- Una investigación de Mongabay Latam logró determinar que en las fronteras de Perú están siendo amenazadas comunidades indígenas por la minería ilegal, el narcotráfico y la deforestación. Esto no sólo ha traído violencia; también pérdida de la biodiversidad.
Los territorios indígenas ubicados en las cuatro zonas fronterizas de Perú están bajo amenaza como consecuencia de las crecientes problemáticas que se derivan del abandono estatal. El narcotráfico, la minería ilegal, la tala de árboles y la fuerte presencia de grupos armados son las principales actividades que afectan la vida cotidiana de 46 comunidades indígenas de los pueblos asháninkas, amahuacas, awajún, Ese eja, huitoto, kichwa, secoya, shipibo conibo y yaneshas.
La información satelital recogida por la Red Amazónica de Información Georreferenciada (RAISG) y el sistema de monitoreo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) evidencia que los delitos ambientales afectan a las comunidades que habitan las regiones amazónicas de Loreto, Madre de Dios, Amazonas y Ucayali.
Estos son tres factores que aumentan los riesgos que sufren las comunidades indígenas que habitan las fronteras peruanas:
Ausencia del Estado
En Madre de Dios, frontera entre Bolivia y Perú, la comunidad indígena Ese eja Palma Real ha visto cómo la minería ilegal de oro contamina su única fuente hídrica, la quebrada Palma real grande que recorre parte de la Reserva Nacional Tambopata y llega hasta el Parque Nacional Bahuaja Sonene, sin que las autoridades ejerzan algún tipo de acción para prevenirlo. Habitantes de estas comunidades denuncian que los controles en la frontera para el paso de embarcaciones son casi nulos, lo que facilita que el oro extraído de manera ilegal cruce la frontera. Mientras tanto, los mineros ilegales amenazan la vida de los indígenas.
Según el informe Proyecto Prevenir, cerca de 46 000 personas en la región se dedican a la minería artesanal entre ilegal e informal y existen, por lo menos, 3500 máquinas dedicadas a este tipo de explotación. Además, en un informe de la ONG Conservación Amazónica (ACCA) se asegura que por estas actividades, al menos 3688 hectáreas de bosque han sido deforestadas entre 2019 y marzo de 2022.
Mientras que en Yurúa, en la frontera de Perú con Brasil, el narcotráfico se ha aprovechado de la ausencia del Estado. Los habitantes han denunciado que 29 familias nativas están siendo afectadas por las redes de consumo de drogas que ya alcanzaron a los niños y adolescentes. Aseguran que debieron asumir la protección de los bosques que están siendo amenazados por invasores brasileños que cazan, pescan y talan árboles.
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La única presencia de la policía en la zona, que era un puesto de control en el Hito 38, ahora se encuentra abandonado y, aunque Mongabay Latam pidió información sobre una posible reapertura, la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú no respondió.
En la frontera con Ecuador, en donde la minería ilegal de oro también se expande, los pueblos originarios del Cenepa, además de las problemáticas de contaminación, denuncian una permanente falta de apoyo y control por parte del gobierno peruano. Las comunidades carecen de servicios e infraestructura básica.
Y en el río Putumayo, ubicado en la frontera de Perú con Colombia, las personas que habitan la zona coinciden en que uno de los factores que los empujan a participar en las actividades ilegales de la minería y el narcotráfico es la falta de trabajo. “Nos metemos en cuestiones ilícitas porque tenemos la necesidad de mantener a nuestra familia, a nuestros hijos en el estudio. Si hubiera una forma de trabajo, un mecanismo para trabajar todo el año, ese sería el camino para poder ir dejando las cuestiones ilícitas”, sostiene uno de los líderes indígenas del Bajo Putumayo.
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Presencia de grupos armados
Para los habitantes de las comunidades de Loreto, en la frontera de Perú con Colombia, la presencia de los grupos armados es parte de su cotidianidad. “Están en todos lados, hasta gente de mi familia está metida”, aseguró una persona de origen peruano cuya identidad fue protegida. Actualmente, la zona está en disputa por el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC y el autodenominado Comando de la Frontera conformado por exparamilitares, exmiembros de las FARC y narcotraficantes. Ambos grupos buscan el control de las dos rutas del narcotráfico que se derivan del Putumayo.
Por la presencia de estos grupos armados, las comunidades del Alto Putumayo peruano viven arrinconadas. “A ellas (las comunidades) les frustran su libertad de transporte, les frustran la libertad de su trabajo y de sus actividades recreativas. Todo lo controlan y si desacatan las leyes, son aniquilados”, afirmó José, un motorista local quien pidió la protección de su identidad.
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Filtración en las comunidades
En los territorios de las comunidades indígenas Awajún, que habitan la frontera amazónica de Perú con Ecuador, la minería ilegal se ha incrementado y ha afectado gravemente los bosques y las fuentes hídricas de la región. Según la plataforma de monitoreo Global Forest Watch (GFW), se han dado 2274 alertas de deforestación a orillas del río Cenepa, y desde el 2020 (año en que se incrementa la minería ilegal) cerca de 10 hectáreas de bosques de requia, ojé y cetico han sido talados.
En la zona se han detectado 60 dragas de extracción de oro y, hasta julio de este año, 39 máquinas. Esta problemática, que empezó hace cuatro años, fue denunciada desde sus inicios por líderes y pobladores awajún. Sin embargo, con la llegada de la pandemia y las difíciles condiciones económicas, la minería ilegal logró entrar a las comunidades. La coordinadora del programa Amazónico de la organización Cooperación, Siu Lang Carrillo, aseguró que la economía awajún se vio muy afectada y los foráneos presionaron a las comunidades para poder usar sus territorios.
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Este conflicto ha derivado en que los líderes, que llevan más de 10 años protegiendo el territorio Awajún y que están en contra de la minería ilegal, reciban amenazas. Para inicios del 2022, ninguna comunidad afectada había logrado que las autoridades realizaran una nueva prohibición o privación de la minería ilegal en la zona.
El panorama de las comunidades de Madre de Dios no es diferente. En esta frontera, las personas que realizan la minería ilegal provienen de otras comunidades “La minería ilegal la hacen en la quebrada Palma Real Grande, los que no son de acá, vienen de Puerto Maldonado. Este año están entrando con fuerza y es algo conflictivo para nosotros. Los comuneros han sufrido amenazas, por eso, nosotros estamos temerosos por lo que está pasando. Pero nos estamos organizando”, asegura un comunero de Palma Real.
Según el reporte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), desde 2010, dentro de las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas de Madre de Dios, se ha detectado la presencia de mineros que se han dispersado por todas las zonas. Esto lo corroboró el coronel Luis Enrique Guillén, quien aseguró que durante la última intervención que hicieron en Palma Real, el 12 de agosto de 2022, detectaron que “estarían realizando actividades de minería ilegal utilizando balsas tracas, balsas gringos y dragas en el río Tambopata, mediante el uso motores y maquinarias, tales como motores diésel, caballetes, bombas de succión, tolvas, motores peque peque, trajes de buceo y otros, para la extracción de oro para luego ser comercializado en los diferentes mercados ilegales nacionales e internacionales”.
A estas problemáticas se les suma las que viven las comunidades indígenas de Yurúa. Edwin Pérez, presidente de Asociación de Comunidades Nativas Para el Desarrollo Integral del Yurua, Yono, Sharakoiai (Aconadiysh), aseguró que también tienen indicios de la existencia de cultivos ilegales de Santa Rosa a Koshireni.
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Además, el líder de la comunidad de Santa Rosa, Fernando Aroni Lozano, aseguró que hasta el mes de mayo de 2022 vieron, entre las 3 am y las 5 am, avionetas clandestinas que volaban sus territorios a bajas alturas y que eran usadas para sacar la droga del país. Esta misma denuncia también la hicieron los comuneros de localidad nativa Koshireni y de las comunidades Dulce Gloria, Nueva Bella y Paititi, ubicadas en la cuenca sur del río Breu. Esto lo corroboró el informe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) al que Mongabay Latam tuvo acceso.
En la frontera con Colombia, mientras tanto, los carteles de droga brasileños y mexicanos también participan del narcotráfico que utiliza el río Putumayo como una ruta de salida de la droga.
Según una fuente de seguridad del Estado, los cultivos y laboratorios para procesar el clorhidrato de cocaína que sale por esa ruta se encuentran en el lado peruano de la frontera. Incluso, entre 2018 y 2019, las fuerzas armadas peruanas realizaron la Operación Armagedón en la triple frontera de Colombia, Perú y Ecuador.
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Amenazas a la vida de las comunidades
En Madre de Dios, la minería ilegal no solo ha generado problemas ambientales sino que también ha significado un peligro para los guardaparques de la Reserva Nacional Tambopata. Después de que se denunció la actividad ilegal, según contó el representante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Carlos Chirre a Mongabay Latam, los guardaparques fueron asaltados como una represalia por informar sobre la extracción de oro.
Además, un comunero de Palma Real explicó que con la minería han llegado amenazas para el resto de comuneros. “La minería ilegal la hacen en la quebrada Palma Real Grande, los que no son de acá, vienen de Puerto Maldonado. Este año están entrando con fuerza y es algo conflictivo para nosotros. Los comuneros han sufrido amenazas, por eso, nosotros estamos temerosos por lo que está pasando. Pero nos estamos organizando”, dijo.
En la frontera con Ecuador, las actividades mineras han puesto en peligro a los indígenas awajún que rechazan la actividad. El presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa, Odecofroc, Hortez Baitug, está convencido de que los empresarios tienen contratados sicarios para matarlo y recuerda que la primera vez que recibió amenazas fue por intentar disuadir a un grupo de mineros que estaban empezando sus operaciones.
Así como Hortez Baitug, Zebelio Kayap, expresidente de Odecofroc, también recibió amenazas por oponerse a la minería. En una ocasión, ocho personas entre las que se encontraban dos indígenas comuneros le cortaron el paso y le dijeron: “Eres el que impide nuestras labores. El pueblo se muere de hambre mientras tú vives bien. Así como te hemos encontrado ahora, así te van a encontrar muerto”. Por las constantes amenazas, Kayak al igual que la lideresa Augostina Mayán, tiene un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia.
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Las comunidades que viven en la frontera entre Perú y Colombia también han sido amenazadas. Los grupos armados que operan en la zona y la minería ilegal ponen en riesgo los bosques, los animales y las personas que habitan la Amazonía. Por ejemplo, un motorista explica que para navegar por el río Putumayo, los dueños de las embarcaciones deben pagar un peaje a Los Sinaloa. “Si usted tiene un bote de 50 toneladas, va a pagar 10 millones de pesos colombianos (unos 2000 dólares). Si su bote tiene para 25 toneladas, va a pagar 5 millones de pesos (1000 dólares)”, contó el motorista José.
Incluso, José cuenta que el mayor peligro que corren es en el Alto Putumayo. Allí “la navegación es solamente hasta las 3 de la tarde. Pasada esa hora ya no puedes navegar porque ellos ponen un horario y si usted navega después de esa hora, te disparan”, afirma. Además, cuenta que las comunidades están muy restringidas ya que los grupos armados controlan el transporte, el trabajo y sus actividades recreativas.
La investigación Comunidades en resistencia de Mongabay Latam señala que los territorios de al menos 15 comunidades secoya y kichwa del Alto Putumayo, tiene plantaciones de coca por las invasiones que han sufrido.
Y en la frontera con Brasil, el narcotráfico se ha adentrado en las comunidades hasta el punto de que niños y jóvenes indígenas de Santa Rosa consumen la pasta básica de cocaína. Una de las familias asháninkas cuenta que al problema de la adicción de su hijo de 14 años a la pasta base, se le suma las amenazas que les hacen cada que intentan denunciar a los comerciantes de la droga.
El jefe de la comunidad indígena de Santa Rosa, Fernando Aroni Lozano, aseguró que esto también representa un riesgo para los bosques y su legado. “Ya no van a necesitar matar a los líderes indígenas para tener nuestros bosques, desde niños ya los están envenenando (…) Hay problemas para el futuro que no estamos viendo”, afirmó.
* Imagen principal: Una embarcación artesanal surca el río Breu, en la frontera de Perú con Brasil, en la región amazónica de Ucayali. Foto: Hugo Alejos.
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