- En términos generales, la reputación de las fuerzas policiales en toda Latinoamérica carece de la legitimidad y de la confianza de la población. Y en el caso particular de los conflictos ambientales, el asunto cobra tintes de violencia y corrupción en zonas donde la presencia del Estado es escasa.
- Para Killeen, en Perú, Bolivia y Ecuador es casi tácito que los policías están, en su mayoría, coludidos con el crimen organizado. Mientras que en Brasil, su papel de fuerza de choque es excesiva y, en zonas rurales, puede asociarse a las fuerzas de seguridad privadas para el desalojo sin necesidad de órdenes judiciales.
- La Iglesia Católica comenzó a monitorear este tipo de conflictos a principios de la década de 1990 y, desde entonces, las disputas han causado la muerte de 773 personas.
La confianza en el sistema de justicia penal varía entre los países de la Amazonía Panamericana, pero en ninguno los ciudadanos tienen una visión general positiva de la policía. En las Repúblicas Andinas, la desconfianza hacia la policía probablemente se deba a su propensión a extorsionar. No obstante, también puede deberse a su papel en la represión de protestas públicas, más recientemente en Bolivia (2019, 2023), Perú (2022) y Ecuador (2022). Se asume ampliamente que están sobornados por narcotraficantes, lo que les resta legitimidad y socava aún más su prestigio ante la ciudadanía.
La falta de intervención policial cuando acaparadores invaden tierras comunales es un ejemplo clásico de delito de omisión, particularmente a lo largo del río Ucayali (Perú) y en la Chiquitana (Bolivia), donde políticos locales fomentan la apropiación indiscriminada de tierras para obtener beneficios económicos o electorales gracias a la llegada masiva de migrantes.
En Brasil, la policía no suele extorsionar con sobornos, pero con frecuencia es acusada de usar fuerza excesiva en sus campañas contra bandas criminales. En las jurisdicciones amazónicas, la Policía Militar cobra gran importancia debido a que su papel en el mantenimiento del orden público en zonas rurales la obliga a arbitrar disputas entre terratenientes y trabajadores sin tierra. Enfrentada a una tarea ingrata incluso en las mejores circunstancias, la Policía Militar presenta un lamentable historial de colaboración con fuerzas de seguridad privadas (jagunços) para desalojar por la fuerza a ocupantes ilegales sin una orden judicial adecuada.
Desde que la Iglesia Católica comenzó a monitorear este tipo de conflictos a principios de la década de 1990, las disputas han causado la muerte de 773 personas. Pocos casos han sido procesados y aún menos han terminado en condena o prisión. Algunas excepciones notables son los casos resultantes de reacciones policiales desmedidas que atrajeron la atención de medios nacionales e internacionales, como las masacres de El Dorado dos Carajás (1996) y Corumbiara (1998). Más recientemente, gobiernos estatales han tomado medidas proactivas para proteger los derechos de propiedad enviando a la Policía Militar a desalojar a los grileiros que intentaban ocupar fazendas en Mato Grosso y a los activistas sin tierra en Rondônia.
Imagen destacada: Enfrentamiento con la policía por el proyecto minero Las Bambas, en la región peruana de Apurímac. Foto: Observatorio de Conflictos Mineros.
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