- Para Killeen, estos países ostentan los más bajos niveles de deforestación en la Panamazonía. Sin embargo, el especialista considera que las industrias convencionales siguen teniendo gran arraigo.
- Esto se debe a que, específicamente en Guyana y Surinam, los compromisos ambientales suelen ser genéricos y deben evaluarse con cautela.
- Como se recuerda, los dos grandes retos se concentran en la explotación maderera y en la minería ilegal.
Los tres países del Escudo Guayanés mantienen bajas tasas de deforestación, lo que debería hacer más creíbles sus compromisos para erradicar la deforestación. Sin embargo, algunos funcionarios todavía promueven políticas de desarrollo convencionales.
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En Guyana, su última NDC incluye regulaciones e incentivos para prevenir la deforestación y degradación forestal, junto con un plan de uso del suelo racional. Presumiblemente, estos compromisos se financiarían con el Fondo de Inversión REDD+ de Guyana (GRIF), creado en 2010 tras un acuerdo con Noruega. Hasta enero de 2024, el fondo recibió 150 millones de dólares y ha desembolsado 70 millones de dólares en proyectos como planes de desarrollo verde y formalización de tierras indígenas. Guyana también se ha adherido al sistema ART para el futuro comercio de créditos REDD+.
Surinam adoptó un compromiso similar en su NDC, destacando su condición de país de alta cobertura forestal y baja deforestación (HFLD), y en sus expectativas de que la comunidad internacional le proporcione apoyo financiero para mantener y mejorar el statu quo. El país recientemente solicitó créditos REDD+ mediante un mecanismo aprobado por la ONU similar al enfoque jurisdiccional utilizado por Guyana, para compensar sus bajas emisiones por deforestación.
El gobierno planea invertir los ingresos de REDD+ en gestión forestal sostenible, con participación de todos los actores legítimos, y un control riguroso del sector. Esto incluirá un proceso de ordenamiento territorial que promueva la conservación, la reforestación y la expansión de áreas protegidas, con apoyo de comunidades indígenas y tribales.
Los críticos destacan que estos compromisos suelen ser genéricos y deben evaluarse con cautela, dado el historial de explotación maderera y minería ilegal. Además, hay informes recientes sobre posibles ventas o cesiones de tierras a colonos menonitas, conocidos por su deforestación acelerada.
Venezuela
Venezuela carece de una política coherente contra la deforestación. Su NDC ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC ) reconoce que mantendrá la tasa media anual de deforestación hasta 2023. La mayor parte de esa deforestación ocurre en Bolívar y Amazonas, vinculada a la minería, sector que aporta gran parte de sus divisas. Es poco probable que el Estado intervenga en un sector tan estratégico.
Imagen destacada: Concesión de tala en Kwakwani, Guyana. Foto de Akola Thompson para Mongabay.
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