- La deforestación de la Amazonía de Brasil se redujo drásticamente entre el 2005 y el 2015, aumentó en el 2016 y luego disminuyó en el 2017. Las cifras preliminares de IMAZON sugieren que la tendencia se revirtió: la deforestación aumentó 22 % entre agosto del 2017 y mayo del 2018.
- Los expertos sostienen que el repunte se debe a los usurpadores de tierras incentivados por la bancada ruralista, que ha tenido varias victorias legislativas y administrativas.
“Nos sentimos como si estuviéramos combatiendo una banda del crimen organizado”, sostiene Everton Barros Dias, director de monitoreo de bosques de la Secretaría de Medioambiente y Sustentabilidad (SEMAS) del estado amazónico de Pará. Explica lo “impotente” que se siente, ya que el organismo para el que trabaja lucha “una batalla desigual” para combatir una ola creciente de deforestación ilegal en este estado clave de la Amazonía.
Desde el 2005 hasta el 2015, el Gobierno brasileño avanzó mucho en reducir y mantener a raya la deforestación amazónica. Estas reducciones fueron reconocidas por el movimiento ambientalista. Pero la deforestación tuvo un pico alarmante en el 2016. Luego, la tendencia pareció revertirse en el 2017, aunque existe alguna controversia sobre la confiabilidad de las cifras. Hubo preocupación por un aumento en las emisiones de carbono causadas por incendios forestales enormes en la Amazonía (la mayoría iniciados por personas que utilizan el fuego como herramienta para despejar tierra). La pérdida parcial de bosques por el fuego no está incluida en las estadísticas oficiales del Gobierno a través del INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales), que solo registra la tala rasa.
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Sin embargo, las noticias sobre la deforestación amazónica podrían ser malas para el periodo 2017-18. Aunque aún no se han divulgado las estadísticas oficiales del INPE —y, de hecho, ya están retrasados—, las cifras preliminares brindadas por IMAZON, un instituto de investigación sin fines de lucro, muestran que las tasas de deforestación amazónica están aumentando este año. No obstante, es necesario señalar que INPE e IMAZON utilizan metodologías diferentes, lo que suele tener resultados estadísticos distintos (ver cuadro comparativo).
Según las cifras nuevas publicadas por IMAZON, la tasa de deforestación para toda la cuenca amazónica aumentó un 22 % entre agosto del 2017 y mayo del 2018, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Tal vez lo que sea más importante es que la degradación forestal creció un 218 %. Luego de la degradación suele seguir la deforestación.
De los nueve estados por donde se extiende la cuenca amazónica, Pará es el que sufrió el mayor aumento de tala de bosques, según IMAZON. De los 2441 km2 (942 mi2) despejados a lo largo de la Amazonía entre agosto del 2017 y mayo del 2018, un tercio (852 m2 o 329 mi2) estaba en Pará, según informó el instituto. Además, la degradación forestal en ese estado aumentó de 271 km2 (105 mi2) a 5439 km2 (2100 mi2): un aumento de casi 2000 %.
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Las dos municipalidades del estado que tuvieron la mayor deforestación fueron Novo Progresso, una zona reconocida por la usurpación de tierra, y Altamira, ubicación de la megarrepresa Belo Monte (la construcción de grandes represas lleva a tasas altas de despeje de tierras).
Probablemente desaparezca mucho más bosque a medida que la estación seca avance este año, lo que sugiere que 2017/2018 pueda tener niveles altos de deforestación en toda la cuenca amazónica, especialmente en Pará. Este estado incluye grandes extensiones de los ríos más importantes de la cuenca, incluidas las cuencas del Xingu y del Tapajós. Allí también es donde se están librando las batallas clave sobre el futuro de la Amazonía por parte de comunidades tradicionales e indígenas y de grupos ambientalistas.
La tormenta perfecta de la Amazonía
Según expertos, el aumento nuevo en la deforestación es el resultado de la unión de factores múltiples, en especial, una tormenta perfecta que les facilitó a usurpadores de tierra (ricos y con buenas conexiones políticas) poder convertir bosque nativo en tierras para pastura y para cultivos, con pocas posibilidades de represalias. El poder de la mayoritaria bancada ruralista (el grupo de presión agroindustrial) en el Congreso y su fortaleza similar en el Gobierno de Temer ha causado reveses legislativos y administrativos importantes para el movimiento ambientalista y para los grupos indígenas.
Temer recortó de manera drástica los presupuestos de los organismos ambientales del país: IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) e ICM-BIO (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad), así como también la FUNAI (Fundación Nacional de asuntos indígenas). Recortes de entre 40 % y 50 % les dificultó mucho más a estas instituciones poder cumplir con sus actas constitutivas, que incluyen acciones ejecutivas contra la deforestación.
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A todo esto hay que agregar el fallo de marzo de la Corte Suprema que redefine el nuevo Código Forestal, por el que se favorece en gran medida a los ruralistas y que también respalda una amnistía de 8400 millones de reales (2200 millones de dólares) en multas por deforestación ilegal, que no serán cobradas. Esta decisión podría llevar a los usurpadores de tierras a creer que no tendrán consecuencias por violar la ley. Sin embargo, el Gobierno de Temer sostiene que la amnistía vendrá acompañada de un requisito de “servicios ambientales”, que incluyen la restauración de bosques despejados ilegalmente (aunque el Gobierno no ha avanzado en ese tema).
Es importante destacar que estos violadores de leyes ambientales pueden haber sido alentados por las decisiones gubernamentales en su favor creyendo que sacaron ventaja política sobre la oposición. Esto podría acelerar la deforestación amazónica.
Los ruralistas pueden creer que vienen tiempos aun mejores. Jair Bolsonaro, quien lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre, tiene un largo historial de haberse opuesto a la agenda ambiental e indígena, y jugó un papel clave en la campaña en el Congreso para reducir el tamaño de las unidades de conservación. Se lo ve como el candidato preferido de los ruralistas y anunció que, si lo eligen, detendrá los procesos de demarcación de tierras indígenas con la promesa de que “no les dará un centímetro más de tierra a los indios”.
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En la actualidad, Jair lidera las encuestas con 17 %, mientras que la ex ministra de Medioambiente, Marina Silva, está en segundo lugar con 13 %, aunque está subiendo de a poco. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, ahora preso por delitos de corrupción, podría quedar libre a tiempo para presentarse en las elecciones, aunque cada vez es menos probable. Si lo liberasen, todas las encuestas dan a Lula como favorito por encima de Jair Bolsonaro y de Marina Silva. Está claro que cualquier cosa podría ocurrir en los tres meses que faltan para la votación.
Tierras conservadas bajo ataque
Las cifras de IMAZON muestran otra tendencia perturbadora: la mitad del terreno amazónico despejado en mayo en Pará estaba ubicado dentro de unidades de conservación y de territorios indígenas. Una de las áreas más impactadas fue el Área de Protección Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, en la cuenca del Xingu. Una APA es una área conservada que permite cierta propiedad privada. Las APA (con sus protecciones más débiles) suelen ser blancos de usurpadores de tierras y de ganaderos.
Maria Bento, del Instituto de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad del Gobierno de Pará (IDEFLOR-BIO), administra cinco unidades de conservación del estado en la cuenca del Xingu, incluida la APA Triunfo Xingu. Ella sostiene que la deforestación llegó a un nivel “aterrador”.
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Bento cree que la APA Triunfo Xingu es un blanco porque limita con el distrito São Félix do Xingu, que tiene más cabezas de ganado que cualquier otro distrito en Brasil. Los ganaderos están ansiosos por expandir la producción, en especial debido a la reciente recuperación de los precios de la carne después del escándalo de corrupción, a la recuperación de los frigoríficos y al final de la prohibición de carne brasileña en China y en otros países.
Si se confirma este nuevo aumento en la deforestación amazónica, probablemente será difícil para las autoridades poder frenarlo, teniendo en cuenta los presupuestos nacionales diminutos para organismos ambientales. Los organismos estatales también tienen dificultades: SEMAS, por ejemplo, cuenta con solo 20 guardias forestales para proteger a todo Pará, que abarca 1,2 millones de kilómetros cuadrados (463 300 mi2), equivalente a 1,5 veces el estado de Texas.
Además, los críticos dudan de la voluntad de algunos funcionarios estatales para combatir la deforestación de manera efectiva. En marzo, la ONG Instituto Socioambiental (ISA) le envió a SEMAS una lista de todas las áreas principales de la cuenca del río Xingu, donde había tala de árboles ilegal en la actualidad. Si SEMAS hubiera accionado rápidamente, se podría haber evitado algo de devastación. En su lugar, el organismo estatal no hizo nada.
Las autoridades culparon al clima. Everton Barros Dias, de SEMAS, afirmó que las lluvias fuertes le impidieron al organismo llegar hasta zonas aisladas. Sin embargo, admite que los usurpadores de tierras sí pudieron llegar. “Es absurda la cantidad de devastación que provocaron en un periodo tan corto cuando nosotros ni siquiera pudimos llegar a la zona”, se lamentó. Agregó que, ahora que pasaron las lluvias, SEMAS tiene planeadas diez operaciones en el tercer trimestre del 2018, incluida una en la APA Triunfo Xingu.
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Otra zona bajo mucha presión por parte de ladrones de tierras es el Bosque Nacional de Jamanxim en el sudeste de Pará. Entre enero y mayo, IMAZON registró despejes forestales por un total de 57 km2 (22 mi2) allí, todos ilegales. Es más del doble del área talada en todo el 2017.
Antonio Fonseca, investigador de IMAZON ve una relación directa entre este aumento y los esfuerzos repetidos de la legislatura nacional por reducir y desmembrar Jamanxim de manera drástica: “Está claro que [el aumento en la deforestación] está relacionado con leyes que aprueba el Congreso para reducir o hasta eliminar unidades de conservación. Despejar una zona de bosque se convirtió en una manera de garantizarse el dominio sobre esa tierra”. Los conservacionistas sostienen que los límites nuevos de Jamanxim, en caso de ser aprobados, excluirán las partes del bosque nacional donde los ladrones de tierras han hecho las mayores incursiones, lo que legitimaría su robo de tierras públicas.
Bosques indígenas en peligro
Incluso a las comunidades indígenas, a menudo los mejores administradores de los bosques brasileños, les cuesta cada vez más detener la ofensiva actual de usurpación de tierras.
Mientras algunos grupos aún logran mantener a los intrusos alejados, otros sienten demasiado la presión. El Territorio Indígena de Apyterewa en Pará, habitado por indios Parakanã, fue seriamente afectado. Un 10 % de su tierra fue talada de manera ilegal y eso fue antes de que ocurrieran dos incursiones adicionales para usurpar tierras este año. Para cuando lo detectaron en mayo, ya habían despejado 94 ha (232 acres) de bosques.
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Muchos expertos no se sorprenden por estos ataques de usurpadores de tierras, aun cuando la reserva Apyterewa está dentro del área de influencia de la represa gigante Belo Monte, construida sobre el río Xingu, y aun cuando una de las condiciones para la construcción de la represa, acordada en el 2010, era que el Gobierno protegiera este territorio y desalojara a todos los intrusos que vivieran allí. Incluso antes de que se construyera la represa, los críticos advirtieron que las autoridades no podrían cumplir con dicho compromiso y que la presión sobre las áreas protegidas cercanas a la represa aumentaría.
El proceso de desalojo comenzó con el tiempo, pero a paso lento. En septiembre del 2018, el Ministerio de Justicia aceptó una solicitud de FUNAI, el organismo indígena, para permitir que soldados del Ejército Nacional se quedaran en el territorio por cuatro meses más con el objetivo de terminar el proceso de desalojo. Pero, en la actualidad, aún hay forasteros que habitan la reserva.
Las pérdidas en el Cerrado disminuyen, pero continúa la deforestación
Mientras la deforestación se dispara en Pará, en otros lugares se está logrando cierto éxito en disminuir las tasas de despeje de vegetación nativa, en particular en el Cerrado, el bioma de sabana brasileña seriamente amenazado. Según cifras divulgadas por el Ministerio de Medioambiente de Brasil en junio, entre el 2010 y el 2017, se despejó la mitad de la vegetación de la región —80 114 km2 (30 900 mi2)— con niveles anuales de deforestación mucho más altos que en la Amazonía. Las cifras provienen del proyecto de monitoreo satelital PRODES Cerrado del INPE, que es similar al trabajo del INPE en la Amazonía.
Este monitoreo muestra que los aumentos anuales en la deforestación del Cerrado disminuyeron el ritmo hasta niveles similares de la Amazonía: 6677 km2 (2578 mi2) de la vegetación nativa del Cerrado despejada en el 2016 y 7408 km2 (2860 mi2) en el 2017.
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Pero los ambientalistas no están celebrando esa disminución. “Considerando que el Cerrado es solo la mitad del tamaño de la Amazonía, sigue siendo el bioma más amenazado en Brasil”, afirmó el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) en un comunicado de prensa. Además, los productores de soya, algodón y maíz en el Cerrado están poco dispuestos a trabajar de cerca con ambientalistas o comunidades tradicionales.
El aumento significativo en la conversión de bosques, tanto de la Amazonía como del Cerrado, muestra que los métodos actuales de conservación son deficientes, según algunos expertos. La herramienta principal utilizada actualmente es la imposición de multas. ICMBio, por ejemplo, que es responsable de proteger y monitorear las unidades de conservación federales, afirma que, en lo que va del año, impuso multas por más de 70 millones de reales (18 millones de dólares) a deforestadores ilegales, con 23 millones (6 millones de dólares) impuestos tan solo a usurpadores de tierras dentro del Bosque Nacional Jamanxim.
Pero los usurpadores de tierras ignoraron estas multas durante mucho tiempo, hasta el punto de reírse de aquellos que sugerían que debían pagarlas, tal como Mongabay presenció en viajes recientes a la región. La sensación de impunidad solo creció a medida que aumentó la importancia de los productos básicos agroindustriales para la economía tambaleante de Brasil, y a medida que los ruralistas consolidaron su poder político en el Congreso y en el Gobierno.
Durante la primera década y media de este siglo, una presión internacional enorme junto con un Gobierno brasileño con mayor responsabilidad ambiental tuvo como resultado el freno de la deforestación amazónica, lo que les dio a los activistas esperanzas para el futuro. Si, cuando estén todos los datos, el 2018 muestra un aumento grande y la deforestación amazónica vuelve a incrementarse año tras año, esas esperanzas podrían desvanecerse.
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