- Javier Francisco Parra fue baleado el 3 de diciembre de 2020 en el municipio de La Macarena, en el sur del departamento del Meta. Esta es una zona histórica de conflicto armado en la Amazonía y donde se vienen dando fuertes fenómenos de deforestación y acaparamiento de tierras.
- El hombre de 47 años era coordinador de la Regional La Macarena de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) y llevaba 20 años trabajando en esta autoridad ambiental.
El 3 de diciembre de 2020 fue un día fatídico para la defensa del medioambiente en Colombia. Javier Francisco Parra Cubillos, funcionario de Cormacarena —autoridad ambiental en el departamento del Meta— recibió varios impactos de bala mientras transitaba por el municipio de La Macarena, en el sur del departamento.
Según información de Cormacarena, una pareja que se movilizaba en una moto lo atacó sorpresivamente, lo dejó gravemente herido y emprendió la huida. De inmediato, Parra fue llevado hacia el hospital del municipio para recibir primeros auxilios. Iba a ser trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea colombiana hasta Villavicencio, capital del Meta, para recibir atención especializada debido a su delicado estado de salud.
Sin embargo, la gravedad de las heridas le causaron la muerte. Este hecho se da solo dos meses después de que otros tres colaboradores de la corporación, quienes se desplazaban desde el sector de La Julia hacia la vereda El Divisó, en zona rural del municipio de Uribe en el Meta, fueran abordados por sujetos armados que les hurtaron sus pertenencias y quemaron la camioneta en la que se movilizaban. En esa ocasión los funcionarios resultaron ilesos debido a la intervención de la Policía y el Ejército Nacional.
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Otro defensor ambiental condenado a muerte
Javier Francisco Parra Cubillos, o ‘Pacho’ como le decían sus amigos y compañeros, se desempeñaba como coordinador regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena).
Parra tenía 47 años y llevaba 20 años trabajando con la autoridad ambiental. Era conocido en la zona por su defensa de los ecosistemas del municipio y se convirtió en un verdadero promotor y defensor de los recursos naturales. Incluso, a inicios de este año, fue uno de los funcionarios que estuvo a la cabeza del control de un gran incendio que amenazaba con destruir Caño Cristales, uno de los sitios ecoturísticos más representativos del Meta y de Colombia.
El director de Cormacarena, Andrés Felipe García Céspedes, lamentó profundamente la muerte de “este hombre ejemplar y trabajador, que más que ser un funcionario se convirtió en un verdadero promotor y defensor acérrimo de los recursos naturales del departamento”. García también le envió un mensaje de condolencia a la esposa de Parra, a sus dos hijos y demás familiares.
“Esta es una afrenta contra el Sistema Nacional Ambiental [SINA], es doloroso conocer este tipo de hechos que atentan contra los funcionarios y colaboradores de las corporaciones que defienden el ambiente y trabajan por el desarrollo sostenible del país”, aseguró Ramón Leal, director de ASOCARS, la asociación que reúne a todas las corporaciones autónomas regionales de Colombia.
Leal invitó a la comunidad, institucionalidad y entes de control a rodear y acompañar a las instituciones, como las CAR, “que hacen presencia en el territorio, y son las entidades que más logros ambientales reportan al país, y que, como en este triste caso, a diario arriesgan su vida por proteger la naturaleza”.
La muerte de este defensor ambiental engrosa el lamentable y enorme listado de líderes sociales, ambientales e indígenas asesinados en Colombia. Según las últimas cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2020, 260 líderes han sido asesinados en el país.
Además, en el último informe anual de la organización internacional Global Witness se reportó que, en 2019, Colombia no solo ocupó el primer lugar en número de asesinatos a líderes ambientales en la región —con 64 homicidios— sino que fue el país más peligroso del mundo para los defensores del medioambiente.
Esta no es la primera vez en este año que un funcionario del sector ambiental es asesinado en Colombia. Yamid Silva Torres, guardaparque del Parque Nacional Natural El Cocuy, fue asesinado en la vereda La Cueva del municipio de Güicán, Boyacá, el pasado 4 de febrero. Este hecho llevó a que Parques Nacionales Naturales de Colombia decidiera, a finales de ese mes, retirar del territorio a los funcionarios de diez áreas protegidas y que la directora de la entidad, Julia Miranda, confirmara que ya había más de 20 funcionarios amenazados.
Mongabay Latam ha reportado constantemente el riesgo al que están expuestos los guardaparques, funcionarios de autoridades ambientales y líderes sociales en municipios como La Macarena, Uribe o Vistahermosa.
En el sur del Meta y nororiente de Caquetá confluyen ecosistemas andinos, amazónicos y orinocenses que convierten a esta región en un hotspot de biodiversidad y una zona de gran importancia ecológica. Sin embargo, este sector que antes era dominado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también es un corredor importante para el narcotráfico y para acaparadores de tierra que deforestan incluso en parques nacionales como Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos.
En un reportaje publicado por Mongabay Latam en septiembre de este año, un líder ambiental de la zona, que prefirió no revelar su nombre, confirmó que la situación que se vive en el sur del Meta se ha vuelto más complicada: “según tengo entendido las disidencias [de las FARC] les prohibieron el ingreso a todas las entidades ambientales, los tienen amenazados”, aseguró.
Piden justicia
El asesinato de Javier Francisco Parra Cubillos prendió todas las alarmas. Horas después de su muerte se realizó un Consejo de Seguridad extraordinario en la ciudad de Villavicencio, donde el ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo García, anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos (cerca de 86 000 dólares) por quien brinde información que permita la captura de los responsables del asesinato del funcionario de Cormacarena.
“A esos criminales los vamos a perseguir donde estén, a esos criminales hay que decirles que van a caer, porque la vida siempre se impone sobre la muerte […] el Estado existe para defender la vida y combatir a quienes viven de la muerte, la violencia y del crimen, pues jamás la criminalidad le gana la batalla al Estado que está siempre acompañado de ciudadanos de bien”, dijo Holmes Trujillo.
Jairo Andrés Becerra Acosta, personero de Villavicencio, solicitó a las autoridades de Policía y Fiscalía que realicen las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este asesinato.
“No podemos permitir que sigan ocurriendo este tipo de tragedias, hacemos un llamado para que se haga justicia y los delincuentes respondan ante las autoridades judiciales por lo que pasó en el municipio de La Macarena […] debemos proteger el derecho a la vida de los ciudadanos”, manifestó Becerra.
El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, rechazó el asesinato y expresó su solidaridad con los familiares y compañeros de Javier Francisco Parra, mientras que, oficialmente, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt manifestó su preocupación por la violencia contra los funcionarios y defensores ambientales y se unió al llamado de urgencia hecho por Cormacarena para que se adelanten con urgencia las investigaciones que permitan la captura de los responsables del homicidio.
Por ahora, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo también anunció el envío de dos pelotones del Ejército Nacional a La Macarena, la implementación de controles antes del ingreso al municipio y el acompañamiento de hombres del Ejército y de la Policía Nacional en todas las actividades ambientales que adelante Cormacarena.
El asesinato de Javier Francisco Parra ocurre poco después de que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional revelaran un listado de nueve personas que conformarían el cartel de los más buscados por deforestación y acaparamiento de tierras en el departamento del Meta y en buena parte de la Amazonia colombiana. Las autoridades acababan de ofrecer hasta 20 millones de pesos (cerca de 5800 dólares) para quien brindara información que permita la captura de una de esas personas.
*Imagen principal: Javier Francisco Parra. Funcionario de Cormacarena asesinado el 3 de diciembre de 2020. Foto: Cormacarena.
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