el colombiano promedio come cinco kilogramos (11 libras) de pescado al año, pero la población urbana de Puerto Leguizamo come 45 kg (99 libras) mientras que la población rural come pescado diariamente, y asciende a 126 kg (278 libras) por persona por año.
SINCHI ha pedido a los institutos de salud y medio ambiente, así como a las organizaciones pesqueras y al público en general, realizar estudios más profundos sobre este tema. Sin embargo, para algunos ya es demasiado tarde.
«Ya no comeré bagres», dijo Augusto.
¿Paz en la Amazonía?
Los numerosos ríos que serpentean en la Amazonía colombiana tienen altas concentraciones de oro en sus lechos, y ello atrae a mineros de toda la región. Las guerrillas de las FARC también estuvieron involucradas en el negocio y exigieron fuertes comisiones a los mineros. Las rutas de escape a lo largo de los ríos eran abundantes y las ganancias eran altas.
Pero el daño ambiental nunca fue una consideración primordial para los mineros que dragaron lechos de ríos y vertieron mercurio en los frágiles ecosistemas que los rodeaban.
La aplicación de la ley sigue siendo un problema. Aunque las guerrillas de las FARC se han desmovilizado oficialmente y la Marina se siente más a gusto al navegar por los numerosos ríos de la Amazonía para detectar actividades ilegales, queda un remanente de los grupos armados.
Las FARC llegaron a la región durante la década de 1970 y reemplazaron a los caucheros y los mineros brasileños como la autoridad en el área, según Liduine Zumpolle, especialista holandesa en derechos humanos con más de tres décadas de experiencia en Colombia.
«Hoy nos encontramos en el [período] posconflicto ‘que tiene beneficios significativos también en Putumayo», dijo Zumpolle. «Esto no solo significa menos cadáveres debido a los enfrentamientos que los soldados y guerrilleros solían tener también implica nuevos desafíos para la conservación ambiental nacional».
Según el coronel Ricardo Alberto Suárez Rátiva, la protección ambiental ocupa un lugar prominente en la lista de prioridades de las Fuerzas Navales. Suárez es parte de los equipos de la Marina que patrullan el río y el área circundante. La lucha contra la minería ilegal se alterna con el trabajo social en las comunidades cercanas, incluido el cuidado de la fauna local. Otro oficial naval, Alex Ramírez, se jactó de que 5000 tortugas recién nacidas fueron capturadas por un traficante de animales y liberadas por la Marina.
Utilizando imágenes satelitales, denuncias anónimas y vuelos de reconocimiento, las fuerzas armadas de Colombia detectan actividades ilegales, lo que en el caso de la extracción ilegal de oro en Putumayo significa la presencia de dragas en los ríos. De acuerdo con una fuente que trabaja en inteligencia para la Marina, un solo bote de dragado puede generar más de US$ 100 000 en ingresos por mes.
«Ellos explotan ilegalmente los recursos del estado», dijo Suárez.
Normalmente, en una draga trabajan seis personas, incluidos un administrador y un cocinero. El trabajo más importante es el del buceador, que trabaja un turno de seis a ocho horas atado a un lastre de plomo y respirando a través de una manguera de jardín conectada a una bomba. El trabajo se realiza a profundidades que a veces exceden los 30 metros (98 pies), en entornos peligrosos y oscuros.
Otro riesgo que corren los buceadores: no pueden ver venir a la Armada.
«Un día llegamos a una draga por sorpresa», dijo el comandante Edgar Hernándo Jaimes Súarez de la Armada de Colombia. «Todos los trabajadores huyeron cuando llegamos en helicóptero. Se fueron en un bote y cuando entramos a la draga desde arriba, el buceador todavía estaba bajo el agua. Nadie le advirtió, no le dijeron nada y cuando salió le dijimos: ‘Ven aquí, vienes con nosotros'».
Según los registros del fiscal general, la operación generó 87.5 kilos (casi 200 libras) de oro cada mes, y arrojó 140 kilos (aproximadamente 309 libras) de mercurio en los ríos.
Los detenidos enfrentan cargos que incluyen la explotación ilícita de depósitos mineros, daños a los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación ilícita e invasión de áreas ecológicas especiales, entre otros.
La falta de transparencia en la cadena de suministro de oro ya es problemática a nivel legal, lo que hace que las rutas ilegales sean muy difíciles de identificar.
Beneficios del oro extraído ilegalmente
A pesar de las grandes ganancias atribuidas a la minería ilegal, los mineros dicen que el negocio no es tan lucrativo como parece.
«Hay un mercado negro donde se comercializa oro… ellos dictan y manipulan los precios», dijo el coronel Suárez. Él dijo que los servicios de inteligencia naval estaban investigando «los lugares de comercialización, venta e intercambio».
Según el minero ilegal Rodrigo, la alegación de que los mineros derraman grandes cantidades de mercurio en los ríos también parece exagerada.
«No tendremos suficiente oro para comprar todo este mercurio», dijo. Él afirma que los mineros usan una botella llena del producto químico cada vez y la reutilizan si es posible. Las FARC incluso obligaron a los mineros que extorsionaron a enterrar cualquier sedimento contaminado con mercurio a 50 metros del río después de extraer el oro, una medida a medias en ausencia de regulación.
Mientras que las FARC extorsionaron a los mineros ilegales y les cobraron por el uso de cada draga, otros grupos delictivos estuvieron a cargo del transporte. En Colombia, el oro se usa a menudo para lavar dinero de drogas y se vende en los mercados nacionales e internacionales. La corrupción está involucrada para organizar permisos legales para la comercialización de grandes cantidades.
En cuanto a Puerto Leguizamo, los tiempos de apogeo de la minería parecen haber terminado.
«Ayer vinieron a venderme 30 gramos», dijo un comerciante de oro en Puerto Leguizamo quien pidió no ser identificado. «Pero es muy poco lo que venden». El comerciante dijo que solía tener un bote de dragado, pero lo vendió en el 2014 cuando las operaciones contra la minería ilegal aumentaron.
A pesar de que las fuerzas armadas están cada vez más atentas a crímenes ambientales, los enormes bosques de Colombia son difíciles de patrullar y tienen remanentes de las guerrillas armadas, paramilitares y criminales organizados. A medida que las tasas de deforestación siguen en aumento, queda claro que aún hay mucho camino por recorrer para proteger la Amazonía colombiana.
Bram Ebus es un periodista freelance radicado en Colombia. Puedes encontrarlo en Twitter como @BramEbus.
Esta historia fue publicada por primera vez en la web en inglés el 25 de octubre de 2017.
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