- Uno de los eslabones más críticos a la hora de aplicar las leyes ambientales son las fiscalías. En esta sección, Killeen explica cómo se han venido instalando para casos de corrupción en diferentes países de la Panamazonía.
- Brasil, Ecuador y Perú han concentrado sus energías en dar solidez a las fiscalías anticorrupción. Uno de los casos más sonados fue Lava Jato, que permitió la captura de autoridades y empresarios en distintas latitudes de Sudamérica.
- Sin embargo, en países como Bolivia y Venezuela, el panorama no parece alentador, ya que los fiscales han instrumentalizado el sistema judicial para atacar la corrupción de la oposición política.
Los fiscales son abogados contratados por el Estado para investigar delitos e iniciar procedimientos judiciales. Garantizar su integridad y competencia es esencial para la reforma judicial y la aplicación del derecho ambiental. En Brasil, las denuncias de corrupción política por parte de funcionarios públicos son revisadas por la 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção) y, de ser necesario, remitidas a una oficina regional para su procesamiento. Por ejemplo, los especialistas anticorrupción de Curitiba (4.ª Región) fueron fundamentales para descubrir la red de sobornos y lavado de dinero del caso Lava Jato.
Aunque la atención mediática se centró en el juez Sergio Moro, las investigaciones fueron conducidas por un dedicado equipo de fiscales que reunió incansablemente pruebas contra algunas de las personas más poderosas de Brasil.
El impacto de la campaña anticorrupción brasileña se refleja en el número de casos revisados por la 5.ª Câmara, que pasó de 2.500 al año en 2002 a más de 15.000 en 2019. Sin embargo, muy pocos llegaron a juicio: aproximadamente el 90 % de las denuncias penales revisadas en más de veinte años de existencia de la 5.ª Câmara fueron desestimadas por razones técnicas, principalmente por falta de pruebas.
La falta de persecución agresiva también caracteriza a su unidad de asuntos internos (Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público), que recomendó desestimar el 89 % (940 de 1.078) de las denuncias presentadas contra procuradores. La decisión de no presentar cargos puede deberse a que las acusaciones contra funcionarios (por la 5.ª Câmara) y fiscales (por la Corregedoria Nacional) fueran insuficientes o infundadas. No obstante, la brecha entre la investigación y la acusación formal pone en duda la eficiencia del procedimiento o la legitimidad del proceso de revisión.
En Perú, los esfuerzos para combatir la corrupción política han incluido reformas en el Ministerio Público (MP), que creó una unidad especial anticorrupción (Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, FECOF). Las denuncias penales aumentaron drásticamente desde la implementación del programa en el año 2000 y, para 2020, sumaban más de 78.000. Solo el 8 % había sido resuelto por un tribunal, el 54 % seguía en trámite y el 38 % había sido desestimado por motivos procesales o técnicos. Al igual que en Brasil, la brecha entre denuncia y procesamiento por irregularidades pone en duda la eficacia del sistema.
En Ecuador, un grupo de trabajo especializado asumió en 2017 la responsabilidad de procesar casos de corrupción política. Para diciembre de 2022, había iniciado investigaciones sobre 2.075 presuntos casos, con un promedio anual de 450; de ellos, el 87 % permanecía en fase de investigación y solo el 2% (49 casos) llegó a juicio, la mitad de los cuales culminó en condena o acuerdo de culpabilidad. Reformas similares se han implementado en Colombia, Guyana y Surinam, pero estos países también han sufrido la congestión judicial que impide llevar a los responsables ante la justicia.
La situación es aún peor en Bolivia y Venezuela, donde los fiscales han instrumentalizado el sistema judicial para atacar la corrupción de la oposición política, ignorando comportamientos similares de funcionarios afines al gobierno. En Perú, el código penal fue utilizado para atacar a periodistas que habían identificado a empresarios involucrados en apropiación de tierras y deforestación, acusándolos de difamación e injuria. Sin embargo, este proceso se inició sin intervención fiscal, ya que la empresa presentó la denuncia y forzó la investigación y el juicio.
Imagen destacada: Personal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de la provincia del Santa, en Perú, así como la Superintendencia Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y la División de Inteligencia de Medio Ambiente de la Policía allanaron una planta ilegal de conservas. Foto: Cortesía de la FEMA del Santa.
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