En el caso de los mercados hídricos, la ley obliga a que se compense el 1 % del costo de construcción de un proyecto en la protección de las cuencas hidrográficas de las que se tomó el agua.  De acuerdo con la publicación, las áreas que deberán compensarse para continuar proveyendo servicios ecosistémicos asociados al agua están principalmente en los departamentos de Meta y Casanare. Esto coincide con la amplia oferta de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que hay en la región. Adicional Antioquia, Cesar y Santander pueden ser regiones con amplia demanda en este mercado.

El problema es que a las empresas no se les hace fácil realizar estas transacciones, las regiones no tienen identificadas las zonas para las posibles compensaciones y las decisiones no obedecen claramente a consideraciones técnicas. Una de la empresas de servicios públicos que participó del estudio señaló que hay una “falta de instrumentos efectivos de ordenación de la cuenca y la subcuenca, que permitieran encauzar las inversiones en las necesidades de conservación más importantes”. En otras palabras, al desconocerse en qué area sería mejor invertir los recursos, las acciones de conservación que se hagan pueden o no ser eficientes.  

El estudio miró cifras proyectadas de inversiones que harán los proyectos que hoy están recibiendo licencias ambientales, sin embargo parece que hacerlas realidad será un reto. Como lo explica Lema, las autoridades locales, como las contralorías departamentales o las autoridades ambientales, no ofrecen información sobre dónde están los lugares donde se han compensado y se podrán compensar daños ambientales y a la hora de cumplir con la obligación, las empresas pueden no tener dónde hacerlo. “Vimos que muchos de los recursos que se deberían haber invertido están parados. En entrevistas previas a la publicación, varias empresas señalaron que tienen recursos sin ejecutar, porque no saben dónde invertirlos y la autoridad no ha dado mayores luces sobre cómo proceder”, afirma Lema.

No obstante, de acuerdo con los autores del estudio, mejorar el funcionamiento de estos mercados es una tarea importante que requiere atención urgente, ya que no solo las comunidades cercanas a estas áreas se podrían beneficiar, sino que el Estado tendría acceso a recursos importantes. El Informe de Gestión Ambiental del Sector Hidrocarburos 2014 indica el estado de inversión del 1 % reglamentario. De acuerdo con este, el total de la obligación de inversión fue de  54.2 millones de dólares. De estos, 2.6 millones de dólares  (4.8 %) se ejecutaron durante el año 2014; 7.7 millones de dólares (14.3 %) quedaron por ejecutar; 2.7 millones de  dólares (5 %) habían sido ejecutados en años anteriores y 39 908 dólares (73.5 %) corresponden a propuestas de inversión en trámite de aprobación en manos de la autoridad ambiental regional.

 

Según el diagnóstico, el promedio general de la inversión del 1 % por proyecto es de aproximadamente 462 000 dólares y aunque el sector de hidrocarburos tiene el mayor potencial de inversión del 1 %, el sector eléctrico tiene el mayor promedio de inversión por proyecto.

Tierras y desinformación

Siguiendo un mandato legal de 1993, en el que se declaraban de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que abastecen los acueductos municipales y distritales, la Gobernación de Antioquia en el año 2012 se puso la meta de comprar 2000 hectáreas para proteger las fuentes de agua. Los recursos vendrían del 1 % que se supone deben invertir los departamentos y municipios.

Cuando Óscar Mejía, exdirector de Información y Gestión Ambiental de la Gobernación, asumió la tarea de identificar cuáles eran los predios o viviendas ubicadas dentro de cuencas hidrográficas abastecedoras se llevó dos sorpresas. La primera fue que el 90 % de las microcuencas abastecedoras estaba en manos de propietarios que tenían ganadería. La segunda, que ninguno de estos propietarios era consciente que de esas cuencas dependían los acueductos de municipios, veredas y decenas de familias que viven cerca a estos yacimientos.

El departamento de Antioquia tiene oficialmente 3000 acueductos registrados ante las autoridades oficiales, pero como cuenta Mejía las alcaldías no sabían si las administraciones anteriores habían comprado predios para conservación, y las que lo sabían no tenían los documentos en regla. De hecho, “en muchos casos se habían perdido las escrituras y nadie sabía que ciertos predios eran públicos”, afirma Mejía.

Teniendo una línea base acerca del número de microcuencas y su localización, la administración 2012-2015 empezó el proceso de compra de predios para conservación pero encontró un reto adicional. La situación legal de muchas de las tierras en el departamento, como en todo Colombia, es informal y si a eso se le añade que hay muchos requisitos jurídicos, la tarea de adquirir legalmente un predio rural se hace casi imposible. Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), para el año 2012 entre el 40 % y el 50 % de las propiedades rurales se encontraban en la informalidad y adicionalmente, un informe de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) señala que Colombia no tiene un inventario de terrenos baldíos de la nación.

Adicionalmente, de 1993 a 2012  el departamento no había cumplido el 1 % reglamentario para conservación de fuentes de agua. “El mayor nivel de cumplimiento era del 0.3 %. Estábamos muy por debajo del 1 %, pero lo que encontramos es que el país en términos generales estaba igual. La región que mejor estaba en esos momentos tenía 0.4 % de cumplimiento”, afirma Mejía.

“Al final lo que pasaba era que de cada 100 predios, solo podíamos adquirir uno”, cuenta Mejía, quien además señala que muchas familias y propietarios al saber que había interés para comprar su predio especulaban con el precio del mismo.

A pesar de los retos, la administración logró comprar 13 000 predios para dedicarlos a la conservación de fuentes hidrográficas. De ahí en adelante se iniciaron trabajos con los pobladores cercanos a la zona de conservación para darles herramientas para proteger estos lugares, y empoderarnos de los ecosistemas que volvían a ser públicos. Esto significa que no solo la gobernación se dio a la tarea de comprar los terrenos, sino también a aliarse con las escuelas y las administraciones locales para que los pobladores se convirtieran en guardianes de las cuencas de agua. Este ejercicio, según Mejia, permitió que muchas comunidades aprendieran el origen del agua que consumían y tomarán un rol activo en la protección de estos lugares.

La fragilidad de la administración pública

Cada cuatro años las administraciones departamentales y municipales cambian en Colombia. Así, un nuevo gobierno local puede cambiar el uso de las zonas que una administración había dedicado para la conservación a otro económico. Como consecuencia, en casos como el de Antioquia, muchos de los terrenos recuperados podrían dejar de prestar servicios ecosistémicos y volver a ser destinados a la agricultura o ganadería.

Una de las formas de hacer que este esfuerzo no se pierda, según Mejia, podría ser ampliando las fronteras de los parques nacionales naturales de Colombia, de forma tal que la Ley cobije ciertos predios de la incertidumbre de la administración local. Pero la tarea no es fácil y hasta ahora el país está avanzando a determinar cuáles son los servicios ambientales que prestan los parques nacionales naturales.

Como señala Carlos Mario Tamayo, Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales de Parques Nacionales Naturales de Colombia, “gracias a la estrategia nacional de crecimiento verde que tiene el país, estamos en la tarea de hacer una valoración de los servicios ecosistémicos que brindan nuestros parques”. Además, la entidad se encuentra trabajando con los gobiernos locales en la búsqueda de negocios que promuevan el aprovechamiento sostenible de los recursos, entre ellos, el ecoturismo y la elaboración de productos alimenticios.  

Por ahora los mercados ambientales de agua obligatorios siguen allí como una oportunidad para Colombia que en palabras de Lema “su potencial ha sido subutilizado por el país” para generar opciones de desarrollo a partir de la conservación. No obstante, hay que afinar el sistema de información y de acceso y tenencia de la tierra, como señala el estudio.