El funcionario reconoce que no es sencillo realizar las intervenciones. Explica que muchas veces las acciones demandan de hasta cinco días de caminata para llegar hasta el lugar donde los traficantes instalan sus campamentos. Es en esas zonas alejadas donde se talan los árboles de caoba, para luego transportar los ‘troncos’ desde el río Colorado hasta el río Yapacaní, al norte del área protegida.

“Lo que sucede con frecuencia, durante los operativos, es que los ilegales tienen sus espías y ni bien ven a la patrulla de guardaparques, hunden la madera en el río para que no sea descubierta”, dice Chávez.

Solo en el municipio de San Carlos, cada año se decomisan 13 000 pies tablares de madera ilegal. Así ocurre desde hace casi 15 años. “De un árbol de caoba se obtienen entre 1000 y 1500 pies tablares”, explica Chávez. Según este cálculo, en los últimos quince años se talaron más de 190 árboles.

El funcionario explica que en el mercado nacional cada pie tablar se vende entre 10 a 12 bolivianos (1,3 a 1,7 dólares), lo que significa que por 1500 pies tablares, de un árbol de mara, se puede ganar entre 15 000 y 18 000 bolivianos (alrededor de 2500 dólares). Un negocio redondo.

Lea más: Bolivia: el avance de la coca más allá del Polígono 7 del Tipnis

Avance sin control

 

Los funcionarios de la Alcaldía de San Carlos reconocen que la falta de recursos les impide una lucha frontal contra la ilegalidad. Pero no son los únicos. La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) de Bolivia indica que realiza un control permanente fuera del Parque Nacional Amboró y que apoya a los guardaparques en los operativos que desarrollan dentro del área protegida, pero que las dificultades aparecen cuando tienen que enfrentar a grupos de taladores ilegales más organizados.

 

 

Yhoban Salguero, jefe de la unidad operativa de la ABT en Santa Fe de Yapacaní (poblado que pertenece al municipio de San Carlos), asegura que los traficantes de madera suelen andar armados con escopetas, mientras que los guardaparques no.

Y esto lo sabe muy bien el director del Servicio de Áreas Protegidas (Sernap), Abel Mamani, quien confirmó en una entrevista para esta investigación que las áreas naturales protegidas de Bolivia se han convertido en el blanco de los traficantes de madera. “Hay saqueo de árboles, plantas y animales. La tala indiscriminada e ilegal de árboles dentro de las áreas protegidas y fuera de ellas es permanente. Las denuncias que recibimos de las comunidades son constantes”, señala.

 

El funcionario del Sernap no precisa cuáles de las 22 áreas nacionales protegidas son las más afectadas, pero sí menciona que las denuncias de extracción ilegal de especies llegan sobre todo de los parques Amboró (Santa Cruz), Madidi (La Paz), Pilón Lajas (Beni), Tipnis (Cochabamba-Beni), Aguaragüe y Tariquía (Tarija).

Yhoban Salguero de la ABT en Santa Fe de Yapacaní agrega que a la falta de recursos se suma la necesidad de una nueva legislación que sancione a los ilegales. La norma vigente castiga la tala ilegal y el tráfico de madera solo con procesos administrativos y no penales. El representante de la oficina señala que las penas de cárcel podrían marcar una diferencia en la lucha contra el tráfico de madera.

El director del Sernap adelantó que la entidad trabaja en una normativa para mejorar la fiscalización. “Lamentablemente, la actual normativa nos restringe. Tenemos que comprometer a la Policía y a la Fiscalía en esta tarea, a través de convenios como lo hicimos con las Fuerzas Armadas”, explica Mamani.

Las denuncias de tráfico de madera en el Amboró son frecuentes. Este espacio siempre ha estado amenazado por la extracción ilegal porque abunda la caoba, el cedro y el tajibo, entre otras especies maderables valiosas. “La caoba se encuentra en pocas microrregiones como el Amboró”, aseguró Jorge Landívar, director del área protegida.

Para esta investigación se envió un cuestionario a la oficina central de la ABT, con sede en Santa Cruz, para conocer las acciones de control del tráfico de madera, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron. Tampoco hubo respuesta al pedido de entrevista solicitado con el director ejecutivo. Lo mismo ocurrió con el Ministerio de Medio Ambiente, no contestaron a la solicitud de entrevista.

Lo más preocupante para las autoridades, en este momento, es que a este escenario se suma el narcotráfico. La lucha contra los taladores ilegales se libra en un espacio de la Amazonía boliviana en el que esta actividad ilegal ha ido ganando terreno. Esto lo confirma el personal de la ABT de Santa Fe de Yapacaní, que ha sido testigo del hallazgo de pozas de maceración y cultivos ilícitos de hoja de coca durante sus intervenciones en los bosques del área protegida.

También lo reafirma el último Informe Anual de Monitoreo de Coca, publicado a finales de agosto por la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en el que se incluye al Parque Nacional Amboró entre las seis áreas protegidas de Bolivia más afectadas por los cultivos ilegales de hoja de coca en el 2017.

Lo que sorprende a las autoridades es que ni el narcotráfico ni la caída del precio internacional de la madera ha detenido a los taladores ilegales en Bolivia. Esto lo confirma el decomiso de 2114 metros cúbicos de madera aserrada -volumen que llenaría el 80% de una piscina olímpica- en cinco macroregiones durante el 2017, una cifra que superó en un 6 % la cantidad reportada un año antes.

 

 

Lea más: Bolivia: hidroeléctrica Ivirizu amenaza la biodiversidad del Parque Nacional Carrasco

¿A dónde va la madera de Bolivia?

 

Hace cuatro años, la Operación Amazonas II, desarrollada en el 2014 en 12 países de América Central y del Sur, incluido Bolivia, permitió entender la magnitud del tráfico ilegal de madera en toda la Amazonía sudamericana. Durante esta intervención se incautaron más de 53 000 metros cúbicos de madera ilegal y se identificó entre las especies maderables más demandadas al pino, el palisandro negro, la caoba de hoja grande, el cedro y el laurel, la mayoría de ellas especies protegidas.

La Operación Amazonas II permitió confirmar cómo el uso de documentos falsos permitía el transporte, la comercialización y el lavado de madera. En el caso de Bolivia, el tráfico empieza cuando los concesionarios declaran más árboles de los que en realidad tienen. Entonces, en los planes de manejo del bosques o en el plan de desmonte registran un número mayor de árboles a los existen en el área autorizada. ¿Para qué? Ese volumen adicional de madera será reemplazada por especies extraídas ilegalmente de otras áreas prohibidas.

Walter Andrade, director de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) de La Paz, fue enfático en precisar que los traficantes de madera adulteran los Certificados Forestales de Origen (CFO) para poder comercializar sus cargamentos ilegales.

“Transportan la madera con CFO falsos o ni siquiera los portan”, dijo Andrade. Además, el director de la Pofoma de La Paz contó que cuando los efectivos de la policía forestal realizan los operativos se dan con la sorpresa de que muchos no cuentan con el certificado y por eso decomisan la carga completa. A veces -añadió- tras el decomiso, aparece extrañamente un tercero para alcanzar un CFO. “Eso no les aceptamos, igual les decomisamos y lo reportamos a la ABT”, resaltó.

Andrade sostiene que podrían realizar un mejor trabajo de control si la ABT les facilitara la información de cuántos certificados forestales de origen emiten. Y agregó que esto les permitiría enfrentar a los traficantes que operan sobre todo al norte del departamento y en los municipios de Ixiamas, Mapiri y Palos Blancos.

El año pasado la ABT confirmó que son cinco las macroregiones más golpeadas por el tráfico de madera en Bolivia: Santa Cruz, Tarija, La Paz, Beni y Cochabamba. La primera de ellas alberga precisamente al Parque Nacional Amboró.

Intentamos conseguir cifras actuales sobre el porcentaje de madera que proviene de la actividad ilegal, pero no existen estudios recientes que analicen el tema en Bolivia. La Autoridad de la Madre Tierra -adscrita al gobierno- es la única que ha estimado una cifra oficial, aunque vinculada a la pérdida de bosques de manera general. Según ellos, el 40% de deforestación en el país es ilegal.

Este escenario preocupa al presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, Jorge Ávila, quien teme el impacto de esta actividad ilegal sobre la industria maderera formal. “La informalidad es un competidor desleal, nos destruye”, dice.

Para entender la magnitud del problema, hay que conocer las distintas modalidades a las que apelan los traficantes para transportar sus cargamentos. Walter Andrade contó, por ejemplo, que en La Paz está permitido movilizar hasta 1000 pies tablares en motos y que para ello no necesitan tramitar un CFO, porque la ABT lo exige a partir de los 2000 pies tablares. Sin embargo, el jefe de la Policía Forestal señaló que “una o dos motos no es mucho, ¿pero si llegan a diez? Eso suma 10 000 pies tablares. Eso ya es tráfico a gran escala”, alertó.

El 2011 comenzó la caída de las exportaciones de madera de Bolivia. Se redujeron aproximadamente en un 50 %. Y aunque en 2017 se registró una recuperación, las cifras continuaron siendo negativas, lamentó Jorge Ávila. El gremio maderero dice que le advirtió al gobierno de la crisis en el 2013 y que esto se evidenció en el 2014 con la disminución en el número de unidades productivas: pasaron de manejar 15 000 unidades a solo 5 500. Es decir, se perdió la tercera parte.

El presidente de la Cámara Forestal remarcó que la época de auge de Bolivia como un país importante en el mundo por sus bosques certificados quedó atrás. De los 2,2 millones de hectáreas de bosques certificados que tenía el país, ahora solo cuenta con 800 000 hectáreas, afirmó Ávila.

 

 

Los principales destinos de la madera de Bolivia son China, Estados Unidos y Brasil. Pero si se observa con más cuidado, y se suma información del Instituto Nacional de Estadística, se evidencia la caída en el volumen y el monto percibido por la industria maderera del país. De 69 millones de dólares exportados el 2012, alcanzaron los 51 millones el 2017.

Jorge Ávila responsabiliza de este retroceso al Estado, no solo por la falta de apoyo al sector maderero sino también por el crecimiento del tráfico. “Ellos (los traficantes) producen a bajo costo y aprovechan la infraestructura que dejan las empresas, como las carreteras. Al informal no le importa si es un área con manejo. Aprovechan pocos volúmenes, pero son muchos”.